Procesamiento de docentes y administrativos de un establecimiento educativo no habilitado y que entregaba certificados analíticos apócrifos

Partes: Legajo Nº 8 – Imputado: V. W. C. y otros s/ legajo de apelación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: I

Fecha: 31-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115226-AR | MJJ115226 | MJJ115226

Procesamiento de docentes y administrativos que formaban parte de un establecimiento educativo no habilitado y que entregaba certificados analíticos apócrifos.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el procesamiento de los encartados -en su carácter de personal administrativo y docentes- en orden a los delitos de estafa y falsificación de documento público, pues surge probado que formaban parte de un establecimiento educativo que no contaba con la pertinente habilitación y entregaba certificados analíticos sin valor oficial.

2.-Difícilmente el docente pudiera desconocer si el establecimiento en el que se desempeñaba estaba o no habilitado, debido a la documentación que debía rubricar en el ejercicio de su función de educador, lo cual indica que las condiciones en que participaban en la explotación del establecimiento, más que informales -como lo alegan en sus descargos, ya que lo hacían ‘en negro’- son indicativas del conocimiento que tenían acerca de la situación irregular que presentaba la institución, sin perjuicio de lo cual colaboraron para la concreción del resultado del injusto.

Fallo:

San Martín, 31 de octubre de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan estas actuaciones a estudio del Tribunal, a raíz de los recursos de apelación deducidos por las defensas de los imputados M. V. V., C. H. S., L. I. S. y P. V. S. L., contra el auto que ordenó el procesamiento de los nombrados, por considerarlos prima facie partícipes necesarios del delito de falsificación de documento público, en concurso ideal con el de estafa, cometido en forma reiterada (13 hechos) en calidad de coautores, en los términos acuñados en los Arts. 45, 54, 55, 172 y 292, primer párrafo, del Código Penal (Cfr. Fs. 230/260).

En esta sede, la asistencia letrada de V. O. M. adhirió al remedio intentado, contra el auto por el que se lo cautelara de idéntica forma (Cfr. Fs. 266/268).

II. Tuvo su origen este legajo, a raíz de la denuncia presentada el 1° de agosto de 2013, por M. J. O., dando cuenta que durante los años 2011 y 2012 cursó sus estudios secundarios con orientación bachiller en humanidades y ciencias sociales, en el Instituto Educativo Buenos Aires (en adelante IEBA), sito en la calle Triunvirato N° 1515 de la localidad de Don Torcuato. Una vez finalizados, solicitó al representante legal del establecimiento educativo, W.

V., que se le extendiera un certificado de estudios para poder ingresar a la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Señaló que le expidieron tres, uno el 6 de noviembre de 2012 y los otros el 3 de enero y 17 de mayo de 2013.Respecto del primero, adujó que se encontraba firmado por José Pazos, como secretario y por Cristina Martínez Rodríguez, en su carácter de directora, en tanto que el dorso estaba certificado por Mirta Liliana Cantoli, Asesora Docente de la Dirección Provincial de Educación Privada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DIPREGEP). La del 3 de enero tenía, a su vez, una legitimación de la firma de Cantoli por parte de M. J. Posee, del Ministerio del Interior.

Agregó que en la escuela de cadetes le solicitaron un certificado analítico de estudios secundarios y al hacerse presente en el lugar donde funcionaba el instituto, ya no se encontraba. Por tal motivo, llamó en reiteradas oportunidades a W. V., hasta el día en que el nombrado le hizo entrega de la documentación y le aclaró que sólo restaba el sello del Ministerio del Interior.

Se dirigió, entonces, a la DIPREGEP a los fines de sellar el título y al Consejo Escolar de Tigre. En el primero, le refirieron que el instrumento presentaba irregularidades, la rúbrica asentada no se correspondía con la obrante en sus registros, además de no reunir los requisitos en cuanto a su confección, mientras que en el segundo se le señaló que el instituto no se encontraba registrado. También le dijeron que iba a tener que cursar nuevamente sus estudios y que iban a tratar de darle una solución haciéndole rendir algún examen para evaluar sus conocimientos.

Finalmente, brindó detalles acerca de cómo curso la actividad. Dijo que era un sistema semipresencial de educación a distancia durante la semana, a cuyo fin le brindaban material de estudio y los días sábados concurría a rendir los exámenes, que abonaba $450 aproximadamente, según la cantidad de materias. En su curso había unas quince personas, aportando sus nombres, identificando también a varios profesores, señalando que W. V.siempre estaba presente cuando rendía los exámenes y que su hermana estaba en el sector de cobranzas (Fs. 1/3).

Como consecuencia de la denuncia incoada, se le recibió declaración a varios de los alumnos que resultaron damnificados en el hecho, se convocó a los encausados en los términos normados en el Art. 294 del código de forma, se anexaron al sumario distintos documentos, para finalmente acumularse a la presente la causa FSM 32766/2017 del registro de la secretaría N° 3 del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, que tuvo origen en una denuncia realizada por R. H. R., en su carácter de apoderado y representante legal del Instituto Marcelo Torcuato de Alvear, en la que ponía en conocimiento que el 5 de abril de 2017, se presentó en el establecimiento Elías M. Correa Techeira, solicitando se le otorgara un duplicado de su certificado analítico. Al advertir que no era alumno del instituto y que los certificados presentaban irregularidades, se le preguntó dónde había cursado, manifestando que había tomado clases con W. V. y había rendido exámenes libres (Cfr. Fs. 13/13 Vta. y 717).

III. Previo a analizar la situación procesal de los encausados, cabe traer a colación lo ya señalado reiteradamente acerca de cómo habrán de valorarse los distintos elementos de convicción agregados al sumario.

Se ha dicho que el juez puede inclinarse y darle preponderancia a aquellos que le merecen mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el legajo, puesto que resulta una facultad privativa y discrecional del magistrado.

En esa dirección, se puede destacar que no está obligado a seguir a las partes en todas las argumentaciones que le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; entre otros).

IV. Se imputa a M. V. V. (empleada administrativa), C. H. S.(secretario y docente de física, química e informática), V. O. M. (matemática e historia), L. I. S. (orden jurídico, teoría de la pena, derechos humanos y ética púbica, sociología, historia, geografía, comunicación y ciencias políticas) y P. V. S. L. (física, química y biología), haber participado de la maniobra ilícita ideada y planificada por W. V. -cuya situación procesal se encuentra firme- que tuvo por finalidad la puesta en funcionamiento, durante los años 2010 a 2013, del Instituto Educativo Buenos Aires (IEBA), que funcionó en la calle Triunvirato N° 1515 y 1503 de la localidad de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, a sabiendas de que dicho establecimiento carecía de la autorización para funcionar que debía emitir la Dirección Provincial de Educación Privada (DIPREGEP), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, percibiendo, en consecuencia, un rédito económico indebido a través del cobro de aranceles (cuotas y matrículas) obtenidos fraudulentamente en perjuicio de los alumnos. A su vez, como parte de esa maniobra, se expidieron constancias de certificados de estudios en trámite y certificados analíticos, todos apócrifos, ya que en ellos se falsificaron las firmas y sellos de la Asesora Docente de la DIPREGPE, Mirta Liliana Cantoli y de la funcionaria del Ministerio del Interior, Marcela J. Pose.

Tal como se ha acreditado en autos -y no se encuentra cuestionado- el IEBA era un establecimiento que promovía y dictaba un “secundario acelerado para adultos a distancia” (ver panfletos de Fs. 67 y 68), cuyo objetivo -conforme documentación de Fs. 134/5- era la “orientación en seguridad: este plan de estudios facilita una salida laboral, la búsqueda de un nuevo empleo y el mantenimiento del mismo, la permanencia en el sistema laboral actual y acceder a estudios superiores, universitarios, el ingreso a las Fuerzas Armadas o a Empresas de Seguridad.Esta propuesta surge de la necesidad de incorporar al sistema educativo una nueva posibilidad para quienes no pudieron comenzar y/o culminar sus estudios secundarios obligatorios por la nueva ley y además ofrecer una nueva orientación acorde al mercado laboral actual”.

Al respecto, corresponde precisar, pese a que la situación procesal de W. V. se encuentra firme, que las pruebas obrantes en autos son categóricas en cuanto a que el nombrado fue quien ideó todo el plan ilícito, con el propósito de provocar un desplazamiento patrimonial indebido.

Véase que todos los alumnos que prestaron declaración testimonial fueron contestes en cuanto a que aquél fue quien les informó, desde un inicio, cómo era el curso acelerado de secundario, les cobró las cuotas e hizo entrega de la documentación pertinente (títulos y certificados), todo lo cual se vio corroborado con la cantidad de instrumentos que firmó, con los instructivos que les entregaba y con la tarjeta personal con su nombre y los datos de la institución que obra anexada en la causa.

También cabe destacar que la Jefa de la Región N° 6 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, al prestar declaración testimonial, hizo hincapié en que, cuando se efectuó una inspección en el establecimiento, la persona encargada de realizarlo se encontró con el “responsable del instituto”, haciendo mención específicamente a “W. V.”, a quien se lo notificó de la normativa vigente que debía seguir para obtener la autorización y éste nunca regularizó su situación.

Más específicamente, respecto de la situación del cuerpo docente, concretamente señaló que “es muy difícil que un docente no sepa si un establecimiento educativo está habilitado porque deben firmar determinados requerimientos como el libro de desI.nes, registro de asistencia, planta funcional, planillas DIPREGEP, el número de registro de DIPREGEP debe figurar en toda la documentación mencionada” (Fs. 331/336).

Ahora bien, tal como se desprende de las constancias de autos, M. V. V., C. H. S., L. I. S., P. V.S. L. y V. O. M., prestaron servicios en el IEBA; la primera,como administrativa y los restantes como docentes.

No obstante, habida cuenta el diferente rol participativo de los nombrados, se analizará la posición de cada caso de acuerdo a la valoración conjunta de los distintos elementos probatorios incorporados en autos. V. Situación procesal de C. H. S., L. I. S., P. V. S. L. y V. O. M.:

Centrada la intervención de la Sala en lo que ha sido motivo de agravio, se estima que los elementos de juicio incorporados al sumario, con la preliminar convicción que caracteriza este segmento del proceso, dan base a la imputación discernida en el pronunciamiento de mérito, cuyos fundamentos – en lo pertinente- la S ala comparte y da por reproducidos.

Cabe computar al respecto que, de acuerdo a la documentación obrante en el anexo II que corre por cuerda, los cuatro suscribieron permisos de examen y fueron concretamente sindicados por los alumnos como docentes del establecimiento, lo que permite colegir en que su desempeño no se limitaba a meros cursos de apoyo o tutorías como se pretende (Cfr. Fs. 257/261, 264/266, 267/270 y 325/327). En los casos de S. y L., reconocieron también haber evaluado a los educandos, en tanto que el primero y S., fueron señalados por uno de los alumnos como personal estable del instituto.

Respecto de V. O. M., cabe agregar que, según constancias del sumario, el 21 de julio de 2010 rubricó, junto con W. V., un contrato de locación del inmueble donde funcionó el instituto (Cfr. Fs. 301/302), lo cual condice con el hecho de que obren permisos de examen con su rúbrica, con un sello aclaratorio que reza “V.M.-Director- IEBA”.

Es decir, que el relato de ajenidad en el que pretendieron escudarse al ejercer su defensa material, se desvanece, a poco que se atienda a las categóricas afirmaciones brindadas por la Inspectora Jefe de la Región N° 6 de la DIPREGEP, Cristina Raquel Roffe, en cuanto a que difícilmente el docente pudiera desconocer si el establecimiento en el que se desempeñaba estaba o no habilitado, debido a la documentación que debía rubricar en el ejercicio de su función de educador, lo cual indica que las condiciones en que participaban en la explotación del establecimiento, más que informales -como lo alegan en sus descargos, ya que lo hacían “en negro”- son indicativas del conocimiento que tenían acerca de la situación irregular que presentaba la institución, sin perjuicio de lo cual colaboraron para la concreción del resultado del injusto.

VI. Situación procesal de M. V.V.:

Distinta es la situación de la nombrada, ya que, a diferencia del resto, el plexo probatorio reunido no resulta suficiente -con lo actuado hasta el momento- para desmerecer el relato exculpatorio brindado al ejercer su defensa material, ni para formularle el preliminar juicio de reproche en revisión.

Es que no puede afirmarse -sin más- que haya obrado con conocimiento y con la intención de participar activamente en la maniobra defraudatoria.

Véase que de los testimonios aportados y de la documentación anexada, se desprende que la causante no intervino en ningún obrar falsario.

Pese a que obran testimonios que dan cuenta de que, en algunas oportunidades, fueron recibidos en el instituto por ella, a quien a veces le abonaban la cuota, lo cierto es que esa única circunstancia no puede implicar que haya tenido un positivo conocimiento acerca de las irregularidades que presentaba el instituto y, menos aún, intención de defraudar a los alumnos, cobrando relevancia -frente a la ausencia de otros elementos probatorios- lo destacado por ésta en su declaración indagatoria y en su descargo, en tanto manifestó haber sido contratada por su hermano para llevar adelante tareas administrativas, como atender el teléfono, dar entrevistas y, ocasionalmente, recibir a los alumnos y cobrarles la cuota cuando éste se ausentaba, pero que desconocía si se había culminado todo el procedimiento de habilitación del instituto, ya que él siempre refería estar haciendo los trámites, ignorando cuáles.

Reseñado así el cuadro de situación, la valoración conjunta de los elementos probatorios incorporados al sumario determina, frente a los requisitos que exige la figura legal enrostrada, que su posición deba ubicarse -por el momento- en la hipótesis intermedia normada en el Art. 309 del ordenamiento de forma, sin perjuicio de la prosecución de la causa y de las medidas que la señora juez a quo estime pertinentes y útiles para completar la instrucción y despejar el punto.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR parcialmente el punto dispositivo V del auto apelado de Fs. 230/254 Vta., que dispuso el procesamiento de V. O. M., C. H. S., L. I. S. y P. V. S. L., en cuanto fuera materia de recurso.

II. REVOCAR parcialmente el punto dispositivo V, del auto apelado de Fs. 230/254 Vta. y disponer la falta de mérito en esta causa, respecto de M. V. V., en orden a los delitos por los que fuera indagada, sin perjuicio de la prosecución de la causa (Art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 26.856) y devuélvase.

MARCELO DARIO FERNANDEZ

MARCOS MORAN

DIEGO ARISTIDES CASSANI

SECRETARIO DE CAMARA