Se indemniza el daño moral padecido a quien vio frustradas sus vacaciones debido a un desperfecto mecánico de su automóvil

Partes: V. M. A. c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 4-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-114951-AR | MJJ114951 | MJJ114951

Se reputa procedente el daño moral padecido por una persona que se estaba por ir a vacacionar y frustró su destino debido a un desperfecto mecánico de su automóvil. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-El daño moral padecido por el actor al cual se le averió su automotor es procedente, pues es presumible que este haya sufrido un cierto grado de inquietud espiritual por las molestias derivadas del infortunio, proceder a las reparaciones, etc., todo lo cual implica sustraer tiempo vital a la víctima, que bien podría haberlo empleado en otras actividades.

2.-La indemnización del daño moral es procedente, ya que el actor experimentó la frustración de un viaje de vacaciones, a un destino turístico importante debido al desperfecto mecánico de su vehículo, lo obligó a cambiar el rumbo inicialmente emprendido, por lo cual debió arbitrar los medios para regresar junto a su vehículo al lugar de origen y, luego de diversas averiguaciones, aguardar el ingreso del rodado al taller para su debida reparación, conduciéndolo a experimentar una situación de desazón e incertidumbre (del voto del Dr. Molteni).

3.-El reintegro de lo pagado por la reserva del alquiler de una casa de veraneo no es procedente, toda vez que no existe relación causal adecuada entre la rotura de la parrilla delantera derecha del auto del demandante y la pérdida de la reserva, si se tiene en cuenta que el hecho de que un auto se averíe no suele traer como corolario más o menos frecuente la pérdida de un alquiler en un destino turístico.

4.-La indemnización por privación de uso debe acogerse, ya que tal rubro tiende a resarcir el daño, consistente en la imposibilidad de utilizar el vehículo durante cierto tiempo y su consiguiente reemplazo por otro medio de transporte.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “V., M. Á. c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ cobro de sumas de dinero”, respecto de la sentencia de fs. 348/351 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:

SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI – RICARDO LI ROSI –

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I.- La sentencia de fs. 348/351 hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por M. Á. V. y condenó a Volkswagen Argentina S.A. a abonar a aquel, dentro del plazo de diez días, la suma de $ 16.000 con más intereses y las costas del juicio.

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas del actor a fs. 367/371, presentación que fue contestada por la demandada a fs. 398/408.

II.- Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

Asimismo aclaro que, al cumplir los agravios del actor la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código Procesal, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p.101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postula la contraria a fs. 398 vta., punto II.

Adicionalmente creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente -y con excepción de lo que enseguida diré respecto de la cuantificación del daño- la cuestión debe juzgarse – en principio- a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

Corresponde hacer excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci:

“Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes.Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). Por este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741 -último párrafo-, 1746 y concs. del Código Civil y Comercial son directamente aplicables al sub lite.

Por último, y antes de entrar en el tratamiento de los agravios, es pertinente destacar que la cuestión relativa a la forma en la que ocurrieron los hechos y la responsabilidad de los emplazados se encuentra firme, ya que la decisión en tal sentido ha sido consentida por todas las partes.

III.- Sentado lo que antecede trataré los agravios sobre las partidas indemnizatorias.

a).-Daño emergente

La Sra. juez de la anterior instancia concedió al actor la suma de $ 1.000 por los gastos de remolque del automóvil.

El demandante cuestiona que en la sentencia en crisis no se haya reconocido la suma correspondiente a lo pagado por la reserva del alquiler de una casa de veraneo en San Martín de lo Andes. La colega de grado fundó su rechazo en la idea de que aquel no contaba con legitimación para pedir el reintegro, pues dicho importe habría sido abonado por el padre del actor.

El apelante sostiene que su padre no intervino en la reserva ni en el pago, y que fue su hijo -Santiago Nicolás Villanueva- quien efectuó la reserva, pero por cuenta y con fondos del demandante.

No se me escapa que “Martgren Tours Empresa de viajes y turismo” informó que la reserva fue abonada por M. V., padre de S. V. (vid. fs. 172). Sin embargo, de la constancia de recibo acompañada por el propio actor (fs. 39) surge que la empresa de turismo recibió el dinero de S. N. V. sin aclarar que este lo hacía por cuenta de su padre. Por otra parte, las sucesivas cartas en las que se confirma la reserva y en la que se comunica su baja fueron dirigidas al hijo del actor (fs. 40/41).

Por lo tanto, considero que la reserva fue pagada por el Sr. S. N.V., y por consiguiente el actor carece de legitimación para el reclamo en estudio.

Únicamente a mayor abundamiento, señalo que no existe relación causal adecuada entre la rotura de la parrilla delantera derecha del auto del demandante y la pérdida de la reserva por un alquiler de una casa de veraneo. Esta secuencia, que en los hechos podría haber sucedido en este caso, no suele suceder de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas; en otras palabras, el hecho de que un auto se averíe no suele traer como corolario más o menos frecuente la pérdida de un alquiler en un destino turístico, lo que impide ligar un hecho con otro en los términos de los arts. 520 y 901 y ss. del Código Civil (que requieren regularidad, frecuencia estadística). Por ese motivo, incluso soslayando la cuestión de la legitimación anteriormente tratada, este rubro no puede prosperar.

En base a lo hasta aquí expuesto, propongo que se rechace el agravio en este punto, lo que así mociono.

b) Gastos de traslado y privación de uso del vehículo

La magistrada de la anterior instancia concedió al actor la suma de $ 5.000 para enjugar los gastos de traslado, y la de $ 10.000 por privación de uso. El demandante se agravia por ambas cuantías y pide que se eleven los montos respectivos.

En puridad, los dos rubros recién señalados (gastos de traslado y privación de uso) apuntan, en este caso, a resarcir el mismo daño, consistente en la imposibilidad de utilizar el vehículo durante cierto tiempo y su consiguiente reemplazo por otro medio de transporte. Se trata de lo que comúnmente se denomina “privación de uso”, que -como ya lo he puesto de manifiesto en otros antecedentes (23/5/2013, “R., Daniel Carlos c/ L. M., Luis Alberto y otros s/ Daños y Perjuicios”, L. n° 610.293; ídem, 17/9/2013, “S. Rubén Darío c/ F. Eduardo y otros s/ Daños y Perjuicios”, L.n° 533.381)- resarce la imposibilidad de disponer del vehículo, lo que per se genera un perjuicio indemnizable, sea que el rodado esté destinado al esparcimiento, sea que tenga por objeto su utilización laboral. Es que, en ambos supuestos, la privación es productora de daños y fuente de resarcimiento en la medida en que incide en forma negativa en el patrimonio de la víctima (esta cámara, sala B, 30/03/2010, “P., Fabiana Marcela c/ Y., Olga Emilia”, LL Online).

Estamos ante un daño emergente referido a gastos necesarios para mantener una situación igual a la que se gozaba antes del suceso. Dice al respecto Zavala de González: “Esa reparación puntual debe comprender el perjuicio emergente, presente o futuro, y este daño se resarce, en principio, con el pago de la suma de dinero necesaria para la prosecución del goce de la cosa, según antes se hacía, para lo cual no hay otro remedio que reemplazarla” (Zavala de González, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 1, p. 123/124).

No se me escapa que el actor desistió a fs. 300 de la prueba informativa dirigida a Viantonio y Raschdorf S.H. y que a fs. 284 se decretó la negligencia respecto de la prueba informativa a SOS Red de Asistencia, ambas tendientes a acreditar el remolque del automóvil desde Rosario a esta ciudad.Sin embargo, la colega de grado reconoció una suma por los gastos de dicho traslado, lo que ya se encuentra firme.

Así las cosas, consideraré que el tiempo de privación corrió desde el día en que el automóvil fue remolcado, 13 de enero de 2013 hasta el que efectivamente fue entregado reparado, el 3 de marzo de 2013, lo que hace un total de 50 días corridos.

En este orden de ideas, partiendo de un valor de sustitución del rodado que estimo prudencialmente en $ 300 diarios, propongo al acuerdo confirmar la suma de $ 15.000.- pesos otorgada en primera instancia para enjugar ambos rubros (gastos de traslado y privación de uso), que como ya lo señalé resarcen un mismo perjuicio.

c) Daño moral

La colega de grado rechazó la procedencia de esta partida. El actor solicita que se admita.

Considero que por imperativo constitucional (art. 19, Constitución Nacional, según la interpretación que viene haciendo de él la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y últimamente, en el precedente “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ Daños y perjuicios”, 27/11/2012, Fallos: 335:2333) todo daño debe ser objeto de una adecuada reparación, aun si su monto es relativamente poco i mportante.

Comparto en tal sentido las palabras de Calvo Costa: “Aun cuando el perjuicio sea leve, si el mismo reviste el carácter de ‘injusto’ para la víctima (.) debe ser reparado por el responsable. Resulta -a nuestro entender- contrario al espíritu actual del derecho de daños, rechazar la posibilidad de que la víctima pueda reclamar la reparación de un perjuicio que ha sufrido injustamente argumentándose como defensa su insignificancia.

Además, no surge de lege lata en nuestro derecho civil prohibición o limitacuión alguna de reclamar los daños sufridos en razón de la insignificancia de los mismos” (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p.236, con cita de Mayo, Zannoni y Boffi Boggero).

