El mero incumplimiento contractual hace procedentes las cláusulas penales, sin necesidad de haber generado un daño al acreedor

Partes: Paraíso Feng Shui S.R.L. c/ Fernandino Azucena Beatriz s/ resolución del contrato

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-114946-AR | MJJ114946 | MJJ114946

Las cláusulas penales son procedentes ante el solo incumplimiento contractual, sin necesidad de haber generado un daño en el acreedor.

Sumario:

1.-La parte incumplidora del contrato debe pagar la cláusula penal aun cuando no se hayan producido daños en el acreedor, ya que la multa cumple una función resarcitoria, porque importa una liquidación convencional, o sea, por anticipado de los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causa al acreedor.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los autos “PARAISO FENG SHUI SRL c/ FERNANDINO AZUCENA BEATRIZ s/RESOLUCION DE CONTRATO” respecto de la sentencia de grado el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. POSSE SAGUIER, GUISADO y CASTRO.

A las cuestiones propuestas el Dr. Posse Saguier dijo:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por Paraíso Feng Shui S.R.L. contra Azucena Beatriz Fernandino y, en consecuencia, declaró resuelto el contrato de compraventa celebrado el 21 de diciembre de 2011 en relación al inmueble identificado con la letra “A” del tercer piso, unidad funcional número 5 y cochera 1, ambos ubicados en la calle Deheza 3125 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo la parte demandada restituir la posesión del bien a la actora en el plazo de treinta días, con pérdida de lo abonado en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual en que incurriera la compradora. Asimismo, impuso las costas del proceso a la demandada vencida.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionada quien expresó agravios a fs. 282/289, los que fueran respondidos por su contraparte a fs. 291/294.

II.- Por de pronto, en lo atinente a la notificación de la demanda y al supuesto estado de indefensión del que se queja la actora en la parte introductoria de sus agravios (punto II de fs. 282/283), ninguna consideración le cabe formular al Tribunal, toda vez que esta cuestión ya fue resuelta por el juzgado a fs. 171/172, quedando firme a fs.177 y, por tanto, todas las manifestaciones relacionadas con ello resultan extemporáneas.

De cualquier manera, y pese a la objeciones que realiza acerca del procedimiento, lo cierto es que la apelante expresamente consiente la resolución decretada por el juzgador, así como también el reintegro del inmueble a la vendedora (véase último párrafo de fs. 283vta.), limitando sus agravios a cuestionar la pérdida de las sumas oportunamente dadas en pago.

Desde ya adelanto, que los agravios que formula la apelante para sostener sus objeciones no contienen la crítica concreta y razonada de la sentencia a que se refiere el art. 265 del Código Procesal. Recuérdese que el memorial debe contener la indicación detallada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento, refutándose las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión. La mera discrepancia o disconformidad con la solución sin aportarse argumentos idóneos que la desvirtúe no constituye una verdadera expresión de agravios, así tampoco la falta de crítica de puntos fundamentales de la sentencia.

Sin perjuicio de ello, y a fin de dar satisfacción a la quejosa es que habré de formular algunas consideraciones que dejan sin sustento sus críticas.

En primer lugar, la apelante insiste en volver sobre la validez que el juzgador le otorgara al domicilio al que fuera dirigida la carta documento de fs. 18, a través de la cual la vendedora intimara a la compradora a cumplir con lo pactado en el boleto, o sea, la escrituración del inmueble y el pago del saldo de precio.Ello, bajo apercibimiento de la resolución del contrato y conservar las sumas entregadas como indemnización de daños y perjuicios y el reintegro del inmueble.

En este estado, resulta difícil entender la postura de la actora de impugnar la validez del domicilio al que fuera dirigida la carta documento antes referida, si se tiene en cuenta que ese fue el consignado por la propia compradora para que se notificasen allí todas las cuestiones atinentes al cumplimiento del contrato celebrado (véase cláusulas 10ªs. del boleto de compraventa y de la promesa de venta de fs. 21/22 y 23/24, respectivamente).

De allí, entonces, que no puede sostener -como lo hace la recurrente- que la misiva le habría sido enviada a un domicilio que no le correspondía. El tenor de la cláusula 10ª. del boleto de compraventa deja sin sustento su mera negativa la que claramente resulta insuficiente. Recuérdese que aún cuando la constitución de un domicilio en un instrumento -que no ha sido desconocido- pueda importar una ficción respecto del domicilio real, no la supone en orden a los fines propios del domicilio a elección, donde el interesado, por acto libre de su voluntad ha querido que se lo tuviese como presente. Solo quien comunica fehacientemente a la otra parte la constitución de un nuevo domicilio puede restarle efectos al anterior.

Es claro que éste no ha sido la situación de autos, donde la compradora se desentendió de dicha situación, sin siquiera intentar dar una explicación acerca del hecho.Si bien no se me escapa que la compradora en los dos instrumentos antes referidos constituyó domicilio en “Italia 83 “B”, de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y la intimación fue dirigida a ese domicilio con el agregado del piso 8, lo cierto es que ello no invalida lo expresado hasta aquí por cuanto, por un lado, la omisión se debió a la propia impugnante y, por otro, ni siquiera ha intentado cuestionar que se trataba de un edificio de departamentos.

III.- El segundo de los agravios tampoco habrá de correr mejor suerte que el anterior.

Por un lado, todas las consideraciones formuladas por la apelante que se invocan con relación a la ley de defensa al consumidor no tienen aplicación en el supuesto en análisis y, por tanto, carecen de todo asidero. Es que la compradora parece olvidar que al consentir la resolución del contrato, no resulta dudoso concluir que también reconoció el incumplimiento respecto de las obligaciones asumidas y, por ende, de la mora en que incurriera en los términos del art. 509 del Código Civil.

Por tanto, si la compradora quedó incursa en mora, es indudable que habilitó la aplicación de la cláusula 7ª. del boleto y, en consecuencia, la facultad de la parte vendedora de declarar resuelta la relación jurídica de que se trata, o sea, el pacto comisorio allí previsto, así como también la cláusula penal resolutoria, esto es, la pérdida de las sumas entregadas en favor de la vendedora.

Además, cabe tener en consideración que el argumento de la recurrente a los fines de modificar este aspecto de la sentencia radica en que la actora no habría acreditado la existencia de los daños como para justificar así la pérdida de las sumas entregadas.

Sin embargo, el planteo así formulado carece de todo andamiaje.Cuadra recordar que la cláusula penal cumple una función resarcitoria, porque importa una liquidación convencional, o sea, por anticipado de los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causa al acreedor. De esta manera, la falta de “acreditación de daños particulares” que invoca la recurrente para fundar sus agravios carece de todo asidero porque el acreedor no sólo no está precisado a producir la prueba del daño, sino que tiene derecho al importe de la pena, aunque no hubiere experimentado daño alguno.

En síntesis, no cabe hacer cuestión sobre la improcedencia de la pena, sobre la base de la ausencia de daño por parte del acreedor: el daño existe, por acuerdo de partes, en la medida del importe de la pena (conf.: Llambías, J.J. “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones- t. I, 7ª. ed. pág. 344, núm. 359).

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de alzada habrán de ser soportadas por la demandada que resulta vencida.

Las Dras. Guisado y Castro adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

MARIA BELEN PUEBLA

SECRETARIA

Buenos Aires, 12 de octubre de 2018.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de alzada se imponen a la demandada que resulta vencida.

Notifíquese, regístrese y devuélvase.

FERNANDO POSSE SAGUIER

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO