Son abusivas las cláusulas que facultan la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión.

Partes: S. P. F. c/ Mutual Federada 25 de Junio Soc de Proteccion Reciproca s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Fecha: 17-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113791-AR | MJJ113791 | MJJ113791

 

Resultan abusivas las cláusulas que facultan a la demandada a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la demandada la continuidad de la afiliación del actor en los términos del contrato que originalmente los vinculara, en el entendimiento que dicho contrato nunca fue legalmente extinto, ya que no surge en forma patente que en caso de no abonar la deuda el contrato que unía a las partes quedaría resuelto, sino que por el contrario sí se le informó que en caso de no cancelar la deuda reclamada quedaba sujeto a posibles acciones legales tendientes a su cobro.

2.-Las cláusulas que facultan a la demandada a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión, son abusivas por ser desproporcionadas en relación a las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, señalándose también que debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado.

Fallo:

Bahía Blanca, 17 de agosto de 2018.

VISTO: El expediente nro. FBB 18181/2017/CA2, de la secretaría nro. 2, caratulado: “S., P. F. c/ MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SOC DE PROTECCION RECIPROCA s/ Amparo Ley 16.986”, originario del Juzgado Federal nro. 1 de la sede, puesto al acuerdo para resolver la apelación de fs. 184/187 vta., contra la sentencia de fs. 177/182 vta.

El señor Juez de Cámara, doctor Roberto Daniel Amabile, dijo:

1. A fs. 177/182 vta., el juez a quo -en lo que aquí interesa- hizo lugar a la acción de amparo iniciada por P. F. S. contra Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, en adelante Federada Salud y ordenó a la demandada la continuidad de la afiliación del actor en los términos del contrato que originalmente los vinculara, en el entendimiento que dicho contrato nunca fue legalmente extinto. Asimismo, impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales intervinientes denuncien y acrediten su situación impositiva y previsional.

2. Contra lo así resuelto, a fs. 184/191, el representante de Federada Salud interpuso recurso de apelación. Expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a)El vínculo contractual correspondiente a su primera afiliación efectivamente se extinguió luego de que se lo intimara a regularizar la deuda; b)No surge de la ley 26.682 ni de su decreto reglamentario que deba mediar una segunda comunicación para extinguir el vínculo, la única obligación que tiene que cumplir la empresa de medicina prepaga, frente a la falta de pago del usuario, como recaudo para que se produzca el cese del contrato, es notificarle fehacientemente la constitución en mora, otorgándole un plazo de diez días para regularizar su situación.Por lo tanto, no encontrándose controvertido que el actor recibió la citada notificación el 16/03/2017, y transcurrido el plazo de 10 días sin que se haya efectuado el pago, la exclusión de la mutual operó de manera automática y de pleno derecho; c)No obsta a lo dicho, lo dispuesto por el art. 1078 CCCN que el a quo transcribe en la sentencia recurrida, pues dicha norma se aplica de manera supletoria, es decir siempre que no exista una disposición legal o convencional en contrario; d)No son ciertas las afirmaciones del actor en cuanto a que con el recibo que luce adjunto a fs. 89 por $ 2.280 en concepto de cuota 1 de 4 por el reingreso, purgó la mora que mantenía por causa de la afiliación originaria, pues en esa oportunidad el señor S. no abonó el monto total de la deuda que le fuera reclamada. Asimismo, sostiene que dicho pago el actor lo hizo efectivo una vez iniciado el amparo y trabada la litis; e)Su mandante actuó conforme a derecho no existiendo fundamentos legales o fácticos por los cuales se pueda sostener que no se extinguió la relación contractual nacida en el año 2016; f)se agravia por último de que el actor, al suscribir su segunda declaración jurada, si bien no tenía conocimiento del diagnóstico definitivo, sí se encontraba en pleno conocimiento de que padecía una alteración en la sangre y sin embargo nada manifestó al respecto.

3. A fs. 189/191 vta., el actor contestó el traslado de la expresión de agravios.

4. Conferida la intervención que atañe al Ministerio Público Fiscal, sostuvo que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada (fs. 199/200).

5. Previo a resolver, cabe indicar que no es obligación examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos a consideración de la Alzada, sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución del caso (Fallos:310:1835; 311:1191; 320:2289 , entre otros).

6. En primer lugar, cabe destacar, que el derecho a la salud, más aún en supuestos de enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida, ambos reconocidos por la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis y 33) y en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 CN), tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12); en el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4° y 5°) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6°, inc. 1°).

Asimismo, la “cláusula federal” prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al gobierno nacional el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial, y el deber de tomar “de inmediato” las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, para que las autoridades componentes del Estado Federal puedan cumplir con las disposiciones de ese tratado (art. 28, incs. 1 y 2).

Por lo tanto, la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 ; 323:3229 , entre otros). Ello así, por ser el hombre el eje y centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de la naturaleza trascendente-, su persona resulta inviolable y configura un valor fundamental a cuyo respecto los restantes valores siempre tienen carácter instrumental (Fallos: 316:479).

7. Respecto a los agravios del recurrente, cabe señalar que luego de analizar pormenorizadamente la intimación que luce agregada a fs. 158, de la misma no surge en forma patente que en caso de no abonar la deuda, el contrato que unía a las partes quedaría resuelto.Por el contrario, sí se le informó que en caso de no cancelar la deuda reclamada quedaba sujeto a posibles acciones legales tendientes a su cobro. Únicamente en la referencia del mismo se establece. Ref.: INTIMACION DE PAGO POR CUOTAS ADEUDADAS PREVIO A LA BAJA.

Por lo expuesto, en lo que respecta a lo sostenido por Federada Salud, en el sentido de que la actora fue dada de baja por falta de pago de sus obligaciones mensuales por más de tres meses consecutivos, hago propio lo resuelto en diversas oportunidades por la Sala I de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, que sobre este tema particularmente sostiene: “.que este tipo de cláusulas en tanto facultan a la demandada a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión son abusivas por ser desproporcionadas en relación a las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, señalándose también que debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado.” (Sala I, Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, causa 4408/2014 CAPURRO BLANCA ARGENTINA C/ OSDE S/ SUMARÍSIMO)

8. Reforzando el argumento precedente, se destaca que, al comenzar el tratamiento por la enfermedad que le fuera diagnosticada y en el entendimiento que el actor se había afiliado en el mes de junio 2017, la entidad da por rescindido el contrato de adhesión y efectúa expresamente la notificación al amparista de lo resuelto por el consejo directivo, misiva que luce agregada a f. 96. Cabe señalar que esto no ha sucedido con anterioridad, cuando tras haberlo intimado al pago de las cuotas adeudadas solo se lo advierte de la posibilidad de iniciar acciones legales tendientes al cobro de manera previa a la baja (c.fr. f. 158), sin que se verifique decisión del consejo directivo de la entidad de dar por rescindido el vínculo con expresa notificación al afiliado.En definitiva, mal puede adjudicarse a dicha notificación mayores efectos que de los que de ella misma surgen.

9. A lo expuesto cabe agregar que si bien la relación entre el afiliado y la empresa de medicina cuenta con una regulación específica (ley 26.682), por abarcar aspectos propios del consumo, dichos contratos también se rigen por las normas generales y la ley de defensa del consumidor -que es de orden público y reglamenta el artículo 42 de la Constitución Nacional- conformando en conjunto premisas imprescindibles para la interpretación del marco normativo; por lo tanto al amparo de dichas reglas es que debe también resolverse la cuestión debatida en autos.

Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor. Y en caso de duda, prevalece la norma más favorable este último.

Las particulares circunstancias del caso conducen, con prevalencia del derecho a la salud en juego, conforme lo resolvió el a quo, a sostener que Federada Salud nunca rescindió el primer contrato de afiliación, el cual a la fecha continua vigente.

Por último, en materia de costas, el art. 14 de la ley 16.986 establece que “se impondrán al vencido” haciendo aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del código adjetivo. El sustento de su imposición es un corolario del vencimiento que tiende a resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho.

Corresponde, en consecuencia, la imposición de costas a la demandada.

Por tanto, propongo al acuerdo:

1) Se rechace el recurso interpuesto por la demandada y se confirme la sentencia apelada.

2) Se impongan las costas de esta instancia a la demandada vencida (art.68, CPCCN).

3) Se difiera la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia.

TAL ES MI VOTO.

La señora Jueza de Cámara, doctora Silvia Mónica Fariña, dijo:

Cabe puntualizar que, más allá de lo argumentado por la mutual recurrente, la ley que regula el supuesto de autos, prevé los dos supuestos que habilitan la rescisión por parte de la demandada en estos claros términos: “.sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecu tivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada. En caso de falta de pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos comprendidos en el art. 1° deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en mora intimando a la regulación dentro del término de diez (10) días (art. 9, ley 26.682)”.

Y en el mismo sentido, la reglamentación de esta norma expresamente dispone: “.2) RESOLUCIÓN EFECTUADA POR LAS ENTIDADES MENCIONADAS EN EL ARTICULO 1° DE ESTA REGLAMENTACIÓN: a) Por falta de pago de TRES (3) cuotas íntegras y consecutivas: En este caso, será obligación de la entidad notificar de inmediato la constitución en mora intimando al usuario a regularizar el pago íntegro de las sumas adeudadas en un plazo de diez (10) días hábiles y, vencido este último, resolver el vínculo contractual, con la finalidad de impedir el devengamiento de nuevos períodos de facturación. b) Por falsedad de la declaración jurada: Para que la entidad pueda resolver con justa causa el contrato celebrado, deberá acreditarse que el usuario no obró de buena fe en los términos del art. 1198 del CÓDIGO CIVIL.” (art. 9° decreto 1993/2011).

Ambos supuestos han sido invocados por la accionada -Mutual Federada 25 de Junio Soc.de Protección Recíproca- mas, como lo resuelve mi distinguido colega preopinante, ninguno de ellos ha sido acreditado en la forma que la normativa requiere.

En el caso de la falta de pago, la nota de intimación obrante a f. 158 de autos no cumple con lo que expresamente dispone el art. 9 de la reglamentación, cuando requiere que vencido el plazo de intimación, se resuelva el vínculo contractual. Ello no ha sucedido en la especie, la prueba aportada solo sustenta la intimación al pago, pero no hay acreditación de haber hecho efectiva la resolución.

Por su parte, en cuanto a la posibilidad de la rescisión por falsedad en la declaración jurada, considero que la carga de la prueba de que el usuario no obró de buena fe en los términos previstos por la normativa de fondo (hoy art. 961 del CCyCN), estaba en manos de quien la afirma, y ello no ocurrió en el sub lite. Es más, es preciso tomar en consideración que las empresas de salud realizan, una actividad económico comercial tendiente fundamentalmente a la obtención de un beneficio, y cuentan con una organización de recursos que tiene como finalidad producir y operar en la circulación de bienes y servicios, siendo por esta razón un proveedor, en los términos del art. 2 de la ley 24.240 y el paciente un consumidor. Sus dos reformas a través de las leyes 24.999 y 26.361 progresan en los mecanismos y reformulan la situación del consumidor y del usuario, y respecto a la salud, adquieren relevancia las disposiciones referentes a la información, su completividad y claridad (art. 4), publicidad (art. 8) y su carácter vinculante, trato digno (art. 8 bis) y cláusulas abusivas (arts. 37 y ss).

Y dentro de todo este marco normativo, la interpretación ha de ser en favor del paciente consumidor.

Por todo lo expuesto, adhiero al voto del Dr. Amabile.

Por ello, SE RESUELVE:

1. Rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia apelada.

2. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68, CPCCN).

3. Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase.

El señor Juez de Cámara, doctor P. A. Candisano Mera no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Silvia Mónica Fariña

Roberto Daniel Amabile

María Alejandra Santantonin

Secretaria