Para impedir la libre expresión, no es suficiente la sola manifestación sobre la falsedad de dicha publicación

Partes: S. E. R. c/ Diario El Territorio S.A. y otro s/ hábeas data (art. 43 CN.)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114156-AR | MJJ114156 | MJJ114156

La sola manifestación sobre la falsedad de la publicación resulta insuficiente para admitir una cautelar que impida la libre expresión, teniendo el derecho a ejercerla por su parte y la posibilidad de reclamar un resarcimiento.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de habeas data y preventiva de daños contra un Diario y contra Google a fin de que eliminen o bloqueen el acceso al sistema para sugerir búsquedas a los usuarios del buscador, cesando en la difusión de la existencia de esas URLs y eliminando los contenidos en versión ‘caché’, ya que si bien los resultados de la búsqueda califican al actor como ‘delincuente prófugo’-estado procesal que jamás tuvo- el hecho de que continúe la difusión de la información que califica como falsa no resultaba suficiente para fundar el perjuicio irreparable que sufriría el peticionario de no concederse la medida, a la vez que el peligro en la demora tampoco estaba acreditado, en función de que se trata de contenidos de 2014 y 2010.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 35/44 -cuyo traslado fue contestado a fs. 116/120- contra la resolución de fs. 33, y CONSIDERANDO:

1. El actor interpone “acción de habeas data y preventiva de daños” contra Diario El Territorio (El Territorio S.A.) y Google Inc. a fin de que eliminen o bloqueen el acceso al sistema para sugerir búsquedas a los usuarios del buscador accesible desde http://google.com.ar a las URLs que indica, cesando en la difusión de la existencia de esas URLs y eliminando los contenidos en versión “caché”. Además solicita que “El Territorio” suprima toda información vinculada a su persona. Alega que ingresando su nombre al buscador de Google se obtienen publicaciones que lo califican como “delincuente prófugo”, estado procesal que jamás tuvo. Manifiesta que las notas suscriptas por el señor Cristian Valdez obrantes en la publicación digital “El Territorio”, datan de octubre de 2014 y no responden a ningún hecho concreto ocurrido en esa época sino que, en su caso, se especifica que los hechos se remontan a más de veinte años. Entre otras inexactitudes, señala que allí se indica que es contador, cuando su profesión es la de abogado. Invoca la afectación del derecho al honor y el daño que le provoca la publicación de datos falsos relativos a su persona, máxime teniendo en cuenta que está desempleado y en procura de un puesto de trabajo. Expone que intimó previamente a ambas demandadas, sin respuesta favorable. Solicita que, como medida cautelar, se ordene a Google eliminar o bloquear el acceso al sistema para sugerir búsquedas a los usuarios en su buscador de las URLs identificadas, abstenerse de permitir el acceso a éstas a través de dicha herramienta, cesar en su difusión a través del buscador, liminar los contenidos almacenados como versión “en caché” y toda URL que permita a los usuarios acceder a páginas web que contengan la información señalada.Precisa que la medida no persigue que se modifique la información en “El Territorio” sino sólo que se bloquee y/o se elimine su posibilidad de acceso y los cachés respectivos (cfr. fs. 18/28 y punto VII). La resolución apelada rechazó la medida precautoria con fundamentoen la falta de acreditación de los requisitos para su dictado. En orden a la verosimilitud del derecho, consideró que la sola manifestación sobre la falsedad de la publicación resultaba insuficiente para admitir una cautelar que impida la libre expresión, teniendo el derecho a ejercerla por su parte y la posibilidad de reclamar un resarcimiento. También ponderó que no se demostró la imposibilidad de identificar a los titulares o creadores de los contenidos, lo que no justifica una restricción cautelar sobre el servicio que presta Google. Estimó que el hecho de que continúe la difusión de la información que califica como falsa no resultaba suficiente para fundar el perjuicio irreparable que sufriría el peticionario de no concederse la medida, a la vez que el peligro en la demora tampoco estaba acreditado, en función de que se trata de contenidos de 2014 y 2010.

2. El actor alega que la alusión al carácter de “prófugo” se formula únicamente en “El Territorio” y es manifiestamente falsa. Añade que los demás resultados del buscador que indica, se refieren a constitución de sociedades, a competencias de velero, directorio de abogados, que son incompatibles con la calidad de prófugo que se le atribuye. Señala que ha aportado elementos reveladores de una vida “normal y no clandestina” y que las notas no mencionan actuaciones judiciales. Se agravia de que no se advierta que los buscadores son una base de datos personales, indexados y tratados por Google. Aduce que no se trata de una “nota de prensa” sino de un “relato” que se remonta a supuestos hechos ocurridos hace más de veinte años y cuyo valor periodístico es nulo.Asevera que tuvo conocimiento de las publicaciones un par de días antes de enviar las cartas documento a los demandados y sostiene que aun cuando ello hubiera sucedido hace algún tiempo, esa circunstancia no menguaría sus derechos en torno a la información falsa. Destaca el hondo pesar que le produce la existencia de la información inexacta difundida masivamente y argumenta que de no suspenderse la circulación, el daño se amplificaría. Aduce que, tratándose de una cuestión que no excede el mero interés personal del reclamante, basta con que se niegue a que aparezca un dato personal en la red para que sea eliminado. Sustenta la procedencia de la medida en el art. 16 de la ley 25.326 y en la doctrina del fallo “Costeja” del Tribunal Europeo. Finalmente, precisa que no solicita que el dato sea rectificado o suprimido -lo que se hará en la sentencia definitiva-, sino que se impida su acceso a través de Google.

Google aduce que omite el análisis de los textos cuya censura pretende y que no presentó o sugirió evidencia que contradiga lo que allí se afirma. Sostiene que debe analizarse la fecha de la publicación y no la de los hechos a los que hace referencia. Añade que se trata de información relativa a un asunto de interés público, que trasciende la esfera privada del actor. Destaca que su parte resulta ajena al contenido cuestionado, mientras que el autor, el editor y quien lo aloja se encuentran identificados. 3. En primer lugar, cabe señalar que ni los artículos del Código Civil y Comercial ni ninguna otra de las normas de nuestro ordenamiento jurídico invocadas por el accionante para requerir la orden de bloqueo o eliminación de la información cuestionada, pueden ser aplicadas sin compatibilizarlas con la totalidad de los derechos constitucionales involucrados ­art. 1 del Código Civil y Comercial­ (cfr.Sala III, causa 39.997/2015 del 11­3­16; esta Sala, causas 7259/2014 del 7­7­16 y 3735/16 del 4­7­17).

Los casos como el que se plantea comprenden dos intereses esenciales que necesariamente se deben sopesar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet – con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos (personalísimos o a la propiedad de las personas humanas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (cfr. Sala III, doctrina de la causa 4560/10 del 15­3­2012 y sus citas y causas 270/12 del 5­6­12 y 6804/12 del 30­4­13; esta Sala, causa 4685/13 del 27­12­13).

En esa dirección, la Corte Suprema ha destacado la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en la difusión de información y de opiniones (in re “Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s. daños y perjuicios” del 28­10­2014). La doctrina de dicho precedente sirve para establecer el estándar de protección del derecho a la libertad de expresión en internet cuando se examina la procedencia de medidas cautelares que ordenan bloqueos a los “buscadores” (cfr. Sala III, causa 72659/14 del 20­11­15). En segundo lugar, la medida cautelar pretendida es innovativa y, por ende, tiene carácter excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado; es decir, importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa. Tales extremos justifican una mayor prudencia en el examen de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431 , 319:1069 , 321:695 , 325:2347 y 331:466 ). En esa línea, el art.38 de la ley 25.326 (B.O. 2­11­2000), que resulta aplicable en función del trámite asignado a fs. 32, establece que “El Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.” (cfr. inciso 4). Seguidamente, se debe señalar que los contenidos que motivan el pedido de la medida cautelar contra Google, han sido presentados en notas periodísticas disponibles en las páginas del portal http://www.elterritorio.com.ar individualizadas a fs. 18 -correspondientes al 19 de octubre de 2014- y cuyas impresiones obran a fs. 6/10. Las notas versan sobre personas que se encontrarían prófugas, especialmente de la provincia de Misiones por el obrar negligente que se atribuye a las fuerzas policiales y, en ese contexto, se menciona el nombre del actor. En particular, una de éstas relata una denuncia por estafa ocurrida hace veinte años y se indica que trata de un contador que residiría en Cuba, información que surgiría de su cuenta de Facebook (cfr. fs. 10). En orden a acreditar la falsedad de ese contenido, el peticionario aduce que su profesión es la de abogado, acompaña la impresión de otra nota del mismo portal ­fechada el 45­10- donde se lo menciona como el defensor de un ex juez en una causa penal (cfr. fs. 12) y copias de su libreta de matrimonio y de la sentencia de divorcio dictada en 2016 (cfr. fs. 14 y 15). Sin perjuicio de ello, al contestar el informe solicitado en los términos de los arts. 39 y 41 de la ley 25.326 a fs.32, la codemandada El Territorio SACI Y F -en lo que aquí interesa- alegó la posibilidad de que se tratara de un homónimo, que la información publicada surgía de una investigación periodística sobre causas penales y ofreció prueba informativa a los juzgados de instrucción penal N° 1 y N° 2 de Oberá, Misiones y testifical sobre la materia (cfr. fs. 83/87, punto VI). En función de la edad que se le atribuye a la persona a la que alude la nota (30 años) a la época de los hechos ­20 años antes de 2014 (cfr. fs. 10), de la edad del actor que surge de la copia de libreta de matrimonio ­31 años en 2001- (cfr. fs. 14), de las distintas profesiones (contador o abogado), prima facie podría tratarse de un homónimo. En tales condiciones, s e debe ponderar que la información de las notas no involucra la vida privada del peticionario, que la pretensión cautelar no se dirige contra los autores de los contenidos sino contra Google como titular del motor de búsqueda y que ­en este estado no surge manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto como requiere el art. 38 de la ley 25.326.

Consecuentemente, la medida solicitada es improcedente en los términos del art. 232 del Código Procesal o del art. 38 citado y admitirla importaría restringir -en las circunstancias expuestas- la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032. Por último, en relación con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la causa “Google Spain, S.L., y Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González” (sentencia del 13­5 14), cabe señalar que versa sobre la interpretación de diversos artículos de la Directiva 95/46CE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ajenos a nuestra legislación y presupone que efectivamente se trate de información relativa a la persona del peticionario, aspecto que en este estado no ha sido determinado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión y al estado liminar de las actuaciones (arts. 69 y 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

El doctor Guillermo Alberto Antelo no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte