Procede demanda por los daños que la ex pareja del actor le ocasionó al sustraerle una bicicleta y una llanta, y rayarle el vehículo

Partes: R. J. c/ J. V. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 25-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115258-AR | MJJ115258 | MJJ115258

Procedencia de la demanda por los daños derivados del robo de una bicicleta y una llanta, y de rayar el vehículo al actor luego que este le manifestara que no deseaba continuar con la breve relación afectiva que había mantenido con la actora. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo por los daños que la demandada ocasionara en la cochera del edificio donde vivía, al sustraerle una bicicleta y una llanta, y rayarle su vehículo al actor luego que este le manifestara que no deseaba continuar con la breve relación afectiva que habían mantenido, toda vez que en la causa penal en la que el actor es querellante, la demandada reconoció las notas ‘intimidatorias’ que le envió y si bien sostuvo que había sido abusada, sus dichos condicen más bien con los de una acosadora frente a otra persona que quiere desentenderse de ella.

2.-Corresponde otorgar una indemnización por daño moral ya que no solo existió el robo de la bicicleta y rayadura del automotor en la cochera, sino que el caso trascendió más allá del edificio donde vivía el actor, en tanto la demandada escribió en Facebook que ‘ya tenés hecha la denuncia por abuso’, lo que hizo que públicamente se afectara su imagen y honor, cuando ni siquiera existió nunca una acción o denuncia en tal sentido, por ello es comprensible el estado de zozobra vivido por el actor, quien, si bien entendió que al principio estaba en presencia de una mujer ‘despechada’ por el fracaso de una relación amorosa, ella excedió todos los límites razonables que una persona no puede traspasar.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 25 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “R. J. C/ J. V. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher- Víctor Fernando Liberman- Patricia Babrieri.- A las cuestiones propuestas la Dra. Abreut de Begher dijo:

I-Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación planteada por el actor R. contra la sentencia de grado de fs.248/302 que rechazó la demanda de daños y perjuicios contra V. J.

El actor en su expresión de agravios de fs.318 plantea la sinrazón del fallo; que se aboca a temas ajenos al proceso; y que no analiza las constancias del expediente. Sostiene que el Magistrado se erigió en defensor particular de la demandada, y que el fallo resulta ser más una pieza filosófica que una construcción jurídica sobre los hechos comprobados en la causa.

Descalifica el fallo como acto jurisdiccional válido, por cuanto razona que las meras alegaciones de la accionada no fueron demostradas en el proceso, y sin embargo fueron tomadas como comprobadas por el a quo para decidir como lo hizo.Arguye que se probó la materialidad de los hechos imputados a la demandada y su relación de causalidad, en tanto se demostró a través de prueba testimonial, fotos, y las constancias de sede penal que la demandada sustrajo la bicicleta y llanta de la cochera del accionado el día 4 de diciembre de 2014, y mientras que al día siguiente rayó dolosamente su vehículo Bora para causarle daño, tal vez por su despecho frente a la ruptura de una relación sentimental iniciada poco tiempo antes.

Expresa que fue reconocida por la accionada la nota amenazante que obra a fs.4/5 de la causa penal, y que fue procesada por robo en concurso real con daño, mientras que posteriormente el TOC suspendió el juicio a prueba, y la accionada se acogió a la probation, comprometiéndose a la realización de trabajos comunitarios, hoy ya cumplidos.

Realiza una transcripción de resoluciones de sede penal e indica que no se trata este caso de un supuesto de violencia de género, como es el abuso, lo que no fue alegado por la accionada en este juicio en la oportunidad procesal pertinente -en la contestación de demanda, o tal vez, mediante una reconvención-; y peticiona que se revoque el decisorio, con costas.

En su responde la demandada pide la deserción del recurso; y subsidiariamente contesta los agravios. Sostiene que no fue demostrado que los daños que sufriera el actor le puedan ser imputados a ella, y descalifica cada uno de los rubros indemnizatorios peticionados.

II-Antecedentes a-Escritos postulatorios del proceso.

El actor R. inicia demanda contra V. J.por los daños que le ocasionara los días 4 y 5 de diciembre de 2012 en la cochera del edificio donde vivía, al sustraerle una bicicleta y una llanta, y rayarle su vehículo Bora allí estacionado.

Dijo que la demandada era vecina del mismo edificio, y que llegaron a trabar una relación sentimental, viéndose 5 o 6 veces durante dos semanas en las cuales intimaron, y que frente a comentarios que entendió fuera de lugar, y un acontecimiento puntual en el cual fue llamado insistentemente, con mensajes de Blackberry y presentación en su departamento, lo que consideró una invasión a su privacidad, hizo que le manifestara que no deseaba continuar con esa relación afectiva. Ello motivó que la actora le enviara mensajes telefónicos, cartas y notas, además del timbreo de su departamento, y comentarios en las redes sociales acerca de un presunto abuso. Que ese acoso continúo y la escalada violenta terminó con los hechos acaecidos los días 4 y 5 de diciembre. Reclama los daños al vehículo, el valor de la bicicleta sustraída y una llanta, privación de uso, mudanza del edificio, daño moral y honorarios abonados en sede penal y mediación, que suman un total de $ 133.660, más intereses y costas.

La accionada en su contestación de demanda negó los hechos, y dijo que, en su primera cita en el departamento del actor, éste se habría sobrepasado con ella, obligándola a intimar. Que en los días siguientes existió contacto entre ellos, en un “enredo sentimental confuso entre ambas partes”, con frases que indicaban que el actor no quería compromiso, con agresiones físicas hasta la despedida de esos encuentros, y gestos despreciativos e insultos agresivos injustificados.

Sostiene que su intención desde el principio fue deshonesta, que existieron empujones, que ello le provocó trastornos nerviosos los que no fueron ni siquiera escuchados por el accionante. Que debió haber iniciado acciones legales contra R.por esos maltratos, pero que no lo hizo por vergüenza o miedo.

Que en octubre viajó a Miami invitada por una amiga, que tuvo asistencia psicológica y psiquiátrica, y que al volver de dicho viaje ya había decidido mudarse. Que se cruzaba a R. en el edificio, por lo que su hermana le prestó dinero para mudarse y justo ese día tuvieron lugar los acontecimientos que se le imputan. b-Decisiones judiciales En la causa penal obrante por cuerda, en la que el actor es querellante, Jacob reconoció las notas “intimidatorias” enviadas al actor (fs.4/5), se recogieron testimonaniales de los encargados del edificio, y finalmente se procesó a la accionada.

Posteriormente se elevó el juicio al TOC, y se suspendió la prueba por dos años con una probation, la que consistió en un trabajo comunitario para Caritas de 280 hs, lo que se encuentra cumplido.

El juez de grado rechazó la demanda por entender que no se encontraban acreditados los daños imputados a la accionada, o sea, la sustracción de los objetos y tampoco los daños al rodado Bora. Tuvo en cuenta para decidir la situación de vulnerabilidad de la demandada, que no existió una perspectiva de género en el juicio penal, que se trató el caso de violencia de género, que ello no fue analizado en la instancia del fuero represivo, sino que únicamente se tuvo en cuenta el relato del actor, por lo que se dejaron de lado los Tratados internacionales (conf.art.75 inc.23 CN) que protegen a los más débiles, o en condición de vulnerabilidad.

Dijo el Magistrado que existió en sede penal un marco de objetivación de una mujer, y que se la rotuló embozadamente como una “trabajadora sexual” cuando ella en la última cita le habría dicho al actor que si era solo para la cama debería empezar a pagarle, con lo que el actor no estaba de acuerdo. Marcó que en sede penal no se investigó el maltrato que sufriera la demandada (conf. Reglas de Brasilia, y CSJN.Acordada 5/2009), y desde esa perspectiva no se tuvo en cuenta su vulnerabilidad, y menos aún se investigó para castigar esa situación.

III- Perspectiva de género y violencia de género.

Encuadre jurídico del caso.

A lo largo del extenso fallo de 54 fojas dictado por el Sr. Juez, Dr. G.-, se observa una gran preocupación del Magistrado orientada a las necesarias acciones positivas de la judicatura para la protección de los vulnerables, o en condición de vulnerabilidad.

Se explayó en consideraciones de raigambre constitucional, en la aplicación del bloque normativo constitucional de protección de los más débiles, y la consideración de las Reglas de Brasilia, como de la Convención de Belém do Pará. Todas cláusulas que asisten a los vulnerables, y por lo que cuales los jueces debemos velar para que se cumplan. El desarrollo del a quo es impecable, enjundioso, y que demuestra su gran sensibilidad sobre esta cuestión.

Sin embargo, entiendo que equivoca la perspectiva de abordaje del caso, escapándose del marco regulatorio apropiado, que es el derecho de daños. Paso a explicarlo.

El derecho a la igualdad (art.16 CN) y la protección de los vulnerables son derechos que asisten a todas las personas.

Sobre ello no encuentro discrepancias con el Magistrado, y entiendo la problemática de la perspectiva de género, o los casos de violencia de género.

La ley 23.179 aprobó en el año 1985 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18/12/1979). Luego la reforma constitucional de 1994 atribuyó al Congreso competencia para legislar medidas de acción positiva, a fin de garantizar la igualdad real de trato, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y discapacitados (art.75 inc.23 CN; ver María Angelica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley, 3ra.ed.2008; ver Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los derechos humanos de las mujeres:Fortaleciendo su promoción y protección internacional. De la formación a la acción, Ed. CEJIL, 2004).

Los Tratados internacionales con jerarquía constitucional se orientan en idénticos sentido (conf.art.75 inc.22 CN; Declaración Universal de los Derechos del Hombre; Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales; Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial; Convención de los Derechos del Niño; Convención sobre la Eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer -CEDAW, 1979-).

La violencia es un fenómeno que viene azotando a la sociedad desde antaño, y hoy en día, en forma más profunda. Se ha dicho, que siempre estuvo presente en el hombre como una forma no adecuada de convivencia.

La CEDAW -aprobada por ley 23.179- y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994, aprobada por ley 24.632), son instrumentos internacionales que precisan el contenido de la obligación de los Estados de garantizar a las mujeres, sin di scriminación, el goce de todos sus derechos.

Luego la ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus relaciones interpersonales” representa un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia de la que existía en la legislación nacional (conf. Nora Lloveras y Olga Orlandi, La violencia y el género. Análisis interdisciplinario, ed. Nuevo enfoque jurídico, 2012, pág. 155).

No obstante, lo que aquí está en discusión es si existió un daño y si el mismo fue acreditado, como su relación de causalidad con el accionar de la demandada, lo que trae aparejado su obligación de repararlo (conf. art. 1109 C. Civil; art.7 CCC).

Observo que no se investigó en sede penal el maltrato que invocó la accionada -de lo que hace mérito el juez de grado-, pero lo cierto es que no hay denuncia alguna sobre ello, de lo que se deduce que tan solo fue esbozado a modo de justificación del entuerto.

Inclusive tal supuesto abuso no condice con una de las notas dirigidas a R. donde luego de ofrecerle su cuerpo y mostrarle “lo linda que estaba” después de sus vacaciones, en bikini y botas, le hace mil reproches por su actitud hacia ella (ver notas obrantes a fs.4/9, causa penal).

Véase que también le escribió “Plis take me”, y en otra “me tenes vedada”, para después indicarle “no fuiste capaz de llamarme luego del viaje”, que le dejaba el PIN por tercera vez, que le había desencadenado un ataque de pánico, que estaba con palpitaciones y medicada, para luego espetarle “no entiendo todavía porque no te hice una denuncia por abuso”. Sus dichos no condicen con los de una persona abusada, sino más bien con los de una acosadora frente a otra persona que quiere desentenderse de ella.

A todo evento, no puede obviarse que la accionada estuvo representada en sede penal por la Defensora Oficial, y que no existió denuncia concreta o prueba alguna dirigida en esa dirección ni allí, ni en este juicio (conf.art.377 CPCC). No hay evidencia alguna que la demandada sufriera malos tratos, o alguna clase de abuso sexual o psicológico por parte del actor.

Objetivamente se advierte que la relación entre ellos no funcionó, y que la demandada pretendía continuarla por todos los medios posibles, y que, frente a la negativa, su frustración se transformó en enojo profundo que la llevó a encarar acciones negativas contra el actor.

El conjunto de la prueba acercada a la causa, como su propio reconocimiento de notas enviadas al actor, son prueba contundente y palmaria del hostigamiento del que era sujeto R.luego del distanciamiento de esa relación efímera, de la que no sabemos a ciencia cierta si fueron 5 o 6 encuentros a partir de septiembre, o se realizó durante dos meses, según que campana escuchemos. Ambos coinciden que la demandada viajó en octubre a Miami, y que a su regreso no logró “reconquistarlo”, lo que llevó a una persecución hasta el final indeseado del 4 y 5 de diciembre de 2012. Estos son los hechos reconocidos, y a partir de ello debe analizarse la prueba.

IV- Análisis de las probanzas de la litis.

Los testimonios de G. y G., encargados del edificio, dan cuenta que el 4 de diciembre de 2012, cerca del mediodía, la accionada tomó una bicicleta del actor que había en su cochera y que se la llevó, puesto que se pudo ver a través de las cámaras de seguridad que se la llevaba y que al regresar a los 15 minutos lo hizo sin ella.

G., amigo de R., estaba con el actor el día 5 de diciembre cuando la accionada subió a su departamento y a través de la puerta le espetó “hijo de puta vas a ver el regalito que te dejé en el auto”.

Pregunta: ¿Cuándo bajó el actor tenía en el auto un regalo? No había una cosa; pero sí había rayaduras en su vehículo Bora, y por cierto eso puede ser entendido como un “regalo”. Se observan en las fotos del automotor de color azul rayado con inscripciones laterales, en el capot y en el baúl que dicen:”soy un gil”; “soy un navo”, “ja ja ja gilazo”.

Las declaraciones testimoniales impresionan como veraces e imparciales, por lo que serán tenidas en cuenta a los efectos de formar convicción sobre este caso (conf.art.386 y 456 CPCC), y junto a las fotografías, permiten tener por acreditados los hechos que se le imputan a la demandada (cponf.art.377 CPCC).

La causa penal, donde obran las notas o cartas de la accionada, incluidos sus dibujos provocativos, y las declaraciones testimoniales de G. (fs.25); el presupuesto del taller por la reparación de las rayaduras (fs.30), el reconocimiento de Jacob sobre la nota de fs.4/5, y el acta notarial de la escribana F. del 6 diciembre de 2012 (ver resolución de fs. 86vta., imputación fiscal) dan cuenta de los daños al vehículo del actor, y que también la accionada se llevó la bicicleta, no así la llanta de la que no se supo cómo es que desapareció.

Todos los documentos probatorios de sede penal se encuentran reservados en el sobre obrante a fs.296 que contiene un acta notarial, las fotos certificadas por la escribana (9 fotos), y las notas o cartas cuyas copias lucen al comienzo de la causa penal (copias de fs.4/9, certificadas por la autoridad policial).

Es principio básico que nadie puede dañar al otro (vgr. Altrum non laedere), y de hacerlo debe cargar con sus consecuencias jurídicas. Este deber de no dañar a otro, ha sido reiteradamente reconocido y definido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ligado a la idea de reparación. Así lo descubrimos en los casos “Santa Coloma” (Fallos, 308:1160), “Aquino” (Fallos 327:3753), “Diaz, Timoteo” (Fallos 329:473), entre muchos otros. Hoy en día bajo la nueva legislación encontramos esos principios contenidos en los arts.1710 y 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Según el Diccionario de la Real Academia Española al definir “violentar” indica que es “la aplicación de medios sobre personas y cosas para vencer su resistencia”. Igualmente lo caracteriza como una acción contra “el natural modo de proceder”; por ello se entiende como violencia “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir libremente” (ver Cecilia Grtosman y Silvia Mesterman, Violencia en la familia. La relación de pareja. Aspectos sociales, psicológicos y jurídicos, Ed. Universidad, 3era.ed, 2005, pág.95).

Aquí existió violencia dentro de la relación que mantuvieron como pareja -ya sea entendida como algo efímero o más duradera- de parte de la accionada hacia el actor; y ello resulta indiscutible (ver Silvia García Ghiglino y María Alejandra Acquaviva, Protección contra la violencia familiar, ed. Hammurabi, 2010, pág.33).

El daño causado por la demandada al actor Rappaport debe ser reparado (conf.art.1109; art. 1068; art. 1078 y cc Código Civil).

A mérito de lo expuesto, propongo revocar el decisorio de grado, y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios.

V-Rubros indemnizatorios a-Reparación del rodado Reclama el accionante la suma de $ 3.567 por reparación del rodado, que consiste en la pintura de rayones en toda la carrocería de su vehículo marca Volkswagen Bora, dominio HSF 137. Dice que en razón que tenía un seguro contratado contra todo riesgo solo debió hacerse cargo de la franquicia por la suma de $ 2.500, cuya repetición aquí solicita, y que actualizó en la demanda.

Toda vez que de la prueba informativa a RSA Seguros surge la franquicia a cargo del asegurado de $ 3.000 por el siniestro objeto de litis (ver fs.185), y que hay un presupuesto de reparaciones acompañado a la causa penal, que concuerda con las conclusiones del dictamen pericial de fs.165/6, propongo que este rubro indemnizatorio sea acogido favorablemente. Propicio que se fije en la suma de $ 3.000. b-Privación de uso Solicita el actor por este rubro la suma de $ 10.000.

Se encuentra acreditado los daños al rodado y que su reparación demandaría un total de 35 días, atento a que debía pintarse el rodado integralmente debido a que todos sus paneles – laterales, frontal y baúl- estaban dañados.

Propongo la admisión del reclamo y que se establezca en $ 5.000.

c-Valor de la bicicleta

Reclama la suma de $ 19.800 por el valor de una bicicleta de las características de la que fue sustraída por la demandada.

Tomando como pauta la tasación de esta cosa mueble por una empresa dedicada a la venta de bicicletas (ver fs.177 y fs,.199), declaro procedente el ítem y propicio su fijación en la suma de $ 19.800 indicada en la demanda.

d-Gastos de mudanza

Considero que no corresponde hacer lugar a este reclamo, en tanto el departamento donde residía el actor era alquilado, y en algún momento debía desocuparlo, de modo que no encuentro relación de causalidad con el evento dañoso, por lo que debe ser rechazado.

e-Honorarios de abogados en sede penal y mediación.

Pide por este rubro la suma de $.

La repetición de los gastos por honorarios motivados en la acción penal que debió ser instaurada frente al agravio sufrido por el actor, deben ser resarcidos por la demandada. Atento el reconocimiento del letrado V. de la factura obrante a fs, 24 (ver declaración de fs.161), sugiero que este rubro sea acogido favorablemente por la suma reclamada de $.

En cuanto al reclamo por los gastos de mediación, ellos integran las costas del juicio (conf.art.68 CPCC), por lo que es rechazado como rubro autónomo, y deberá ser liquidado en la oportunidad correspondiente.f-Daño moral

Reclama el actor por este rubro la suma de $30.000.

El daño moral es una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (Conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, p.

205; Zavala de González en Highton (dir.), Bueres (coord.) , Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo 3A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.172).

Este caso particular trascendió más allá del edificio donde vivía el actor, es decir no solo existió el robo de la bicibleta y rayadura del automotor en la cochera, sino que también la demandada escribió en Facebook que “ya tenés hecha la denuncia por abuso”, lo que hizo que públicamente se afectara el honor e imagen del accionante, cuando ni siquiera existió nunca una acción o denuncia en tal sentido (ver constancias de sede penal).

Sobre este aspecto ya me extendí en los considerandos anteriores, por lo que tengo por acreditado esta situación.

Es comprensible el estado de zozobra vivido por el actor, quien, si bien entendió que al principio estaba en presencia de una mujer “despechada” por el fracaso de una relación amorosa, ella excedió todos los límites razonables que una persona no puede traspasar, y que de hacerlo debe cargar con las consecuencias dañosas.

Propongo la cuantificación de este rubro en la suma de pesos 30.000.

VI-Costas.

Las costas del proceso de ambas instancias se deben imponer a la demandada perdidosa (conf.art.68 CPCC).

VII-Intereses Conforme se estableciera en el fallo plenario del 16/12/58 “los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación” (G. E. c/E. N.de T.”).

En este sentido cabe destacar que la deuda de responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de los intereses- es previa con relación a la resolución jurisdiccional que la reconoce.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que si este es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), no existe motivo alguno para computar aquellos en forma diferente según se hubieren pagado o no las reparaciones del vehículo.

Por otra parte, esta Cámara en pleno se ha expedido in re “S. de M. L. c/T. D. S. SA s/daños y perjuicios” (20-4-2009), por lo cual corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada desde la fecha del hecho el 5/12/2012 hasta el efectivo pago (cfr. art. 303 del Cód. Procesal). Me remito -brevitatis causae- a los fundamentos vertidos en autos “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero” (recurso 499.526 del 24/04/09).

VIII-Colofón.

Por los argumentos precedentes, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas:I-Revocar el decisorio de grado y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por J. R. contra V. J. por la suma de $ 79.580, con más los intereses conforme la tasa activa fijado por el Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho el 5/12/2012 hasta la fecha del efectivo pago (ver consid. VII).

II-Imponer las costas del proceso de ambas instancias a la demandada perdidosa (conf.art.68 CPCC).

Los señores jueces de Cámara doctores V. F. Liberman y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de octubre de 2018.- Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I-Revocar el decisorio de grado y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por J. R. contra V. J. por la suma de $ 79.580, con más los intereses conforme la tasa activa fijado por el Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho el 5/12/2012 hasta la fecha del efectivo pago (ver consid. VII).

II-Imponer las costas del proceso de ambas instancias a la demandada perdidosa (conf.art.68 CPCC). Difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para una vez que se hayan estipulado los de la anterior instancia.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Siguen las firmas:

BARBIERI PATRICIA

LIBERMAN VICTOR F.

ABREUT LILIANA E.

JUEZ DE CAMARA

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

PATRICIA BARBIERI