Se impone una multa a empresa prestadora de servicio eléctrico, por los reiterados cortes de luz sufridos por los usuarios

Partes: Casares Eduardo Vicente y otros c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 4-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114108-AR | MJJ114108 | MJJ114108

Se impone a la prestadora del servicio de energía eléctrica una multa por daño punitivo, dada su conducta de grave despreocupación para con el usuario. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde otorgar una indemnización por daño moral a los actores dado que los reiterados cortes de luz -que totalizaron 223 horas y 8 minutos sin servicio- proyectan consecuencias negativas, no sólo en el patrimonio del damnificado sino también en su ánimo y por ende, es lícito hacerse eco de la preocupación del constituyente fijando sumas representativas de la afectación de la persona y del ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

2.-El art. 52 bis de la LDC., con las modificaciones introducidas por la Ley 26.361 , prevé expresamente la multa civil en ese estricto ámbito, para el caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.

3.-Los daños punitivos son excepcionales, en tanto el obrar del responsable de causar el daño debe haber sido particularmente grave sin que sea necesario que medie un factor subjetivo de atribución, sino que basta una conducta objetivamente descalificable, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 181, concedido en relación a fs. 183, fundado a fs. 184/187 y vta. y contestado a fs. 189/205, contra la resolución de fs. 176/180, Y CONSIDERANDO:

I. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Diana Lidia Rosa Rojas y Eduardo Vicente Casares y condenó a Edesur S.A. al pago total de $ 17.200, con más sus intereses y costas; ello, en concepto de indemnización por el corte de suministro de energía eléctrica que sufrieron los actores durante 2012 y 2013 (fs. 176/180).

Surge de las constancias de autos que los actores tienen su domicilio en el inmueble sito en la calle Boulgone Sur Mer n° 279 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y son usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica prestado por Edesur S.A. También se encuentra acreditado que en diciembre de 2012 y enero de 2013 sufrieron diversos cortes del servicio de energía eléctrica que totalizaron la cantidad de 223 horas y 8 minutos (ver prueba informativa producida a fs. 169).

Considerando lo expuesto, los accionantes cuestionan la sentencia en punto al monto concedido en concepto de daño moral (fs. 184 vta., punto II) y al rechazo del daño punitivo (fs. 184 vta., punto III y ss.).

II. Respecto del daño moral, valuado por el a quo en la suma de $ 6.000 para cada actor (fs. 179, considerando VI acápite b), los apelantes solicitan se eleve la condena a la cantidad de $8.000, tal como fue solicitado en la demanda (fs. 12).

En este contexto, la queja del apelante referida a la insuficiencia de la suma otorgada por daño moral debe ser admitida. En efecto, el art. 42 de la Constitución Nacional dispone que todo consumidor o usuario es acreedor de un trato igualitario y digno.La finalidad del precepto es evitar que el particular quede desamparado frente a la posición contractual que tiene la empresa concesionaria del servicio público.

Es evidente que los reiterados cortes de luz (desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 17 de enero de 2013, que totalizaron 223 horas y 8 minutos sin servicio) proyectan consecuencias negativas, no sólo en el patrimonio del damnificado sino también en su ánimo. Por ende, es lícito hacerse eco de la preocupación del constituyente fijando sumas representativas de la afectación de la persona y del ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

La protección de los actores, de acuerdo con los hechos acaecidos, sólo puede otorgarse con el reconocimiento de una suma razonable en concepto de daño moral.

Sentado ello, y haciendo mérito de la cantidad de horas que los accionantes estuvieron sin suministro eléctrico se estima adecuado elevar el monto en concepto de daño moral a la cantidad de $ 8.000, para cada uno.

III. Cabe tratar ahora el rubro “daño punitivo”.

Se recuerda que el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361, prevé expresamente la multa civil en ese estricto ámbito, para el caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.

Pues bien, en este aspecto el Tribunal ya expuso que, además, del incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, es imprescindible la existencia de una justificación jurídica adicional, esto es, el reproche que se exige a la conducta del agente dañador (confr.esta Sala, causas 1071/2012/CA1del 07/08/15, 346/2013/CA1 del 22/4/2016 y 5476/2013/CA1 del 18/10/16).

En efecto, los daños punitivos son excepcionales, en tanto el obrar del responsable de causar el daño debe haber sido particularmente grave sin que sea necesario que medie un factor subjetivo de atribución, sino que basta una conducta objetivamente descalificable, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio.

Pues bien, aplicando las consideraciones precedentes al caso sub examen, se advierte que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica desarrolló la conducta referida en el párrafo anterior, que conllevó una actitud de manifiesta indiferencia hacia los derechos o intereses de terceros.

En efecto, se registraron cortes de luz con frecuencia, algunos de ellos durante lapsos prolongados (en fechas festivas y feriados), como -por ejemplo- desde el 7 de diciembre al 11 del mismo mes, desde el 25 al 27 del mismo mes, y de casi dos días completos a partir del 14 de enero de 2018 (fs. 169).

A ello debe agregarse el hecho de que, según lo informa el propio Ente Nacional Regulador de la Electricidad a fs. 132/136, EDESUR no dio una adecuada solución al problema de los usuarios, por lo que concluyó que la distribuidora obró negligentemente, advirtiendo de esta manera que el comportamiento de aquélla fue contrario al obrar que le exige tanto el Reglamento de Suministro, cuanto el Contrato de Concesión.

Y ello quedó corroborado, en autos.Véase que la empresa prestadora del servicio público no invocó -ni mucho menos demostró- la existencia de circunstancias que le impidieran adoptar medidas razonables para paliar la situación perjudicial a la que se vieron expuestos los usuarios y no es un argumento atendible para justificar la conducta de la demandada la inviabilidad de brindar un servicio sin interrupciones, ya sea por factores estacionales o por circunstancias coyunturales (como las vinculadas con la necesaria relación entre inversiones y tarifas) habida cuenta de que la empresa no justificó que, aun en tales condiciones, no resultó posible adecuar su conducta a las pautas que le son exigibles como prestadora de un servicio público imprescindible para la vida de las personas (esta Sala, causa n° 5476/2013/CA1 del 18/10/16, ya citada).

En definitiva, una conducta como la descripta (que se traduce en una actitud de grave despreocupación del prestador del servicio ante el eventual resultado perjudicial para con el usuario) conduce directamente a la aplicación de la multa civil reclamada en autos.

IV. Pues bien, y a los fines de cuantificar el monto de la sanción, se hará especial hincapié en la gravedad de la falta cometida por el demandado, en la posición de mercado del infractor (lo que conlleva un ejercicio abusivo de la posición de superioridad en la que las grandes empresas se encuentran respecto del individuo particular) y la consideración de los efectos que la sanción a aplicar tendrá en la resolución de casos posteriores similares; es que, la cantidad de causas judiciales en trámite por apagones registrados en el mismo período hace inevitable, para este Tribunal, considerar dicha circunstancia para no generar un daño mayor al que se quiere evitar.

Con fundamento en las concretas consideraciones supra expuestas, corresponde declarar procedente la aplicación de la multa civil prevista en el art.52 bis de la ley 24.240 -modificada por la ley 26.361-, la que se fija en la suma de $ 15.000.

Dicha suma será única para los actores, pues la “multa civil” lleva implícita la idea de castigo o sanción para el responsable del daño por la conducta antijurídica observada, que es una sola, más allá de la cantidad de personas que vivían en el departamento que sufrió el corte de luz.

Para finalizar, resta efectuar dos aclaraciones.

En un primer orden de ideas, la reiterada cita que se vislumbra en los distintos expedientes en trámite de la causa N° 5.719/12 “Roldán”, sentenciada por esta Sala el 3 de septiembre de 2015 y erigida por los letrados en una suerte de leading case en la materia, no implica per se que los daños punitivos deban ser aplicados siempre que se verifique una interrupción del suministro de energía eléctrica, sino que debe atenderse a las circunstancias particulares de cada caso sometido a juzgamiento.

En segundo término, no escapa al Tribunal que el acotado marco probatorio propio del proceso sumarísimo no siempre es el mejor ámbito para debatir la procedencia de los daños punitivos, mas se concluye que las constancias obrantes en el expediente revisten entidad suficiente para tener por acreditados los extremos que hacen procedente la aplicación de la multa civil.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

Modificar el pronunciamiento apelado, elevando el daño moral a la cantidad de $ 8.000 para cada uno de los actores y declarar procedente la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 por la suma de $ 15.000. Costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente (art. 109, del RJN):

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

RICARDO GUSTAVO RECONDO

GRACIELA MEDINA