Aplicación analógica de la normativa relativa al empleo municipal vinculado al organismo a través de sucesivos planes sociales

Partes: Martínez Jorge Ricardo c/ Municipalidad de San Francisco s/ ordinario – despido

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 23-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113790-AR | MJJ113790 | MJJ113790

Aplicación analógica del art. 40 de la Ley N° 7.233 para el personal contratado municipal por un plazo que transgrede todos los términos y normativas inherentes a planes sociales nacionales y programas municipales.

Sumario:

1.-Debe revocarse parcialmente la sentencia en cuanto aplicó la Ley de Contrato de Trabajo a la extinción de la relación laboral, pues el reclamante se vinculó con la administración mediante contratos sucesivos -en el marco de planes sociales municipales, de conformidad al Programa Municipal de Emergencia Social y Ocupacional- por tiempo determinado para tareas de ‘chofer de vehículos en el área del corralón municipal’; así, la relación de la administración con sus agentes -sean permanentes o transitorios- se inserta en el campo del derecho público, materia en la que conserva el poder legisferante la esfera del ejecutivo (nacional, provincial o municipal) en donde aquélla se verifica.

2.-Las sucesivas y continuas renovaciones del contrato que vinculaba a las partes, pudieron tener como objetivo del empleador encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una relación por tiempo determinado, y generar en el actor una legítima expectativa de continuación que merece la protección que el art. 14 bis de la CN. otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

3.-La contratación en forma ininterrumpida durante casi ocho años, transgrediendo todos los plazos y normativas inherentes a planes sociales nacionales y programas municipales, sumadas a la negativa sin motivo de la continuidad laboral por parte de la administración municipal, conducen a admitir un resarcimiento por la culminación de la relación habida en las condiciones de transitoriedad antes señaladas, debiendo aplicarse por analogía el art. 40 de la Ley N° 7.233.

4.-La determinación de la indemnización conforme la solución prevista en el art. 40 de la Ley N° 7.233 resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios irrogados al actor por la extinción del vínculo jurídico con la municipalidad demandada como personal contratado; ello no importa dejar de lado los principios vinculados a la aplicación de las Leyes en el tiempo, toda vez que se acude a la regulación citada como un estándar de cálculo que se estima adecuado.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel, y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “MARTINEZ JORGE RICARDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO – ORDINARIO – DESPIDO” RECURSO DE CASACION 7442416, a raíz del recurso concedido a la demandada en contra de la sentencia N° 89/10, dictada por la Cámara del Trabajo, San Francisco, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Mario Antonio Cerquatti, cuya copia obra a fs. 163/185, en la que se resolvió: “I. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Jorge Ricardo Martínez en contra de la “Municipalidad de San Francisco” y en consecuencia mandar a pagar los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización por antigüedad: la suma de pesos Cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 4.480,00) 2) Indemnización sustitutiva de preaviso: la suma de pesos Un mil ciento veinte ($ 1.120,00) 3) Diferencia de haberes: la suma de pesos Un mil ochocientos cuarenta y seis ($ 1.846,00) 4) Sueldo Anual Complementario: la suma de pesos Un mil ($ 1.000,00) y 5) Vacaciones no gozadas: la suma de pesos Ciento ochenta ($ 180,00). La suma total que se manda a pagar asciende en concepto de capital a pesos Ocho mil seiscientos veintiséis ($ 8.626,00) al que deberá adicionársele un interés moratorio que se calculará de la siguiente forma: desde que cada suma es debida (arts. 128 y 149 L.C.T.) y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con más un dos por ciento (2%) nominal mensual, Resolución “A” N° 14.920 del B.C.R.A. -conforme criterio sentado por el Excmo. T.S.J. en autos “Hernández Juan Carlos c/Matricería Austral S.A.- Demanda – Rec. de Casación” , Sentencia N° 39 del 25.06.02- y que deberá ser abonada dentro de los diez días del dictado de la presente resolución. II. III. Costas a cargo de la demandada por resultar vencida (art. 28 C.P.T.). IV. Diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes. V. VI. Emplazar a la demandada para que cumplimente en el término de quince días con la tasa de justicia y con los aportes a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba. bajo apercibimiento de certificar la deuda y dar intervención a la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial y a la Caja indicada. VII. VIII. IX.”.

Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte demandada?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: Domingo Juan Sesín, Luis Enrique Rubio y M. Mercedes Blanc de Arabel,.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

1. El impugnante objeta la admisión de la demanda con base en una aplicación analógica de normas de la LCT. Asevera, que se trató de una relación de derecho público, ya que la accionante brindó un servicio a la comunidad -chofer de vehículos en el área del corralón municipal-. Que ello, lo desarrolló en el marco de facultades otorgadas por la Constitución Provincial, arts. 186, inc. 7° y 180; la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 -art. 49, inc. 17- y el decreto 813/01 por el cual se implementó el “Programa de Emergencia Social y Ocupacional”, destinado a crear fuentes de trabajo. Señala, que las normas mencionadas estaban vigentes y no fueron tachadas de inconstitucionales. Finalmente, sostiene que no existió fraude alguno ni abuso del derecho.

2.Superada la discusión en torno a la competencia para tratar el tema debatido, corresponde considerar el punto referido al status jurídico de los contratados de la administración pública en cualquiera de las áreas en que esta relación pueda desenvolverse.

En el subexamen no está en discusión que el reclamante se vinculó mediante contratos sucesivos -en el marco de planes sociales municipales, de conformidad al Programa Municipal de Emergencia Social y Ocupacional- por tiempo determinado para tareas de “chofer de vehículos en el área del corralón municipal”. Luego, no fue cuestionada la facultad estatutaria concerniente a la contratación a plazo cierto y determinado para la labor asignada. De lo que se sigue, necesariamente, que la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo es incorrecta. La relación de la administración con sus agentes – sean permanentes o transitorios- se inserta en el campo del derecho público, materia en la que conserva el poder legisferante la esfera del ejecutivo (nacional, provincial o municipal) en donde aquélla se verifica. Nótese, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación s/ Despido ” (06/04/10 -Fallos 333:335 ) descalificó el pronunciamiento que sólo con base en que el contratado desempeñaba tareas típicas, lo asimiló a una relación de empleo permanente, toda vez que ese único dato no revela una desviación de poder cuando la ley previamente autoriza la contratación impugnada.

Sin embargo, en el marco de la doctrina vigente, el mismo Máximo Tribunal de la Nación expresa que “.las sucesivas y continuas renovaciones del contrato que vinculaba a las partes, pudieron tener como objetivo del empleador encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una relación por tiempo determinado, y generar en el actor una legítima expectativa de continuación que merece la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el ‘despido arbitrario (conf.Fallos 333:311, “Ramos, José Luis c/Estado Nacional (Min. de Defensa – ARA)”, doctrina reiterada en la causa “G. 617. XLVI. Recurso de hecho González, Lorenzo Ramón c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”, 8/10/2013).

Abona lo anterior, el precedente “G.1470.XLII – González Diego, María Laura c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y otro s/Despido” (sentencia del 5/4/2011 y su aclaratoria del 26/4/2011), en el que la Corte declaró aplicable, para determinar la indemnización por la ruptura de la relación jurídica, el art. 11, párrafo tercero, de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, aprobada por la Ley N° 25.164.

Esta exégesis derivada de las sucesivas sentencias dictadas con posterioridad a los fallos señeros, determinó que, mientras la doctrina no era pacífica, se emitieran votos de manera diferenciada (de esta Sala, Sents. Nros. 24/13, 46/14, entre otras).

Luego, como integrante de la Sala Contencioso Administrativa de este Tribunal Superior de Justicia, consideré, frente al pedido de la reincorporación de contratados – en similares condiciones-, que “si bien el accionante no puede invocar a su favor la protección que le confiere el derecho a la estabilidad en el empleo público, sí tutela su situación jurídica como personal contratado, la doctrina que a partir de la interpretación de los alcances del art. 14 bis de la Constitución Nacional ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que este Tribunal debe ponderar en sus proyecciones al ámbito del empleo público local”. Como consecuencia, se declaró procedente la indemnización como resarcimiento del daño provocado por la extinción del vínculo jurídico de manera irregular (Sents. Nros.3 y 4/14; 127; 131; 138; 143 y 144/17, entre otras).

De tal modo y con el propósito de evitar una solución que importe someter a los sujetos intervinientes a un mayor desgaste jurisdiccional, las anomalías en la vinculación verificadas por el Juzgador -contratación en forma ininterrumpida durante casi 8 años, transgrediendo todos los plazos y normativas inherentes a planes sociales nacionales y programas municipales- (fs. 179 y vta. y 181), sumadas a la negativa de la continuidad laboral por parte de la administración municipal, sin motivo (fs. 179), conducen a admitir un resarcimiento por la culminación de la relación habida en las condiciones de transitoriedad antes señaladas.

A esos fines, en el ordenamiento jurídico local, el art. 40 de la Ley N° 7.233, modificado por la ley N° 10.173 (BOP 4/12/13), establece: “El personal contratado y transitorio, en los términos del art. 4.°, incs. c) y d), de la presente Ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más de un año continuo o discontinuo, tendrá derecho a una indemnización cuando la administración dé por finalizada su relación laboral, la que será equivalente a un mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a tres meses en virtud del contrato en cuestión”.

Si bien en el orden municipal, el régimen jurídico vigente no tiene previsto una indemnización como la contenida en el dispositivo transcripto, en virtud del art. 2 del Código Civil, se debe atender a los principios de leyes análogas y si aún la cuestión fuere dudosa, corresponde resolver por aplicación de los principios generales del derecho, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.Por consiguiente, para establecer el monto y a falta de previsiones normativas específicas, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el accionante en este caso.

De lo anterior se sigue, que la determinación de la indemnización conforme la solución prevista en el art. 40 de la Ley N° 7.233, resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios irrogados al actor por la extinción del vínculo jurídico con la municipalidad demandada como personal contratado. Ello, no importa dejar de lado los principios vinculados a la aplicación de las leyes en el tiempo, toda vez que -se reitera- se acude a la regulació n citada como un estándar de cálculo que se estima adecuado.

3. Por lo expuesto, debe anularse el pronunciamiento en cuanto incluyó a la contratación entre las partes en la Ley N° 20.744. Entrando al fondo del asunto (art. 105, CPT) y, por las razones dadas, corresponde desestimar las indemnizaciones que derivan de su aplicación y demás rubros salariales reclamados (diferencias de haberes, arts. 123, 156, 232 y 245 LCT). Ordenar, en su reemplazo, el pago de la reparación del art. 40 de la Ley N° 7.233 (art. 1, Ley N° 10.173), según el mejor monto percibido en el último año de contrato. Al importe que resulte se le adicionarán los intereses conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA más el dos por ciento (2%) nominal mensual (cfr. doctrina del TSJ, Sala Laboral in re “Hernández. Sent. N° 39/02).

Así voto.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. La señora vocal doctora M.Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Adhiero a los conceptos vertidos por los vocales que me preceden en relación a la naturaleza jurídica del vínculo que une al personal contratado con el Estado Municipal, así como en lo atinente a la conclusión en orden a que la ruptura de este tipo de vinculación debe ser resarcida. Como miembro de este Tribunal, tuve oportunidad de expedirme sobre la situación de los contratados, tanto en los de la órbita provincial (Sents. Nros. 21, 29 y 114/06, entre muchas otras) como municipal (Sents. Nros. 68 y 124/13, A.I. N° 221/14, entre muchas otras). Allí expresé que, no se propicia una aplicación extensiva ni analógica de los institutos de la LCT, tanto menos que ese sistema haya sido incorporado al régimen del empleo público. Simplemente se recurre a un “estándar de cálculo” -caso, Ley Provincial N° 9.249 (BO 02/09/05) que estableció una reparación para el supuesto de extinción de la relación de empleo público de los “contratados” equivalente a la pauta dada en el art. 247 de la LCT y la posterior norma (Ley N° 10.173) que la eleva a la establecida en el art. 245 ib.-, con bases suficientemente explícitas para que puedan ser controladas por las partes y despejen un reproche de arbitrariedad, todo ante el exceso en que incurriera la Administración Municipal. Dicha conclusión, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa – A.R.A.” (06/04/10), aunque allí se acudiera a otras pautas indemnizatorias (art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164) por considerar que guardaban mayor analogía con la situación discutida y que resultaba una medida equitativa para resarcir los perjuicios demostrados en esos obrados.

Dejo así expresada mi opinión sobre el tema.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

A mérito de la votación que antecede, corresponde admitir el recurso de que se trata y revocar el decisorio con el alcance expresado en la cuestión anterior. En su lugar, ordenar el pago de la indemnización prevista en el art. 40 de la Ley N° 7.233 (art. 1, Ley N° 10.173), de acuerdo a las pautas antes brindadas. Con costas por su orden atento a la naturaleza de la cuestión debatida.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Adhiero a las conclusiones a que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Sesín a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

RESUELVE:

I. Admitir el recurso de casación deducido por la demandada y, en consecuencia, anular el pronunciamiento conforme se expresa.

II. Condenar a la accionada al pago de la indemnización prevista en el art. 40 de la Ley N° 7.233 (art. 1, Ley N° 10.173) según el mejor monto percibido en el último año de contrato. Al importe que resulte se le adicionarán los intereses conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, más el dos por ciento (2%) nominal mensual.

III. Con costas por su orden.

IV. Protocolícese y bajen.

RUBIO, Luis Enrique

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

BLANC GERZICICH de ARABEL, Maria de las Mercedes

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SESIN, Domingo Juan

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA