El contrato de locación de servicios para determinados trabajos, bajo relación independiente y autónoma, no genera indemnización por despido

Partes: Burkart Noe Violeta c/ UBA s/ empleo público

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 2-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-114493-AR | MJJ114493 | MJJ114493

Se rechaza una demanda por despido porque la actora había celebrado un contrato de locación de servicios en donde se pactó expresamente que era contratada para determinados trabajos y que no iba a surgir relación laboral alguna.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por despido interpuesta por la actora, toda vez que las partes celebraron un contrato de locación de servicios en donde se pactó que ella había sido contratada para trabajos de producción periodística y, de igual manera, se dejó en claro que de dicho contrato no iba a surgir una relación laboral de dependencia, o una relación de principal y agente entre la contratante y el contratado, quedando entendido que el contratado era una persona independiente y autónoma en su relación con la contratante; a lo que cabe agregar que dicha relación contractual tenía claros visos de previsibilidad y no era susceptible de generar una expectativa de permanencia laboral, por lo que no existió una conducta ilegítima de la accionada que comprometa su responsabilidad y funde, en consecuencia, la reparación pretendida.

2.-El mero transcurso del tiempo no puede servir para presumir, per se, la existencia de un vínculo de carácter estable, puesto que esa circunstancia aislada no tiene aptitud, por sí sola, para trastocar la situación de revista de quien ha ingresado con carácter transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso del poder administrador.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos “Burkart, Noe Violeta c/UBA s/empleo público”, Expte. Nº 11924/2014, planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, el Señor Juez de Cámara, Doctor Sergio Gustavo Fernández dice:

I- Que, a fs. 404/407 la señora Jueza a cargo del Juzgado Nº 10 del fuero, rechazó la demanda interpuesta por Violeta Burkart Noe, contra la Universidad de Buenos Aires (en adelante UBA), mediante la cual había requerido el reconocimiento de una indemnización por despido, por la suma de $79.974, con más sus intereses y ajustes.Las costas fueron impuestas a la actora vencida.

Para resolver en el sentido indicado, la sentenciante señaló, fundamentalmente, que la actora omitió probar la relación de dependencia que había invocado al momento de interponer la demanda.

Asimismo, indicó que la recurrente tampoco demostró que hubiera existido contratación laboral “por tiempo indeterminado”; o bien, que se haya encubierto “una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”; y mucho menos, haber realizado “tareas normales, habituales y propias de la administración”.

Puntualizó que, según surgía de la compulsa de las probanzas de la causa, se trató de una relación laboral acotada en el tiempo, con derechos específicamente delimitados.

Por ello, detalló que se había contratado a la señora Violeta Burkart Noe para una tarea técnica específica y por un tiempo determinado, que cubrió aproximadamente dos años y medio.

En ese orden de ideas, sostuvo que la labor de la accionante estaba relacionada con el desarrollo de las actividades correspondientes a las tareas de producción periodística; tarea que, en principio, era ajena a la permanente y específica de la UBA.

En suma, concluyó que nada permitía siquiera inducir la estabilidad en el ejercicio de sus funciones; sin que se advierta la existencia de norma alguna que limite el tiempo de contratación, ni una actitud de la demandada generadora de expectativas diferentes a la inestabilidad.

Para sustentar su postura, agregó que no habían mediado calificaciones y/o evaluaciones anuales, reconocimiento de antigüedad en el empleo, ni beneficios de servicios sociales.

II. Que, disconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 410, expresó agravios a fs. 423/429, los que fueron contestados por su contraria a fs.438/445vta.

En sustancia, la apelante se agravia de la sentencia dictada por la a quo por ser arbitraria, pues consideró que se contradice con las constancias obrantes en autos al omitir ponderar la prueba producida, como así también los elementos de convicción que resultan conducentes para la decisión del juicio.

A contrario sensu de lo decidido por la sentenciante, indica que las constancias de autos permiten tener por acreditada la relación de dependencia en cuestión.

En primer lugar, señala que la prueba testimonial producida en autos, acredita de manera precisa que efectivamente cumplía un horario de trabajo, que recibía órdenes vinculadas a sus labores y obligaciones profesionales, y que cumplía tareas en forma directa para la parte demandada. A fin de respaldar sus dichos, cita las declaraciones de los testigos Yañez, Ackerman, Valls, Pacualino y Uner.

En segundo lugar, alega que la a quo también omitió valorar la prueba informativa correspondiente.

En este aspecto, recuerda que en el escrito de demanda, denunció la existencia de fraude laboral, originado en la obligación de emitir facturas de honorarios desde la fecha de ingreso. Por ello, entiende que, si la demandada hubiese considerado que ella era simplemente una proveedora -a los efectos de efectuarle su pago mensual-, le hubiese emitido un cheque, o bien hubiera efectuado la transferencia bancaria pertinente.Sin embargo, agrega que se le abrió una cuenta sueldo primero en el Banco Patagonia y, luego, en el Banco Santander Rio; lo que revela que la relación con la aquí demandada era, lisa y llanamente, una relación de dependencia, como el resto de los empleados que trabajaban en la radio.

Por su parte, añade que mediante la referida prueba informativa, también logró acreditar que no cobraba honorarios, sino que, por el contrario, percibía una remuneración fija, que le era depositada por la demandada en la citada cuenta sueldo.

Asimismo, alega que se encuentra probada su incorporación al lugar donde desempeñó sus tareas como productora periodística a favor de la demandada, mediante la celebración de contratos temporarios sucesivos, encubriendo, de ese modo, una relación laboral de índole permanente.

En tercer lugar, sostiene que quedó ampliamente demostrada también la existencia de las notas tipificantes de un contrato de trabajo, lo cual permite desvirtuar los fundamentos de la sentencia dictada por la Juez a quo.

En ese sentido, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó un límite a prácticas como la seguida por la demandada en las presentes actuaciones, en el precedente “Ramos, José Luis c/Estado Nacional (Min.de Defensa – A.R.A) s/indemnización por despido” , en el que consagró la estabilidad laboral para empleados públicos contratados, cuando se hubieren dado renovaciones sucesivas de contratos.

Agrega que, en dicha sentencia el Máximo Tribunal resolvió que las tareas realizadas por el actor carecían de la transitoriedad que suponía ese régimen de excepción, que era calificado y evaluado en forma anual, que se le reconocía la antigüedad en el empleo y que se beneficiaba con los servicios sociales de su empleador.

Por último, y respecto de la imposición de costas decidida en la sentencia recurrida, señala que las mismas fueron incorrectamente impuestas a su parte, toda vez que la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de sucesivos contratos por tiempo determinado.

III. Que, en tales términos, antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CS Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A.y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ ENDto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)” , del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ ENDNM Disp 1207/11 -Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14; “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, entre otros).

IV. Que preliminarmente, un orden lógico impone analizar si existió una relación de dependencia entre la parte actora y la parte demandada, o si, por el contrario, se trató de una locación de servicios, con períodos claramente determinados, estableciendo plazo de inicio y de finalización, y la cuantía de sus respectivos honorarios en cada uno de ellos.

Sentado ello, cabe recordar entonces que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (confr. art. 377 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). Y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su reclamo sea denegado. (C.S.J.N., Fallos 332:1367 ). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (C.S.J.N., Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones respectivas, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso (confr. esta Sala, in re, “Gómez, Alberto y otros c/EN – Secretaría de Cultura – Dto. 1421/02 s/empleo público”, Expte. Nº: 1543/06, del 07/02/2012; “Procesadora de Boratos Argentinos S.A.(TF 28829-A) c/DGA”, Expte. Nº: 27504/12, del 07/02/2013; “Ruo, Juan Carlos c/EN-Hospital Prof. Alejandro Posadas s/empleo público”, Expte. Nº:

14866/06, del 20/02/2014; “Iajya, Isidoro Norberto e Isjya Sara M de SJH (TF 33893-I) c/DGA”, Expte. Nº: 41298/12, del 03/09/2013). Ello en virtud de que, como principio general, quien esgrime una pretensión debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de la misma (confr. esta Sala, in re “Procesadora de Boratos Argentinos S.A.” y “Ruo, Juan Carlos c/EN”, previamente citados; y Sala II, in re, “Ministerio de Salud y Acción Social c/Prats de Archubi”, sentencia del 05/03/1998).

En definitiva, la prueba actúa como “un imperativo del propio interés” de cada uno de los litigantes y quien no acredita los hechos que debe probar, pierde el pleito (Couture, Eduardo, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ed. Depalma, 1974, págs. 244, y ss.), asumiendo así las consecuencias de que aquella se produzca o no, la que en principio debe ser cumplida por quien quiera innovar la situación de su adversario (confr. Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado”, T. I, págs. 671, y sgs).

V.Que, a la luz de l as pautas de valoración de los presupuestos fácticos, precisados a título de principios generales aplicables al caso de autos, cabe analizar lo referido a las contrataciones en la cual se vio comprendida la recurrente.

En ese sentido, corresponde advertir que, sumando todos los acuerdos oportunamente celebrados entre ambas partes, la actora cumplió tareas desde el 1/5/2008 al 31/12/2010, acumulando un total de dos años y 8 meses de relación ininterrumpida.

Asimismo, cabe agregar que con fecha 5/1/2009, la apelante firmó un contrato de “locación de servicios” con la demandada, de donde surgen irrefutablemente cuáles eran sus términos y condiciones.

En ese acuerdo, se pactó que ella había sido contratada para trabajos de producción periodística y, de igual manera, se dejó en claro que de dicho contrato no iba a surgir una relación laboral de dependencia, o una relación de principal y agente entre la contratante y el contratado, quedando entendido que el contratado era una persona independiente y autónoma en su relación con la contratante (confr. “Contrato de Locación de Servicios Nº 25/09”, agregado como documental, reservada según obra en la constancia de fs. 146).

Cabe añadir, que también en ese contrato se convino que:(i) se acordaba un monto total como honorarios, a abonarse en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas; (ii) la contratada estaría afectada al Sistema Previsional y seguiría realizando aportes previsionales al Régimen de Monotributo -dejando en claro que su actuación era independiente y autónoma-; (iii) todo lo relacionado a prestaciones médicas y/o de cualquier otro tipo, sería de su propia responsabilidad, sin derecho a reclamar al contratante; (iv) no tendría derecho a obtener de la UBA ningún beneficio, prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente (confr., “Contrato de Locación de Servicios N 25/09”, citado en el párrafo anterior).

En razón de ello, corresponde señalar que no surge de las constancias de autos que haya existido estabilidad en la relación laboral que involucró a la señora Violeta Burkart Noe y a la Universidad de Buenos Aires, ni que se haya producido una relación de dependencia entre ellas.

Asimismo, cabe agregar que dicha relación contractual tenía claros visos de previsibilidad y no era susceptible de generar una expectativa de permanencia laboral, por lo que no existió una conducta ilegítima de la Universidad que comprometa su responsabilidad y funde, en consecuencia, la reparación pretendida.

En ese orden de ideas, es de advertir que se trató de una relación laboral con derechos firmemente demarcados. En el mismo sentido, también debe mencionarse que dicha relación tuvo una clara delimitación en el tiempo, respecto de las tareas desarrolladas por la recurrente (conf., especialmente, las Resoluciones UBA N° 471/08 -fs. 30/31-; Nº 836/08 -fs. 32/33-; Nº 1509/08 -fs. 36/37-; Nº 1049/09 -fs. 40/41-; Nº 1426/09 -fs. 45/46-; Nº 17/10 -fs. 48/49-; Nº 1122/10 -fs.52/53-; y el ya citado contrato de locación de servicios, firmado por las partes el 5/1/09).

En ese contexto, corresponde destacar que la prueba producida en autos no resulta adecuada a los fines de comprobar el escenario por ella planteado y para formar convicción acerca de lo requerido.

VI. Que, si bien lo anterior alcanza para rechazar el agravio específico de la actora al respecto, resulta preciso recordar, a mayor abundamiento, que la CSJN tiene dicho que el sometimiento voluntario a un régimen, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación posterior (Fallos, 255:216; 279:350; 290:216; 297:236; 310:1623 y 2117; 311:1695 y 1880; 312:245 y 1371 316:1802; 317:524; entre muchos otros).

En ese lineamiento, el Máximo Tribunal también ha manifestado que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos, 275:235; 294:220; 300:480; 307:1602).

En ese orden de ideas, cabe resaltar que en el caso particular de autos, la actora no cuestionó las resoluciones firmadas por el Sr. Rector de la UBA, en donde fueron aprobadas sus contrataciones; por lo que a lo que ellas disponen, se debe estar.

VII. Que, en segundo lugar, corresponde adentrarse en el tratamiento de la cuestión vinculada a la queja deducida por la actora referida al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Ramos, José Luis c/Estado Nacional (Min.de Defensa – A.R.A) s/indemnización por despido”.

En razón de ello, cabe recordar que en dicha sentencia el Máximo Tribunal admitió la demanda interpuesta por el actor a fin de obtener una indemnización como consecuencia del despido arbitrario que hubiere sufrido luego de haber prestado servicios para la demandada durante veintiún años, por medio de la suscripción de sucesivos contratos bajo el régimen previsto en el Decreto Nº 4.381/73, en violación a lo establecido en su artículo 26 -y en el inciso a), del artículo 17, de su reglamentación- que limitaba la posibilidad de renovar tales acuerdos por un máximo de cinco años. En este contexto, se concluyó que la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.

En dicha oportunidad, la Corte Suprema tuvo en cuenta que por el modo en que se había desenvuelto la relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas, las partes no habían tenido la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado. Por ello, y considerando que se trataba de la reparación por la conducta ilegítima de un organismo estatal -cuyo comportamiento tuvo aptitud para generar en el señor Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía la protección del artículo 14 bis de la C.N.- la solución debía buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo.Así, consideró de aplicación al caso la indemnización prevista en el artículo 11 de la Ley de Empleo Público Nacional, para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso.

Asimismo, en la misma fecha en que se pronunció en el caso “Ramos”, el Alto Tribunal también dictó sentencia en la causa “Sanchez Carlos Próspero c/ Auditoria General de la Nación s/ despido”. Allí revocó el pronunciamiento de la anterior instancia, que había hecho lugar a la pretensión del operario, quien había suscripto diversos contratos de locación de servicios con la demandada durante ocho años, para que se le abonara la indemnización por los perjuicios ocasionados por su despido sin causa. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta que la legislación nacional que regulaba el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (de ahora en más, A.G.N.) autorizaba expresamente la celebración de contratos como los suscriptos con el señor Sánchez, ya que la actividad del organismo de control hacía necesario contar con un cuerpo de auditores externos (conf. art. 118, inciso b), de la Ley Nº 24.156).

En ese sentido, remarcó que el hecho de que Sánchez hubiera realizado tareas típicas de la actividad de la A.G.N. no resultaba suficiente, por sí solo, para demostrar la existencia de una desviación de poder para encubrir, mediante la renovación de sucesivos contratos a término, un vínculo de empleo permanente. Por las consideraciones que anteceden, decidió que las circunstancias de la causa diferían sustancialmente de las discutidas y resueltas en la causa “Ramos” ya citada, porque en el sub examine el actor no había logrado acreditar que la A.G.N. hubiera utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con la desviación de poder consistente en encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.

VIII.Que, precisado lo expuesto, corresponde aclarar que si bien los lineamientos interpretativos que surgen del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Ramos” se relacionan con la procedencia del reclamo indemnizatorio aquí analizado, tienen como punto de partida un supuesto fáctico distinto a los hechos que originaron la contienda bajo examen.

Lo debatido en autos, tal como fue destacado a lo largo del presente voto, se vincula con la supuesta existencia de un despido arbitrario materializado mediante el abuso de formas legales, avasallando -en consecuencia- el derecho de la actora a la estabilidad laboral de la que goza todo empleado público designado en planta permanente.

En ese orden de ideas, cabe destacar que tal cual ocurrió en el caso “Sánchez”, las circunstancias fácticas del presente caso difieren de las discutidas y resueltas en el fallo “Ramos”, habida cuenta que en el sub examine la actora no ha logrado acreditar que la Universidad haya utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con el objeto de encubrir una designación permanente (doc. Fallos: 333:335).

Sobre el punto, no puede pasarse por alto que el mero transcurso del tiempo no puede servir para presumir, per se, la existencia de un vínculo de carácter estable, puesto que esa circunstancia aislada no tiene aptitud, por sí sola, para trastocar la situación de revista de quien ha ingresado con carácter transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso del poder administrador (doc. Fallos: 310:1390; 310:2826; 312:245; 312:1371; esta Cámara, Sala III, “Abad Fernández Manuel Felipe y otros c/ UTN s/ Empleo público”, Expte.N°: 1.365/91, del 24/06/98; Sala IV, “Crosa Juan Gerónimo c/ DGFM s/ Cobro de australes y daños y perjuicios”, del 09/04/92; “Torres de Copie Ana María c/ EN – M° de Defensa – EMGA s/ Empleo público”, del 06/04/95). Ello así, dejando a salvo – claro está- las hipótesis de desviación de poder, en los términos ya descriptos por el Alto Tribunal en la causa “Ramos”, supuesto que, conforme todo cuanto se lleva dicho, no concurre en la especie.

IX. Que, finalmente, cabe advertir que en el supuesto aquí analizado el lapso global de la vinculación (dos años y ocho meses), las modalidades y naturaleza de los servicios prestados, impiden considerar la existencia de una situación susceptible de ser encuadrada como un supuesto de desviación de poder, o como constitutiva de la implementación de un mecanismo irregular enderezado a suprimir, sustituir o encubrir una relación de empleo con notas y vocación de estabilidad.

Por otra parte, conviene recordar que no toda contratación encubre una designación permanente, como se encargaron de destacar los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni en el precedente “Ramos”, así como que el hecho de que el agente transitorio realice algunas de las tareas del personal permanente y estable -circunstancia que no fue acreditada en el sub examine- no resulta suficiente, per se, para demostrar la desviación de poder para enmascarar una relación de empleo estable mediante la celebración de contratos a término (conf. doctrina de Fallos: 333:335).

De conformidad con los desarrollos que anteceden, cabe concluir que al ponerse fin a la relación locativa de servicios y prescindirse de los mismos por parte de la Universidad, ello resultó natural consecuencia de las aludidas estipulaciones, particularmente en cuanto concierne al carácter temporario de la contratación, lo que en principio comporta el ejercicio regular de un derecho propio y por lo tanto insusceptible de reproche.

X.Que, por último, en relación a los agravios esgrimidos por la parte actora, en punto a la imposición de costas decidida por la a quo en la sentencia atacada, no encuentro motivo alguno para abstraerme del principio general de la derrota, prevista en el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal, criterio que se mantiene en las correspondientes a esta Alzada.

En virtud de las consideraciones precedentes, voto por que se confirme la sentencia apelada, con costas.

El Dr. Carlos Manuel Grecco adhiere al voto.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravios. Con costas (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Conociendo sobre el recurso de apelación de fs. 408 -apelado por bajos-, dirigidos contra la regulación de honorarios obrante en la parte resolutiva de la sentencia de fs.

404/407, en atención al mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada, así como al monto involucrado en la litis, etapas cumplidas y la naturaleza del proceso, cabe CONFIRMAR los honorarios regulados a la dirección letrada y representación de la parte demandada (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38, del Arancel de Abogados y Procuradores).

Por idénticos motivos, SE FIJAN los honorarios por su actuación en la Alzada, en su doble carácter, por la suma de pesos.($.) (art. 14 y conc. del Arancel).

Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834 , entre otros).

Se deja constancia de que el Dr. Jorge Esteban Argento no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