El carácter constitucional-convencional de la pluriparentalidad en el sistema jurídico argentino

Autor: Maicá, Juan J. – Marmeto, Esteban

Fecha: 22-may-2018

Cita: MJ-DOC-13549-AR | MJD13549

Sumario:

I. Introducción. II. El carácter constitucional y convencional del derecho privado. III. La pluriparentalidad como otra forma de repensar el derecho filiatorio. IV. La pluriparentalidad en el sistema jurídico constitucional y convencional. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

Doctrina:

Por Juan J. Maicá (*) y Esteban Marmeto (**)

I. INTRODUCCIÓN

En la presente ponencia, intentaremos deslindar el carácter constitucional y convencional de la pluriparentalidad en el sistema jurídico nacional. Para ello, en primer término deslindaremos la constitucionalización y la convencionalización del derecho privado. Seguidamente, analizaremos a la pluriparentalidad como otra forma de repensar el sistema filiatorio argentino. Y, por último, bucearemos el sistema constitucional y convencional a la luz de los vínculos filiales múltiples.

II. EL CARÁCTER CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL DERECHO PRIVADO

La publicización del derecho privado es uno de los fenómenos jurídicos más importantes del siglo XXI; la inquebrantable barrera que bifurcó al tradicional derecho civil y comercial -materializado en el Código Civil y el Código Comercial- del derecho público -con la Constitución Nacional como fuente principal- comenzó a resquebrajarse con la proliferación de los derechos humanos. Es que la transnacionalización de estos operada a partir de los atroces crímenes suscitados en la Segunda Guerra Mundial, permitió que su noción no se circunscribiera únicamente al deber de respetar y garantizar por parte del Estado los derechos fundamentales, sino también en la responsabilidad internacional estatal en aquellos casos en los que su violación no fuera reparada (PINTO, 1997:10). En definitiva, internacionalización y universalización son los elementos sobre los que se edifica el sistema internacional en Derechos Humanos del siglo XXI (TRAVIESO, 1993: 157).

Si bien la discusión sobre la constitucionalización y convencionalización del derecho civil -y en lo atinente a esta ponencia, del derecho de las familias- tuvo su razón de ser con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, no es menor señalar que la cuestión acerca de las fronteras difusas entre derecho privado y derecho constitucional ya lo había advertido en su tiempo, y a su modo, Alberdi.En aquella antiquísima disputa contra Vélez Sarsfield, aquel sostuvo que la Constitución Nacional debía ser una de las fuentes de interpretación de la normativa privada interna, dado que el Código Civil constituiría la «constitución civil» del país (ALBERDI, 1920:157). De este modo, continuó sosteniendo que «no puede la Constitución política ir hacia el sur, y el Código Civil hacia el norte. La dirección debe ser común como lo es su objeto y mira» (ALBERDI, 1920:170). Si bien sus ideas no fueron plasmadas en el texto velezano, el pensamiento de Alberdi sentó las bases de una discusión que fue zanjada un siglo después.

Como se ha señalado en el párrafo anterior, la incorporación de manera explícita de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos al texto constitucional permitió que estos instrumentos se colaran en el sistema jurídico argentino como pautas hermenéuticas a la hora de resolver un caso en el que se encuentren en juego los derechos fundamentales de las personas. Así y todo, desde el fuero privatista continuaron reacios a realizar una lectura transversal entre ordenamiento civil y el sistema constitucional-convencional; de esta manera, la aprobación por parte de cierto sector de la judicatura para aplicar el paradigma antes mencionado a situaciones entre privados permitió reafirmar que la ley ya no constituía el techo del ordenamiento jurídico (BIDART CAMPOS, 2001).

El salto cualitativo lo dio el Código Civil y Comercial de la Nación. Es que la sanción de esta ley permitió la adecuación del mismo al paradigma constitucional-convencional del siglo XXI, no siendo la Constitución Nacional ni los Tratados Internacionales en Derechos Humanos reglas de aplicación e interpretación de última ratio. Ello quedó establecido no solo en los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que además, tal como lo expresan los fundamentos del mismo, atraviesan a todo el sistema jurídico argentino.La lectura de las diversas instituciones en clave de derechos humanos es una pauta fundamental del nuevo ordenamiento jurídico que visibiliza aun más la tesis doctrinal que considera al sistema legal como un sistema abierto en el que los diversos subsistemas interactúan entre sí a través del entorno; de esta interrelación se produce un «feedback» o retroalimentación que permite, «ab initio», una armoniosa relación (GRÜN, 2004: 38).

El derecho de las familias, como una de las subramas integrantes de la clásica división pentárquica de derecho privado, ha sido un testigo privilegiado -quizás por las características propias de las temáticas que aborda- del impacto de la constitucionalización y convencionalización del derecho civil. Este nuevo paradigma ante el cual se encuentra sumergida la rama jurídica en análisis ha permitido un cambio en la forma de interpretar las relaciones familiares; el eje de protección ya no es la familia, sino las personas, como sujetos de derecho, que la integran (LLOVERAS; SALOMÓN, 2009: 41). En este orden de ideas, y atento a lo señalado en los párrafos anteriores, el Código Civil y Comercial de la Nación regula un derecho de familias más igualitario, en el que la democratización de los vínculos se convierte en un elemento fundamental de toda relación familiar; la vinculación entre sus integrantes ya no es piramidal, sino horizontal. La autonomía de la voluntad -con la solidaridad familiar como frontera- es uno de los pilares fundamentales sobre el que se edifica la normativa antes aludida, otorgando una mayor libertad a la hora de escoger un proyecto que se adapte a las necesidades de cada individuo.De esta manera, la matrimonialización de las relaciones de familia ha dado lugar a la regulación jurídica de nuevos moldes que, no obstante estar presentes con mayor asiduidad en la realidad social, la normativa invisibilizaba.

Ahora bien, frente al alentador panorama descripto en el párrafo anterior, es dable plantear el interrogante acerca de si el Código Civil y Comercial de la Nación recepta las diversas realidades familiares que se suscitan en la realidad social de hoy. Adelantando una respuesta, creemos que no. La legislación es aun renuente en regular ciertas estrategias familiares que desestructuran lo que moralmente ha sido considerado como válido o valioso para la sociedad. Esto es, el binarismo como principio rector en las relaciones filiales. En lo que sigue, se analizará a la pluriparentalidad como uno de los destellos socio-familiares que comienzan a asomarse y que pretenden desestructurar a un sistema jurídico que está pensado y edificado en la clave binaria.

III. LA PLURIPARENTALIDAD COMO OTRA FORMA DE REPENSAR EL DERECHO FILIATORIO

Una de las mayores dificultades que plantea el ordenamiento jurídico consiste en establecer una noción de aquellas formas familiares que tienen arraigo social y cultural. Ello se debe a que las dinámicas propias de las relaciones de familias contemporáneas y globalizadas se moldean constantemente, tornándose su delimitación de suma dificultad. Sin embargo, creemos que es necesario establecer una noción de la temática en estudio a fin de establecer su horizonte y sus fronteras.Por ello, para la presente ponencia, utilizaremos el término «pluriparentalidad» para hacer referencia a aquella relación social y real de filiación de un/a niño/a con más de dos personas, es decir, como opuesto a la «biparentalidad» (DE LORENZI, 2017:3). También creemos necesario aclarar que la terminología «filiación triple», que ha sido utilizada en las primeras aproximaciones a la temática en estudio, peca de restrictiva dado que, como se verá, los vínculos filiales podrían suscitarse entre más de tres personas.

A pesar de las discusiones que, a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario -Ley 26.618 – se suscitaron en torno al sistema filiatorio, la política legislativa del Código Civil y Comercial de la Nación ha optado por mantener la máxima del doble vínculo filial. Esta regla que sobrevuela todo el derecho filial ya ha intentado ser quebrantada, aunque bajo el ala del Código Civil, a partir de dos pronunciamientos administrativos (1). Es que, no obstante las críticas que se pueden esgrimir (2) a dichos actos, estos no hacen más que reflejar una realidad social circundante que la legislación -antes proyectada y hoy materializada- no ha observado. De esta manera, y en palabras de Natalia De La Torre (2015), «el debate hoy ha subido un andarivel e interpela no ya la “cáscara” sino al “fondo”, el sistema binario en sí» (p. 2).

Habiendo enmarcado la noción de pluriparentalidad, creemos que están las condiciones dadas para establecer los modos a través de los cuales podrían generarse vínculos plurilaterales de filiación. Una de las formas es la voluntad procreacional.Ella debe ser materializada a través de la exteriorización del consentimiento bajo los cánones previstos en la legislación actual, en la que se expresa el deseo de llevar adelante un proyecto parental; o según la llaman algunos autores, quien/es desea/n ser «parent». Esta intención es, conforme sostiene Rivero Hernández, el elemento relevante en la determinación de la filiación, no solo como causa eficiente, sino porque los demás elementos -biológicos y genéticos- pueden ser dejados a un lado. Lo que nadie puede suplir es el elemento volitivo (KEMELMAJER DE CARLUCCI; HERRERA; LLOVERAS, 2014:503). Hoy en día, nadie duda de la posibilidad de establecer una filiación biparental o monoparental por medio de una TRHA, lo mismo debería pasar cuando este binarismo impuesto culturalmente se rompe para formar familias pluriparentales. Estos tipos de familias suelen darse con la incorporación del donante conocido al proyecto parental de una pareja que no quiere utilizar material genético anónimo. De ninguna manera ello quiere decir que sean los únicos casos, sobran los ejemplos en los que forman parte y expresan la voluntad procreacional más de dos personas, y claramente la coincidencia genética no interesa.

Otro modo de apertura hacia vínculos filiales plurilaterales es la socioafectividad. Ella ha sido enmarcada a través de la combinación de dos elementos: lo social y lo afectivo -como lo afectivo adopta un lugar de peso en lo social, y como lo social se ve interpelado por ciertos afectos- (HERRERA, 2014:2). Esta noción, conocida también como «filiación del corazón», posee fuerza exponencial en el derecho brasileño y surge a partir de la convivencia. Por ello, queda configurada mediante el afecto generado por medio de la vida en común, a través del cual quienes son progenitores tratan a la niña / al niño como si fuera su hija/o, independientemente de los lazos sanguíneos o civiles.Esta relación está fundada en el valor amor, que constituye uno de los elementos primordiales de las relaciones familiares contemporáneas (FERREIRA DE LAURENTIS, 2015: 98 – 99).

Aun dentro del binarismo filiatorio, la socioafectividad ha tenido gran desarrollo en las diferentes fuentes del derecho filial. Ello ha tenido gran peso en la forma del desarrollo de la faz dinámica de la identidad, la que no se considera menos importante que la llamada «identidad estática» -creada por el vínculo biológico-, pero que en ciertos casos se le ha dado preferencia a ésta anclándose en el interés superior del niño. Ello ha cobrado gran virtualidad a la hora de la resolución de una impugnación de un vínculo filial presumido por la ley o adquirido a través del reconocimiento, a pedido de aquella persona que posee compatibilidad genética probada. De esta misma forma, y basándose en los mismos fundamentos, creemos que la socioafectividad puede ser la puerta de entrada a la pluriparentalidad. Es que pueden existir casos en los cuales este vínculo afectivo esté en cabeza de más de una persona, siendo conveniente para el desarrollo del interés superior del niño salir del binarismo y posibilitar los vínculos múltiples. De esta manera, se evita optar entre uno u otro progenitor y caer en la invisibilización de lazos afectivos, violando el derecho a la identidad del niño / de la niña (LAMM, 2016:2).

La socioafectividad puede, además, observarse en la filiación por adopción. Aquí, no solo podríamos pensar en sumar más de dos vínculos filiales en los tipos simple o plena, sino que creemos correcto afirmar que la regulación por parte del Código Civil y Comercial de la Nación del tipo adoptivo por integración es el primer paso que ha dado la legislación interna -consciente o inconsciente- para la ruptura de la máxima binaria (BRUNEL; HUAIS; TISSERA COSTAMAGNA; VILELA; 2015: 7).

IV.LA PLURIPARENTALIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

Como corolario de lo dicho hasta aquí, el Código Civil y Comercial de la Nación se ancla sobre el paradigma de la pluralidad de moldes familiares. De esta manera, la edificación del derecho a conformar y a vivir en familia ha ampliado su horizonte al otorgarles una mayor autonomía de la voluntad a aquellas personas que deseen conformar un plan familiar. Sin embargo, como se señaló, esta potestad de elegir el modelo que mejor se adecue a su realidad posee límites. No todas las formas están reguladas e incluso algunas, como la pluriparentalidad, se encuentran expresamente prohibidas por la legislación.

