Comentario al precedente Páez Alfonzo Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y otro s/indemnización por fallecimiento

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 7-nov-2018

Cita: MJ-DOC-13755-AR | MJD13755

Sumario:

I. Introducción. II. La relación de causalidad. III. El daño resarcible.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

I. INTRODUCCIÓN

En este precedente la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue cerrando el círculo interpretativo de la ley 26.773 que generó grandes discusiones doctrinarias y una verdadera dispersión jurisprudencial a partir de diversas cuestiones que fueron introducidas en la mencionada norma.

En este contexto, se podría decir que los precedentes más relevantes han sido «Urquiza»(1) y «Faguada»(2) en cuanto a la competencia derivada de acciones de la ley cuando se pretenden reparaciones que exceden el marco intrasistémico de las leyes de riesgo del trabajo, «Espósito»(3) en cuanto a la vigencia de la ley y «Marando»(4) en cuanto a la eventual inconstitucionalidad del IBM previsto en el art. 12 de la ley 24.557 con anterioridad a la reforma al mismo introducida por la ley 27.348 . Seguramente el lector podrá considerar que existen algunos otros precedentes destacables lo que es probable pero a los efectos del trabajo estos precedentes resultan suficiente referencia para el sentido que se pretende dar al mismo.

Ahora bien, el precedente a comentario se enmarca entre los fallos relevantes que, como dije, tienden a cerrar un círculo interpretativo de las normas de dicha ley que no está totalmente cerrado.

El núcleo del problema era la interpretación de la redacción del art. 3 de la ley 26.773 y si el adicional del 20% previsto en la misma alcanzaba a los accidentes de trabajo denominado «in itinere» o «accidente de trayecto» como lo denomina el art. 1 del Protocolo del año 2002 al Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981- con entrada en vigor el 09 febrero 2005 – ratificado por nuestro país mediante ley 26693 con vigencia a partir del 13 enero 2014.

Dos eran los aspectos a discutir en relación a esta norma.El primero -que es el que establece el fallo- es el alcance de la norma en cuanto a interpretar que es estar «a disposición» del empleador y si el término incluye el accidente «in itinere». Es claro que como toda oración -las normas jurídicas son simplemente una oración- es siempre necesario asignarle un sentido que en el sistema legal corresponde a los jueces y cuyo último intérprete es siempre el máximo organismo del Poder Judicial -en este caso la CSJN- El segundo, es sobre, si se entiende que existe una distinción entre ambos supuestos y por tanto el trabajador «in itinere» no percibe ese adicional del 20% , la validez constitucional de la misma -este segundo aspecto no está resuelto en el fallo-.

En primer lugar, siempre es bueno recordar que todo sistema de reparación de daños se asienta sobre:

a) Una relación de causalidad establecida en la norma.

b) Un factor de imputación de responsabilidad.

c) El daño resarcible y su cuantificación.

El fallo lo que resuelve es la relación causal indemnizable conforme el texto del art. 3 de la ley 26.773.

II. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

La relación de causalidades es la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso. Es decir, es el efecto del obrar antijurídico imputable que reviste en consecuencia el carácter de causa. El concepto de causalidad es eminentemente lógico. Involucra una referencia, una conexión entre dos procesos: la causa por un lado y el efecto o resultado por el otro, establecido por el sistema normativo. En nuestro caso la relación causal es la existencia de un daño sufrido conforme la definición del inciso c) del artículo primero del Protocolo 2002 al C 155 de OIT.En tal sentido, se entiende que el término «accidente de trayecto» designa los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y (i) la residencia principal o secundaria del trabajador; (ii) el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o (iii) el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración

El fallo de ninguna manera se aparta de esta definición dado que reconoce la existencia de una daño indemnizable en este supuesto -es más eso estaba fuera de cuestión-. Siempre es necesario recordar la distinción de Kelsen entre la relación de causalidad del mundo físico y del mundo jurídico. En tal sentido, debe distinguirse la causalidad del mundo físico con el de imputabilidad, que es la causalidad del mundo jurídico. La causalidad del mundo físico se puede analizar desde la psicología, la etnología o la sociología, basada en la idea de un nexo causa-efecto físico. Por el contrario, la imputabilidad es la relación causal establecida por la norma que en el plano del deber ser limita la conducta humana y prescribe la requerida, estableciendo como consecuencia del juicio hipotético que relaciona algo que es condición con algo que es consecuencia.

Así, no sólo es un problema del derecho sino también científico y filosófico, ya que la determinación de los hechos que se considerarán como causales que justifiquen la imputabilidad depende de la discrecionalidad del legislador en la elección del método elegido para establecer la relación de causalidad.En definitiva, la relación de causalidad establece cuáles son los sujetos que tienen el carácter de agente productor del daño y agente dañado y también, cuál será el daño que se reconoce como indemnizable, que es el aspecto central del fallo.

Es claro que en el caso del accidente «in itinere» los presupuestos normales de la responsabilidad civil no se configuran dado que en ellos para establecer esta relación de causalidad es necesario formular un juicio de probabilidad en base a la imputabilidad del sujeto dada su conducta o actividad que causan un año a otro. Es decir, En materia de causalidad, para establecer la causa de un daño es necesario formular un juicio de probabilidad, determinando que aquel se halla en conexión de causalidad adecuada con el acto ilícito (o antijurídico, aunque pueda ser lícito en sí), o sea, que el efecto dañoso en el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. En este sentido tanto el Código de Vélez, como el nuevo Código Civil y Comercial configuran el nexo causal a partir del concepto o idea de causalidad adecuada -el primero en sus arts. 901 y 906 y el último en sus arts. 1726 y 1736 CCC-. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: este debe haber sido causado por aquella. La relación entre el daño y el factor de imputabilidad es lo que debe realizarse en base a ese juicio de probabilidad abstracto.

En el caso del accidente «in itinere» el empleador como la aseguradora carecen de toda probabilidad tanto de causar como de evitar el daño.Simplemente responden por el hecho previsto en la norma y es que el trabajador se dirija hacia su lugar de trabajo o desde el mismo a su domicilio o residencia habitual.

En este contexto el fallo, reitero, encuadra en los preceptos de la norma internacional como local ya que no se desconoce ni se cuestiona que todo daño en ese contexto fáctico es resarcible.

III. EL DAÑO RESARCIBLE

Ahora bien, se puede definir al daño como todo menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio -en nuestro caso los daños físicos- y que debe subsistir al momento de ser resarcido. En el caso que se comenta la Corte entendió que, si bien el accidente «in itinere» es una relación causal indemnizable conforme los términos del art. 3 de la ley 26.773, la extensión de su resarcimiento no está alcanzado por ese 20% adicional previsto en la norma dado que no considera que el trabajador este a disposición del empleador cuando viaja hacia o desde su trabajo. Así, comprende el término «a disposición» los casos donde el trabajador desempeña sus tareas bajo la supervisión y control del empleador. En igual sentido la SCBA entiende que el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo se limita al comprendido entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa y por tanto el accidente «in itinere» no se encuentra en el en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra «a disposición» del principal.(5)

Así, en el marco de un sistema de cuantificación legal del daño la extensión del mismo excluye la prestación adicional prevista para las enfermedades profesionales y accidentes ocurridos en el ámbito del trabajo o cuando el trabajador estaba en un ámbito bajo el control del empleador.

En igual sentido se ha expedido la SCBA al sostener que en el caso de un accidente «in itinere» no corresponde la prestación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación(6).

Los fundamentos de dicha exclusión para el Máximo Tribunal provincial son que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto extra equivalente al veinte por ciento de las sumas previstas en el régimen, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, parece ser la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil. Ello posibilita interpretar que el accidente «in itinere» no se encuentra alcanzado por la norma, porque es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos con susten to en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028 , causas L. 83.880, «Monesiglio», sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, «Gómez», sent.de 10-III-2011).

Así, para finalizar el trabajo quedará por resolver la constitucionalidad de la distinción hecha por la CSJN si eventualmente el planteo es sometido a su consideración dado que la SCBA ya ha tomado una clara decisión en esta cuestión conforme lo detallado previamente.

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(1) CSJN «Urquiza Juan Carlos C/ Provincia ART S.A.»MJJ92383,

(2) CSJN «FAGUADA CARLOS C/ ALUSHOW Y OTROS S/ DESPIDO. MJJ108519

(3) CSJN «Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART S.A.» MJJ98992

(4) CSJN «Marando Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S.A.» MJJ106544

(5) SCBA LP L. 120170 S 29/08/2018 Fleita, Matías Eduardo contra Provincia A.R.T. S.A. .Accidente de trabajo – acción especial.

(6) SCBA LP L. 120170 S 29/08/2018 Fleita, Matías Eduardo contra Provincia A.R.T. S.A. .Accidente de trabajo – acción especial.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de la UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.