Propuesta de enumeración explícita de derechos del consumidor para el Anteproyecto de Reforma

Autor: Arias Cáu, Esteban J.

Fecha: 27-mar-2019

Cita: MJ-DOC-14852-AR | MJD14852

Sumario:

I. Fundamentos. II. Conclusiones.

Doctrina:

Por Esteban J. Arias Cáu (*)

I. FUNDAMENTOS

1. De la naturaleza del régimen protectorio

La doctrina especializada viene interrogándose desde la sanción de la ley N° 24.240 -en adelante, LDC- en torno a la naturaleza jurídica del régimen protectorio, postulándose tres tesis, por lo menos, a saber: a) Subsistema; b) Microsistema; c) Sistema.

Para la primera posición, en un comienzo se trató de un derecho de clase (1) o «subsistema» dependiente del sistema general regulado en los Códigos decimonónicos (Código Civil y Código de Comercio), afirmándose que el subsistema o sistema hijo se encuentra íntimamente relacionado con el derecho civil y comercial, del cual depende (2).

En la segunda posición, en cambio, se sostiene que estamos en presencia de un microsistema (3) que se autoabastece en virtud de contar con normas y principios específicos, por lo cual toda solución debe hallarse en sus márgenes. Cabe precisar que el microsistema excede la LDC y comprende la «existencia de un estatuto (4) del consumidor integrado no por todo el orden jurídico desde luego (.), sino por todas las normas y principios del Derecho Privado patrimonial que sean aplicables a la relación de consumo (5)».

En la tercera posición, por último, se afirma que -en realidad- el régimen del consumidor es un sistema, de raigambre constitucional y de mayor rango que los restantes ordenamientos especiales. Su prevalencia cualitativa y jerárquica impide considerarlo como una normativa simplemente complementaria del C. Civ. o del C. Com. (6)».

Por nuestra parte, a partir de la modificación del régimen de la LDC por la ley N° 26.361 , participamos de la posición mayoritaria que consideraba que se había alcanzando el microsistema protectorio, con la única excepción (7) de la regulación de la prescripción liberatoria de consumo (art. 50 , LDC) porque fuera de su conveniencia o inconveniencia técnica implicaba el quiebre del mentado microsistema.El Anteproyecto (8), en cambio, con su método integral subsana ese defecto técnico y consolida la naturaleza jurídica de microsistema (9) protectorio de igual manera que el «Código de Defensa y protección del consumidor (10)» de Brasil.

2. Del método

El Título I del Anteproyecto denominado como «Sistema de protección del consumidor» incluye dos capítulos: 1) Capítulo 1 «El sistema de protección del consumidor» (arts. 1 a 28); 2) Capítulo 2 «Política de protección del consumidor» (arts. 29 a 34). En lo que nos interesa, el Capítulo 1 está dividido en seis secciones. En la Sección 2ª desarrolla «Principios», en la Sección 3ª «Derechos» y en la Sección 6ª «Diálogo de fuentes» que deben interpretarse de manera armónica.

Sin embargo, la LDC carece de una enumeración explícita de los principios lo que no ha impedido a la doctrina proceder a su enumeración (11). Empero, esta enumeración de los principios es meramente doctrinaria y no legal, por lo cual pueden existir discordancias, mayores (12) o menores (13) según el criterio o método (14) que se siga por cada autor.

Por ello, estimamos favorablemente la enumeración explícita (art. 5) efectuada por el legislador de los diez principios aplicables al régimen protectorio, a saber: 1. Principios de progresividad y no regresión (15); 2. Principio de orden público de protección; 3. Principio de acceso al consumo; 4. Principio de transparencia de los mercados; 5. Principio de consumo sustentable; 6. Principio de protección especial para situaciones de hipervulnerabilidad; 7. Principio de respeto de la dignidad de la persona humana; 8. Principio de prevención de riesgos; 9. Principio de precaución; 10. Principio antidiscriminatorio.

Empero, recordemos que el principio «es más bien un criterio fundamental en sí mismo que marca, de alguna manera, el sentido de justicia de las normas (16)» y sirve para resolver cuestiones interpretativas ante la carencia de norma expresa.

3. El art. 42 de la Constitución Nacional y los derechos del consumidor

El art.42 de la Constitución Nacional brinda una enumeración básica pero relevante de los derechos del consumidor, en la relación de consumo, que es susceptible de solaparse con otros derechos de primera y segunda generación de la parte dogmática (17).

En lo que nos interesa, en su párrafo primero, dispone una enumeración de derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a saber: a) La protección de su salud, seguridad e intereses económicos; b) Una información adecuada y veraz; c) La libertad de elección; d) Condiciones de trato equitativo y digno.

Se trata de una enumeración escueta pero fundamental de los derechos más relevantes del consumidor, que exige su adecuada reglamentación (art. 14) por la legislación infraconstitucional; por supuesto, sin perder de vista su operatividad (18) intrínseca en virtud de su naturaleza bifronte, tanto de derechos de segunda como de tercera generación.

El derecho comparado, especialmente en Latinoamérica, también ha incorporado los derechos del consumidor en sus Cartas Magnas, configurándose un verdadero «Ius Commune» latinoamericano. Baste nombrar «brevitatis modo» a las constituciones de Bolivia (arts. 75 y 76), Brasil (arts. 5 inc. XXXII y 170), Colombia (arts. 78 y 88), Ecuador (arts. 52 a 55), Paraguay (arts. 27, 28 y 38), Perú (art. 65) y Venezuela (arts. 113, 117 y 281 inc. 6). Las únicas excepciones de normatividad expresa son las constituciones de Chile (19) y Uruguay (20).

No debe olvidarse, por otro lado, que en el régimen nacional «todos» los derechos de los habitantes de la Nación serán gozados «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio» (art. 14), en virtud que no son derechos absolutos. En otros términos, «los derechos de los consumidores, enunciados en los textos constitucionales, no constituyen prerrogativas aisladas y estancas (21)» pero exigen su interpretación armónica y no contradictoria con los derechos incluidos en la parte dogmática.

4.Los derechos del consumidor en el Anteproyecto

El Anteproyecto, dentro del Título I y Capítulo I, incluye una Sección 3ª denominada escuetamente como «Derechos», en la cual se incluye un solo artículo que reza: ARTÍCULO 6. Derechos del Consumidor. «Los consumidores gozan de los derechos que establecen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de los que la Argentina es parte, y en particular las Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos y las leyes».

El régimen de la LDC carecía de una enumeración explícita de derechos que podían, -siguiendo análogo método a los principios- ser extraídos deductivamente por el intérprete. Del texto proyectado se advierte idéntica técnica porque la norma es abierta y se remite a los derechos «in genere» de la Carta Magna y los tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte, tengan jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 Const. Nacional) o no la tengan. El primer aspecto resulta relevante porque integran el denominado «bloque de constitucionalidad».

Por el contrario, en el derecho comparado latinoamericano se han incluido normas expresas que confieren un verdadero catálogo o elenco de derechos a los consumidores de cada país. Así, ello ocurre en Bolivia (22) (arts. 8 a 26), Brasil (23) (arts. 6 y 7), Chile (24) (art. 3), Ecuador (25) (art. 4), Paraguay (26) (arts. 6 y 7), Perú (27) (art. 1) y Venezuela (28) (art. 7).

La enumeración concreta y precisa de los derechos de los consumidores implica un mayor compromiso del intérprete y del operador del derecho a los efectos protectorios. Por ejemplo, la legislación española ha dado acabado cumplimiento con el mandato constitucional (art.51) y ha estructurado un solo sistema normativo infraconstitucional de tutela a los consumidores, a diferencia de lo acontecido en algunos regímenes latinoamericanos, entre los que se cuenta la República Argentina, donde la doctrina y la jurisprudencia se han visto forzadas a generar un encomiable esfuerzo, tendiente a conseguir interpretaciones constitucionales amplias de los derechos de los consumidores, indispensables atento al comparativamente anquilosado desarrollo legal del Derecho de los Consumidores.

5. Pautas de interpretación de los derechos

La remisión a los tratados internacionales constituye una pauta laudable pero insuficiente para obtener adecuada tutela en virtud que el método de interpretación conocida como diálogo de fuentes, receptado por el Anteproyecto (art. 28), requiere un esfuerzo hermenéutico de dificultosa concreción en la práctica, que todavía no se ha consolidado exteriorizando una jurisprudencia vacilante.

A ello debe agregarse que los derechos de los consumidores no se encuentran volcados en los tratados internacionales por una cuestión histórica, sin perjuicio que el solapamiento de derechos o la teoría de los derechos implícitos puede ser una valiosa ayuda para su especificación.

Por lo tanto, si bien existe una útil vinculación teórica y asimilación conceptual entre los derechos de los consumidores y los derechos humanos, por ejemplo, ello resulta «insuficiente» para justificar sin más la imposición a los operadores jurídicos de un mandatos de aplicación a los consumidores de la especial defensa que viene dada por los principios y reglas garantistas pensadas para los derechos humanos.

6. De la necesidad de normas concretas

En el derecho comparado europeo, a pesar de la carencia de normas expresas en las Cartas Magnas, con las excepciones de España y Portugal, mediante el impulso unificador de la Unión Europea ha generado un régimen legal sólido y una jurisprudencia pacífica que progresivamente va tendiendo a la protección amplia del consumidor comunitario.Por el contrario, en Latinoamérica tenemos constituciones con normas expresas de reconocimiento del consumidor como nuevo sujeto jurídico, más el otorgamiento de amplios derechos que conllevan la sanción de marcos protector ios generosos, pero la jurisprudencia no ha seguido idéntico sentido.

Es más, creemos que la jurisprudencia nacional requiere de normas positivas para obtener resultados concretos en materia de enumeración y aplicación de derechos del consumidor en virtud de nuestra idiosincrasia latinoamericana y el escaso compromiso del Estado en materia de políticas públicas. Como ejemplos de lo antedicho, baste mencionar la interpretación restrictiva del daño moral (29) en las relaciones de consumo; la exigua imposición de multa civil a los proveedores; y por último, la controvertida interpretación constitucional con fundamento en el diálogo de fuentes (30).

II. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, proponemos que el «XX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor» declare que:

«Lege lata»

1º) El Anteproyecto de reforma al régimen de defensa del consumidor constituye la culminación de un extenso proceso de consolidación jurídica (Constitución Nacional, Ley N° 24.240, Ley Nº 26.993 , Código Civil y Comercial) que permite considerarlo como un microsistema (31) protectorio ahora sin hesitación alguna.

2º) El Título I del Anteproyecto denominado como «Sistema de protección del consumidor» incluye dos capítulos: 1) Capítulo 1 «El sistema de protección del consumidor» (arts. 1 a 28); 2) Capítulo 2 «Política de protección del consumidor» (arts. 29 a 34). En lo que nos interesa, el Capítulo 1 está dividido en seis secciones. En la Sección 2ª desarrolla «Principios (32)», en la Sección 3ª «Derechos» y en la Sección 6ª «Diálogo de fuentes» que deben interpretarse de manera armónica.

3º) El art. 42 de la Constitución Nacional brinda una enumeración básica pero relevante de los derechos del consumidor, en la relación de consumo, que es susceptible de solaparse con otros derechos de primera y segunda generación de la parte dogmática.4º) En la Sección 3ª «Derechos» incluye un artículo único que no realiza una enumeración expresa de derechos del consumidor sino que elige una técnica de norma abierta y con expresa remisión a «la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de los que la Argentina es parte, y en particular las Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos y las leyes» (art. 6).

5°) La remisión a los tratados internacionales constituye, sin embargo, una pauta laudable pero insuficiente para obtener una adecuada tutela en virtud que el método de interpretación conocido como diálogo de fuentes, receptado por el Anteproyecto (art. 28), requiere un esfuerzo hermenéutico de dificultosa concreción en la práctica. Ello determina una jurisprudencia (33) oscilante y poco eficaz (34) que no termina de consolidarse.

6°) La jurisprudencia nacional requiere, sin embargo, de normas positivas para obtener resultados concretos en materia de derechos del consumidor. A tal efecto, el derecho comparado nos brinda ejemplos provechosos para seguir esta línea.

Lege ferenda

1º) Proponemos la enumeración expresa de derechos para el consumidor en el Anteproyecto, mediante la inserción de una nueva norma, bajo la técnica de incisos.

2º) Proponemos, a continuación y conforme el método seguido por algunas legislaciones protectorias del derecho comparado (ej. Brasil, Paraguay y Perú), la inclusión de la norma proyectada (art. 6) como una norma abierta y con el texto propuesto.

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(1) Apoyando la incorporación de las normas que tutelan al consumidor en el Código Civil, siguiendo el sendero trazado por el BGB alemán, puede verse: MOSSET ITURRASPE, Jorge: «Las cláusulas abusivas en la ley 24.240, art. 37, y en el Proyecto de Reforma al Código Civil de 1998, art. 968», ED, 190-671; ídem MJD1510.

(2) Conf., SANTARELLI, Fulvio G.: «Novedades en el régimen de contratación con el consumidor», en VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto (dir.), Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, Bs. As abril de 2008, págs. 13-145.En tal sentido, Mosset Iturraspe se preguntaba «si la ley 24.240 constituye un pequeño ordenamiento dependiente de los Códigos Civil y Comercial, un subsistema o sistema hijo, o, por el contrario, si puede aludirse a un ordenamiento autónomo, en buena medida —microsistema—, cuyas relaciones con el macrosistema son de ida y vuelta, de recíproca influencia. La cuestión no es baladí o menor. Un microsistema se autoabastece a partir de sus pautas, criterios o principios». Cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge: Defensa del consumidor. Ley 24.240, 2ª edición actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 23 y sig.

(3) MOSSET ITURRASPE, Jorge: Defensa del consumidor. Ley 24.240, 2ª edición actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 23 y sig.: «Un microsistema se autoabastece a partir de sus pautas, criterios o principios».

(4) CHAMATROPULOS, Demetrio A., Estatuto del consumidor comentado, La Ley, Bs. As. 2016, t. I y t. II. Cfr. FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361 , 4ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Bs. As., 2008, pág. 4 y sig. Así, afirma: «En primer lugar, y como ya dijimos, la tutela que este derecho propone no va dirigida a cierta clase de personas o a determinado sector social; no existe la clase o el grupo de consumidores, dado que todos los seres humanos, sin excepción, somos consumidores y de un modo u otro debemos adquirir bienes en el mercado, en las condiciones en que se ofrecen, sea el adquirente un obrero, un empleado, un profesional, un directivo de empresa, o un dueño de empresa».

(5) WAJNTRAUB, Javier H.: «Análisis exegético de la ley», en MOSSET ITURRASPE, Jorge – WAJNTRAUB, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor. Ley 24.240, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, pág.60 y sig.

(6) OSSOLA, Federico A.: «La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo», LA LEY 2006-F, 1184.

(7) ARIAS CÁU, Esteban J.: «Reflexiones preliminares en torno a la prescripción liberatoria del consumo (a la luz de la ley 26.361)», RCyS2009-VIII, 30; La Ley online AR/DOC/2597/2009.

(8) Hemos utilizado la versión publicada por la editorial La Ley, en el Suplemento Especial «Anteproyecto de ley de defensa del consumidor», el día lunes 17 de diciembre de 2018, págs. 1-19.

(9) SAHIÁN, José H.: Dimensión constitucional de la tutela a los consumidores. Diálogo con los Derechos Humanos, La Ley, Bs. As., 2017, pág. 5: «El derecho del consumidor encarna un conjunto normativo transversal y poliédrico, que conquista ribetes de ‘microsistema’, de tinte proteccionista, no neutro, forjado para el auxilio de un sujeto endeble jurídicamente, por el que se persigue concretar un ‘empoderamiento’ del consumidor en el mercado».

(10) Utilizamos para la consulta el «Código de protección y defensa del consumidor», ley Nº 8.078, del 11 de septiembre de 1990, editado por la Autarquía de protección y defensa del consumidor del Estado de Río de Janeiro y la Secretaría de Estado de protección y defensa del Consumidor, Gobierno de Río de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

(11) Cfr., WAJNTRAUB, Javier H.: Justicia del consumidor. Nuevo régimen de la ley 26.993, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 66 y siguientes, quien los enumera: a) La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor; b) la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios; c) la información adecuada y clara; d) la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales; e) el acceso a los órganos administrativos y jurisdiccionales; f) el otorgamiento de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos; g) la protección contra la publicidad engañosa y abusiva.

(12) Para BAROCELLI, los principios del derecho de defensa del consumidor, son los siguientes:«a) principio protectorio, fundamental en la materia, con fundamento el art. 42 de la Constitución (CN) y el art. 1º de la LDC, que para su aplicación se puede expresar en dos formas: 1) regla in dubio pro consumidor; tanto para la interpretación de las normas (art. 3º, LDC) como de las relaciones de consumo (art. 37 , LDC), 2) regla de la norma más favorable (art. 3º , LDC); y 3) regla de la condición más beneficiosa; b) principio de irrenunciabilidad de los derechos, basado en el carácter de orden público del derecho del consumidor (art. 65 de la LDC); c) principio de buena fe (art. 37 , LDC), que es principio general del derecho y del cual derivan los principios de transparencia y de confianza; d) principio de equidad; e) principio de no discriminación (art. 16 , CN y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y art. 8º bis de la LDC); f) principio de realidad; g) principio de solidaridad (arts. 2º y 40 , LDC); y h) principio de sustentabilidad (arts. 41 , CN y 43, inc. a] )». Conf., BAROCELLI, Sergio S., «Aproximaciones a la ley Nº 26.993 de sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo», DJ 12/11/2014; La Ley online AR/DOC/3565/2014.

(13) En tal sentido, se ha dicho por Falcón: «1) No son realmente principios en sentido técnico, sino que son reglas concordantes que se extraen del sistema; 2) no están enumerados, y 3) en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor». Cfr., FALCÓN, Enrique M., «El proceso de pequeñas causas en el campo del derecho al consumo» en WAJNTRAUB, Javier H.: Justicia del consumidor. Nuevo régimen de la ley 26.993, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág.28.

(14) Por ejemplo, método inductivo o deductivo.

(15) SAHIÁN, José H.: Dimensión constitucional de la tutela a los consumidores. Diálogo con los Derechos Humanos, La Ley, Bs. As., 2017, pág. 493: «la principal hipótesis de la presente investigación se comprueba afirmativamente. Esto es, la viabilidad de la aplicación del principio de progresividad y esencialmente de la garantía de irreversibilidad a los derechos de los consumidores, pero bajo la condición del reconocimiento de éstos como derechos fundamentales sociales, en un régimen dado, donde los Tratados de Derechos Humanos, de donde puedan desprenderse las aludidas reglas, revistan jerarquía suprema».

(16) CASSAGNE, Juan C.: «Principios generales del procedimiento administrativo» en Procedimiento Administrativo. Jornadas Nacionales sobre Procedimiento Administrativo organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Editorial Ciencias de la Administración, Bs. As., 1998, pág. 17 y sig. Comparte el aserto SESÍN, Domingo J., «El principio del formalismo atenuado y sus consecuencias prácticas» en Cuestiones de Procedimiento Administrativo. Jornadas organizadas por la Universidad Austral. Facultad de Derecho, RAP, Bs. As., 2006, pág. 68: «Todo principio tiene por objeto interpretar, fundamentar e integrar la juridicidad vigente a fin de resolver las cuestiones dentro del amplio contexto del orden jurídico».

(17) En efecto, los derechos de primera generación comprenden los civiles y políticos; los de segunda generación son los económicos y sociales; y por último, los derechos colectivos o nuevos derechos, entre los cuales podemos mencionar el medio ambiente, los derechos de consumidores y usuarios, etc. Conf., GELLI, María A.: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 4ª edición ampliada y actualizada, La Ley, Bs. As., 2008, t. I, pág. 582. Cfr., BALBÍN, Carlos F.: Tratado de derecho administrativo, La Ley, Bs. As., 2011, t. I, pág. 113 quien refiriéndose a la evolución del reconocimiento de los derechos, explica: «En este proceso de crecimiento es posible distinguir, aún con las arbitrariedades propias de cualquier clasificación, tres períodos:a) los derechos civiles y políticos, b) los derechos sociales, económicos y culturales, y c) los nuevos derechos o también llamados derechos colectivos. Así, clasificamos los derechos en individuales, sociales y colectivos -más allá de las críticas razonables y que incluso compartimos- sobre este relato. En el caso de los derechos individuales, es posible estudiarlos como libertades públicas de contenido esencial y libertades económicas».

(18) SAHIÁN, José H.: Dimensión constitucional de la tutela a los consumidores. Diálogo con los Derechos Humanos, La Ley, Bs. As., 2017, pág. 229: «Cabe refrendar que in genere los derechos de los consumidores del art. 42 revisten naturaleza de derechos fundamentales y, por tanto, son operativos, no están supeditados a la previa existencia de una norma infraconstitucional».

(19) Donde la doctrina recurre a los derechos implícitos del ciudadano. Conf., VELASCO TORO, Fabián E.: El reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores: un desafío pendiente, Fundación Fernando Fueyo – Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2014, pág. 5: «Requerimiento, qué duda cabe, erigido en base a principios o garantías fundamentales implícitas y que no aludían de manera estricta o expresa al consumidor, sino a éste en tanto ciudadano, bajo el amparo de los numerales 2, 21, 23 y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política ocupados también por parte de la doctrina para subsumirlos a hipótesis de defensas de consumidor, no obstante, como sostuvimos, estas garantías no sean expresas en ello».

(20) Donde la doctrina recurre a los tratados internacionales en los cuales la República Oriental del Uruguay sea parte. Conf., SZAFIR, Dora, Consumidores. Análisis exegético de la Ley 17.250, 3ª edición actualizada, FCU, Montevideo, 2009, pág. 70: «Sin embargo, el Uruguay es miembro de las Naciones Unidas y su deber proviene de las directrices dictadas por dicho organismo internacional en 1985.La suscripción por parte de nuestro país de dichas directrices le impone al Estado el deber de desarrollar políticas enérgicas de protección al consumidor como se indica en el artículo 2°». La autora citada se refiere a la Resolución N° 39/248 del 16 de abril de 1985.

(21) SAHIÁN, José H.: Dimensión constitucional de la tutela a los consumidores. Diálogo con los Derechos Humanos, La Ley, Bs. As., 2017, pág. 285.

(22) Ley Nº 453 del 2013. Gaceta Oficial de Bolivia 591NEC, 201312c.lexml, Publicada el 24/12/2013. Fuente: http://www.lexivox.org. Entre los «Derechos y garantías de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores» se mencionan: Artículo 8°(Derecho a la salud e integridad física); Artículo 10 (Derecho al acceso a la alimentación), Artículo 13 (Derecho a la información); Artículo 17 (Derecho al trato equitativo); Artículo 24 (Derecho a la libre elección); Artículo 26 (Derecho a la reclamación).

(23) Ley Nº 8078, Art. 6.- «Son derechos básicos del consumidor:I) la protección de su vida, salud y seguridad contra riesgos provocados por prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; II) la educación y divulgación sobre el adecuado consumo de los productos y servicios, garantizándole la libertad de elección y la igualdad en las contrataciones; III) la información clara y adecuada sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad, impuestos y precio, así como los riesgos que puedan presentar (Redacción dada por la Ley Nº 12.741, de 2012); IV) la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos o desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el suministro de productos y servicios; V) la modificación de las cláusulas contractuales que establezcan cuotas desproporcionadas o su revisión en razón de hechos supervenientes que las hagan exageradamente onerosas; VI) la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos y difusos; VII) el acceso a los órganos judiciales y administrativos para la prevención o reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos o difusos, asegurando la protección jurídica, administrativa y técnica a los necesitados; VIII) la facilitación de la defensa de sus derechos, inclusive con la inversión de la carga probatoria en su favor en el proceso civil, cuando a criterio del juez la alegación es verosímil o cuando fuera hiposuficiente, según las reglas ordinarias de experiencias; IX – (Vetado); X – la adecuada y eficiente prestación de servicios públicos en general». Art. 7.- «Los derechos previstos en este Código no excluyen otros resultantes de tratados o convenciones internacionales de que Brasil sea signatario, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por autoridades administrativas competentes, así como de los que deriven de los principios generales del derecho, analogía, costumbres y equidad. Párrafo único.Habiendo más de un autor por la ofensa, todos responderán solidariamente por la reparación de los daños previstos en las normas de consumo».

(24) Ley Nº 19.496. Publicada el 7 de marzo de 1997. Hemos trabajado sobre la última versión, al momento de la consulta, según la versión de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ultima Modificación :17-NOV-2016 Ley 20967 URL :https://www.leychile.cl/N?i=61438&f=2017-02-15&p=.

art. 3.- «Son derechos y deberes básicos del consumidor: a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo; b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos; c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios; d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles; e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea, y f) La educación para un consumo responsable, y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido».

(25) Ley N° 21/2000, «Ley orgánica de defensa del consumidor», Registro Oficial suplemento 116 del 10 de julio de 2000. Utilizamos para su análisis la «Ley orgánica de defensa del consumidor. Legislación conexa. Concordancias», Legislación codificada, Cep, Quito, 2014. Para su texto actualizado recurrimos a Lexis S.A. URL: http://www.lexis.com.ec (última modificación: 16 de enero de 2015). Art.4.- Derechos del Consumidor.- «Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañ osa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales; 7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 12.Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado».

(26) Utilizamos para su análisis «Defensa del consumidor y del usuario», Ley N° 1.334/1998, Decretos reglamentarios y resoluciones del MIC, Legislación paraguaya, Ediciones Diógenes, Asunción, 2013. También el texto actualizado de la Ley N° 1334/98 con las modificaciones producidas por las leyes N° 2340/03, N° 4974/13 y N° 5427/15. Ley N° 1334, art. 6º.- «Constituyen derechos básicos del consumidor: a) la libre elección del bien que se va a adquirir o del servicio que se va a contratar; b) la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos provocados por la provisión de productos y la prestación de servicios considerados nocivos o peligrosos; c) la adecuada educación y divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados en el mercado, asegurando a los consumidores la libertad de decidir y la equidad en las contrataciones; d) la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten; e) la adecuada protección contra la publicidad engañosa, los métodos comerciales coercitivos o desleales, y las cláusulas contractuales abusivas en la provisión de productos y la prestación de servicios; f) la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales o de los intereses difusos ocasionados a los consumidores, ya sean individuales o colectivos; g) la constitución de asociaciones de consumidores con el objeto de la defensa y representación de los mismos; h) la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por sus proveedores, sean éstos públicos o privados; e, i) recibir el producto o servicio publicitado en el tiempo, cantidad, calidad y precio prometidos». Art.7º.- «Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que la República del Paraguay sea signataria, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como los que deriven de los principios generales del derecho».

(27) Ley Nº 29.571, Art. 1.- Derechos de los consumidores «1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física. b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o en los casos previstos en el presente Código, a la devolución de la cantidad pagada, según las circunstancias. f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta. g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes. h.Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita. i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia. j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo. k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar».

(28) Decreto N° 2092 de fecha 8 de noviembre de 2015, que sanciona una nueva «Ley orgánica de precios justos» (LOPJ) – Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.202, Extraordinario, del 8 de noviembre de 2015. A diferencia de sus homónimas, el sujeto protegido no es el consumidor sino la «persona». LOPJ, Artículo 7°. «Son derechos de las personas en relación con los bienes y servicios, declarados o no de la cesta básica o regulados, además de los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, los siguientes: 1. La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 2. Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. A recibir servicios básicos de óptima calidad; 4.A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren derivarse de su uso o consumo; 5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales; 6. A la educación en la adquisición de bienes o servicios orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada sobre sus derechos; 7. A la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 8. Acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e intereses, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 9. La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos y sociales en las transacciones realizadas, por cualquier medio o tecnología; 10. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses; 11. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos; 12. A la protección en las operaciones de crédito; 13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida; 14. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios».

(29) Cám.Apel.Civ.yCom.Bs.As., Sala Tercera, 26/06/2018 in re «Fornillo, María Claudia y otro/a c/ Marquinez, Juan Ignacio s/daños», Expte. Nº165098.

(30) Cám.Civ.yCom.La Matanza, sala I, 13/03/2018 in re «Rombo Compañía Financiera SA c. Ruiz Fuentes, Juana s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)», disidencia del magistrado Posca:«El dialogo de fuentes es la una tarea armónica para poder cumplir en la aplicación práctica con el ejercicio del derecho privado constitucionalizado. Entonces la especialidad y la antigüedad de una ley ceden frente a disposiciones que traducen el derecho privado constitucionalizado. Dejan de tener importancia viejos axiomas como la prioridad en el tiempo o que una ley especial prevalece sobre una ley general».

(31) SAHIÁN, José H.: Dimensión constitucional de la tutela a los consumidores. Diálogo con los Derechos Humanos, La Ley, Bs. As., 2017, pág. 5.

(32) Conf., SERNA, Pedro y TOLLER, Fernando: La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Bs. As., 2000, pág. 23. Cfr., DROMI, Roberto, Derecho administrativo, 10ª edición actualizada, Ciudad Argentina, Bs. As.-Madrid, 2004. pág. 1170, donde afirma que «los principios jurídicos (.) son pautas directrices que definen su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar, más allá de las regulaciones procesales dogmáticas, su por qué y su para qué».

(33) Cám.Civ.yCom.La Matanza, sala I, 13/03/2018 in re «Rombo Compañía Financiera SA c. Ruiz Fuentes, Juana s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)».

(34) ARIAS CÁU, Esteban J.: «La habilitación de instancia en el régimen del consumidor (Estudio comparado provincial)» en DAMIANO, Sebastián – ARIAS CÁU, Esteban J. (dirs.), Habilitación de instancia en la provincia de Jujuy, Editorial El Fuste, Córdoba, 2015, pág. 271 y sig.: «En efecto, en no pocas oportunidades los derechos del consumidor no son tutelados en la práctica, ya sea porque no son conocidos por los propios beneficiarios, ya sea porque existe cierta incertidumbre en el régimen procedimental o procesal más adecuado para su eficacia, ya sea porque los jueces todavía no aceptan totalmente todas aquellas novedosas variantes que el propio régimen permite, habilita y consagra».

(*) Abogado (UNT), Magister en Derecho Empresario (U. Austral), Profesor Asociado Derecho Civil III «Contratos» y Profesor Adjunto de «Derecho de usuarios y consumidores» (Universidad Católica de Santiago del Estero, DASS). Miembro del Instituto Argentino de Derecho del consumidor (IADC). Juez de Cámara Civil y Comercial (por concurso) del Poder Judicial de Jujuy.

N. del A.: El autor agradece el generoso intercambio de opiniones y la valiosa colaboración prestada por el Dr. José H. SAHIÁN para la elaboración de la presente ponencia, que fuera presentada en el «XX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor», realizado en sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre los días 15 y 16 de marzo de 2019. Fueron modificados los aspectos formales para una mejor lectura.