Confirmación de la extradición a un condenado por el delito de abuso sexual al país de origen, donde se aplica la castración quirúrgica a agresores sexuales.

Partes: K. M. s/ extradición

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 13-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-115471-AR | MJJ115471 | MJJ115471

Confirmación de la extradición a un condenado por el delito de abuso sexual al país de origen, donde se aplica la castración quirúrgica a agresores sexuales.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el agravio de la defensa oficial contra la procedencia de la extradición de un condenado por el delito de abuso sexual, pues las razones esgrimidas por la defensa oficial con base en el art. 13, inc. d de la Ley 24.767, son fruto de una reflexión tardía que, además, le atribuye al Ministerio de Justicia extranjero una intervención que no condice con lo que surge de lo actuado ya que se limitó a intervenir, como autoridad de aplicación, actuando de enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la República Argentina para dar curso al trámite de extradición y utilizando la vía diplomática solo como conducto para cursar el pedido y la documentación correspondiente. 2-Contrariamente a lo sostenido por quien recurre, el auto apelado fue suficientemente claro al señalar las razones por las cuales no aparecía comprometida la prescripción de la pena impuesta con base en la incidencia que, a tal efecto, tienen, por un lado, las causales de suspensión acaecidas durante el período en que el condenado permaneció en territorio de la República Checa, y por otra parte, porque según el derecho penal del país requirente no computa como tiempo útil para la valoración del extremo en cuestión, aquél durante el cual el condenado permaneció fuera de ese país. 3-Cabe considerar que el ‘tratamiento sexológico de protección’ que se le habría impuesto al requerido en ocasión de ser condenado en sede extranjera, sólo puede realizarse a solicitud del requerido y previa reconfirmación del consentimiento por escrito inmediatamente antes de llevarse a cabo la intervención, y por tanto no constituye una modalidad alcanzada por el instituto de la extradición en función del régimen legal aplicable entre ambos estados que solo contempla el supuesto de ‘pena’ -art. 6° de la Ley 24.767-.

 

 

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Contra la sentencia dictada por el Juzgado Federal n 1 de Mar del Plata, que concedió la extradición de M. M. K requerida por las autoridades de la República Checa, se interpuso recurso ordinario de apelación, que fue concedido a fojas 435.

 

A fojas 502/516 el Defensor General Adjunto de la Nación ante la Corte presentó el memorial del que V.E. corrió vista a esta Procuración General.

 

-II-

 

Cabe señalar, con carácter previo, que a partir de la doctrina asentada en el precedente “Callirgós Chávez” (Fallos: 339:906), “el apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso”, en función de lo previsto por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que resulta de aplicación al recurso ordinario de apelación en materia de extradición en atención a lo dispuesto por el artículo 254 del mismo cuerpo legal, sin que sea repugnante ni a la naturaleza del procedimiento de extradición ni a las leyes que lo rigen.

 

En el caso, la parte recurrente incumplió con esa manda legal, por lo que correspondía que el juez a qua ordenara devolver el escrito de fojas 433/434 previa anotación en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido.

 

Sin perjuicio de ello, de considerarlo V.E. pertinente “con el fin de evitar la demora que acarrearía, a esta altura del trámite, encauzar la situación como es debido”, podría “exhortar al juez de la causa para que, en lo sucesivo, ajuste el trámite a las pautas legales que rigen el procedimiento según lo señalado” (CFP 683/20 15/CS 1 in re “Polo Pérez, Johnny Omar s/extradición art. 52”, resuelta el 5 de septiembre de 2017, y sus citas del considerando 5°).

 

-III-

 

Hecha esa salvedad, puede resumirse la impugnación a la sentencia en los siguientes agravios: 1.De concederse la entrega reclamada, el requerido se vería expuesto a sufrir una pena inhumana; 2. No se cumplió con la exigencia prevista en el artículo 13.d de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24767, que rige el presente trámite ante la ausencia de tratado que vincule a las naciones; cfr. artículo 2°); 3. Tampoco se satisface el umbral mínimo previsto por el artículo 6° de esa norma; 4. La pena impuesta en la República Checa se encuentra prescripta; y 5. Debe analizarse el caso bajo la teoría del mejor derecho.

 

-IV-

 

Ante todo, creo oportuno señalar que los agravios reseñados en los apartados 1 y 2 son formalmente inadmisibles, toda vez que son fruto de una reflexión tardía y fueron introducidos recién en esta instancia, razón por la que corresponde su rechazo in limine (doctrina de Fallos: 313:1242; 322:1558; 332:297, entre otros).

 

No desconozco que en varios precedentes la Corte decidió dejar de lado este reparo formal y tratar los planteo s, pero ello ocurrió frente a cuestiones susceptibles de afectar el orden público argentino; y en esta oportunidad no advierto que se presenten aquellas circunstancias extraordinarias que han permitido a V.E. soslayar óbices formales para remediar ostensibles nulidades absolutas (Fallos: 327:2892; 328:1367 y 329:1425).

 

No obstante, para brindar una mayor respuesta jurisdiccional y en ejercicio de la función que asigna a este Ministerio Público el artículo 25 de la ley 24767, habré de desarrollar lo siguiente para concluir que no asiste razón a la defensa en esas tardías pretensiones. impuesta a K l. La defensa sostiene su planteo en que la condena consiste en la privación de su libertad por el lapso de dos años y el sometimiento a un tratamiento sexológico de protección en un establecimiento penitenciario (cfr.fojas 113, 143/146 Y 152/155), lo que, a su entender, configuraría un castigo inhumano (artículo 8.e de la ley 24767).

 

Para llegar a esa conclusión, advierte que entre las alternativas que se prevé en ese tratamiento se encuentra la castración química, pudiendo llegarse incluso en determinadas circunstancias a la castración quirúrgica.

 

En consecuencia solicita que el Estado requirente brinde garantías de que el extraditurus no será sometido a esa práctica.

 

Pues bien, más allá de las consideraciones efectuadas por la defensa sobre la irreversibilidad de esa intervención y de sus posibles efectos secundarios, cabe recordar que es de exclusiva potestad del condenado la decisión de someterse a un tratamiento sexo lógico con ese alcance, luego de un procedimiento que tiene numerosos pasos destinados a garantizar que esa decisión sea consciente y libre, y que aquél, además, no concluye indefectiblemente en una castración química o quirúrgica.

 

En este sentido, cabe tener en consideración el Reporte del Comité Europeo para Prevenir la Tortura y Tratamientos o Castigos Inhumanos o Degradantes (CPT/Inf (2015) 18, publicado en Strasbourg, el 31 de marzo de 2015; acompañado por la defensa a fojas 456/495 ya cuyo carácter oficial y fecha asigno especial relevancia a estos fines), de donde surge que a partir del 10 de abril de 2012 entró en vigor una nueva ley de servicios médicos específicos, que introdujo mayores salvaguardas y opciones para el condenado. Dejo constancia de que las referencias a ese documento que a continuación se efectúan, han sido traducidas en esta sede, en lo pertinente, de su texto en idioma inglés (conf. Fallos: 314:1132 y 315:575).

 

Así, las castraciones quirúrgicas no pueden realizarse en prisioneros (condenados o en prisión preventiva) o en personas privadas de su capacidad legal.La intervención podrá ser permitida a resultas de la petición escrita del paciente interesado quien deberá tener al menos veinticinco años de edad, deberá haber cometido un crimen violento motivado por el sexo, deberá contar con un examen médico experto que demuestre la presencia de una específica desviación sexual y una alta probabilidad de que volverá a cometer un crimen violento motivado por el sexo y que además otros métodos de tratamiento probaron ser infructuosos para el paciente. El formulario de solicitud debe incluir información detallada sobre la intervención y debe ser acompañado por una recomendación del médico actuante así como también por una evaluación médica independiente (subrayado agregado).

 

Una comisión central fue establecida dentro del Ministerio de Salud checo para decidir sobre el requerimiento del paciente y está compuesta por expertos en psicología, psiquiatría, sexología y urología, junto a un abogado especialista en derecho médico, quienes no deben tener ninguna conexión con el establecimiento en el que el paciente fue colocado. La comisión debe oír al interesado en persona y debe informarle nuevamente la naturaleza, las consecuencias permanentes y los posibles riesgos de la intervención quirúrgica. Si el paciente está siendo sometido a un tratamiento protector intramuros o en detención por cuestiones de seguridad, debe ser informado de que la castración no le dará derecho a ser liberado y que su solicitud debe ser aprobada por un juez. La castración solo podrá ser realizada si el paciente reconfirma su consentimiento por escrito inmediatamente antes de llevarse a cabo la intervención.

 

A raíz de estas modificaciones legales, y desde su entrada en vigor el 10 de abril de 2012, las autoridades de la República Checa informaron -a principios de 2014- que no se han realizado castraciones quirúrgicas de delincuentes sexuales y que recientemente se habían presentado dos solicitudes:una había sido aprobada por la comisión y, por hallarse detenido en seguridad el afectado, también por el tribunal; mientras que la restante había sido rechazada por la comisión central (cfr. fojas 493 y vuelta).

 

A partir de lo hasta aquí expuesto, entiendo que no puede aseverarse que en virtud del tratamiento impuesto con la condena a prisión, el requerido corra el riesgo de ser sometido a un castigo inhumano, en tanto no solo descansa en su absoluta decisión la medida a adoptar, sino que además deben cumplirse rigurosos requisitos para que las autoridades del Estado solicitante autoricen ese procedimiento que – cierto es- aún no ha sido derogado. Sin embargo, mientras en el período comprendido entre los años 1998 y 2008 se efectuaron noventa y cuatro castraciones de delincuentes sexuales (fojas 445), desde la entrada en vigor de la nueva legislación y a la fecha del aludido informe, ninguna fue llevada a cabo.

 

Por lo demás, no puede compararse la situación aquí descripta con la analizada en el precedente de Fallos: 333:405 , señalado por el recurrente, ya que, en primer lugar, la decisión de someterse a este tratamiento no está viciada -en las condiciones del sub judice- por la carga de tener que elegir entre salvar su vida y la exposición al imperio de la ley. En segundo lugar, tampoco se trata de elegir entre la encarcelación y la libertad, como se insinúa en el memorial (fojas 507 vta.), ya que, como se dijo ut supra, a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación checa las castraciones solo pueden realizarse en prisioneros en las condiciones descriptas, ni implican, eventualmente, su liberación.

 

En consecuencia, más allá de su tardía introducción, entiendo que no le asiste razón en su agravio, en el que, vale destacar, olvida que el tratamiento acompaña el fin resocializador de la pena (cfr. ley 24660, artículo 1°, y Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, v.gro apartados 59 y 61 a 66).

 

  1. En lo que respecta a la orden de detención y a la solicitud de extradición emanadas de una autoridad con potestad jurisdiccional, conforme a lo previsto por el artículo 13.d de la ley 24767 y a la jurisprudencia de V.E. en la materia, advierto que se encuentran agregadas a fojas 131/132 y 136/138, respectivamente, donde aparecen firmadas por el juez Rudolf Havelka, del Tribunal de Distrito de Mladá Boleslav, y a partir de las cuales el Ministerio de Justicia de la República Checa emitió su pedido formal (cfr. fojas 113/115).

 

El hecho de que en la firma del j uez se agregue la frase “presidente del senado” en nada modifica su categoría de juez y de integrante del mentado tribunal de distrito, ya que no puede pretenderse que las denominaciones jurídico-administrativas que se utilizan en el Estado requirente sean idénticas a las empleadas en nuestro país, máxime cuando no compartimos el idioma ni la lengua que, respectivamente, le da origen (la romance en nuestro caso y la eslava en el del país solicitante de la entreayuda).

 

Por otra parte, el hecho de que sea el Ministerio de Justicia de la República Checa la autoridad que materializa la solicitud de la extradición (fojas 1131115), no implica que ese organismo no judicial haya asumido facultades exclusivas del tribunal interviniente, sino muy por el contrario, que únicamente a partir de la decisión de éste último, donde específicamente requirió la entrega de K en el marco de esta asistencia internacional (fojas 136/138 y 363/367), se encontró habilitado para trasladar esa resolución judicial al plano internacional.

 

Por lo demás, esta situación no colisiona con la voluntad internacional sostenida por la Argentina, en tanto similares condiciones se prevén en el tratado celebrado con los Estados Unidos de América, donde la “autoridad competente” para gestionar los pedidos formales de extradición “se refiere a [ . ] la Autoridad Ejecutiva”, que en ese caso es el Departamento de Justicia de ese país (artículo20 de la ley 25126).

 

Lo hasta aquí considerado, determina la sustancial desestimación de este planteo extemporáneo.

 

-V-

 

En lo que se refiere a la queja de que el monto de la pena no satisface el umbral mínimo previsto en el tercer párrafo del artículo 6° de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24767), debo decir que tampoco le asiste razón al recurrente.

 

Recordemos que se solicita la entrega de K por una condena a dos años de prisión efectiva y un tratamiento sexológico de protección intramuros y la Ley de Extradiciones, en el acápite señalado, prevé que para que proceda la entrega de una persona reclamada para el cumplimiento de una pena se requerirá que “la pena que faltare cumplir fuese no menor de un año de privación de libertad en el momento en que se presente la solicitud” (énfasis agregado).

 

En tal sentido, al resolver in re “Torrico Becerra”, la mayoría de V .E. precisó -en criterio sustancialmente análogo y aplicable al caso de autos- que el requisito del mínimo de pena para el supuesto en que la extradición se solicite respecto de una persona condenada, “debe configurarse al momento de formularse la ‘detención preventiva’ del individuo requerido y debe subsistir al presentarse ‘la solicitud de extradición.(Fallos: 335 :2528, considerando 8°).

 

Al tiempo de esta petición el requerido no había cumplido ningún tramo de la condena, por lo que por entonces le restaban cumplir los dos años de privación de la libertad (fojas 113), monto que, claro está, supera el mínimo establecido por la legislación específica.y en nada modifica lo dicho sobre la acreditación del aludido requisito formal para la procedencia de la solicitud ante la inexistencia de tratado, la circunstancia que, conforme la exigencia del artículo 11.e de la ley 24767, el Estado requirente se haya comprometido a tener en cuenta el tiempo que el extraditurus permanezca detenido en el marco de este trámite como si lo hubiera hecho en el que le da origen en suelo foráneo (fojas 114), pues de todos modos ese cómputo se refiere a una actividad que eventualmente deberá practicar la autoridad de la encargada de la ejecución de la pena aplicada a K con arreglo a su derecho interno (conf. expte. O.II.XL VII “Ortiz de Latierro, Bernardo Alberto s/extradición”, resuelto el 3 de mayo de 2012, considerando s 4° y 5°, y apartados IV y V del respectivo dictamen de esta Procuración General).

 

Es pertinente agregar que la pretendida exigencia del recurrente al sostener que el requisito del artículo 6°, tercer párrafo, de nuestra Ley de Extradiciones debe subsistir al momento de la sentencia no encuentra sustento normativo, pues no se trata de ninguna de las causales para la improcedencia de la extradición previstas en el artículo 11 de la ley 24767, por la que se rige el sub judíce (conf. Fallos:335:2528, considerando 10).

