Debe comprobarse si la actividad comercial de una empresa que vende productos de limpieza es nociva para la salud de un menor discapacitado.

Partes: P. V. L. c/ Á. L. F. y otro s/ medidas precautorias

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 1-nov-2018

Cita: MJ-JU-M-115370-AR | MJJ115370 | MJJ115370

 

Se ordena comprobar si la actividad comercial de una empresa que se dedica a la venta de productos de limpieza es nociva para la salud de un menor discapacitado.

Sumario:

1.-La resolución del juez que denegó la medida precautoria que solicitaba el cese de la actividad comercial del demandado -venta de artículos de limpieza- por resultar según la actora nocivo para la salud de su hijo discapacitado debe revocarse y disponer medidas a fin de que se establezca si los productos son dañinos para la salud de los reclamantes que habitan en la unidad superior, dado que se trata de un supuesto en el cual se encontraría comprometido el derecho a la salud de los pretendientes, así como la integridad psicofísica de un menor de edad con discapacidad.

Fallo:

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Vienen los autos a conocimiento de la sala con motivo de la apelación interpuesta por la pretendiente y la Defensoría de Menores contra la resolución de fs. 146/148, en tanto desestimó la tutela anticipada requerida en el marco de la acción preventiva promovida, por no existir -a criterio del a quo- elementos de convicción que permitan tener por configurada la verosimilitud del derecho invocado en el grado que requiere el dictado de una medida como la solicitada.

Los recursos se encuentran fundados con el memorial de fs. 154/156 y el dictamen de la Defensora de Cámara de fs. 164/165, en procura de que se revoque la decisión y se disponga la medida anticipatoria pedida en la demanda.

Vale decir, el cese de toda actividad comercial en el local del demandado, con el fin de evitar los daños que las sustancias tóxicas que se manipularían en el lugar de venta de artículos de limpieza y desinfección, provocarían en la salud de la actora y de su hijo menor de edad (con discapacidad), que viven en la unidad superior (v. punto IV y ss. del escrito inicial de fs. 135/145).

II.- El Código Civil y Comercial vigente contempla la función preventiva de la responsabilidad civil, aplicable tanto al campo patrimonial como extrapatrimonial, en los derechos personalísimos, en los contratos, es decir, le reconoce un ámbito muy amplio (art. 1710) y luego establece los requisitos sustantivos para su procedencia (art. 1711), mencionando cada presupuesto de la responsabilidad. Debe probarse la autoría (acción u omisión), la amenaza del daño y el nexo causal entre esa amenaza y el interés del titular. No es exigible, en cambio, la concurrencia de ningún factor de atribución. Ello da lugar a un proceso con la finalidad de detener el curso dañoso, durante el cual se pueden pedir medidas cautelares que adelantan el tiempo del proceso.La denominada tutela sustancial inhibitoria tiene como objeto directo la prevención del daño mediante una orden para impedir o bien para que cese la causa de su producción (conf. Jorge Mario Galdós en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Dir. Lorenzetti, R. L., t. VIII, págs. 305 y ss.) Dentro de la provisionalidad que permite este marco cautelar, por tratarse en el caso de un supuesto en el cual se encontraría comprometido el derecho a la salud de los pretendientes, así como la integridad psicofísica de un menor de edad -con discapacidad (v. certificado de fs. 74)-, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio, ya que está en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado reiteradamente el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destacó la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas (C.S.J.N. Fallos 321:1684; 323:3229; 324:772: y 677); como por otra parte, que la protección y asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública en nuestro país (CSJN, 8-6-04, “Martín, Sergio G. v. Fuerza Aérea Argentina”, JA, 2005-II-333).

No puede pasar inadvertido que luego de la reforma del año 1994, en consonancia con diversos tratados internacionales (arts. 4 y 5, inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; arts. 6, 12, 23, 24, 26 y cc. de la Convención sobre Derechos del Niño; arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”; arts. VII y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 6 inc. 1° y 24 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 10 inc.3° y 12, inc. c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art.

25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), el derecho a la salud tiene jerarquía constitucional (art. 42 CN), extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva (Fallos: 323:1339 ; 326: 4931 ). En ellos se reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, como así también el deber de los estados partes de procurar su satisfacción.

Además, existen expresas referencias al derecho a la salud en el art. 41 que contempla el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. No se trata de un derecho a estar sano, sino del derecho a disponer de condiciones propicias y adecuadas de forma que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud.

III.- Desde la perspectiva expuesta, de acuerdo con el conocimiento meramente provisional que permite la cuestión y según surge de la documental aportada, entre los antecedentes del caso cabe valorar que a partir de noviembre de 2014 tomó intervención la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez con motivo de los síntomas que presentaba el hijo de la actora, provocados presumiblemente por la exposición a olores irritantes de sustancias derivadas de hidrocarburos, que provendrían del negocio de la planta inferior de la vivienda dedicado al fraccionamiento y venta de productos de limpieza como posible fuente de emisión que justificara los hallazgos de laboratorio en todo el grupo familiar conviviente – hijo, madre y abuela- (fs.10, 18, 25, 26 y 72); que desde dicho centro de atención hospitalaria se dio intervención a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de esta Ciudad, que previa mediciones (los días 9 y 29 de septiembre de 2016) de eventuales compuestos orgánicos volátiles contaminantes en el aire de la habitación del frente de la vivienda de la actora (en ambos casos con ambiente confinado), informó que las muestras procesadas presentaban para los contaminantes evaluados (Benceno, Tolueno, Xileno, o-Xileno, n-Hexano y Etilbenceno) valores dentro de los rangos adoptados como admisibles (según Decreto PEN 831/93), aunque en la última oportunidad también se dejó constancia de haberse percibido en el lugar “un olor muy fuerte, penetrante y sofocante, similar al que emanan los productos de limpieza varios, ‘relacionable’ con la actividad de la fuente evaluada” (fs. 63/67); y que las partes de autos asistieron a varias audiencias de mediación en sede administrativa del Gobierno local con motivo de “olores molestos”, en cuyo marco el emplazado se habría comprometido a envasar los productos de limpieza en otro domicilio, a la par que manifestó que estaría realizando una “aislación del techo del local” contiguo al departamento de la actora (en agosto de 2017, fs. 43/54).

Sin embargo, pese a los antecedentes referidos y más allá de la innegable necesidad de conjurar el peligro actual o potencial para la salud y la calidad de vida de las personas en caso de comprobarse la existencia y fuente de las anormales emanaciones tóxicas contaminantes, advierte el Tribunal que la verosimilitud que sería menester acreditar para acceder a la tutela pretendida, remite a la consideración de elementos complejos de hecho y científicos que es indispensable debatir y esclarecer previamente; al menos en forma sumaria y con audiencia de la contraria para no afectar el debido ejercicio de su derecho de defensa; máxime por la importancia de los efectos que encerraría la medida solicitada.Este extremo debió ser advertido por el anterior juzgador, pues de él dependía la valoración del fummus bonis juris exigido en estos casos, en que la medida requiere una etapa de cognición abreviada, previa a su dictado. Sólo así podrá dictarse una resolución provisional, razonablemente fundada (art. 5 CCyC), en el marco de los parámetros que establece el art. 1713 del ordenamiento sustantivo: “el criterio de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad”, pautas éstas que deben ser observadas aun cuando se trata de medidas cautelares, naturalmente provisionales y modificables, en la medida que con ellas se procura un anticipo de la sentencia definitiva.

IV.- En las condiciones expuestas, el rechazo adoptado por el juez subrogante sin permitir la demostración sumaria de los extremos necesarios que exigía la tutela de los derechos en juego, resultó cuanto menos prematuro, por lo que se habrá de revocar la decisión y disponer que en la instancia de grado se produzca la declaración testifical propuesta por la pretendiente en el marco cautelar, así como el correspondiente informe técnico mediante la designación de un perito único de oficio -especialista en la materiao a través de la institución pertinente que cuente con profesional idóneo y el equipamiento necesario, que permita determinar de manera adecuada y con base científica la calidad del aire y su toxicidad en la vivienda de los actores, como -en su caso- la fuente de las eventuales emisiones contaminantes y las medidas técnicas que en hipótesis pudieren ser necesarias para conjurar en lo inmediato el daño que se quiere evitar; todo ello previa audiencia del demandado y en el menor tiempo posible que consienta la naturaleza de los hechos y la importancia de los derechos involucrados.

Conforme lo ha sostenido la Corte Federal, una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor “eficacia” de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidadradica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía (CSJN fallo del 06/12/2011, en la causa “Pardo, H. P. y otro c/Di Césare, L. A. y otro s/art. 250 CPC”); en especial cuando el anticipo de jurisdicción tiende a remediar un agravio a la integridad de la persona, tutelada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 5.1 y 10, 17 y 25 respectivamente).

Con el resultado de las disposiciones apuntadas y las que el magistrado interviniente considere imprescindibles, que se deberán cumplir sumariamente, a los fines de asegurar la tutela judicial efectiva deberá dictarse un nuevo pronunciamiento en la instancia de grado respecto de la medida anticipatoria requerida por la parte recurrente, determinando -en su caso- sus alcances.

No obstante la solución que se impone, no corresponde modificar la radicación originaria del expediente, por cuanto se advierte que el juzgado de origen se encontraba vacante y cuenta en la actualidad con un nuevo magistrado titular.

Por lo expuesto y oída la representante del Ministerio de la Defensa en esta instancia, SE RESUELVE: Revocar con estos alcances el pronunciamiento de fs. 146/148 en cuanto desestima la medida cautelar solicitada; debiendo adoptarse en la instancia de grado las disposiciones pertinentes de acuerdo con las pautas del punto IV. Sin costas de alzada por no haber mediado sustanciación.

Regístrese, notifíquese a la recurrente en su domicilio electrónico (Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN) y a la Defensora de Cámara en su despacho. Fecho, cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase. Por hallarse vacante la vocalía nro.20 integra la Sala la Dra. María Isabel Benavente (conf. Res. 707/17 de esta Excma. Cámara).

CARLOS ALFREDO BELLUCCI

JUEZ DE CAMARA

CARLOS CARRANZA CASARES

JUEZ DE CAMARA

MARIA ISABEL BENAVENTE

JUEZ DE CAMARA