El precepto constitucional a oír y ser oído en el proceso civil

Autor: Elías, Jorge A.

Fecha: 5-nov-2018

Cita: MJ-DOC-13751-AR | MJD13751

Sumario:

I. Introducción. II. La persona debe ser oída con las obligadas garantías procesales. III. Derecho a oír. Inviolabilidad de la defensa en juicio. IV. Reseñas de jurisprudencia. V. Conclusión.

Doctrina:

Por Jorge A. Elías (*)

I. INTRODUCCIÓN

En correspondencia con Nicolás Ignacio Manterola (1), puntualizamos que el «derecho a ser oído» -sinón., escuchado, atendido- es uno de los derechos fundamentales que existen en el ámbito del proceso judicial.

Concordante con lo expuesto, toda persona tiene derecho a ser oída o escuchada por un juez competente, en especial, cuando se enfrenta a una acusación penal, o para exigir el respeto de sus derechos y pago de obligaciones civiles, laborales, tributarias o de cualquier otro carácter; sin embargo, muchas personas desconocen que tienen derecho a ser escuchadas por los jueces; resultando el derecho de ser oído un derecho esencial del justiciable, un elemento principal del debido proceso.

Teniendo en debida cuenta el principio de bilateralidad o contradicción, coexiste a favor de las partes en conflicto, el derecho a oír lo que fundamento su contraria y consecuentemente a ser oído

El principio de bilateralidad o contradicción -también denominado de audiencia-, conjetura que las partes ostentan la posibilidad de defenderse de las pretensiones, argumentos y pruebas presentados por la parte contraria. Desde luego, no puede condenarse a una persona a la satisfacción de una determinada pretensión si no se la ha citado adecuadamente a juicio como parte demandada, consignando cuestión distinta que esta parte, previamente citada, no comparezca, es decir, no se presente formalmente en el proceso, en cuyo caso podría ser condenada en rebeldía.

Por otra parte, y reiterando anteriores conceptos, una vez que ambas partes han comparecido, el principio de audiencia implica que deben ser «oídos», «escuchados», «atendidos», es decir, deben tener la oportunidad de defenderse en todo momento de los argumentos o pruebas presentados por la contraparte, de lo contrario, nos encontraríamos ante un supuesto de indefensión o desprotección, contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.

II.LA PERSONA DEBE SER OIDA CON LAS OBLIGADAS GARANTIAS PROCESALES.

El derecho a ser oído implica, en términos generales, la posibilidad cierta de recurrir ante los órganos del Estado que resulten competentes para adoptar una decisión que pueda afectar derechos o intereses, a los fines de hacer valer una o más pretensiones, y explicar sus razones.

Al respecto, los tribunales judiciales resultan palmariamente los responsables o aseguradores por excelencia de esa garantía relacionada al debido proceso legal. En este sentido, el derecho a ser oído es sinónimo de tutela judicial efectiva, y significa que toda persona tiene derecho a acceder a un tribunal para que éste pueda pronunciarse, consecuentemente, toda forma de obstaculizar el acceso a la justicia, así como aquellas limitaciones – políticas, jurídicas o de cualquier otro tipo, que impidan la posibilidad real de los jueces de ejercer sus funciones y dictar una sentencia útil, resulta contraria al derecho a ser oído (2).

Asimismo, la tutela judicial efectiva comprende la posibilidad del interesado de tener contacto directo con el órgano decisor (principio de inmediación/inmediatividad); derecho que adquiere aún mayor fuerza frente a situaciones de especial vulnerabilidad o fragilidad del individuo-, como por ejemplo, en los procesos de personas con capacidades restringidas.

Debemos especificar que las debidas garantías, no se limitan a las enumeradas en el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), sino que a partir de una interpretación de las particularidades de cada caso concreto, los órganos estatales competentes deberán contemplar incluso garantías no previstas expresamente, a los fines de asegurar irrefutable y enérgicamente el cumplimiento de la finalidad del debido proceso legal.

A mayor abundamiento, doctrina autorizada en relación al «derecho a ser oído», argumenta que cada parte tiene el irrestricto derecho a ser oída respecto de lo afirmado y confirmado por la otra, agregando que la igualdad importa paridad o equivalencia de oportunidades y de audiencia, de modo tal que ambas partes deben gozar de absoluta igualdad ante los ojos del juzgador y éste debe darles igual trato (3).Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a ser oído, reglado específicamente en el art. 8.1 de la Convención, comprende «el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones» (4).

A mérito de lo reseñado, puede deducirse que el derecho a ser oído involucra la contingencia del litigante de hablar y de ser escuchado por el tribunal. Tal aserto no implica que el juzgador deba expedirse sobre cada palabra dicha por el justiciable, pero sí -como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos con cita de la Corte Europea de Derechos Humanos- que el órgano encargado de administrar justicia efectúe «un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión».

Atento lo expuesto, el derecho a ser oído obliga al juez a ponderar y considerar toda y cada una de las afirmaciones efectuadas por el litigante, independientemente que las considere apropiado para el caso; ya que una aseveración del accionante o del accionado, por más inconducente que se la considere, no exime o releva al juez de explicar en la sentencia por qué no resultan, según su criterio, apreciables o consideradas las precitadas enunciaciones.

El juzgador, al fundar la sentencia, debe manifestar por qué desiste de ciertas aserciones y considera otras; esta explicación debe resultar precisa y no basta suficiente la simple formula de que «los jueces no están obligados a seguir todas las alegaciones de las partes o constancias de la causa, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio»; especificando Manterola, ob. cit., que tal afirmación se concreta, por ejemplo, el recurrente al apelar una sentencia de grado debe saber o conocer por qué motivos no fueron atendidas sus afirmaciones, y consecuentemente podrá criticar o reprochar de manera precisa y concreta el decisorio atacado.

III. DERECHO A OIR.INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA EN JUICIO

Es notorio que ante toda postulación efectivizada por una parte, y que involucre o implique los derechos de la otra, resulta necesario reconocer a ésta que declare lo que estime corresponder, plasmando formalmente su legítimo derecho a ser oído, concediéndole el juez la oportunidad a ésta que se expida, refutando -de ser preciso- lo peticionado por aquella. Por ejemplo, de la alegación de un hecho nuevo se debe correr traslado a la contraria (art. 365 CPCC Nación – art. 351 CPCC Entre Ríos), idéntico trámite acontece con el procedimiento previo al pedido de intervención de terceros (art. 92 CPCC Nación – art. 89 CPCC Entre Ríos).

Resulta ejemplificativo acotar que la parte, previo a ejercitar su «derecho a ser oído» (es decir, a manifestarse y, en su caso, a peticionar) debe conocer acabadamente el acto procesal contra el cual disiente o discrepa, y al respecto el aludido conocimiento es la aseveración del denominado «derecho a oír», el cual se concreta con una debida notificación y con un absoluto acceso al expediente. En otros términos, tanto el actor como el demandado poseen derecho a acceder al expediente y conocer las postulaciones que manifiesta y solicita la contraria (tal comportamiento reglado se traduce en el «derecho a oír», a tomar conocimiento de la causa) y, como correlato, ostenta el derecho a manifestarse en consecuencia, afirmando o negando lo expresado o formulado por su contraparte (de tal forma se concreta el «derecho a ser oído»).

Adhiriendo a la opinión de Manterola, el axioma «audiatur altera pars» -principio de audiencia bilateral o de contradicción- conduce a la perfecta -estimo indiscutible- bilateralidad que debe regir en el proceso y no sólo implica el derecho a ser oído sino también a oír, salvaguardando el contradictorio y los principios que informan el debido proceso.Consecuentemente, para ser oído resulta ineludible haber oído porque en el proceso, para hablar es menester haber escuchado con anterioridad; reafirmando lo anteriormente expuesto en base a expresar que el proceso es un debate en el cual dos personas, con armas idénticas, discuten o contienden de conformidad a un procedimiento reglado.

Es significativo precisar que cuando a la parte se le impide o imposibilita tomar conocimiento del caso, se afecta o conmueve el derecho a oír y, como derivación, se atenta contra la legitima defensa en juicio habida cuenta que el perjudicado no posee acceso a las actuaciones y, en consecuencia, se encontrará imposibilitado o impedido de ejercitar su derecho a ser oído con la plenitud que le concede formalmente nuestra Constitución Nacional; sin perjuicio de lo reseñado, se debe explicitar que el acceso al expediente puede estar limitado por razones justificadas y, en su caso, por reserva de las actuaciones.

IV. RESEÑAS DE JURISPRUDENCIA

En concordancia con lo especificado, la jurisprudencia de Entre Ríos resulta ejemplificativa respecto al dictado de determinados decisorios que avalan el derecho a ser oído, con fundamento en legislación internacional, receptada por la Constitución Nacional, y por ende, ratificando la concreta vigencia del debido proceso legal.

Al respecto, transcribimos algunas reseñas de fallos:

-«Frisanco, Celso Adrian c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ ordinario acción de nulidad (de avaluó- inconstitucionalidad)» Expte. nº 8-9519

Art. 8 inc. 1 Convención Americana de los Derechos Humanos – Alcances – Derecho a ser oído en un plazo razonable – Debido proceso

Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial, Sala Primera Paraná – 17/03/2015.- Magistrados: Pereyra, Olalla (Mayoría), Mastaglia (por su voto)

«El art. 8, inc. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incorporado al art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional, consagra el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial».

«Dicho artículo no es aplicable solamente a los procesos penales sino también a todo tipo de procesos. La razón de ser del derecho consagrado en el art. 8, inc. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos es precisamente rodear de salvaguardas fundamentales todo procedimiento en el que potencialmente se afectan derechos, más aún cuando la multiplicación de las funciones estatales determina qué aspectos centrales del patrimonio jurídico de los particulares (es decir, su conjunto de derechos y deberes) puedan verse alterados por la acción administrativa del Estado o por procedimientos que se encuentren bajo su supervisión». (Del voto de la Dra. Mastaglia).-

-«Transporte Mariano Moreno s.r.l c/ Municipalidad de Paraná s/ contencioso administrativo» Expte. nº104.

Servicio público de transporte urbano. Acta de infracción. Falta de notificación. Derecho al debido proceso. Derecho a ser oído.

Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 – Paraná – 12 de junio de 2017.- Magistrados Votantes: Gisela N. Schumacher – Hugo Rubén González Elías.- (del dictamen fiscal incorporado a la sentencia)

«De esa manera, entiendo vulneradas las garantías del actor al debido proceso y a su derecho a ser oído, puesto que directamente no contó con la posibilidad material de ejercer su defensa ANTES de la imposición de la sanción que por esta vía se recurre.

Básicamente, el derecho a ser oído consiste en el derecho que tiene el particular de exponer las razones de sus pretensiones y defensas ANTES de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, comportando así la recepción plena dentro del ámbito del procedimiento administrativo, del derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional (Armando N. Canosa; «Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos»; Ed. Abeledo Perrot; 1era. Edición; Bs. As.; 2008; pág.256).

A mayor abundamiento, procedemos a consignar una reseña jurisprudencial mediante la cual se concreta el derecho del niño a ser oído, conforme la normativa legal enumerada por la interviniente Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Concordia – Entre Ríos-.

-«Guerra, Manuel Francisco y Otra s/ Divorcio vincular por mutuo acuerdo y medidas consecuentes s/ incidente modificación de tenencia» Expte. nº 8571

Menores – Derecho a ser oídos – Decisión en contra de sus deseos

Cámara de Apelaciones de Concordia – Sala en lo Civil y Comercial Nº 1 – 17/12/2015.- Magistrados: Pelayo de Dri – Moreni – Martínez S/D

«En cuanto al último agravio que cuestiona que no se haya tenido en cuenta la voluntad de la niña de vivir con su padre y cumple con los requisitos exigidos por la ley ritual, es importante destacar que si bien no existe duda del derecho «supra» constitucional que asiste a todo niño de ser oído en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte y que debe garantizarse su derecho de expresar su voluntad libremente en todos los asuntos que lo afecten teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incs. 1 y 2, art. 75 inc. 22 Constitución Nacional; art. 26 ter del Código Civil y Comercial, arts. 3 , 24 y 27 de la ley 26.061 y art. 17 de la ley 9861), cabe señalar que «la opinión expresada por los menores no somete al juez pues no se debe confundir el sentimiento del menor con lo que resulte ser su conveniencia; sus manifestaciones únicamente constituirán un elemento más para fundamentar la decisión sobre la guarda…

Y, como bien lo expone la Sra.Defensora de Pobres y Menores en su dictamen, sin perjuicio de que en todo proceso se debe recabar y considerar la opinión del niño, ello no significa resolver conforme a su voluntad exclusivamente o siguiendo sus preferencias ni que deba ser interpretada, sino que su deseo deberá ser valorado teniendo en cuenta el grado de madurez del niño y si ésta se condice con su interés superior, ya que no puede transformárselo en un árbitro de cuestiones que están más allá de su decisión y responsabilidad y, en caso de oposición primará siempre el interés general del niño».-

V. CONCLUSIÓN

Resulta incuestionable que el «derecho a oír» (es decir, a tomar conocimiento de la causa) es indispensable y anterior al «derecho a ser oído»; tal afirmación reviste el carácter de evidente ya que para acometer contra un acto, es menester haberlo oído antes. Atento las argumentaciones expuestas, afirmamos que el «derecho a oír» -y consecuentemente el «derecho a ser oído»- es la derivación razonada de un derecho constitucional, cuyo advenimiento en el contradictorio concreta o califica al debido proceso legal.

En apoyo de fundamentos, en el art. 18 de la Constitución Nacional se instituye la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Asimismo, el art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional conforme lo estatuido por el art. 75º inc.22 de la Constitución Nacional, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.-

Además de las reseñas jurisprudenciales especificadas en el capítulo anterior, y con la finalidad de avalar el derecho a la tutela judicial efectiva, garantía que se encuentra integrada con el derecho de ser oído, el art. 25º de la CADH -Pacto de San José- regula que: «1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…»

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(1) MANTEROLA, Nicolás I.: «El derecho constitucional a oír y a ser oído en el proceso» – 16 de Mayo de 2018 – http://www.saij.gob.ar Sistema Argentino de Información Jurídica – Id SAIJ: DACF180090.-

(2) THEA, Federico G.: «Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones públicas» 2009. La Ley, Suplemento Administrativo (Junio 2009), p. 11. Id SAIJ: DACF090047).-

(3) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: en «Proceso Civil e Ideología» de Montero Aroca, Juan – Ed. Tirant Lo Blanch, pág. 228, Valencia; citado por Manterola, ob. cit.-

(4) Caso «Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela» («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo»); y caso «Barbani Duarte y Otros vs. Uruguay»; decisorios reseñados por Manterola, ob. cit.-

(*) Director Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Entre Ríos.