 

Por lo demás, no puede pasarse por alto que las consecuencias del tiempo que insuma el procedimiento en el país requerido no pueden trasladarse al Estado requirente, cuya solicitud -ante la inexistencia de tratado- se ha ajustado a los términos de la citada norma nacional (artículo 3°). Adviértase en este sentido, que aún en el marco de la prontitud del trámite que prevé el artículo 1°, segundo párrafo, de aquella norma, no es inusual que hasta adquirir firmeza la sentencia definitiva del juicio de extradición pueda transcurrir un plazo mayor al de un año previsto en su artículo 6°; razón por la cual la exigencia que el umbral de un año de privación de libertad para los casos de cumplimiento de pena exista al momento de presentarse la solicitud, no solo respeta la letra de la ley, sino también los fines de cooperación que la inspiran.

 

En estas condiciones, resta concluir que se encuentra debidamente acreditado el mínimo de pena a cumplir previsto en la norma aplicable.

 

-VI-

 

Siguiendo con esta línea, debe analizarse el planteo referido a que no se habría brindado una explicación acerca del fundamento de por qué no se habría extinguido la pena impuesta en la República Checa (artículo 14.d de la ley 24767).

 

Sin embargo, entiendo que de la información acompañada por el Estado requirente se advierten claramente las razones de la vigencia de su ius puniendi.

 

Así, no debe buscarse, como lo hace la defensa, que los actos de interrupción de la prescripción permitan que continúe su curso con posterioridad a los señalados por las autoridades foráneas (fojas 138), sino que en el mismo artículo 94 de Código Penal checo, apartado 3° (fojas 137/138), se estipula que “la prescripción de la pena no incluirá el período cuando no era posible ejercer la pena porque el condenado permanecía en el extranjero . “. Esa es la razón que han brindado las autoridades solicitantes enreiteradas oportunidades (cfr. fojas 352/355 y 363/367) y por la cual informan que, de acuerdo a sus registros oficiales, K “ha estado en el territorio de la República Checa demostrablemente por última vez el 15 de julio de 2003” (fojas 355 y 358).

 

De esta forma, al no encontrarse el nombrado en el territorio del Estado requirente de la asistencia jurídica internacional, no corrió a su respecto la prescripción de la condena impuesta, cuyo cómputo -cabe recordar- debe regirse según su ley (artículo II.a de la ley 24767).

 

-VII-

 

Finalmente, respecto de la solicitud de la defensa de que se analice el caso baj o óptica de la teoría del mej or derecho, esbozada por V.E. en “Germano” (Fallos: 335:38), advierto que el agravio resulta infundado, ya que constituye una mera reiteración de lo ya ventilado a lo largo del proceso y particularmente en el debate (fojas 400/403), lo cual fue considerado por el a qua de forma ajustada a derecho y a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24767), sin que la parte se hiciera cargo en su presentación de las razones brindadas en esa instancia para desestimarlo (fojas 424 vta. y siguiente, sin numerar). Esa sola deficiencia es apta para determinar -per se- el rechazo de la apelación (Fallos: 333 :927 y 1179 ; M 52 1. XLV in re “Morano, José Antonio s/extradición”, resuelta el 14 de diciembre de 2010; P 529 1. XLIII in re “Paravinja, Miroslav s/extradición por parte del Reino de Bélgica” y K 43 1. XLIV in re “Koremblit, Hugo Alberto s/extradición”, ambas del 27 de mayo de 2009; CSJ 383/2014 (50-S)/CSl in re “Sevilla Formoso, Edgardo José s/extradición”, del 10 de septiembre de 2015; entre muchos otros).

 

-VIII-

 

En mérito a lo expuesto, solicito a V.E.que confirme la sentencia en todo cuanto fue materia de apelación.

 

ES COPIA

 

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018.

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2018

 

Vistos los autos: “K., M. s/ extradición”. Considerando:

 

1°) Que el señor juez a cargo del Juzgado Federal n° 1 de Mar del Plata declaró procedente la extradición de M. M. K. a la República Checa para la ejecución de una pena de dos años de prisión por el delito de abuso sexual en virtud del artículo 242, apartado 1° de la ley penal de ese país 140/1961 (fs. 416/425).

 

2°) Que, contra lo así resuelto, interpuso recurso ordinario de apelación la defensa oficial del requerido (fs. 433/434) que, concedido a fs. 435, fue fundado en esta instancia por el señor Defensor General adjunto de la Nación (fs. 502/516). A su turno, intervino el señor Procurador General de la Nación interino (fs. 519/524).

 

3°) Que, con carácter previo, cabe señalar que el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto consagra que “El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuera infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el oficial primero pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso”, es de aplicación al recurso de apelación ordinario en materia de extradición en atención a lo dispuesto por el artículo 254 del mismo cuerpo legal sin que sea repugnante ni a la naturaleza del procedimiento ni a las leyes que lo rigen (conf. “Callirgos Chávez” Fallos:339:906, considerandos 3° y 4°).

 

4°) Que, sobre la base de lo antes expuesto, el Tribunal señaló en ese precedente que se abstendría de entrar en la consideración de aquellos agravios que aparecieran fundados por remisión al contenido de escritos de apelación presentados, en contravención al artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación antes referido. 5°) Que con el fin de evitar la demora que acarrearía, a esta altura del trámite, encauzar la situación como es debido, el Tribunal ha de limitarse a exhortar al juez de la causa para que, en lo sucesivo, ajuste el trámite a las pautas legales que rigen el procedimiento según lo antes señalado (conf. en ese sentido, entre muchos otros, FLP 40460/2014/CS1 “Villalba Ramírez, Claudio Enrico s/ extradición”, sentencia del 13 de septiembre de 2016, considerandos 3° a 7° y “Altamiranda Biancciotti” (Fallos: 339:1357), considerandos 3° a 7°).

 

6°) Que, según surge de lo actuado, el Ministerio de Justicia de la República Checa, a través de la Directora del Departamento Internacional de lo Penal, mediante oficio del 31 de octubre de 2016, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, hizo llegar por conducto diplomático (fs. 110), el formal pedido de extradición de M. M. K. con base en la orden librada por el Tribunal de Distrito de Mladá Boleslav el 7 de marzo de 2016 (fs. 306) fecha en la cual, además, ordenó el arresto N -2- FMP 21547/2016/CS1 R.O. K., M. s/ extradición. internacional de aquél (conf. fs. 122 y 242/243) luego de que fue informado que estaba residiendo en el territorio de la República Argentina (fs. 130/131).

 

7°) Que, sobre la base de lo expuesto, las razones esgrimidas por la defensa oficial en el memorial presentado en esta instancia (fs. 502/516, aquí fs.509 vta./512 vta.), con base en el artículo 13, inciso d de la ley 24.767, son fruto de una reflexión tardía que, además, le atribuye al Ministerio de Justicia extranjero una intervención que no condice con lo que surge de lo actuado ya que se limitó a intervenir, como autoridad de aplicación, actuando de enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la República Argentina para dar curso al trámite de extradición (artículos 19 a 25 de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal) y utilizando la vía diplomática solo como conducto para cursar el pedido y la documentación correspondiente (artículos 4° y 19 de esa misma ley). Ello si se tiene en cuenta que el pedido de extradición tiene sustento en una orden librada por el Tribunal de Distrito de Mladá Boleslav, el 7 de marzo de 2016, mediante la cual solicitó “al Ministerio de la República Checa que aplique medidas necesarias para solicitar la extradición del condenado M. M. desde el exterior, porque se encontró que está residiendo en el territorio de la República Argentina” y atento a la orden de captura que registraba a nivel nacional desde el 9 de julio de 2003 (fs. 306 y copia de fs. 130/131).

 

8°) Que, en otro orden de ideas, contrariamente a lo sostenido por quien recurre, el auto apelado fue suficientemente claro al señalar las razones por las cuales no aparecía comprometida la prescripción de la pena impuesta, que quedó firme el 6 de mayo de 2003 (fs. 304) con base en la incidencia que, a tal efecto, tienen, por un lado, las causales de suspensión acaecidas durante el período en que el condenado permaneció en territorio de la República Checa (fs. 134). Y, de otra parte, porque según el derecho penal la República Checa (fs.421, 422 y 423/424), no computa como tiempo útil para la valoración del extremo en cuestión, aquél durante el cual el condenado permaneció fuera de ese país, sin que exista controversia sobre el hecho de que K. ha estado en el territorio de la República Checa inexorablemente por última vez el 15 de julio de 2003 (fs. 310), con ingreso a la República Argentina el 12 de abril de 2004 (conf. registro informado por la Dirección General de Migraciones mediante oficio glosado a fs. 285/286). 9°) Que, en lo que respecta al agravio fundado en el artículo 6° de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, su texto es suficientemente claro al consagrar que “En caso de que la extradición se solicitara para el cumplimiento de una pena, se requerirá, además, que la pena que faltare cumplir fuese no menor de un año de privación de libertad en el momento en que se presente la solicitud”. De allí que la mera invocación de que se vulneraría el “principio de proporcionalidad” y/o se “desvirtuaría el fin esencial de la pena” no son suficientes para valorar la cuestión con base en un momento procesal diverso al que fija la norma aplicable con suficiente claridad [“en el momento en que se presente la solicitud”].

 

Que, por lo demás, no cabe un examen del agravio que se esgrime fundado en la idea del “derecho al mejor derecho” en la medida en que, como señala el dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, quien recurre no se hizo cargo de las razones señaladas por el juez apelado, a fs. 424/425, para su desestimación.

 

Que, sentado lo expuesto, en cuanto a los reparos esgrimidos por la defensa oficial de M. M. K.respecto del “tratamiento sexológico de protección” impuesto al requerido en ocasión de ser condenado en sede extranjera, su naturaleza y alcance no surgen informados, ni tampoco se acompañó “testimonio” ó “fotocopia autenticada” del artículo 72, apartado 2° del Código Penal extranjero (ley 140/1961) que le habría dado sustento (fs. 143).

 

Que, en tales condiciones, el Tribunal entiende suficiente dar respuesta al agravio en cuestión mediante la aclaración del alcance de la resolución de procedencia que aquí se confirma y que solo incluye la ejecución de la pena privativa de libertad a dos años de prisión en que se sustentó el pedido de extradición (fs. 113) a cuyos efectos y conforme a la seguridad asumida por el Ministerio de Justicia de la República Checa, se computará el tiempo de privación de libertad que demandó este trámite de extradición (fs. 114), debiendo el juez de la causa informar a su par extranjero el plazo en cuestión al igual que el tratamiento individual al que quedó sometido K. durante ese período (fs. 193).

 

Asimismo, que las “medidas de seguridad” -si acaso ese hubiera sido el alcance del “tratamiento sexológico de protección” impuesto a K.- no constituyen una modalidad alcanzada por el instituto de la extradición en función del régimen legal aplicable entre ambos estados que solo contempla el supuesto de “pena” (artículo 6° de la ley 24.767).

 

Por lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada en cuanto declaró procedente la extradición de M. M. K. a la República Checa para la ejecución de una pena de dos años de prisión por el delito de abuso sexual en virtud del artículo 242, apartado 1° de la ley penal de ese país 140/1961, con los alcances que surgen del considerando 12. Notifíquese, tómese razón y, con la exhortación de que da cuenta el considerando 5°, devuélvase al juez de la causa a sus efectos.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI