Se rechaza el pedido de un cambio de prenombre al haberse determinado que su utilización no provocaba un daño en el psiquismo de la actora

Partes: L. R. M. c/ B. I. s/ cambio de nombre

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Pergamino

Fecha: 24-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-111830-AR | MJJ111830 | MJJ111830

Rechazo del pedido de cambio de prenombre al haber opinado el perito psicólogo que su utilización no provocaba un daño en el psiquismo de la actora, no configurándose los justos motivos a los que alude el inc. c) del art. 69 del CCivCom.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que no hizo lugar al cambio del prenombre solicitado, pues los justos motivos para modificar o cambiar el nombre de una persona a los que alude el inc. c) del art. 69 del CCivCom. han de ser fundados en razones serias que pueden afectar a la persona con un perjuicio real en su identidad, en atención al ridículo, giros injuriosos o ideológicos agraviantes, deshonra, asociación con persona que afectare su reputación o aspecto emocional, temor a confusiones y toda otra derivación dañosa de la individualización que se cuestiona; pero no vinculada meramente, como en el caso, a la costumbre de utilizar desde pequeña el nombre que procura en vez del que figura en el DNI y la vergüenza en explicar la historia de ello.

2.-Desde la óptica del experto, dictamen que no fue oportunamente impugnado por la actora, no existe daño en el psiquismo por el uso del nombre que, por así decirlo, detenta en ‘los papeles’, sino que el deseo de su cambio es la consecuencia de una afección que se aconseja abordar mediante tratamiento.

3.-El nombre, en tanto atributo de la personalidad, tiene en principio carácter inmutable, existiendo un interés público y social de individualizar a las personas, de modo que todo cambio a su respecto debe ponderarse prudencialmente, admitiendo excepciones sólo por razones serias por cuanto el cambio arbitrario y libre podría suscitar errores o fraudes.

Fallo:

En la ciudad de Pergamino, el 24 de abril de 2018, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° . caratulada “P, M P S/ CAMBIO DE NOMBRE” , Expte. N°. del Juzgado de Familia N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: R. Manuel Degleue y Graciela Scaraffía y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

I) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

II) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTION el señor Juez R. Manuel Degleue dijo:

El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente rechazando la acción promovida por la señora M P P y en consecuencia no hizo lugar al cambio del prenombre M por el de S. Con costas a la accionante perdidosa. Apela la actora en el escrito que obra a fs. 106 y expresa sus agravios a fs. 108/10 vta. Principia su queja afirmando que el juzgador anterior no ha tenido en cuenta los graves perjuicios que acarrea a su persona continuar utilizando el nombre que figura en su documento nacional de identidad, los que ha acreditado en autos en cuanto no le permiten desarrollarse plenamente como persona dentro de la sociedad. Sostiene la apelante que es conocida públicamente con el nombre de S y no utilizar dicho nombre la perjudica en su desenvolvimiento cotidiano (práctica de deportes, concurrencia a club, estudios). Alega que si bien el nombre es inmutable, la normativa prevé la posibilidad de modificar el mismo “.cuando haya adquirido cierta notoriedad y cuando su utilización afecta la personalidad (art. 69 inc.c) del Código Civil).”.

Señala que el pedido se basa en la necesidad de que la identidad por la cual es conocida sea plasmada también en el orden legal ya que lo contrario lesiona gravemente su derecho humano a la identidad y que el A-quo ha utilizado un criterio restrictivo mientras que el principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir debe remitirse a la norma más amplia o la interpretación extensiva. Por lo expuesto considera que existen motivos suficientes para que se revoque la sentencia anterior y se haga lugar a la demanda. Conferida la debida intervención al Ministerio Público, la Sra. Fiscal a fs. 115/5 bis solicita se haga lugar a lo peticionado por la accionante, por cuanto considera acreditada la afectación de la personalidad a que alude el Cód. Civ. y Com. de la Nación. A fs. 118 se dictó el llamamiento de autos que habiendo adquirido firmeza, deja la causa en condiciones de ser fallada. “El art. 69 del Código Civil y Comercial recepta la posibilidad del cambio del prenombre y del apellido sólo de mediar a criterio del juez justos motivos y al respecto formula una enunciación de tales justos motivos. Nuestro régimen ya consagraba el principio de inmutabilidad del nombre y si bien los justos motivos debían vincularse a causas serias y graves y los presupuestos debían ser interpretados en cada oportunidad en forma restrictiva, nuestros tribunales desde hace ya unos años vienen flexibilizando el criterio.”.”se receptaron en este artículo algunos criterios judiciales que acogieron favorablemente el cambio y/o modificación del nombre y apellido y especialmente se receptó en el inc.c) el supuesto de afectación de la personalidad del interesado en tanto ésta resulte debidamente probada”. (confr. Rivera-Medina, Cód. Civ. y Com. de la Nac. comentado, Tomo I, pág. 260/1, ed. 2015). La nueva normativa, no difiere en lo sustancial de la anterior (ley 18.248), ya que el art.69 del actual digesto de fondo dispone que el cambio de nombre procede ante la existencia de “. justos motivos a criterio del juez.”.

Asimismo, en cuanto a las constancias del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el art. 17 de la Ley 14.078 dispone que “Registrada una inscripción, la misma no podrá ser modificada sino en virtud de resolución o disposición de autoridad competente”, criterio al que cabe aplicar el señalado estándar de la normativa precitada, en cuanto a la exigencia de la justificación de tal motivación para hacer lugar al pedido. Es decir que el tema a decidir consiste, precisamente, en analizar si existe la justificación suficiente para proceder al cambio solicitado en autos, la que a mi entender y coincidiendo con el juez A quo, no se ha logrado acreditar, no conmoviendo los agravios expuestos al recurrir ni el dictamen favorable de la Sra. Fiscal, tal conclusión. Ha de partirse entonces de que el nombre en tanto atributo de la personalidad, tiene en principio carácter inmutable, existiendo un interés público y social de individualizar a las personas, de modo que todo cambio a su respecto debe ponderarse prudencialmente, admitiendo excepciones sólo por razones serias por cuanto el cambio arbitrario y libre podría suscitar errores o fraudes. Es decir, si bien no es absoluta tal inmutabilidad pues el art. 69 del Código Civil y Comercial admite la posibilidad de su cambio o modificación, corresponde a la jurisdicción examinar la entidad de los “justos motivos” a que alude la norma y sobre los que formula ejemplos tales como que el seudónimo hubiera adquirido notoriedad, la raigambre cultural, étnica o religiosa, y la afectación de la personalidad del interesado, siempre que resulte acreditada. Obviamente en materia del alcance de la afectación de la personalidad, resultará de especial importancia lo que surja de las pruebas periciales, como es en el presente caso, el informe pericial psicológico que obra a fs.84/85, de cuya apreciación – así como de las restantes constancias de autos-, estimo no aparecen los justos motivos exigidos por la normativa en estudio. Es que, el profesional interviniente ha sido más que claro al señalar en sus conclusiones específicamente, que: ” A partir de la lectura del expediente y el análisis de la entrevista se considera que la veda de los actos sociales se responde a un mecanismo de defensa articulado frente a conflictos internos correspondientes a la esfera social. El nombre en si mismo no configura un elemento simbólico angustiante ya que no ha emergido ese afecto ni existe una construcción argumental que de cuenta de un trauma ni se observan elementos sintomáticos en tal sentido. Al momento de la entrevista la solicitud de cambio de nombre se presenta como síntoma de una disfuncionalidad en la esfera social de la entrevistada sin conciencia de tal obstáculo, por lo tanto se aconseja la realización de tratamiento psicológico. Nombre y apellido, en tanto símbolo y lugar dentro de una trama familiar, que establece relaciones y es parte de la construcción histórica de la personalidad de un sujeto, deviene traumático cuando las relaciones que lo fundan y/o los actores han causado daño severo al psiquismo del sujeto.

El caso examinado no reviste tales características.” (fs. 85 y el subrayado me pertenece).

Por lo demás, la disconformidad con el referido estudio pericial, que ahora intenta al fundamentar el recurso no puede ser tenida en cuenta, en tanto ha precluido la oportunidad para ello, ya que no hizo uso del derecho en tiempo oportuno, conforme lo dispone el art. 473 del ritual. Al respecto, he de señalar que en el procedimiento civil la ley prescribe un orden taxativo, señalando distintas fases preclusivas, que se desarrollan en forma sucesiva y concatenada, en el que impera el principio dispositivo por el cual se confía a la actividad particular de los litigantes el estímulo de la función jurisdiccional.En oportunidad del traslado del informe pericial, la actora no hizo uso de su derecho a pedir explicaciones al experto, o solicitar la ampliación del informe, y recién al fundar la apelación introduce la cuestión de que aquél es “incompleto”. Por ello, no habiendo la accionante impugnado oportunamente el contundente informe pericial psicológico, se halla vedado a este Tribunal tratar las cuestiones novedosas introducidas en esta sede, que no fueran propuestas a conocimiento del juez primero (art. 272 del CPCC). Pero reitero, más allá de tales cuestiones procesales, de los antecedentes del caso traído, surge que los motivos invocados por la peticionante no configuran el presupuesto legalmente previsto para la procedencia de pretensión como la incoada. La requirente del cambio de nombre, en su relato de demanda señala que el motivo es que ella siempre, desde su nacimiento y en todos los ámbitos de su vida, ha sido llamada por el nombre al que pretende cambiar, por lo que tener que utilizar aquél que figura en su documento la afecta y limita su desenvolvimiento social y a fs. 108 del memorial recursivo expresa que la anulación de determinadas actividades sociales ha quedado claramente explicado en el informe psicológico en el que declara que le da vergüenza contar la historia de su nombre, no hace deportes por la vergüenza que siente cuando la llaman por dicho nombre y que no quiere recibir el diploma del profesorado ya que la expone a una situación angustiante la cual no quiere afrontar. Tal cuadro de situación ha sido evaluado por el perito psicólogo en los términos ya transcriptos y ha dictaminado sobre la conveniencia de terapia en tanto la solicitud de cambio de nombre, lo que revela es un síntoma de una disfuncionalidad en la esfera social.Se aprecia entonces que desde la óptica del experto no existe daño en el psiquismo por el uso del nombre que, por así decirlo, detenta en “los papeles”, sino que el deseo de su cambio es la consecuencia de una afección que se aconseja abordar mediante tratamiento. Los justos motivos para modificar o cambiar el nombre de una persona a los que alude el inc. c) del art. 69 del C.C.C., han de ser fundados en razones serias que pueden afectar a la persona con un perjuicio real en su identidad, en atención al rídiculo, giros injuriosos o ideológicos agraviantes, deshonra, asociación con persona que afectare su reputación o aspecto emocional, temor a confusiones y toda otra derivación dañosa de la individualización que se cuestiona pero no vinculada meramente, como en el caso, a la costumbre de utilizar desde pequeña del nombre S en vez de M que figura en el DNI y la vergüenza en explicar la historia de ello. Por las razones dadas y citas efectuadas, VOTO POR LA AFIRMATIVA. A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.

A la SEGUNDA CUESTION el señor Juez R. Manuel Degleue dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: Rechazar el recurso de apelación deducido, y en su mérito confirmar la sentencia primera en todas sus partes. Costas a la apelante que resulta perdidosa (art. 68 del C.P.C y C.). ASI LO VOTO. A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.- Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;

SENTENCIA:

Rechazar el recurso de apelación deducido, y en su mérito confirmar la sentencia primera en todas sus partes. Costas a la apelante que resulta perdidosa (art. 68 del C.P.C y C.). Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.

Graciela Scaraffia

Presidenta Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dpto. Judicial Pergamino

Roberto Manuel Degleue

Juez

Luis María Bianco

Auxiliar Letrado