Pues bien, en este punto corresponde interrogarse acerca de cuáles son los modelos de familias sobre los que se sedimenta el derecho constitucional y convencional. Teorizar sobre ello resulta de suma importancia, dado el papel fundamental que el ordenamiento jurídico imprime a la Constitución y a los Tratados Internacionales en Derechos Humanos. Es que la tesitura que adopten debe ser, en virtud del modelo jurídico que el Estado argentino ha adoptado, el principio rector al cual las demás fuentes internas del sistema legal nacional deben adscribirse.

El texto constitucional de 1853/60 no hacía referencia expresa a la protección que se debía a la familia. Ello puede deberse a las características propias que tenía esta institución al momento de sancionarse la Ley Fundamental de nuestro país. Sin embargo, no existía una total desprotección a las relaciones familiares, dado que su marco protectorio podía extraerse del art. 33 de la Constitución Nacional. Posteriormente, el engranaje constitucional fue complementado por la introducción, en el año 1957, del art.14 bis . Allí se dispuso, en su último párrafo, que «la ley establecerá (…) la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna». La cualidad programática de esta disposición no permite, en opinión de Bidart Campos (1998), que por ello deje de ser de obligatorio cumplimiento (p. 80).

La recepción del paradigma convencional a partir de la reforma constitucional de 1994 permitió la incorporación de ciertos Tratados en Derechos Humanos a la Constitución Nacional. Aquí, a partir de lo establecido por el art. 75, inc. 22 , se le han otorgado jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales en dicha materia permitiendo una articulación entre ellos y la Ley Fundamental (GIL DOMÍNGUEZ, 2015: 41). En lo que interesa en este acápite, se puede decir que han sido numerosos los tratados con jerarquía constitucional que refieren a la protección de aquellas relaciones familiares (verbigracia, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. VI- , Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 16.3 -, Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 17.1 -, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 10.1 -, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos -art. 23.1 -, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -art. 16.1 -, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -art. 23.1 -, entre otras).

Los tratados antes mencionados tienen dos características en común.La primera reside en considerar a la familia como un «elemento natural». En este punto, podemos señalar que no obstante la naturalización del «ser familiar» que aquellos imponen, el elemento cultural encuentra su modo de realización en las diversas formas de familias (SCHIRO, 2017:23). Además, ello debe ser observado a la luz de los estudios que la sociología familiar ha desarrollado en el último siglo. Aquí, los nuevos aportes teóricos superan a la clásica denominación de la familia «como célula básica de la sociedad» para considerarla como una construcción eminentemente histórica y social (MICHEL, 1991:7). La segunda característica consiste en que los Tratados Internacionales en Derechos Humanos no limitan su protección de un tipo de familia, sino que tiene en miras las múltiples formas de estar en ella (LLOVERAS; SALOMÓN, 2009:48). De esta manera, el matrimonio ya no es el único modelo válido, sino que lo serán un sinnúmero de moldes que variarán según lo que sea construido por cada cultura.

Lo señalado en el párrafo anterior tiene apoyatura en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). Así, en el caso «Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala», este órgano dispuso que «tanto esta Corte (…) como la Corte Europea (.), han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales» (Corte IDH, 1999: párr. 193) (3). De esta manera, la directriz que se construye a la hora de observar las disposiciones que contienen los instrumentos internacionales en derechos humanos debe ser analizado a la luz de las relaciones contemporáneas de familias, a las que «el derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos» (Corte IDH, 2012: párr.120). Por ello, y atento a lo establecido por el máximo órgano que vela por la interpretación y vigilancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la misma «no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo “tradicional” de la misma» (Corte IDH, 2012: párr. 142). Esta multiplicidad de formas familiares sobre las que se anclan los tratados en materia de derechos humanos permite vislumbrar que la pluriparentalidad, atento a los nuevos contornos familiares, es otro modo válido de estar en familia y que, por ello, el Estado no debe realizar distinciones discriminatorias.

Atento a lo expresado anteriormente, no existe una relación simbiótica entre el Código Civil y Comercial de la Nación y el paradigma constitucional-convencional. De la comparación entre las fuentes internas y las fuentes externas se desprende que aquel no respeta los estándares internacionales en lo referente al paradigma de la libre conformación familiar. La prohibición por parte del ordenamiento interno a la posibilidad de constituir familias pluriparentales implica un cercenamiento del paradigma de no discriminación sobre el que se anclan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, como así también de los derechos de las / los niñas/os a vivir y a estar en familia. La presencia de factores reales de poder y los preconceptos que aún en la contemporaneidad continúan arraigados, coadyuvan a que el sistema jurídico camine por senderos sinuosos en los que el reconocimiento de derechos a las minorías sean frutos de grandes luchas.

Frente a este panorama, creemos que el diálogo de fuentes es la herramienta más conveniente para solucionar la colisión señalada en el párrafo anterior.Esta tesis, cuya «beta» de desarrollo puede encontrarse en el Derecho Internacional Privado, permite una coordinación entre la multiplicidad de normas nacionales e internacionales sobre temas convergentes (ZABALZA, 2017:3). En este caso, la antinomia existente entre lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos respecto a la pluriparentalidad, puede ser subsanada a través de la aplicación de las normas que brinda el ordenamiento jurídico nacional en los primeros dos artículos de la norma civil. De esta manera, y ante un caso de pluriparentalidad, el diálogo de fuentes permitirá llegar a una solución acorde al estándar internacional en la protección de los derechos humanos.

V. CONCLUSIÓN

La realidad social ha demostrado una vez más que de las relaciones familiares contemporáneas aún queda mucho por aprender y por comprender. La pluriparentalidad nos obliga a pensar y a repensar que existen muchas formas de familias que la legislación continúa invisibilizando, fundamentalmente cuando trastrocan la columna vertebral del derecho familiar tradicional. Esto es, ni más ni menos, que los binarismos. Es que en un sistema jurídico anclado y pensado desde los números pares -quizás todavía desde un dejo biologicista-, toda aquella ruptura transversal del notocordio genera incordios. La apertura a vínculos filiales múltiples es la antesala del quebrantamiento de aquellos institutos que, en nuestro ordenamiento jurídico, son de orden público, como lo es la monogamia. Las consecuencias serán, para determinados factores de poder, devastadoras. Para otros, un respeto por la diversidad familiar.

En lo que respecta al carácter eminentemente jurídico de la pluriparentalidad, creemos que la prohibición por parte del ordenamiento jurídico argentino no es óbice para la aplicación de la manda convencional y constitucional que enarbola la pluralidad de modalidades familiares.El diálogo de fuentes es, según nuestra opinión, la solución que mejor se adecua para traspasar la valla prohibitiva que el Código Civil y Comercial de la Nación le otorga a la pluralidad de familias.

Por último, estimamos oportuno concluir este último acápite con una breve reflexión que resulta en la gran novela «La ley del menor», de Ian Mcewan. Allí, una jueza de familia de Londres debe decidir sobre un caso en el que un adolescente testigo de Jehová se niega a realizarse una trasfusión de sangre. Ante esta situación, quien debe fallar se interroga así: «Las religiones, los sistemas morales, el suyo incluido, eran como cimas de una densa cordillera vistas desde una gran distancia, entre las cuales ninguna destacaba de las otras por ser más alta, más importante o más verdadera. ¿Qué había que juzgar?».

VI. BIBLIOGRAFÍA

– ALBERDI, J. B. (1920): «Proyecto de Código Civil para la República Argentina», en GARCÍA, Manuel, y LÓPEZ, José y otros: «Juicios críticos sobre el proyecto de Código Civil argentino». Buenos Aires, Jesús Méndez, pp. 157-170.

– BIDART CAMPOS, G. (2001): «La “ley” no es el techo del ordenamiento jurídico (una muy buena sentencia de adopción)», AR/DOC/15203/2001.

– BIDART CAMPOS, G. (1998): Manual de la constitución reformada. Ediar, Buenos Aires, p. 80.

– BRUNEL, T.; HUAIS, M.; TISSERA COSTAMAGNA, R., y VILELA BONOMI, M. (2015): «”Pluriparentalidad”, filiación e identidad en el CCyC»; p. 7. Disponible en: http://jndcbahiablanca2015.com/?cat=30&comision=1833.

– Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso «Atala Riffo y niñas c. Chile». Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.

– Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los «Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala». Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C N.° 63, párr. 193.

– DE LA TORRE, N. (2015): Pluriparentalidad: ¿por qué no más de dos vínculos filiales?; AP/DOC/1075/2015, p. 2.

– DE LORENZI, M.(2017): «La aritmética de la filiación cuando no hay dos sin tres, pero tres son multitud. El imperativo real de la pluriparentalidad»; AP/DOC/251/2017; p. 3.

– FERREIRA DE LAURENTIS, E. (2015): Temas polémicos en Derecho de Familia conforme al derecho Brasileño. Buenos Aires, Dunken, 2015. pp. 98 y 99.

– GIL DOMÍNGUEZ, A. (2015): «El estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial». S. l., Ediar; p. 41.

– GRÜN, E. (2004): Una visión sistémica y cibernética del derecho en el mundo globalizado del siglo XXI. Buenos Aires, Dunken, p. 38.

– HERRERA, M. (2014): «La noción de socioafectividad como elemento “rupturista” del derecho de familia contemporáneo», en RDF 66-75; p. 2.

– KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; HERRERA M., y LLOVERAS, N. (2015): «Tratado de Derecho de Familia»; t. 2. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, p. 522.

– LAMM, E. (2016): «Familias multiparentales. Su “blanqueo legal como solución que mejor satisface los intereses en juego», en Diario DPI Suplemento Derecho Civil, Bioética y Derechos Humanos, N.° 11, 17/5/2016; p. 2.

– LLOVERAS, N.; SALOMÓN, M. (2009): El derecho de familia desde la Constitución Nacional. Buenos Aires, Universidad, pp. 41; 48.

– MICHEL, A. (1991): «Sociología de la familia y del matrimonio». Barcelona, Península, p. 7.

– PINTO, M. (1997): Temas de derechos humanos. Buenos Aires, Del Puerto; Buenos Aires, p. 10.

– SCHIRO, M. V. (2017): Responsabilidad por daños intrafamiliar. Buenos Aires, Astrea, p. 23.

– SILVA, S. (2016): «La triple filiación instalada en el escenario jurídico. Sobre cómo interpretar sus efectos jurídicos en el campo de la responsabilidad parental», en Letra Civil y Comercial; N.° 2. Disponible en https://docs.wixstatic.com/ugd/9a5197_49efc2bd294a4d5a8290df431a40b505.pdf.

– TRAVIESO, J. (1993): Historia de los derechos humanos y garantías. Análisis en la comunidad internacional y en la Argentina. Buenos Aires, Heliasta, p. 277.

– ZABALZA, G. (2017): «El diálogo de fuentes como expresión del desafío de la complejidad. Algunos aspectos en torno a la toma de decisiones terapéuticas», AP/DOC/702/2017; p.3.

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(1) Los casos tienen situaciones fácticas similares: un matrimonio de dos mujeres que incluyen en el proyecto parental a un amigo, aportante del material genético, para la realización de una TRHA en un caso y una práctica «casera» en el otro. Ambos dictámenes pueden consultarse en el siguiente enlace web: http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/un-nino-podra-tener-los-apellidos-de-sus-mamas-y-su-papa-en-la-ci
dad-9126.html. y http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/mama-mama-y-papa-la-primera-filiacion-triple-de-argentina-8287.ht
l.

(2) Desde esta óptica, se recomienda la lectura de los textos siguientes: DE LA TORRE, NATALIA: «Pluriparentalidad: ¿por qué no más de dos vínculos filiales?», AP/DOC/1075/2015, p. 4; y SILVA, SABRINA ANABEL: «La triple filiación instalada en el escenario jurídico. Sobre cómo interpretar sus efectos jurídicos en el campo de la responsabilidad parental», en Letra Civil y Comercial; N.° 2. Disponible en: https://docs.wixstatic.com/ugd/9a5197_49efc2bd294a4d5a8290df431a40b505.pdf.

(3) En el mismo sentido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso «Tyrer v. United Kingdom», sentencia del 25 de abril de 1978, párr. 31.

(*) Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ayudante alumno en la cátedra de Derecho de familia y sucesiones de la misma facultad.

(**) Abogado. Ayudante diplomado de la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Becario de investigación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

N. de la R.: El presente artículo fue presentado en la mesa de «Derecho de las familias» de las «V Jornadas de Jóvenes Investigadoras/es del Instituto Gioja», que se desarrolló los días 18 y 20 de septiembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.