Asimismo, resalto que “si se acepta que los perjuicios económicos mínimos son indemnizables, por fuerza también deben serlo los desmedros espirituales de escasa significación, el mayor o menor alcance del daño no excluye el resarcimiento, sólo define la importancia de la indemnización” (Zavala de González, Matilde, “Los daños morales mínimos”, LL 2004-E-1311).

En definitiva, para la existencia de un daño moral resarcible basta con que el hecho ilícito haya lesionado intereses extrapatrimoniales de la víctima y tenido cierta repercusión en la esfera espiritual de la persona, sin que sea preciso que nos encontremos ante daños catastróficos o circunstancias excepcionales o gravemente lesivas.

Así las cosas, es presumible, a mi juicio, que el actor ha sufrido un cierto grado de inquietud espiritual por las molestias derivadas del infortunio, proceder a las reparaciones, etc., todo lo cual implica sustraer tiempo vital a la víctima, que bien podría haberlo empleado en otras actividades.

En cuanto a su valuación cabe recordar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que:

“Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia.Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros” , RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259).

La misma idea resulta del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial, a cuyo tenor: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Por consiguiente tendré particularmente en cuenta ese criterio para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

Así las cosas, por aplicación del criterio legal consideraré para cuantificar el importe de este ítem el valor actual aproximado de un viaje a una provincia del norte argentino por una semana con media pensión, que juzgo suficiente compensación para las repercusiones extrapatrimoniales del hecho de autos, y que estimo en la cantidad de $ 40.000 (art. 165 del Código Procesal).

IV.- Finalmente, en atención al éxito obtenido en esta instancia por la recurrente juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a la emplazada vencida (art. 68 del Código Procesal).

V.- En consecuencia, para el caso de que mi voto fuere compartido propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso del actor, y en consecuencia:1) Reconocer por “daño moral” el monto de $ 40.000; 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas a la emplazada.

A la misma cuestión, el Dr. Molteni dijo:

Me adhiero al fundado voto emitido por el Dr. Picasso, con la siguiente aclaración en relación al daño moral.

La justipreciación de dicho menoscabo constituye una tarea delicada, ya que no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del derogado Código Civil -noción que actualmente se encuentra receptada en el art. 1740 del Código Civil y Comercial-. El dinero no cumple una función valorativa exacta, la afección no puede medirse o tasarse, sino que se trata sólo de dar algunos medios de satisfacción, lo que no es igual a la equivalencia. Sin embargo, considero que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico (conf. CNCiv., Sala F, en autos “Ferraiolo, Enrique Alberto c/ Edenor S.A. y otro s/ daños y perjuicios” , voto de la Dra. Elena Highton de Nolasco, del 6/9/2000; CSJN, en autos “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros” del 12/04/2011, Fallos: 334:376).

Es que, cuantificar este daño implica una valuación necesariamente subjetiva. La valoración de los sentimientos, presuntamente afectados, debe ser hecha por el Juez en abstracto y considerando objetivamente cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en las mismas condiciones concretas en la que se halló el demandante en las circunstancias descriptas en el primer voto. Se llega así a la determinación equitativa de la cuantía de este daño no mensurable (conf. Bustamante Alsina, Jorge “Equitativa valuación del daño no mensurable”, publicado en “Responsabilidad Civil- Doctrinas Esenciales-Partes General y Especial”, dirigido por Félix A.Trigo Represas, T° III, pág. 689).

No puede discutirse que aquí el actor experimentó la frustración de un viaje de vacaciones, a un destino turístico importante, lo que impidió su descanso y el disfrute que sin duda perseguía. El desperfecto mecánico de su vehículo, lo obligó a cambiar el rumbo inicialmente emprendido, por lo cual debió arbitrar los medios para regresar junto a su vehículo al lugar de origen y, luego de diversas averiguaciones, aguardar el ingreso del rodado al taller para su debida reparación. Todo esto, sin duda, condujo al demandante a experimentar, en este caso particular, una situación de desazón e incertidumbre, que alteró sus expectativas vacacionales, por lo cual la existencia de un detrimento espiritual, susceptible de valoración pecuniaria, resulta en el caso apreciable (art. 163 inc. 5, Código Procesal).

Efectuada esta aclaración, toda vez que considero razonable y adecuada al supuesto sometido a estudio la suma propuesta, me adhiero al monto asignado en el primer voto, en lo atinente a este renglón resarcitorio y me sumo en lo demás a la propuesta confirmatoria del Dr. Picasso, como también al régimen asignado en materia de costas.

A la misma cuestión el Dr. Li Rosi dijo:

Con la misma salvedad expresada por el Dr. Molteni adhiero al voto del Dr. Picasso.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve: 1) reconocer por “daño moral” el monto de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000); 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) imponer las costas a la emplazada.

Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

HUGO MOLTENI

RICARDO LI ROSI