Implementación del plan piloto de oralidad efectiva para los procesos civiles en Santa Fe

Autor: Cossari, Maximiliano

Fecha: 3-ago-2018

Cita: MJ-DOC-13647-AR | MJD13647

Doctrina:

Por Maximiliano Cossari (*)

I. INTRODUCCIÓN

El 9 de abril de 2018 comenzó en nuestra provincia la implementación de un Plan Piloto de Oralidad (PPO) en los procesos de conocimiento civiles y comerciales, compatible con los procesos ordinario, sumario y sumarísimo. Este podría ser un primer adelanto de lo que será una necesaria y profunda reforma del sistema procesal santafesino.

En cuanto a sus antecedentes, es sabido que la Corte Suprema de nuestra provincia ratificó por Acta Nº 48/2017 (1) el Convenio de Asistencia y Cooperación Técnica Recíproca celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el 29/11/2017, dentro del marco del Programa Justicia 2020 (2) cuyo objetivo es tener una justicia más cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su desempeño y que resuelva los conflictos en forma rápida y eficaz.

Uno de sus ejes es la reducción de los tiempos procesales, asegurar y facilitar la accesibilidad del ciudadano a la justicia y transparentar sus actos posibilitando el control público de los mismos, teniendo como norte la mejora continua en la calidad de la gestión judicial.

Por Acta Nº 8/2018 del 13/03/2018 (3) la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso la puesta en marcha del PPO en los procesos de conocimiento civiles y comerciales de la Provincia de Santa Fe, en los Juzgados de Primera Instancia de Distrito y de Circuito de los Distritos Judiciales Nro. 1 y 2 a partir del 9/04/2018 y el mismo órgano por Acta Nº10/2018 ha determinado que su implementación se extienda a aquéllas causas de conocimiento en las cuales se encuentre trabada la litis a dicha fecha (4).

Expondremos a continuación algunos lineamientos que esperamos puedan ser de utilidad para el lector.

II.CAMBIO DE PRÁCTICAS Y NO DE REGLAS

En primer lugar, cabe aclarar de antemano que el cuerpo normativo en el que se sustenta el PPO es sin duda alguna, y evidentemente no podría ser de otra manera, el CPCC vigente. Es que las normas procesales no pueden verse cercenadas ni desvirtuadas en ninguna de sus partes para evitar así la afectación de derechos.

En segundo lugar, y para la tranquilidad de muchos, debe destacarse que la práctica de la llamada «oralidad» queda estrictamente acotada a la etapa de prueba. Es decir, no hay alteraciones en lo que refiere a demanda, contestación, excepciones previas ni en lo que refiere a los alegatos de las partes. Excepto por el primer decreto de trámite que hace saber de la adhesión al PPO, sería imposible para un observador externo distinguir el tratamiento que se le da a cada expediente.

Así las cosas, el PPO únicamente es de aplicación en la etapa probatoria durante la cual se seguirán una serie de pasos previstos en un Protocolo de Gestión de Prueba (PGP) elaborado en noviembre de 2017. Este documento es público y se encuentra disponible para su consulta con fácil acceso desde Internet (5).

El esquema general implica que, dejando de lado la engorrosa práctica habitual, se concentren la mayor cantidad de actos posibles en dos audiencias en presencia del magistrado, al cual deberán concurrir personalmente las partes con sus letrados (o estos últimos con poder suficiente). Más que un proceso oral, es una gestión del período probatorio que va de audiencia en audiencia, buscando la mayor concentración de actos posibles. Este esfuerzo de todos los involucrados (tribunal, partes y defensores) se efectúa en aras de valores como la transparencia, inmediación y celeridad.

La convocatoria a las audiencias se realiza en base a las atribuciones judiciales previstas por el propio CPCC. Por una parte, «Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes, para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito» (art.19). Asimismo, considerando que el debate es dirigido por el magistrado y que este debe adoptar todas las medidas que estime conducentes al esclarecimiento de los hechos, a mantener la igualdad entre las partes y a obtener la mayor rapidez y economía en el proceso el CPCC permite que «podrá disponer de oficio, aún compulsivamente, en cualquier estado de la causa, la comparecencia de los peritos y de los terceros para interrogarlos con la amplitud que creyere necesaria; y ordenar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o a los que las mismas se hayan referido» (art. 21).

En definitiva, dentro de la etapa probatoria necesariamente se convocarán a dos audiencias en uso de las facultades conferidas por el CPCC las cuales tendrán objetivos concretos y definidos. Allí empieza y termina la oralidad.

III. ESQUEMA GENERAL

En base a lo expuesto, decíamos que más que un proceso oral lo que hay es una gestión de la etapa probatoria en dos audiencias convocadas por el juez en uso de sus atribuciones cuyos objetivos principales son explicitados de antemano: a.- la primera, destinada a conciliar a las partes o, en su caso, proveer la prueba ofrecida y, b.- la segunda, tendiente a producir la misma. Con ello se busca ordenar el proceso y evitar una dilación innecesaria de los plazos procesales.

Precisaremos a continuación los diferentes actos y momentos y señalaremos algunas problemáticas que pueden presentarse.

a. Apertura de la causa a prueba de oficio: primer problema a solucionar

El PGP indica que «contestada la demanda o resueltas las excepciones.el Juez abrirá de oficio la causa a prueba» fijando en ese acto la fecha de la primera audiencia tendiente a obtener la conciliación de las partes y proveer las pruebas ofrecidas.

Recién aquí aparece lo que puede sonar como una indebida intromisión del juzgado en el proceso civil, fundado en el principio dispositivo.

Tradicionalmente se ha dicho que el principio dispositivo supone que en Derecho procesal civil pesa sobre las partes la carga de proporcionar los fundamentos de la sentencia mediante sus actos de postulación (peticiones, alegaciones, aportación de pruebas) (6). Este principio, en su versión más rígida, implica que el magistrado está sometido al requerimiento del interesado (7).

Ahora bien, una concepción extrema cae en excesos no queridos puesto que si bien puede justificarse que en materia de derecho privado las partes cuenten con un amplio señorío en sus relaciones -cuestión que cede frecuentemente ante el orden público y la protección de determinados sujetos vulnerables- no cabe justificarse de la misma manera cuando en el proceso intervienen, además de los intereses particulares, otros sujetos, como el juez (8), y también recursos del Estado.

Entonces cabe preguntarse si el impulso del proceso es una facultad exclusiva de las partes que vede al magistrado esta posibilidad de manera absoluta. Es decir, si en todos los supuestos se precisa de rogación de parte o puede encontrarse, por lo menos de manera limitada, una posición intermedia y más armónica según la cual, en palabras de Carlo Carli, «sin despojar al particular de su interés privado en la prosecución del proceso, atribuye al juez la potestad de realizar los actos de impulso que la parte no haya pedido, ejercitándose pues como facultad concurrente» (9). Obviamente una morigeración del principio dispositivo no implica caer en un sistema inquisitivo. Estos modelos no son absolutos y presentan siempre matices como bien ha sostenido la doctrina.

Lejos de pretender ser una apología del impulso de oficio, sólo se pretende determinar si el PGP viola o se aparta del CPCC.De verificarse esta última opción, deberían reformularse algunos parámetros y salvarse esta situación en una futura reforma.

Por un lado, el art. 25 CPCC indica que «Será también deber de los defensores, como auxiliares de la justicia, colaborar en el desarrollo e impulsión de los procesos en que intervengan». Ello presupone que el impulso también corresponde al Juez (aunque no de un modo exclusivo) pese a que en la práctica tribunalicia el impulso de oficio en general no es utilizado en los procesos civiles y comerciales, quedando el avance del proceso librado a la exclusiva voluntad de las propias partes, en el entendimiento de que estas deberían ser las mayores interesadas en que ello ocurra con inmediatez (10).

Por otro lado, referido a la apertura de la causa a prueba, el art. 145 determina que «Si hubieren hechos controvertidos o de demostración necesaria, se abrirá la causa a prueba». Juntamente con ello se prevé que «Contestada la demanda, y la reconvención en su caso, si ninguno de los interesados hubiere pedido la apertura a prueba y el juez no la creyere necesaria, se correrá un nuevo traslado a cada uno por diez días, para alegar» (art. 401). Este último artículo permite que el juez impulse el proceso cuando lo considere indispensable y las partes no lo hubiesen hecho todavía.

Así, concluido el período de demanda y contestación las partes pueden pedir la apertura de causa a prueba o hacerlo el juez si lo considerase necesario y ninguna de ellas lo hubiera hecho (11). En definitiva, en la materia que nos ocupa, es decir, la apertura de la causa a prueba, entendemos que pueden encontrarse facultades judiciales en este sentido concedidas por el CPCC de manera directa o por implicancia.

b. Primera audiencia: conciliación y proveído de pruebas

Abierta la causa a prueba se convoca a la primera audiencia tendiente a conciliar a las partes y, fracasada esa instancia, proveer las pruebas ofrecidas.

Pero, ¿cuándo debe ofrecerse la prueba? No se altera el CPCC en este punto:desde que se recibe la cédula de apertura de esta etapa, se ofrece en los plazos previstos por la norma procesal para cada tipo de juicio. No debería haber perjuicio para el abogado litigante o para la parte si en lugar de recibir la cédula enviada por la contraparte lo hace directamente del juzgado.

Esta primera audie ncia requiere, de parte del juzgado, la presencia personal de un juez involucrado en el fondo de los asuntos desde etapas tempranas, es decir, que no se presente como un mero espectador, sino que se avoque al conocimiento profundo de los asuntos de manera previa a la audiencia. Ello es pieza vital para las etapas conciliatorias del proceso puesto que difícil será procurar que las partes arriben a un acuerdo en las audiencias a tal efecto si no se tiene en claro la posición y el fondo del conflicto.

El éxito depende no sólo del magistrado sino de un comportamiento de colaboración y buena fe en todo momento de parte de los litigantes. Es preciso que cada abogado explique con sinceridad a su cliente su real posición en el proceso, sus verdaderas expectativas de éxito y la conveniencia en llegar a un acuerdo rápido y oportuno o, de lo contrario, de proseguir el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, ganar tiempo deja de ser una estrategia útil para el demandado si se tiene en cuenta que en pocos meses se arribará a una sentencia de primera instancia en especial si el abogado intuye, fundadamente, que resultará vencido con costas. Es interesante señalar que desde la apertura de la causa a prueba los litigantes tendrán más o menos una fecha aproximada en la cual el expediente quedará terminado con una sentencia de primera instancia.No es un dato menor a la hora de negociar o conciliar.

Fracasada la conciliación, o no habiendo asistido las partes, se provee en ese acto la prueba ofrecida y se fija de común acuerdo, con quienes estén presentes, la fecha de la segunda audiencia en la que se hará la producción efectiva de las pruebas.

Es esencial que entre la primera y la segunda audiencia las partes tomen todos los recaudos necesarios para que en dicho acto pueda recepcionarse los elementos probatorios, so pena de tener a su oponente por desistido (art. 148 CPCC).

La comparencia de las partes, o por lo menos de los abogados con facultades suficientes permite, entre otras cosas, «negociar», según la complejidad del asunto, la fecha de la audiencia de producción de pruebas a fin de que cada parte llegue en las condiciones deseadas.

c. Segunda audiencia: producción de pruebas

Esta segunda audiencia es verdaderamente el acto central del PGP puesto que en la misma se producirán las pruebas ofrecidas en una sala destinada al efecto, la cual será grabada de manera digital sin registros escritos. Es decir, en lugar de, por ejemplo, transcribirse la declaración de los testigos, estos serán interrogados y sus testimonios quedarán registrados, sin necesidad de recurrir a actas escritas.

Es responsabilidad de las partes procurar que toda la prueba se produzca en dicha audiencia. A tal fin deberá notificarse con antelación suficiente a los testigos, a quienes deban absolver posiciones, diligenciar los oficios que sean necesarios, colaborar con los peritos a fin de que rápidamente efectúen su informe con tiempo suficiente para que pueda notificarse a las partes a fin de que soliciten explicaciones y estén informadas de su resultado el día de la audiencia, etc. De fracasar alguna de estas diligencias debe estarse al art. 148 CPCC.

Finalizado el acto se clausura la causa a prueba y las partes podrán -siempre que así lo deseen- alegar en forma oral. En ese caso se llamarán autos para sentencia y se notificará a las partes en el acto.De lo contrario, pasarán los autos para alegar conforme las previsiones del CPCC.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos intentado exponer en prieta síntesis cuáles son los antecedentes, fundamentos y funcionamiento general del PPO con el objeto de contribuir a la publicidad del sistema y clarificar algunas cuestiones que resultan dudosas.

Por supuesto que la práctica irá puliendo las deficiencias e irán surgiendo otros conflictos que exceden las previsiones del Protocolo.

Esperamos que esta experiencia piloto sea tenida especialmente en cuenta en una futura reforma del CPCC a fin de rescatar lo bueno y marcar los rumbos de aquellas cuestiones que sean especialmente conflictivas o dudosas.

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(1) Puede consultarse en: http://www.justiciasantafe.gov.ar/ORALIDAD/1%20Ratificaci%C3%B3n%20CONVENIO%20Oralidad
;20Efectiva.pdf

(2) Véase en: http://www.justiciasantafe.gov.ar/ORALIDAD/1.1%20Convenio%20MinJus-StaFe-CSSantaFe%20FINAL%20
IRMADO.pdf

(3) Véase en: http://www.justiciasantafe.gov.ar/ORALIDAD/2%20Implementaci%C3%B3n.pdf

(4) Véase en: http://www.justiciasantafe.gov.ar/ORALIDAD/3%20Oralidad%20ampliaci%C3%B3n%20traba%20d
%20litis.pdf

(5) Puede consultarse el texto completo en: https://www.casf.org.ar/colegio/wp-content/uploads/2018/03/Scan-Protocolo-de-gesti%C3%B3n-de-la-prueb
-2018-03-15.pdf

(6) GOLDSCHMIDT, James: Derecho procesal civil, trad. Leonardo Prieto Castro, Ed. Labor, Barcelona, 1936, p. 82

(7) Llevado a sus últimas consecuencias, tendría las siguientes características: a. La plena disponibilidad de los particulares sobre la relación jurídica sustancial, consecuencia del dogma de la autonomía de la voluntad; b. pleno señorío de las partes para fijar los límites de la decisión; c. exclusiva iniciativa del proceso por parte del titular de la pretensión jurídica d. impulso procesal de las partes e. facultad de disposición de las partes sobre de las pruebas para acreditar o verificar los hechos afirmados (CARLI, Carlo: Derecho procesal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 87).

(8) Así, se ha aclarado que el derecho de disposición de las partes, connatural a la propiedad misma, versa exclusivamente sobre el derecho material.Algo distinto es la disposición procesal porque no se trata ya de derechos del individuo sino de «poder-facultades» que comparte otro justiciable y con el juez, quien tiene la conducción y dirección del proceso (CARLI, Carlo: Derecho procesal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 88).

(9) CARLI, Carlo, Derecho procesal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 91.

(10) ABAD, Gabriel: «Implicancias de la acordada 48/2017 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: el inicio de la experiencia de oralidad en procesos civiles y comerciales», Djuris441.

(11) CARRILLO, Hernán y otros: Código procesal civil y comercial de la Provincia de Santa Fe comentado, Juris, Rosario, 2006, p. 496. De manera concordante se ha dicho que «.una vez concluido el período introductorio del proceso con el agotamiento de los plazos para contestar la demanda y en su caso la reconvención, las partes podrán solicitar la apertura de la causa a prueba» y se agrega que «no producida dicha postulación y no encontrándola el juez necesaria, la norma permite al magistrado declarar la cuestión de puro derecho» (RAMUNNO, Luis: en Peyrano Jorge W. (director), Explicaciones del Código procesal civil y comercial de la Provincia de Santa Fe, Tomo II, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2016 p. 483).

(*) Dr. Maximiliano Cossari. Profesor titular UCA y adjunto por concurso en UNR en las materias Obligaciones y Derecho de Daños.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online