La simulación invocada -haya o no existido-, no es idónea para justificar que se levante el embargo de los créditos que fueron su objeto

Partes: Goldemberg Marcelo Guillermo c/ Montone Andrés Javier y otro s/ ejecutivo – incidente de tercería de dominio

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 22-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111470-AR | MJJ111470 | MJJ111470

La simulación invocada por el tercerista, haya o no existido, es inidónea para justificar que el levantamiento del embargo de los créditos que fueron su objeto.

Sumario:

1.-Tanto en el código anterior como en el que nos rige en la actualidad, el legislador se ocupó de los efectos de la cesión frente a los terceros y así lo hizo en ambos casos ante la evidencia de que ese negocio puede perjudicar a los acreedores del cedente y beneficiar a los del cesionario. Es decir: la situación de los terceros no fue ignorada en ningún caso.

2.-De los efectos de la cesión de créditos frente a terceros se ocupó Vélez Sarsfield en el art. 1459 del código derogado, y lo propio hizo el legislador del nuevo código en el art. 1620 y de ambas normas surge lo mismo: la cesión produce efectos frente a terceros, fijándose al efecto la situación a partir de la cual ha de regir tal oponibilidad que no es sino la notificación al deudor cedido.

3.-Los deudores cedidos deben tenerse por notificados, desde que las cesiones de que se trata fueron aceptadas por los jueces que intervienen en los juicios que en todos los casos tenían a esos deudores por demandados.

4.-En tanto el acreedor ha traído documentación privada carente de fecha cierta y, por ende, inoponible al tercero embargante, a los efectos de acreditar la titularidad de los derechos que invoca (art. 1034 CCiv. y art. 317 CCivCom.), resulta aplicable el art. 337 del CCivCom. que expresamente dice: ‘…la simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto…’, de modo que aún cuando el negocio supuestamente simulado se habría realizado bajo la vigencia de la Ley anterior, la aplicación al caso del referido art. 337 debe considerarse procedente a la luz de lo dispuesto por el art. 7 del mismo código, toda vez que exhibe una hipótesis susceptible de ser encuadrada dentro del concepto de ‘…consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes…’ previsto en el primer párrafo de esa norma.

5.-Si bien el derogado Código Civil no tenía ninguna disposición similar a la prevista por el art. 337 del CCivCom., de todos modos, lo regulado en esa norma no podría sostenerse incompatible con la legislación anterior, pues la necesidad de bonificar la apariencia en razón de la certeza y estabilidad que ella conlleva, se presenta como una exigencia que, debe ser admitida en la generalidad de los supuestos.

6.-Si la Ley tolera la simulación lícita, esa tolerancia no puede conducir a aceptar que por esta vía puedan defraudarse las expectativas que legítimamente hayan adquirido los terceros a partir de la apariencia creada. Ello, como mayor razón, si se atiende a que estamos en un plano que se vincula con el rol que cumple el patrimonio como garantía de los acreedores, lo que fuerza a ser especialmente prudentes a la hora de responder si puede o no aceptarse que, bajo simulaciones que se entiendan lícitas, las personas pongan sus bienes a nombre de otras personas y pretendan invocar el negocio oculto a efectos de frustrar las referidas expectativas de quienes lo desconocían, lo cual a juicio de esta Sala, no puede, al menos en principio, ser aceptado.

7.-Se trata de otorgar plena vigencia a la buena fe como principio cardinal de todo el ordenamiento; principio que obsta a aceptar que quien se expuso voluntariamente en la situación que nos ocupa, pueda después respaldarse en la falsedad que él mismo aceptó haber creado, a efectos de evitar las consecuencias que podían derivarse -y se derivaron efectivamente- de esa falsedad. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de mayo de 2018.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 166/73 en cuanto rechazó la presente tercería de dominio.

Alfredo Coto expresó sus agravios a fs. 190/7, a los que adhirió el demandado Montone a fs. 199 y fueron contestados a fs. 203/7 y fs. 209.

El actor, Marcelo Goldemberg presentó el memorial a fs. 182/5 y fue contestado a fs. 211/4.

II. Las partes están contestes en cuanto a que el titular aparente de esos créditos es el ejecutado.

También contestes están en cuanto a que el Sr. Goldemberg desconocía los hechos reales encubiertos bajo esa apariencia, por lo que, al embargar los créditos que aparecían a nombre del Sr. Montone, procedió de buena fe.

En tales condiciones, la simulación invocada -haya o no existido-, no es idónea para justificar que se levante el embargo de los créditos que fueron su objeto.

Por lo pronto, es del caso destacar que tanto en el código anterior como en el que nos rige en la actualidad, el legislador se ocupó de los efectos de la cesión frente a los terceros.

Así lo hizo en ambos casos ante la evidencia de que ese negocio puede perjudicar a los acreedores del cedente y beneficiar a los del cesionario.

Es decir: la situación de los terceros no fue ignorada en ningún caso.

De ello se ocupó Vélez en el art. 1459 del código derogado, y lo propio hizo el legislador del nuevo código en el art. 1620.

De ambas normas surge lo mismo:la cesión produce efectos frente a terceros, fijándose al efecto la situación a partir de la cual ha de regir tal oponibilidad que no es sino la notificación al deudor cedido.

En nuestro caso, los deudores cedidos deben tenerse por notificados, desde que las cesiones de que aquí se trata fueron aceptadas por los jueces que intervienen en los juicios que en todos los casos tenían a esos deudores por demandados.

De esto se deriva que, en su carácter de tercero, el Sr. Goldemberg pudo proceder a los embargos de marras.

Es verdad que esto no resuelve el conflicto exhibido ante esta Sala, que transita por dilucidar si los supuestos derechos sobre esos créditos que tendría el dueño oculto deben o no prevalecer sobre quien los embargó basándose, de buena fe, en que los créditos respectivos aparecían a nombre de su deudor, según dato que éste invoca hoy como pretendidamente aparente.

Este conflicto conlleva un interrogante difícil de resolver en ciertos casos, cual es el de decidir qué es lo que debe priorizarse, esto es, si la verdad que surja de la realidad de los hechos, o la buena fe de quien ha actuado basándose en la apariencia.

Pero si ese conflicto podría ser dudoso en otros casos, no lo parece en el presente.

El Sr. Coto ha traído documentación privada carente de fecha cierta y, por ende, inoponible al Sr. Goldemberg a los efectos de acreditar la titularidad de los derechos que invoca (art. 1034 CC y art. 317 CCyC).

A eso se suma lo dispuesto en el art. 337 del CCyC que expresamente dice:

“.la simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.” (sic).

Aun cuando el negocio supuestamente simulado se habría realizado bajo la vigencia de la ley anterior, la aplicación al caso del referido artículo 337 debe considerarse procedente a la luz de lo dispuesto por el art.7 del mismo código, toda vez que exhibe una hipótesis susceptible de ser encuadrada dentro del concepto de “.consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.” previsto en el primer párrafo de esa norma.

De todos modos, lo regulado en esa norma no podría sostenerse incompatible con la legislación anterior.

Es verdad que el código de Vélez no tenía ninguna disposición similar, pero la necesidad de bonificar la apariencia en razón de la certeza y estabilidad que ella conlleva, se presenta como una exigencia que, admitida en la generalidad de los supuestos, con mayor razón debe serlo en una hipótesis como la que nos ocupa.

Es decir: si la ley tolera la simulación lícita, esa tolerancia no puede conducir a aceptar que por esta vía puedan defraudarse las expectativas que legítimamente hayan adquirido los terceros a partir de la apariencia creada.

Ello, como mayor razón, si se atiende a que estamos en un plano que se vincula con el rol que cumple el patrimonio como garantía de los acreedores, lo que fuerza a ser especialmente prudentes a la hora de responder si puede o no aceptarse que, bajo simulaciones que se entiendan lícitas, las personas pongan sus bienes a nombre de otras personas y pretendan invocar el negocio oculto a efectos de frustrar las referidas expectativas de quienes lo desconocían.

A juicio de la Sala ese proceder no puede, al menos en principio, ser aceptado.

Se trata de otorgar plena vigencia a la buena fe como principio cardinal de todo el ordenamiento; principio que no sólo protege la actuación que llevó a cabo el Sr.Goldemberg, sino que también obsta a aceptar que quien se expuso voluntariamente en la situación que nos ocupa, pueda después respaldarse en la falsedad que él mismo aceptó haber creado, a efectos de evitar las consecuencias que podían derivarse -y se derivaron efectivamente- de esa falsedad.

Todo esto conduce a la Sala a concluir que, como dijera el recordado juez Enrique Butty al resolver situaciones como la de la especie, la buena fe reclama el vigor del agudo apotegma según el cual “. quien crea una apariencia, se hace prisionero de ella.” (Josserand, “Derecho Civil”, Ejea, T.II, Pág. 363).

Por lo tanto, el recurso deducido por el Sr. Coto debe ser rechazado.

V. De su lado, el Sr. Goldemberg se queja del rechazo de la determinación de un monto indemnizatorio con el objeto de resarcir los efectos de la suspensión de la ejecución que fue dispuesta en los términos del art. 98 CPCC.

La fianza que fue exigida al tercerista, tiene por finalidad garantizar a los demandados en la tercería el cobro de los posibles perjuicios que podría causar una demanda improcedente, de modo que cubra los eventuales honorarios y daños que provoque la demora en ejecutarse el remate (Kielmanovich, “Código procesal. Comentado y anotado”, T. I, pág. 193, edit.La Ley).

Tal como lo observó la sentenciante, la conducta del tercerista no es susceptible de generar un perjuicio mayor al acreedor embargante que el que puede ser compensado con los intereses que acceden al crédito en ejecución.

Aun cuando el tercerista y el demandado pudieron conocer la sinrazón de su planteo, es criterio de la Sala que mediante la promoción de la tercería el interesado ejerció su derecho de defensa al considerar agredido su patrimonio en cuyo resguardo peticionó.

Desde tal perspectiva, cabe ponderar que en el caso la tramitación de la causa siguió el curso propio de este tipo de procesos sin que se advierta una demora atribuible al tercerista ni que hubiera exorbitado los plazos procesales propios de este tipo de trámites, por lo que no se justifica proceder del modo pretendido.

En tales condiciones, esta pretensión recursiva no ha de ser admitida.

VI. Por lo expuesto, se resuelve: Rechazar el recurso deducido por el Sr. Alfredo Coto. Con costas (art. 68 CPCC).

Rechazar el recurso deducido por el Sr. Goldemberg y confirmar la resolución recurrida, en lo que fue materia de agravios. Con costas (art. 68 CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia, al igual que los expedientes venidas en vista según constancias de fs. 224,225, 226 y 228.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA