Se sanciona con multa a la letrada que abandonó injustificadamente el cargo de defensor inmediatamente antes de la audiencia de juicio

Partes: G. S. R. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 7-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114234-AR | MJJ114234 | MJJ114234

La sanción de multa impuesta a la letrada debe confirmarse pues el abandono injustificado del cargo de defensor es una falta grave, más aun siendo que ocurrió inmediatamente antes de la audiencia de juicio.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso contra la sentencia que impuso a la letrada actora una sanción de multa por su mal desempeño en el entendimiento de que hubo un abandono injustificado del cargo de defensor, por considerarse una falta grave en atención a su trascendental importancia para el ejercicio de la abogacía, tal como lo establece el art. 32 del CPP. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aspecto agravado pues ocurrió inmediatamente antes de la audiencia de juicio.

2.-Cabe entender que el abandono injustificado del cargo de defensor de los pupilos imputado a la letrada actora resultó grave pues sucedió antes de la audiencia de juicio y habiendo dejado vencer el plazo para el ofrecimiento de pruebas, pues sin perjuicio de que en modo alguno significa que sea obligatorio para el defensor técnico o de confianza el desempeño de tal cargo, no puede dejar inerme al imputado hasta que intervenga el defensor oficial, y que además, la causa de abandono invocada resulte razonable.

3.-Se juzga que el apartamiento de la defensa por parte de la matriculada actora es evidentemente extemporáneo, desde que sucedió cuando ya había dejado vencer el plazo para presentar pruebas, máxime siendo que no se puede dejar inerme al defendido hasta la aceptación del nuevo defensor, lo que así le hizo saber el Juzgado en la oportunidad de proveer la renuncia formulada.

4.-Toda vez que se encuentra acreditado que la letrada actora no ejerció en debida forma la defensa de los intereses de sus defendidos y con los argumentos vertidos en su recurso, no logró probar la razonabilidad de su actuar tampoco desvirtuó el presupuesto de hecho que se le objetó -esto es haber dejado vencer los plazos para ofrecer la prueba que mejor haga al derecho de sus defendidos- los cuales carecen de una lógica fáctica y jurídica, por lo que, la sanción impuesta debe ser confirmada.

5.-El silencio guardado por la letrada ante la sede del Tribunal de Disciplina importan el reconocimiento de los extremos que le fueron reprochados.

6.-Los arts. 31 y 32 del CPP. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionan especialmente las separaciones defensivas concretadas inmediatamente antes del debate para evitar que mediante este tipo de maniobras se dilate tal audiencia, que es lo que ha ocurrido en el presente caso, aunque agravado por haber dejado precluir la etapa de ofrecimiento de pruebas negando de esta forma la debida defensa a los imputados y, respecto del recaudo de que el motivo del apartamiento de la causa sea razonable, entendió que tampoco se daba dichos extremos.

Fallo:

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por pronunciamiento glosado a fs. 311/314, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió condenar a la matriculada S. R. G. (Tº 83 Fº 745) e imponerle la sanción de multa por el importe equivalente al diez por ciento (10%) de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil (conf. art. 45º, inc. c), de la ley nº 23.187) por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía (confr. art. 6, inc. e) de la ley 23187 y art. 19, inc. a) del Código de Ética.

En primer término, se indicó que la causa se había iniciado con motivo de la comunicación suscripta por el Juez , Dr. Carlos Bentolila, en su carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a la causa Nº 2460/15 (11.73/7) caratulada “Salvatierra, Brian Ezequiel y otros s/ art(s) 181:1 Usurpación (Despojo)-CP (p/L2303)”, dando cuenta respecto del mal desempeño de la abogada S. R. G. entendiéndose que hubo un abandono injustificado del cargo de defensor.

Tras detallar distintos actos procesales sustanciados con motivo de la representación legal de la abogada sancionada, el Tribunal de Disciplina advirtió que el abandono del cargo consiste en una falta grave, tal como lo establece el art.32 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aspecto que se agrava si ocurre inmediatamente antes de la audiencia de juicio, máxime habiendo dejado vencer el plazo para el ofrecimiento de pruebas y, al respecto agrego que ello en modo alguno significa que sea obligatorio para el defensor técnico o de confianza el desempeño, pero no puede dejar inerme al imputado hasta que intervenga el defensor oficial y además , que la causa de abandono invocada resulte razonable.

Concretamente, señalo -conforme surge de la causa judicial- que corrido el traslado que prevé el art. 209 del CPPCABA, el que se encuentra debidamente notificado (fs. 189) la letrada dejo vencer el plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas, y en atención a ello se fijó la audiencia en los términos del art. 210 CPPCABA, para el día 12 de junio de 2015; y, con fecha 3 de junio de 2015, la letrada presento su renuncia indicado que fue solicitud de la madre de una de los imputadas, cuando los imputados eran ocho y además indico que había perdido todo tipo de contacto desde hacía tres meses aproximadamente, la que se tuvo presente, con la salvedad que hasta que sea reemplazada debía de continuar con la asistencia técnica de sus pupilos.

Que, en tales términos, el Tribunal indico, por un lado que el apartamiento de la defensa por parte de la matriculada era evidentemente extemporáneo, desde que ya había dejado vencer el plazo para presentar pruebas, lo que así quedó reflejado en la causa judicial, en tanto el ofrecimiento de prueba efectuado por la defensora oficial fue rechazado por extemporáneo y, por el otro, que tampoco se advertía que el recaudo de que el motivo del apartamiento sea razonable pues la propia denunciada manifestó que la misma fue a pedido de uno de los imputadas cuando sus pupilos eran 8 y que había perdido contacto con sus defendidos, por lo que debió haber renunciado antes y no esperar a que se le corriera el trasladoy dejar precluir la etapa .

Que, por los fundamentos allí explicitados, el Tribunal de Disciplina consideró que la falta atribuida es grave por su trascendental importancia para el ejercicio de la abogacía, en los términos del art. 26, inc. b) del Código de Ética, en atención a la falta de defensa en que dejo a los imputados al no ofrecer las pruebas que hacían a su derecho y dejar precluir la etapa procesal en tanto ha vulnerado lo dispuesto en los arts. 6, inc. e) de la Ley 23187; y art. 10 inc. a) y art. 19 inc. a) del Código de Ética.

II. Que, por presentación de fs. 332/335, se presenta la abogada designada por el Colegio para realizar la defensa técnica de la Dra. G. S. R. e interpone recurso de apelación directa contra la decisión individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postula: (a) que es incorrecta la interpretación efectuada por el Tribunal de Disciplina con relación a los hechos imputados, en tanto no se consideró que tras la falta de declaración de los imputados y el nombramiento de la letrada, inmediatamente quedan éstos en libertad procesal y con posterioridad se le corrió traslado de la elevación a juicio fijándose la audiencia en el marco del proceso; (b) que, previo a la audiencia se presentó la abogada renunciando al patrocinio de los imputados, alegando que lo hacía por pedido de uno de ellos y porque además perdió contacto con alguno de sus defendidos; que la renuncia fue formalmente aceptada con lo cual se postergo la audiencia y los imputados solicitaron la designación de un defensor oficial; (c) que, la denegación de la prueba ofrecida por la defensora oficial por entenderlas extemporáneas no es responsabilidad de su defendida en tanto la defensora debió ofrecerlas dentro del tiempo de su patrocinio; (d) que, la conducta procesal de su defendida bien pudo formar parte de una estrategia en defensa de sus defendidos -que no puede ser objeto de reproche- pues teniendo por delante el resto del proceso y la audiencia bienpudo creer que no resultaba conveniente aportar datos en ese momento procesal ; (e ) que, la renuncia efectuada antes de la audiencia fue clara en razón de la falta de contacto con algunos de sus defendidos y también es clara la conducta de los imputados que nada dicen contra su letrada y que piden una defensora oficial sin tener quejas respecto de quien abandonaba la defensa y; (f) la sanción impuesta no se condice con las constancias de la causa en tanto considera que no hubo conducta reprochable por parte de su defendida.

III. Que, corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta a fs. 345/349 y contesta el recurso deducido en autos.

IV. Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).

V. Que, en primer término, debe advertirse que siendo que el objeto del sumario administrativo es el análisis de la conducta profesional desplegada por la Dra. G. S. R.como abogada defensora de los imputados en la causa que tramito por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caratulada “Salvatierra, Brian Ezequiel y otros s/ art(s) 181:1 Usurpación (Despojo)-CP (p/L2303)”, deviene improcedente emitir pronunciamiento o valoración alguno respecto del acierto o error de las estrategias procesales intentadas por la matriculada para obtener la mejor defensa de los intereses de sus defendidos, tal y como lo intenta imponer la letrada en su recurso como fundamento de invalidez del acto cuestionado, sino que el análisis de aquellas se limitará a las cuestiones que hacen a la conducta ética de la recurrente, es decir respecto de la oportunidad en la cual presentara su renuncia a la defensa de los imputados en la causa penal, siendo que aquella, trajo aparejado la pérdida del derecho de ofrecer prueba y respecto de la cual, no obstante los argumentos vertidos para justificarla carecen de razonabilidad .

VI. Que, ahora bien, corresponde señalar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos.Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológicaprofesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Sala, in re: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006;. “Crescentini, Leticia Liliana c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47”, del 27 de abril de 2017; “Alvarez Alejandro Ramiro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 29 de agosto de 2017; “Noli Liliana Beatriz c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47″ , de l3 de octubre de 2017 y; Gilszlak, Marcelo Sergio c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 1 de febrero de 2018, entre muchos otros más).

En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la Ley n° 23.187 (esta Sala in re: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Alvarez Alejandro Ramiro”; “Noli Liliana Beatriz”; cit., en igual sentido, Sala I, in re: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III:”Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Crescentini Leticia Liliana”; “Gilszlak Marcelo Sergio”, cit., en igual sentido, Sala II, in re: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VII. Que, sentado ello, se debe destacar que, de la compulsa de la decisión impugnada y del escrito de interposición del recurso de apelación, se verifica que no está controvertido -en lo que aquí interesa-: que la matriculada -Dra. S. R. G. – mantuvo una relación profesional con los imputados -Figueroa, Palavecino, Linarello, Salas, Teseira, Olivera, Tevez y Salvatierra- en tanto fue designada abogada defensora de los mismos y que en el contexto de aquella relación, con fecha 15 de abril de 2015, el señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenó correr vista a la defensa particular en los términos del art. 209 CPPCABA, lo que así fue notificado con fecha 21 de abril de 2015 (confr. fs. 178/183 y fs.186); que, el 27 de mayo de 2015, se fijó audiencia en los términos del art. 210 CPPCABA, para el día 12 de junio de 2015, siendo notificada la misma con fecha 29 de mayo de 2015 (confr. fs. 187 y fs. 191); que, el 3 de junio de 2015, la matriculada renunció al patrocinio de los 8 imputados “.por solicitud de la madre de uno de ellos -Figueroa- y además por haber perdido contacto con los mismos desde hace aproximadamente tres meses”(confr. fs. 192); que, como consecuencia de ello, el 8 de junio de 2015 el Juzgado tuvo presente la renuncia formulada y asimismo, advirtió a la letrada que hasta tanto sea reemplazada debía continuar con la asistencia técnica de sus pupilos (confr. fs. 193), siendo notificada la letrada de dicha providencia con fecha 11 de junio de 2015(confr. fs.208); que, con motivo de la renuncia se suspendió la audiencia fijada para el 12 de junio fijándose una nueva para el 10 de julio de 2015 (confr. fs. 206/208); que, como consecuencia de la pretensión deducida por algunos de los imputados -esto es, que los imputados Olivera, Palavecino y Salvatierra solicitaron la designación de un defensor oficial- , el día 30 de junio de 2015, se suspendió la audiencia fijada para el 10 de julio y se designó un nuevo abogado defensor oficial, quien se presentó a fs. 240, asumió la defensa de los imputados y solicito se le conceda plazo para contestar el requerimiento de juicio presentado por la fiscalía a lo que no se le hizo lugar, toda vez que ya se había conferido dicho traslado por lo que se fijó una nueva audiencia para el día 8 de septiembre de 2015, la que fue dejada sin efecto (confr. fs. 259); que, a fs. 262 se fijó una nueva audiencia para el día 6 de octubre de 2015 la que se llevó a cabo conforme da cuenta el acta de audiencia (confr. fs. 269/272) y de la que surge: “que, la defensa que en aquél entonces ejerciera la asistencia técnica de los acusados, no ha ofrecido elemento probatorio. Por otro lado, en cuanto a las propuestas efectuadas por las defensas, habiendo precluído la instancia procesal oportuna para ofrecer prueba y no tratándose de elementos sobrevinientes, no correspo0nde hacer lugar a la admisión de tales elementos, por haber sido presentados extemporáneamente” (confr. fs.269/272).

Ello así, se impone observar con relación a las medidas requeridas y producidas por el Tribunal, que el acto cuestionado precisó que el apartamiento de la defensa por parte de la matriculada era evidentemente extemporáneo, desde que ya había dejado vencer el plazo para presentar pruebas y en ese sentido sostuvo que no se puede dejar inerme al defendido hasta la aceptación del nuevo defensor, lo que así le hizo saber el Juzgado en la oportunidad de proveer la renuncia formulada.

Y, allí también se observó que los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionan especialmente estas separaciones defensivas concretadas inmediatamente antes del debate para evitar que mediante este tipo de maniobras se dilate tal audiencia, que es lo que ha ocurrido en el presente caso aunque agravado por haber dejado precluir la etapa de ofrecimiento de pruebas negando de esta forma la debida defensa a los imputados y, respecto del recaudo de que el motivo del apartamiento de la causa sea razonable, entendió que tampoco se daba dichos extremos.

Y, advirtió que el escrito de renuncia presentado en el expediente judicial, y el silencio guardado por la letrada ante la sede del Tribunal de Disciplina importan el reconocimiento de los extremos que le fueron reprochados.

En efecto, la propia abogada manifestó que renunciaba como consecuencia del pedido formulado por la madre de uno de los imputados cuando sus pupilos eran 8, todos mayores de edad y además para justificar su renuncia indicó que había perdido contacto con sus defendidos desde hace tres meses aproximadamente, y en razón de ello debió haber renunciado antes y no esperar a que le corran vista y dejar precluir la etapa probatoria.

En tales condiciones, es fácil advertir que se encuentra acreditado -conforme las constancias reunidas- que la letrada no ejerció en debida forma la defensa de los intereses de sus defendidos y con los argumentos vertidos en su recurso, no logró probar la razonabilidad de su actuar tampoco desvirtuó el presupuesto de hecho que se le objetó -esto es haberdejado vencer los plazos para ofrecer la prueba que mejor haga al derecho de sus defendidos- los cuales carecen de una lógica fáctica y jurídica, por lo que, las manifestaciones vertidas en el escrito por el que pretende fundar su defensa -esto es que su conducta formaba parte de una estrategia procesal- contra el acto administrativo que le impuso una sanción pecuniaria, en modo alguno satisfacen lo dispuesto por el art. 265 del código procesal, que impone al apelante la obligación de formular una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal. En efecto, nótese que la apelante no se refiere concretamente a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada ni mucho menos a la razón por la que éstos resultarían errados, limitándose a reiterar su postura mediante lacónicas y genéricas afirmaciones desprovistas del necesario fundamento técnico jurídico, así como por la transcripción de argumentos autónomos que fueron objeto de debido y oportuno tratamiento en sede de la demandada, cuya relación con las circunstancias de la causa no resultan conducentes, todo lo cual resulta insuficiente a fin de constituir agravios serios y motivados. En tales condiciones, toda vez que -cabe insistir- la recurrente no refutó concretamente los fundamentos en que se sustenta la sentencia nº 189, de la Sala I, del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, corresponde se declare desierto el recurso interpuesto (art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y se confirme la sentencia apelada, con costas, desde que no se verifica circunstancia alguna que justifique apartarse del principio rector de la derrota (art. 68, primer párrafo del código citado).

En virtud de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa deducido en autos, con costas a la parte actora (conf.art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dr. Darío Angel Busso- en la suma de pesos.$.- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo. Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel). En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certifica das por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite. Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO G. FERNANDEZ