Aplicación de las escalas nacionales a los rubros retributivos y resarcitorios adeudados a la empleada del servicio doméstico reclamante

Partes: Ortíz Graciela c/ Serpa de Torres Nidia y/o Torres Carlos y/o quien resulte empleador y/o responsable s/ indemnización laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 8-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115085-AR | MJJ115085 | MJJ115085

Corresponde la aplicación de las escalas nacionales a los rubros retributivos y resarcitorios adeudados a la empleada del servicio doméstico reclamante.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que al efectuar la liquidación adoptó las escalas salariales fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante resoluciones provenientes del Ministerio de Trabajo, no considerando la remuneración convenida por las partes, pues la naturaleza laboral de la tarea prestada en casas particulares caería en saco roto, al tiempo de la extinción, si no se viera acompañada por la aplicación de las escalas nacionales a los rubros retributivos y resarcitorios adeudados.

2.-El derecho a la fijación del salario mínimo configura, para la Organización Internacional del Trabajo, un componente necesario de toda la política establecida para eliminar la pobreza, garantizar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias y proporcionar a los asalariados el necesario amparo social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios.

3.-Sentadas las bases en que se funda el derecho de la trabajadora a gozar de la protección de la garantía de salarios mínimos y del derecho a la retribución justa, no resulta admisible la invocación de cuestiones relativas a la organización federal ni a supuestos vacíos normativos para frustrar el efectivo goce de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los ocho días del mes de octubre de dos mil dieciocho, estando reunidos el señor Ministro titular del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Eduardo Gilberto Panseri y los señores Ministros Subrogantes Doctores Nidia Alicia Billinghurst de Braun, Martha Helia Altabe de Lértora y Diego Roberto Nuñez Huel, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, en su calidad de subrogante, asistidos de la Pro Secretaria Jurisdiccional Dra. Amalia del Valle Bury, tomaron en consideración el Expediente Nº LXP 4422/11, caratulado: “ORTIZ GRACIELA C/ SERPA DE TORRES NIDIA, Y/O TORRES CARLOS Y/O QUIEN RESULTE EMPLEADOR Y/O RESPONSABLE S/ INDEMNIZACION LABORAL (LABORAL)”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Nidia Alicia Billinghurst de Braun, Martha Helia Altabe de Lértora y Diego Roberto Nuñez Huel.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

I.- Vienen a conocimiento del suscripto estas actuaciones a raíz del fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar a la queja de la actora (fs. 410/414), declaró procedente el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia obrante a fs. 277/282 y vta. pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia con otra integración, con el alcance que indicó, ordenando el dictado de una nueva. El Alto Tribunal admitió los agravios formulados por la actora los que encontraron respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.

II.- Expuesto lo anterior, la Procuración consideró -luego de la reseña de la normativa constitucional y legal de aplicación al caso- que lo oportunamente resuelto en sede local desconoció las garantías relativas a la retribución justa, al salario mínimo y a la tutela contra el despido arbitrario (cf. Arts. 14 bis, 16 a 18 y 75, incs.22 y 23, C.N.); y que aun en el acotado ámbito provisto por la legislación que citó (art. 1 del decreto-ley 326/1956, arts. 20 y 24 del decreto reglamentario 7979/1956) era imperativo el establecimiento de salarios mínimos para los trabajadores comprendidos en esta actividad (servicio doméstico), apoyándose en esa inteligencia numerosas disposiciones dictadas en el marco descripto (resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación 566/02, 21/03, 134/04, 76/05, 314/06, 962/06, 1.306/07, 1.538/08, 1.002/09, 1.297/10, 1.350/11 y 958/12). De lo cual se sigue, añadió, que no se sustentó el temperamento expuesto por la alzada sobre cuya base se concluyó que, como pauta de liquidación de los rubros admitidos, debería estarse al supuesto salario pactado al inicio de la relación laboral. Y conforme lo consagrado en el art. 14 bis de la C.N., como de la doctrina de Fallos: 330:1989 ; 335:729 ; 332:2043 , voto de los Dres. Highton de Nolasco, Argibay y Fait; se exige que la autonomía de las partes para determinar ese estipendio se encuentre limitada por el orden público laboral, compuesto, entre otras normas, por las disposiciones que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. También expuso, por otro lado, que el derecho a la fijación del salario mínimo configura, para la Organización Internacional del Trabajo, un componente necesario de toda la política establecida para eliminar la pobreza, garantizar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias y proporcionar a los asalariados el necesario amparo social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios (punto I, Recomendación 135). Protección que halla su fundamento también en numerosos textos internacionales, entre los que cabe enunciar el convenio 131 de la OIT, pendiente de ratificación por nuestro país, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.23, 3°), el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.7°) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV). A su vez, el Convenio 189 de la OIT -si bien vigente en Argentina con posterioridad a la disputa- prevé específicamente que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista (cf. Arts. 11 y 18, b), garantía, aseguró, receptada por la nueva regulación legal del trabajo en casas particulares (art.18, ley 26.844). Y sentadas las bases en que se funda el derecho de la trabajadora a gozar de la protección de la garantía de salarios mínimos y del derecho a la retribución justa, no resulta admisible la invocación de cuestiones relativas a la organización federal ni a supuestos vacíos normativos para frustrar el efectivo goce de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales citados. Asimismo, no puede desconocerse que la trabajadora es sujeto de “preferente tutela” – abundó- y que con arreglo al principio de in dubio pro justitia socialis la preceptiva debe ser interpretada a favor de quienes al serle aplicada con este sentido tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida a través de las cuales es posible a la persona humana desarrollarse según su dignidad (Fallos: 289:430; 293:26). De ahí que la naturaleza laboral de la tarea prestada en casas particulares caería en saco roto, al tiempo de la extinción, si no se viera acompañada por la aplicación de las escalas nacionales a los rubros retributivos y resarcitorios adeudados.

III.- Sentado ello, corresponde analizar la cuestión de fondo. En efecto, la Excma. Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá (fs. 228/246) resolvió -en lo que interesa- practicar planilla por los rubros debidos.A ese fin, adoptó las escalas salariales fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Resoluciones provenientes del Ministerio de Trabajo, no considerando la remuneración convenida por las partes atento los fundamentos que expuso, más aún por conformar aquellas el “piso mínimo inderogable in pejus” de la accionante. En ese quehacer, sobre la base de la antigüedad comprobada (5 años); categoría laboral (Quinta, correspondiente al personal con retiro que trabaja diariamente); horas de trabajo (120 horas mensuales, 30 horas semanales), y teniendo en cuenta una remuneración debida de $ 1.232,40 (según Resolución MTESS. N°1002/09, desde el 1°/11/2009, por hora $10,27); de $ 1.044 (según Res. MTESS., N° 1538/08, a partir del 1°/11/2008, por hora: $8,70) y de $ 828 (según Res. MTESS., N°1306/07, a partir del 1°/03/2008, por hora: $6,90) procedió a efectuar el cálculo. En ese sentido, según lo consagrado en el art. 12 del decreto reglamentario 7979/56 la indemnización por despido se fijará conforme al promedio del sueldo en dinero de los dos últimos años; en consideración a ello y a aquellas escalas arribó a la suma de $1.104,5 De ese modo, computó la indemnización por antigüedad; preaviso; diferencias salariales debidas; SAC 2008, SAC 2009; vacaciones no gozadas 2008 y 2009 y días trabajados: 22/Octubre/2010; totalizando un monto de $ 21.659, 29, con más los intereses legales que fijó (correspondientes a la tasa activa promedio que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, sin tope), desde que cada uno de los rubros fueron adeudados hasta su cancelación.

IV.- Estas motivaciones fueron criticadas por la demandada recurrente a fs. 255 vta., concretamente la aplicación de las escalas salariales fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante las Resoluciones provenientes del Ministerio de Trabajo sobre la base que expuso.V.- De las circunstancias analizadas por el Más Alto Tribunal del país expresadas ceñidamente en el Considerando II del presente; y frente a la solidez y fundamentos legales que impregnan la sentencia pronunciada por la Cámara interviniente en origen que se acomodan a las pautas trazadas por la última intérprete de la Carta Magna, claramente los agravios que condujeron a la empleadora a cuestionar la adopción de las escalas nacionales carecen de solidez, deviniendo inconsistentes, inhábiles por sí mismas para conmover el pronunciamiento recurrido, en el aspecto ahora analizado. Conformándose la base salarial tratada por el “a-quo” a la normativa legal vigente en la materia; no cuestionados ya en este estadio procesal los rubros adeudados y provenientes de la relación laboral extinguida, corresponde confirmar el monto de condena decidido por la Excma. Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatia, con más los intereses señalados, no controvertidos; en su mérito, rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en lo pertinente (fs. 252/257), con costas a cargo de la demandada y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios de los Dres. Susana Noemí Raggio y Juan Carlos Coulleri, vencidos, en conjunto; los pertenecientes a la Dra. Ana María Rojas, vencedora, todos como Monotributistas frente al IVA, en el (%) de la cantidad que quede establecida en primera instancia.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Eduardo Gilberto Panseri, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE DOCTORA NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Eduardo Gilberto Panseri, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE DOCTORA MARTHA HELIA ALTABE DE LERTORA, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Eduardo Gilberto Panseri, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE DOCTOR DIEGO ROBERTO NUÑEZ HUEL, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Eduardo Gilberto Panseri, por compartir sus fundamentos.En mérito del precedente Acuerdo el Superio r Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 108

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en lo pertinente (fs. 252/257), con costas a cargo de la demandada y pérdida del depósito de ley. 2°) Regular los honorarios de los Dres. Susana Noemí Raggio y Juan Carlos Coulleri, vencidos, en conjunto; los pertenecientes a la Dra. Ana María Rojas, vencedora, todos como Monotributistas frente al IVA, en el (%) de la cantidad que quede establecida en primera instancia. 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente Subrogante Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE BRAUN

Ministra Subrogante Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. MARTHA HELIA ALTABE DE LERTORA

Ministra Subrogante Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. DIEGO ROBERTO NUÑEZ HUEL

Ministro Subrogante Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. AMALIA DEL VALLE BURY

Pro Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes