La aplicación literal del art. 12 ap. 1 LRT conduce a un resultado irrazonable que no representa la pérdida de ganancia del trabajador

Partes: Espinola Luis Antonio c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ enfermedad profesional

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 4-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-113235-AR | MJJ113235 | MJJ113235

La aplicación literal del art. 12 apartado 1 LRT conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable que no representa la pérdida de ganancia del trabajador, contrariando los arts. 28 y 19 CN.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que decretó la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 24.557, ya que dicha norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes y el deber de reparar el daño injusto, en tanto de las conclusiones del veredicto surge que la diferencia entre calcular el ingreso base del actor teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante y hacerlo, en cambio, tomando en consideración el momento en que la indemnización fue pagada, es notoria e importante.

2.-Debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 24.557 toda vez que la aplicación literal de lo dispuesto en la norma conducía a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador, todo lo cual contraría lo dispuesto en los arts. 28 y 19 de la CN..

3.-Corresponde declarar bien concedido el recurso deducido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la Ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la Ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por la Suprema Corte en la causa L. 118.131, ‘Vaccaro’ .

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 4 de julio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Pettigiani, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.987, “Espinola, Luis Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional”.

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 205/209 vta.).

Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/219 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que el señor Luis Antonio Espinola, a consecuencia de las tareas desarrolladas como docente en la escuela EGB n° 33 “Tomás Espora” del partido de Esteban Echeverría, contrajo disfonía funcional irreversible, que le provoca una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 17,75% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 205).

En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de mérito definió el importe del ingreso base mensual previsto en el art. 12 de la ley 24.557 computando la totalidad de los haberes brutos consignados en los recibos obrantes en la causa, toda vez que, expresó, no obstante haber plasmado la empleadora algunas expresiones genéricas sólo afincadas en la denominación unilateralmente asignada a ciertos conceptos de pago, no había producido prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente al actor como contraprestación laboral (v. vered., fs.205 vta.).

En la sentencia, declaró la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557, en cuanto al establecer que correspondía tomar los haberes percibidos por el accionante durante el año anterior a la primera manifestación invalidante en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la fecha en que la prestación dineraria le fue abonada por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa, genera una diferencia económica muy significativa que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador (v. fs. 207).

En este último aspecto, entendió el a quo que la aplicación literal de la norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes -art. 28, Const. nac.- y el deber de reparar el daño injusto -art. 19, Const. nac.- (v. fs. 207 y vta.).

A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a Luis Antonio Espinola el importe de $58.009,28, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 207 vta. in fine/208).

II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

En lo sustancial de su crítica controvierte, aunque equivocando los alcances con que fue declarada la inconstitucionalidad de la norma, lo resuelto en torno al art. 12 de la ley 24.557 por dos órdenes de motivos:a) por el modo como se determinó el “salario base”, al haberse tomado en consideración la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por el actor y no como lo establece la ley, esto es, computando los ingresos sujetos a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y, b) por utilizar el sentenciante el hito temporal de la fecha de pago de la prestación dineraria para realizar la liquidación de la indemnización sistémica, apartándose así de lo específicamente consignado en la norma, en cuanto determina que debe tenerse en cuenta la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante, o bien, el momento en que fue denunciada la contingencia ante la aseguradora de riesgos del trabajo.

Aduce que el tribunal de grado no interpretó el objeto del pleito, el cual se vinculó a una “diferencia de indemnización” y no a un reclamo de un nuevo resarcimiento, cuyo resultado gravoso -afirma- implicó en el caso una actualización encubierta.

Argumenta que los plazos contenidos en la ley 24.557 no pueden entenderse discrecionales en beneficio del deudor, pues el régimen especial contemplado en dicha normativa pivotea sobre tres factores que componen la ecuación:el porcentaje de incapacidad, el salario del trabajador y la edad a la fecha de los acontecimientos.

Por otra parte, alega que las notas que definen a un rubro como remunerativo son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, sin que, en el caso, corresponda agregar las sumas provenientes del “incentivo docente”, “salario familiar” y “bonificaciones”, que no revisten tal carácter.

Señala que el salario que debe tomarse en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por la ley 24.557 se calcula incluyendo los rubros que componen la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos.

Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos como consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.

III. El recurso no prospera.

III.1. De manera liminar se impone destacar que el presente medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, “Vaccaro” , resolución de 3-XII-2014.

III.2. Luego, cabe resaltar que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art.278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141; Acordada 3803/16-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.

En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re “Strada” y 311:2478 in re “Di Mascio” )- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, “Kaufmann”, sent. de 21-IX-2011).

Es que, estando en debate una cuestión federal, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no podrían vedar el acceso a esta Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (causa L. 89.651, “Salum”, sent. de 11-VII-2012).

III.3. Aclarado ello, advierto que el embate que porta la queja a la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 debe rechazarse.

III.3.a. En el caso, el tribunal de grado sostuvo que dicha norma se encontraba reñida con el principio de razonabilidad de las leyes y el deber de reparar el daño injusto, en tanto de las conclusiones del veredicto surgía que la diferencia entre calcular el ingreso base del actor teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante y hacerlo, en cambio, tomando en consideración el momento en que la indemnización fue pagada, era notoria e importante (v. fs.207).

Asimismo, con sustento en diversos fallos de la Corte Suprema que citó, entendió que las compensaciones de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagadas y, en ese sentido, conforme el art. 31 inc. “b” de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador), juzgó que la indemnización especial de los daños laborales debía al menos alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, debiendo evaluarse la razonabilidad y suficiencia de su monto (v. fs. 207 vta.).

A partir de ello, concluyó que la aplicación literal de lo dispuesto en el art. 12 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo conducía a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador y contrariaba lo dispuesto en los arts. 28 y 19 de la Constitución nacional (v. últ. fs. cit.).

III.3.b. Estas esenciales definiciones deben permanecer inmodificables, pues no encuentro que los motivos esgrimidos por el recurrente conmuevan los sólidos argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no contemplar una metodol ogía de cálculo que se ajuste a parámetros que permitan arribar a un resultado razonable.

III.3.c. En otro orden, el cuestionamiento dirigido a censurar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva (en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.

Esto es así porque la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho (ausencia de prueba sobre la naturaleza remunerativa de las sumas abonadas al actor) y de la interpretación y aplicación del derecho común (v. vered., fs. 205 vta.), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, “Pereira”, resol. de 16-IV-2008 y L.109.466, “Silveiro”, resol. de 29-XII-2009).

Obsérvese, en este orden de ideas, que el sentenciante -al momento de realizar el cómputo del ingreso base a los fines establecidos en el art. 12 de la ley 24.557- se limitó a indicar, en lo que aquí interesa, que la empleadora no había producido “prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente a Espínola por su prestación laboral”, especificando que de dicha deficiencia se seguía “la improcedencia de excluirlas del cálculo legal” (fs. cit.).

En consecuencia, la exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 se impone nítida, toda vez que las doctrinas que el impugnante denuncia como transgredidas no guardan correspondencia con las motivaciones delájuzgador de gradoáque han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a que mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento, razón por la cual su invocación no luce idónea (causas L. 91.650, “Cobran”, sent. de 22-X-2008; L. 94.478, “Bulacio”, sent. de 18-XI-2008; L. 97.413, “Di Filippo”, sent. de 26-X-2010; L. 101.320, “Martínez”, sent. de 15-XII-2010; L. 105.417, “García” , sent. de 4-IV-2012; L. 101.909, “Garritano”, sent. de 9-V-2012 y L. 115.717, “Mestre”, sent. de 8-V-2013; e.o.).

Asimismo, estimo oportuno recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, “Rolón”, resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, “Robles”, sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, “Larrea”, resol. de 18-XI-2015; e.o.).

IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art.289, CPCC).

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. Adhiero a lo manifestado por la doctora Kogan en el punto III.1 de su voto.

I.2. Luego, y como lo expresa mi distinguida colega en su sufragio, en el caso, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, “García”, sent. de 8-V-2013; L. 116.431, “Velázquez”, sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, “López”, sent. de 13-V-2015).

No obsta a lo señalado las afirmaciones que despliega el interesado para sortear el recurso de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto, pues -en sus distintas variantes- se estructuran en torno a argumentos genéricos que, así diseñados, no abastecen la carga de evidenciar que conforme a las constancias particulares del caso, se configure un supuesto que conduzca a analizar el recurso en su más amplio marco de revisión.

I.3. Sentado lo anterior, cabe desestimar la impugnación referida a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, realizada por el tribunal, desde que la única doctrina que el impugnante denuncia como conculcada se vincula con el principio de congruencia, no resultando hábil para justificar la apertura de esta instancia casatoria en el estrecho ámbito de cognición que prevé el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 98.699, “Juarez”, sent. de 21-XII-2011; L.115.449, “Gamaleri” , resol. de 5-VIII-2014; L. 111.776, “Vanetti”, sent. de 25-II-2015; L. 108.383, “Acosta”, resol. de 15-IV-2015 y L. 118.766, “Clemente”, resol. de 28-X-2015).

I.4. Finalmente, adhiero a lo señalado por la ponente en el cuarto párrafo del punto III.3.c. de su voto.

II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Así lo voto.

Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, “Vaccaro”, resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.

I.2. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en tales términos, adhiero a lo expresado por la doctora Kogan en el punto III.1 y III.2 de su sufragio.

I.2.a. Luego, si bien se revela nítido que en su crítica el interesado no se ocupa de rebatir las razones expresadas por el tribunal de grado para descalificar constitucionalmente al art.12 de la ley 24.557, debo decir, como lo he hecho en otras oportunidades, que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes no puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, “Ramírez da Silva”, sent. de 21-V-2003; L. 78.229, “Medinilla”, sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791 “Santecchia” , sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.

En ese contexto, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los sólidos argumentos expuestos por el tribunal de trabajo para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo por ser violatorio del derecho de propiedad, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.

I.2.b. Finalmente, suscribo lo manifestado por la colega que inicia el acuerdo en el punto III.3.c. de su voto para desestimar el agravio por el que se objeta que el sentenciante incluyera -para determinar el valor mensual del ingreso base- a los haberes brutos percibidos por el actor.

Así lo voto.

El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se declara la validez constitucional del art. 86 de la ley 14.552 en cuanto a la modificación que introdujo al art. 56 de la ley 11.653 y, por ende, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. En cuanto a su procedencia, se rechaza, con costas (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina