Ciberterritorialidad: ¿Un nuevo principio de aplicación espacial de la ley penal?

Autor: Ruiz, Maximiliano

Fecha: 5-jul-2018

Cita: MJ-DOC-13562-AR | MJD13562

 

Sumario:

I. Introducción. II. Notas preliminares. III. Ley penal en el ciberespacio. IV. La jurisprudencia y la competencia en el ciberdelito. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

Doctrina:

Por Maximiliano Ruiz (*)

RESUMEN

La incidencia del ciberespacio en el proceso penal ha modificado los parámetros de análisis espaciales dedicados a la localización de las conductas delictivas asociadas al desarrollo tecnológico generando inconvenientes a la hora de seleccionar criterios precisos para la determinación de la jurisdicción y la competencia.

El presente trabajo tendrá como propósito marcar y analizar algunas de las tendencias que se vienen aplicando como respuestas a esta problemática y las repercusiones que traen aparejadas en torno a los derechos fundamentales y al proceso penal en general.

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación (conocidas como TIC) se proyecta a escala mundial con un incremento exponencial de interacción entre los individuos, simplificando y multiplicando canales conexión digital e instalando cambios significativos en valores, costumbres y formas de actuar en la vida cotidiana.

Entre los fenómenos sociales, culturales y económicos que han sido atravesados por el avance de las tecnologías no han quedado exceptuados el derecho penal y el derecho procesal penal, que vieron modificadas sus estructuras tradicionales frente al nacimiento de nuevas formas de acción lesiva, la denominada «delincuencia informática» o «cibercrimen» (1).

Este escenario abrió una gran ventana de oportunidad criminal (2) en un nuevo lugar de acción distinto a los espacios físicos tradicionales, el ciberespacio (3), de cuyos caracteres emerge una geografía reticular trasnacional que eleva extraordinariamente la creación de múltiples riesgos y vulnerabilidades en el ámbito de los bienes jurídicos individuales y colectivos.

Como reacción a ese panorama se introdujeron reformas en el derecho penal internacional (4) y en las legislaciones penales locales de cada Estado (5) para proteger nuevos bienes jurídicos de interés y adaptar los clásicos tipos penales a los nuevos formatos tecnológicos.Y como condición necesaria se profundizaron modificaciones en las investigaciones ligadas a la especialización informática forense con la creación de gabinetes científicos en pos de gestionar nuevas metodologías de trabajo para alcanzar una mayor eficiencia en la recolección de evidencias digitales, elevando los estándares en la solución de los casos y en la identificación de los autores de los delitos (6).

¿A la par de ello, las propiedades dinámicas y complejas de las conductas que ingresan al entorno globalizado del ciberespacio, obligaron a redefinir los parámetros tradicionales en materia de aplicación de ley penal espacial que se encontraban subordinados al pensamiento lógico físico-territorial.

Esta circunstancia, que será el eje central de esta exposición, es ya una cuestión de gran importancia, pues plantea no pocas dificultades teóricas y prácticas al momento de analizar las conductas típicas configuradas en el entorno virtual y establecer: 1. el lugar de comisión del hecho, 2. la ley aplicable (jurisdicción) y 3. el órgano judicial que conocerá en el caso (competencia).

Por tanto, aquí propongo trazar algunas líneas generarles de aproximación sobre las tendencias que se proyectan para la asignación de la jurisdicción y la competencia en los delitos cuyas etapas se desarrollan en o a través del ciberespacio, sin dejar de controlar la tensión que se produce en torno a la afectación de los derechos fundamentales que deben primar en el debido proceso penal.

II. NOTAS PRELIMINARES

1. Repaso terminológico

Previo al abordaje del tema central es menester puntualizar algunos conceptos que permitan contextualizar las acciones lesivas que se ejecutan en el ámbito de Internet.

A partir de la expansión del desarrollo en nuevas tecnologías aplicadas al derecho penal y procesal penal se ha creado una nueva terminología que indistintamente se utilizó para nombrar a los delitos ocurridos en Internet, como ser cibercrimen, ciberdelitos, delincuencia informática, delitos informáticos, delitos de alta tecnología, delitos 2.0, entre otros.Por cierto, elegiremos las expresiones cibercrimen o ciberdelito al ser las que mejor se ajustan al sentido práctico que se pretende imprimir en esta exposición, entendiéndolas como «…el conjunto de conductas relativas al acceso, apropiación, intercambio y puesta a disposición de información en redes telemáticas, las cuales constituyen su entorno comisivo, perpetrada sin el consentimiento o autorización exigibles o utilizando información de contenido ilícito, pudiendo afectar a bienes jurídicos diversos de naturaleza individual o supranacional» (7).

Esos rótulos se presentan como guías para diferenciar conductas delictivas de variadas características de comisión que son intervenidas, en mayor o en menor medida, por aspectos tecnológicos en un ámbito diferente al físico, esto es, en la dimensión del ciberespacio, pero que no constituyen «una categoría autónoma más del elenco de delitos» (8).

Siguiendo ese camino, se asume entonces que la mera existencia de aspectos informáticos detectados en ciertas conductas no será un factor decisivo para constituirlas como un postulado sustantivo independiente, más allá de los contenidos de base criminológica que servirán para el estudio vinculado al fenómeno de la cibercriminalidad (9).

Ello, en tanto que, el punto referencial que se fija para la clasificación autónoma de una conducta lesiva penalmente relevante no estará signada por la singularidad de modalidades fácticas, sino antes bien en perspectiva a la puesta en peligro del bien jurídico que representan esos hechos en los individuos o en la comunidad.

En concreto, la presencia o no de lo informático en una conducta «…no puede tener entidad suficiente para mutar la naturaleza de cualquier delito, cuya esencia estará siempre en la naturaleza del bien jurídico cuya afectación se pretende evitar» (10).

2. Clasificación aclaratoria

Estas primeras aproximaciones imponen excluir del universo de casos considerados ciberdelitos a las conductas típicas que, una vez detectadas como tales, desplieguen todas sus etapas de ejecución solamente en el espacio físico.Estos son los llamados delitos convencionales o tradicionales, que no son alcanzados por ningún evento tecnológico.

La adaptabilidad con que la que actualmente se asimilan los mecanismos informáticos en la vida diaria en todos los estamentos de la sociedad, agrega nuevas capacidades para modelar los comportamientos en los delitos catalogados como tradicionales. Pues así, si bien muchas conductas proceden de formatos de acción corpóreos introducen elementos propios del ciberespacio que serán, en muchas ocasiones, determinantes para cumplir alguna de las etapas del delito.

De tal manera, se produce una concurrencia fáctica con rasgos del espacio físico y con notas típicas del ciberespacio que se conjugan para alcanzar una necesaria consumación criminal dando lugar a «versiones informáticas» (11) de los delitos clásicos.

Como simple ejemplo de la práctica diaria ya es común la utilización de plataformas de comunicación virtual para proferir amenazas valiéndose de mensajes de texto, de imágenes o de audios subidos o colgados a una red o enviados por canales electrónicos, como medios idóneos con aptitud suficiente como para poner en estado de alarma o temor y, en su caso, coaccionar a las personas que son objeto de ellas.

A la inversa, esta coexistencia de espacios se constata también en la comisión de delitos que si bien troncalmente pertenecen a una raíz de origen informático, es decir no tradicionales, gestados a partir de la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) poseen condimentos del mundo físico para complementar su construcción consumativa.Aquí servirá como nota ejemplificativa lo que ocurre con la cadena progresiva del ciberacoso infantil o cibergrooming, cuya estructura de comisión se sostiene por etapas diferenciadas que van desde el acercamiento de un adulto hacia una víctima menor en un ámbito virtual a través de la creación de perfiles falsos en redes sociales o chats, hasta conseguir un eventual contacto directo, (obviamente, en el espacio físico) con propósitos de agresión sexual (12).

Como punto final de esta selección, serán entonces ciberdelitos propiamente dichos o puros, aquellos que sean cometidos en todo su curso de acción, sí y solo sí, valiéndose de dispositivos informáticos conectados a la red y que por consiguiente tengan lugar de ejecución sólo en el entorno del ciberespacio, por ejemplo, hacking, intrusismo informático, diseminación de malware, etc.

Desde una concepción mucho más amplia unida especialmente al ámbito del tratamiento de la prueba, podemos afirmar que todo evento que ingrese al sistema penal que tenga un aspecto tecnológico implicado en su investigación, ya sea como un medio que el autor utilice para alcanzar su cometido o que al menos, se despliegue en una fase del suceso dentro el espacio virtual, podrá incluirse dentro de la clasificación genérica de los ciberdelitos.

Con estas primeras definiciones y habida cuenta la destacada característica transfronteriza del ciberespacio, será muy complejo establecer con certeza el lugar de comisión de las conductas típicas, lo que pone en crisis los tradicionales criterios de aplicación de la territorialidad de la ley penal, que sin duda, deben redefinirse desde lo práctico y conceptual.

III. LEY PENAL EN EL CIBERESPACIO

1.Aspectos generales

A partir los postulados constitucionales receptados por el derecho procesal penal deviene imperativo en todo procedimiento señalizar el lugar de comisión del delito que otorgue validez a la ley penal dentro de un territorio determinado, para poder aplicarla y establecer qué órganos judiciales van a entender en la investigación y juzgamiento de quienes resulten imputados.

En efecto, para poder afirmar que un proceso regulado por la ley satisface las garantías del debido proceso tie ne que cumplir ciertos requisitos preexistentes, entre los que se encuentra, a no dudarlo, la fijación estricta de jurisdicción al tiempo de la ocurrencia del hecho para brindar certidumbre a quien el Estado impute la comisión de un delito, puesto que «cualquier procedimiento que pueda conducir a una sanción de naturaleza represiva merece ser analizado a la luz de las garantías que nuestra Constitución ofrece a quien es afectado por esa sanción» (13).

Bajo esos pilares fundamentales, nace el principio de territorialidad (locus comissi delicti) que descansa sobre parámetros geográficos expresados por puntos cardinales que encierran el lugar de comisión del delito dentro de visibles límites fronterizos de las jurisdicciones internacionales o de las que integran un mismo Estado.

Este es el histórico fundamento de la denominada competencia territorial mediante la cual un juez ejerce su potestad jurisdiccional sobre los delitos ocurridos en un territorio predeterminado, como manifestación del poder soberano de un Estado reconocido por la comunidad internacional, asegurando y preservando la vigencia material del marco normativo nacional (14).

En ámbitos espaciales físicos, el principio de territorialidad no parece acarrear mayores inconvenientes en los delitos cometidos a distancia, frente a las soluciones aportadas por la cooperación internacional en materia judicial para el cumplimiento de los legítimos propósitos de juzgamiento en una jurisdicción específica.Pero, frente a la nueva potencialidad transterritorial que otorga el ciberespacio aquellas directrices ligadas al espacio físico geográfico tornan imprecisos los parámetros de ubicación del lugar de comisión de una conducta y de la producción del resultado, ya que «las coordenadas espacio-tiempo adquieren otro significado y ven redefinidos su alcance y límites» (15).

Es decir que, la trama fáctica en los ciberdelitos podrá atravesar diferentes fronteras, dando inicio en un Estado bajo normas penales distintas a las de otro en el cual produce sus resultados y pudiendo a su vez, ramificar sus efectos hacia diversos espacios geográficos con una multiplicación de riesgos o daños concretos a víctimas indeterminadas.

La novedad de este fenómeno de deslocalización «es que ni delito ni delincuente traspasan fronteras porque no existen fronteras» (16) provocando serios inconvenientes al momento de identificar la ley penal aplicable en hechos ocurridos en el ciberespacio poniendo en cuestión los clásicos sistemas de regulación basados en la territorialidad.

3. Lugar del hecho. Teorías

Los inconvenientes generados para la determinación de la competencia procesal en las conductas en las que media una separación espacial entre acción y resultado se observa tradicionalmente desde tres perspectivas:

A. Teoría de la acción o de actividad

La primera se trata de «la teoría de la acción o de actividad», que considera cometido el delito donde haya tenido lugar toda o parte de la acción delictiva.Es la que «toma en cuenta el lugar donde se realizó el movimiento corporal» (17).

Como punto inicial, debemos adelantar que la aplicación de este criterio de fijación de la competencia territorial en el ámbito de los ciberdelitos se enfrenta a los avatares de las primeras medidas investigativas, motivo por el cual, el lugar de ocurrencia de la conducta no surgirá con rapidez.

Pues es cierto que, «El primer gran desafío al que enfrenta la persecución penal en la Era Digital radica en la deslocalización de la información digital a conseguir, ya que la misma puede ser “accesible” desde nuestros hogares sin necesidad de estar “localizada”, dentro de los confines de nuestro domicilio» (18).

Recordemos los casos de acceso ilegítimos a redes y sistemas o de intrusismo informático a casillas de un correo electrónico o ataques dirigidos a páginas web, cuyas indicaciones puntuales de los lugares de inicio de la acción dependerán de una intervención de expertos en materia informática pues, la sola recolección de información de los datos de tráfico o de la ubicación de la dirección IP no resultará una prueba inmediata y de certeza suficiente para la localizar la puesta en marcha de una conducta (19).

En ese trayecto y a partir del anonimato que se integra al ciberespacio como factor esencial y claramente negativo para la detección de los autores implicará que, en muchas ocasiones, se vean primero los lugares donde los efectos de la conducta delictiva se despliegan y más tardíamente (o quizás nunca) desde donde estos provinieron (20).

Se advierte, entonces, que la fijación de la competencia y la aplicación práctica de la teoría de la actividad estará sujeta, primordialmente, a aspectos probatorios que surjan de las evidencias procedentes del entorno digital en el marco de una investigación.

B.Teoría del resultado

La segunda teoría, «la del resultado», exige para su validez que el lugar de la comisión del delito sea donde se produce el resultado, es decir, en el cual se produce la lesión o el daño. Y siendo que el lugar lo determina el momento consumativo de la manifestación típica, la potestad de juzgar y sancionar (jurisdicción) lo tendrá el Estado que sufrió la perturbación del bien jurídico en su territorio.

Aquí se advierte, tempranamente, que si los resultados lesivos de una conducta se perciben en varios países, en forma simultánea o en periodos temporales distintos y que alcanzan a una pluralidad de víctimas, provocará una atomización de sumarios dando lugar a tramitaciones paralelas con una superposición de actividades probatorios pudiendo, eventualmente, dar lugar a soluciones procesales divergentes y a pronunciamientos contradictorios, generándose así un peligro de sometimiento a un doble (o múltiple) riesgo procesal (non bis in ídem).

Entonces, de aceptar la aplicación de esta teoría, los destinos territoriales involucrados podrán reclamar genuinamente la jurisdicción para sí, dando lugar por consiguiente, a conflictos de litispendencia entre dos o más Estados.

C. Teoría de la ubicuidad

Por su parte, «la teoría de la ubicuidad» entiende por cometido el delito tanto en el lugar en el que se lleva a cabo toda o parte de la acción, como en el lugar donde se produzcan los resultados con todos sus efectos. Es decir, que los hechos se tendrán por cometidos en todos los lugares en los que se desarrolló la acción desde su comienzo hasta su consumación.

Esta postura brinda una extensa prolongación para asumir la competencia territorial en los casos, como los ya apuntados, donde la detección de las maniobras cometidas de manera remota a través del ciberespacio enfrenta complejidades probatorias en las primeras etapas de la investigación.En tanto, según la teoría de la ubicuidad se podrá dar alcance a aquellos hechos cuyo «inter criminis» transcurre en dos o más lugares sin importar las distancias territoriales que separen el lugar inicial y dónde produjo el resultado (21).

En efecto, Henrik Kaspersen se inclina a pensar que «el lugar del delito (locus delicti) no se debe restringir al lugar donde el sospechoso actuó u omitió la conducta sino que debe extenderse bajo la doctrina de la ubicuidad y la doctrina sobre los efectos» y que la doctrina de la ubicuidad consiste en que «el delito sea cometido dentro del territorio de un Estado, si uno de los actos constituye un elemento del delito fue cometido ahí o si los efectos de la pena llegaran a manifestarse ahí (incluyendo la coparticipación y asistencia)» (22).

En este punto, «la teoría de los efectos» integrada a este análisis, encontrará aplicación para los casos donde se disponen de medios tecnológicos para que una manifestación delictiva tenga lugar en un Estado y con el propósito que el impacto perjudicial recaiga sobre otro diferente con otra jurisdicción (23).

En concreto, lo predeterminado del territorio en términos físico-geográficos entra en crisis y cede ante la aparición de un nuevo espacio que se caracteriza por la multiubicuidad de las conductas criminales, sin que la comunidad jurídica se exprese aún por la unificación de un criterio de aplicación acorde a esta realidad.

IV. LA JURISPRUDENCIA Y LA COMPETENCIA EN EL CIBERDELITO

1.Planteo del problema

Tal como fuera expuesto con anterioridad, la variedad de oportunidades que brinda el ciberespacio para la comisión de una infinidad de acciones delictivas, facilitadas por una plataforma ramificada a nivel mundial que recorre distancias sin que ningún obstáculo se interponga, involucrando a varios lugares de impacto bien diferenciados, torna difusas las pautas procesales conocidas para la determinación de la competencia territorial judicial.

De ello se deriva como problemática excluyente, la dificultad de marcar un punto sobre el mapa para situar el lugar de comisión de las modalidades que engloban el vasto elenco de delitos cometidos en Internet (ya sea los clasificados como ciberdelitos puros o los delitos tradicionales reversionados), al haberse «desdibujado las fronteras territoriales» (24).

Como consecuencia de la complejidad que se aprecia a partir de esta nueva ubicuidad, se producen evidentes indefiniciones para promover un arraigo jurisdiccional como salvaguarda del debido proceso penal expresado en la garantía del juez natural.

Debemos reconocer también como punto medular de análisis que las configuraciones de los espacios físicos y los espacios virtuales diferirán sustancialmente entre sí, desde sus formatos, diseños y desde los soportes en los que cada uno está emplazado.

Esta será, en adelante, una cuestión de crucial importancia, pues «cuando se procura abordar la jurisdicción sobre los ciberdelitos ha de partirse de que el ciberespacio es “planetario” y que las variables de ubicación territorial del domicilio de los autores y proveedores del servicio son múltiples, por eso, que todos o parte de los protagonistas se encuentren en el mismo país es teórica, pero nada más que eso» (25).

2. Diversos criterios de aplicación para el fenómeno del cibercrimen

La extensión espacial promovida por los delitos cometidos en el entorno del ciberespacio plantea dificultades de detección en las primeras etapas de una pesquisa y no otorgan elementos materiales como para que los operadores judiciales den precisión del lugar donde se cometió el hecho que le dio origen.Así, es a partir de este fenómeno de deslocalización que se promoverán criterios especiales de atribución de competencia material, algunas veces, respetando las reglas comunes, y en otras, desligándose del dogma tradicional de localización territorial.

A. Aplicación según la modalidad de acción criminal

La nota distintiva de los ciberdelitos es el diferimiento espacial entre el inicio y su resultado, con lo cual se vienen aplicando reglas interpretativas para la determinación de la competencia asociadas a las estructuras de cada tipo penal en particular.

Por lo que aquí, tomaremos dos formas de comisión construidas desde las TIC para dar una mejor integración explicativa a los fines de esta exposición, como ser: las defraudaciones informáticas y las actividades de juego ilegal «on line».

En los delitos que afectan el patrimonio integrados por etapas temporales para alcanzar una configuración final, existirá una discontinuidad fáctica por lo que comúnmente predominará la jurisdicción fundada en la clásica teoría de los tipos de fraude, es decir, se fijará el lugar en el cual operó el menoscabo material en perjuicio de la víctima.

Pues, ocurre que en las defraudaciones en las que median manipulaciones electrónicas o digitales será el perjuicio económico del sujeto pasivo el factor central de mayor incidencia para anclar la competencia territorial, con lo cual y siguiendo esta tipología especial, prevalecerá el lugar donde hayan salido las transferencias de activos patrimoniales de las cuentas bancarias sin el consentimiento del titular, sin tomar demasiado en cuenta otros eventos del inter criminis.

A propósito de ello, en un caso jurisprudencial atinente a una defraudación informática aportado por Riquert, se condujo el centro de atención de la competencia hacia el tramo de actuación de la operación bancaria correspondiente al desapoderamiento patrimonial, sosteniendo que: «El lugar de emisión de los correos por parte de la empresa contratante y el lugar de residencia del titular de la cuenta bancaria víctima del delito, son datos que resultan irrelevantes al efectos de la instrucción de la causa.Siendo datos trascendentes el lugar de actuación y de residencia del intermediario, al ser donde se reciben las transferencias y se extrae materialmente el dinero del circuito bancario para su envío a destinos en el extranjero; y también el lugar de emisión de la orden de transferencia, que no siempre se puede precisar» (26).

Otra conducta con derivaciones ilícitas que viene a sumar elementos puntuales al análisis del tema que nos ocupa, es la relacionada con las páginas web diseñadas para el ofrecimiento de juegos de apuestas en Internet que carecen de licencias de las autoridades locales que regulan la actividad.

El desarrollo de la llamada industria del juego y el entrenamiento es una de las actividades que mejor se ha adaptado a la estructura universal, popular y descentralizada del ciberespacio (27), y que, en su mayoría, es desarrollada por compañías radicadas en el extranjero con un servidor alojado en otro espacio geográfico distinto a su sede y cuya plataforma replica su contenido interactivo a millones de posibles apostadores en línea (esto es, trasnacionalmente) con pantallas omnipresentes a modo de casino virtual mundial.

Esta figura representa un nuevo fenómeno de deslocalización peculiar, con diversidad de actores y elementos que integran la maniobra en lugares distintos: 1. sede de la empresa desarrolladora del emprendimiento de la plataforma de juego «on line», 2. lugar de ubicación del servidor en otra empresa que presta el servicio de hosting, en otro país diferente y, 3. lugar de instalación del equipo informático en el que el usuario (jugador) realiza la apuesta.

Así, desde la jurisprudencia, esta tipología ha encontrado anclaje competencial específico señalando que: «Más allá de la jurisdicción que hubiera autorizado la explotación del juego a través de ese medio, no puede desconocerse la normativa vigente en aquellas donde se ofrece y pretende explotar o comerciar.Y esto es así porque, a diferencia de lo expresado precedentemente, es el sitio de internet el que se aloja en la computadora del usuario y le permite participar de los juegos no autorizados legalmente; entonces, no importa el lugar donde se instale físicamente el servidor y que éste no puede convertirse en un escudo contra la ley que reprima a aquellos que realicen tales actos ilegales (State of New York v. World Interactive Gaming Corp., N° 404428/98, Supreme Court N.Y.City, del 22 de julio de 1999)» (28).

Según estos lineamientos, se colige que la operación que realiza el apostador desde su pantalla será el lugar donde se concretan los efectos esperados por el desarrollador de la plataforma (en cualquier lugar del mundo) y, en la medida que la captación de la apuesta por ese medio no se encuentre habilitada por la autoridad que regula la actividad de juego, será ésa la jurisdicción afectada por el delito y con competencia para su juzgamiento (29).

B. Aplicación en función de las víctimas del ciberdelito

Como se apuntó desde un comienzo, ya es una realidad, que el aumento de riesgos y vulnerabilidades que afectan a las víctimas por los efectos de las nuevas formas del cibercrimen o por las clásicas modalidades que encontraron otro soporte de desarrollo en la sociedad de la información y la comunicación (TIC) exigen un nuevo enfoque de protección de los bienes jurídicos puestos en peligro.

Estrechamente vinculado a ello, los nuevos paradigmas que promueven la participación integral de la víctima, asegurándole el pleno ejercicio de sus derechos durante el proceso que fueron superando de modo progresivo arquetipos obsoletos que se caracterizaron por la expropiación del conflicto penal y la absoluta exclusión del ofendido (30), han encontrado otra forma de expansión en el tema que aquí tratamos.En sí, en el ámbito cotidiano judicial se aplican métodos prácticos para la asignación de competencia en razón a las necesidades y condiciones de los damnificados en los procesos penales para disminuir los efectos perjudiciales y paliar las consecuencias perniciosas y traumáticas de los delitos cometidos por Internet, asumiendo como posición dominante la teoría de la ubicuidad, puntualmente, en los casos de víctimas de ciberacoso infantil y de pornografía infantil.

En estas situaciones, donde definidamente los hechos se iniciaron en una jurisdicción distinta a la percepción de los efectos por parte de las víctimas se promueven provisionales prórrogas de competencia, con apoyatura en las doctrinas asentadas por instrumentos internacionales que tienen por finalidad asegurar que los órganos que integran los sistemas judiciales garanticen el pleno acceso a justicia como instrumento de defensa efectiva de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que intervienen en un proceso penal (31).

Desde el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de las Naciones Unidas (del 18 de enero de 2002), se marcó la preocupación ante la disponibilidad cada vez mayor de la pornografía infantil en Internet y en otros medios tecnológicos modernos, instando a la penalización en toda conducta relacionada con la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda, subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet.

Con posterioridad, en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (del 27 de octubre de 2007) se remarcó esa tendencia ante las «dimensiones preocupantes» que fue adquiriendo «el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los propios niños y por los infractores» (32), instando en su art.25 a cada Parte firmante a «adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para establecer su competencia respecto de cualquier delito tipificado con arreglo al presente Convenio». Y se apuntó que para los casos en lo que se susciten reclamos de competencia sobre los delitos contenidos en ese instrumento que «las partes en cuestión celebrarán consultas», «para determinar la competencia más conveniente a los efectos de perseguir el delito» (apartado 8 del art. 25).

Bajo ese ideario, datos que en otros tiempos eran registrados como secundarios o irrelevantes serán hoy un foco de atracción para determinar el lugar de asignación de competencia que propiciará a adoptar criterios objetivos adicionales de sencilla comprobación, como ser:

– El lugar donde se encuentra el dispositivo de conexión de la víctima.

– Cercanía del órgano de justicia con el domicilio de la víctima.

– La mayor posibilidad de ofrecer un mejor abordaje de los servicios de asistencia profesional.

– La garantía de protección ante una eventual revictimización.

– Mejores condiciones para una más pronta reparación del daño.

– El órgano judicial que tomó contacto por primera vez con la víctima y/o el que inició las primeras diligencias.

C.Aplicación según el principio de la justicia universal

La demarcación territorial del espacio de un Estado es el límite para la aplicación de la vigencia de la ley penal para el ejercicio de su potestad punitiva en lo que hace al juzgamiento de conductas ilícitas que se cometan en su ejido como manifestación plena de su poder soberano.

En tanto que, si aquellos comportamientos trasci enden a varios países, como ocurre en los casos de los ciberdelitos, será necesario que a los efectos de evitar la creación «paraísos jurídico penales» (33) proveer criterios subsidiarios del principio de territorialidad.

El principio de justicia universal fundamenta la aplicación del derecho de cualquier Estado independientemente del lugar de comisión, de nacionalidad del autor, de las víctimas o cualquier otro vínculo de arraigo y apoya la fijación de jurisdicción internacional en acciones que, por su gravedad, ofenden la conciencia de toda la humanidad, siendo el bien jurídico protegido la integridad y la dignidad de la humana en su conjunto poniendo en peligro principios generales consagrados desde los derechos humanos fundamentales.

Desde ese punto de partida, las manifestaciones delictivas de las organizaciones complejas que sustentan el terrorismo internacional y el ciberterrorismo cuentan con la utilización preponderante de herramientas informáticas como medio para la preparación y ejecución de sus ataques trasnacionales.

Como derivación de ello, se originan grandes inconvenientes en las investigaciones representadas en la detección y persecución de acciones organizadas proyectadas transfronterizamente pertenecientes a estas fenomenologías criminales, resultando insoslayable la aparición de dificultades para la determinación de la jurisdicción y la competencia.De esa manera, en procura de facilitar una mayor eficiencia en los primeros momentos pesquisitivos y otorgar una tutela judicial efectiva en sucesos de incuestionable lesividad, podría hacerse factible su tratamiento bajo el principio de jurisdicción universal en el entendimiento que los objetos centrales de protección de bienes e intereses se proyectan a más de un Estado y con alcances pluriofensivos en perjuicio de las comunidades que las componen (34).

Mientras que desde otra óptica, autorizada doctrina estima que sólo serían encuadrables en este principio de excepción aquellos delitos que atentasen contra los intereses comunes de toda la comunidad internacional, partiendo de una inactividad de los órganos judiciales competentes y en la medida que vinieran predeterminados en acuerdos internacionales (35). Y en sentido crítico, se ha sostenido que la aplicación de la justicia universal para los casos de terrorismo internacional «se desnaturaliza» (36), habida cuenta que éste está llamado en defensa de intereses que hacen al entorno de la dignidad humana y que, muchas veces, no se compadece con los objetivos que plantea proteger la lucha contra otro tipo de delitos cometidos en el ciberespacio.

D. Aplicación en función de las prácticas judiciales

Desde otro enfoque que no deja de estar vinculado al conjunto de casos recién descriptos, se presentan criterios de tradición judicial como opciones válidas para brindar respuestas en las investigaciones relacionada con la problemática que aquí se plantea.

Estas fórmulas inspiradas en la eficiencia judicial acompañadas por un claro estado de anomia a la hora de reclamar mayores precisiones sobre la materia, se ofrecen como remedio para evitar la creación de posibles «paraísos cibernéticos» (37) al tiempo de resolver conflictos de naturaleza competencial.

Aquí nos encontramos con argumentaciones protectivas de la competencia territorial surgidos de las clásicas recetas judiciales que podrán estar basadas en:

– La economía procesal.

– La evitación de dilaciones procesales.

– Mayores posibilidades de recabar prueba en un ámbito judicial que en otro.- En razón de un más avanzado estado de la pesquisa.

– En proveer de un mejor servicio de administración de justicia.

– Favorecer la defensa del imputado.

Frente a ello, estas inveteradas prácticas judiciales son utilizadas como recursos maleables para solucionar conflictos de competencia territorial que provienen del ámbito «on line» aplicando un conjunto de criterios «off line» (38).

En este punto, debemos reconocer que cuando se pensaba como pronóstico que las viejas perspectivas analógicas estaban cediendo terreno ante los avances de la lógica digital en todos los niveles de la sociedad, se presentan los clásicos saberes de la práctica diaria para dar respuestas a los inconvenientes suscitados por la alta tecnología en materia de competencia penal.

V. CONCLUSIONES

Los casos que fueron presentados en los párrafos que anteceden son un sólo muestreo general de la variada aplicación de criterios frente un punto crítico del derecho, que aún no ha encontrado soluciones satisfactorias y suficientes para delimitar el lugar del hecho en casos de ciberdelitos de alcance trasnacional, que permita demarcar con justeza la jurisdicción y la competencia (39).

Frente a esta problemática, los tribunales vienen ofreciendo algunas respuestas donde la casuística se ha convertido en el principal abrigo de interpretaciones extensivas con conceptos «más laxos de la teoría del resultado (40) y criterios más flexibles (41), en la necesidad de buscar otras fórmulas legales basadas en la extraterritorialidad» (42).

Por tanto, la tendencia actual demuestra que para dar solución a estos casos se vienen adoptando pautas de la «competencia más conveniente» (43), circunstancia ésta que conspira contra la fijación de un patrón común para establecer competencias y jurisdicciones, sin que aún se destaque un criterio predominante que insinúe algún porvenir de uniformidad.

Desde el plano internacional, tampoco se ofrecen reglas de atribución específicas de jurisdicción (más que las clásicas fórmulas de territorialidad), ni mecanismos concretos que garanticen eficacia para resolver las contiendas suscitadas entre los Estados reclamantes.

De hecho, el art.22 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, de manera genérica, insta a adoptar «medidas que resulten necesarias para fijar la jurisdicción» y ante eventuales conflictos (sin dar mayores precisiones al respecto) promueve «celebrar consultas» entre los Estados involucrados tendientes a «decidir qué jurisdicción es más adecuada» para continuar con el procedimiento. La misma técnica se asentó en el art. 25 del Convenio de Lanzarote -ya citado con anterioridad- para los delitos tipificados en ese instrumento.

Sin perjuicio de las reglas allí fijadas, ambos Convenios (art. 22 apartado 4 del Convenio de Budapest y art. 25 apartado 9 del Convenio de Lanzarote) expresaron que «no se excluirá ninguna competencia penal ejercida por una Parte firmante de conformidad con su derecho interno».

Al respecto y, en lo puntual, acierta Ortiz Pradillo al destacar que: «El problema, por tanto, no reside en la inexistencia de un criterio preferente de determinación de la jurisdicción cuando se trata de delitos cometidos a distancia, sino las distintas interpretaciones manejadas en los ordenamientos domésticos y sus correspondientes órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de determinar dicho “lugar de comisión del delito”» (44).

A partir de esta realidad, se modela una nueva regla de excepción de la territorialidad que se caracteriza por la aplicación alternada de interpretaciones flexibles, maleables y elásticas que ayudan a seleccionar fueros de atracción de competencia, libradas al sólo arbitrio de lo que «mejor se ajuste o se acomode» a los casos que toque enfrentar en materia de cibercrimen.En tales condiciones, reaparece aquí la perenne tensión de las dos fuerzas que subyacen en el proceso penal representadas en el binomio «sistema de garantías y aplicación efectiva del sistema penal» (45), pues en la temática que aquí nos ocupa se ha sostenido que «en algunos casos se corre riesgo de impunidad y en otros el de exceso de castigo (bis in ídem)» (46).

Precisamente, en este contexto se abre un interrogante de incuestionable interés para avanzar sobre la problemática que replantean ambas pulsiones en lo que hace a la determinación de jurisdicción territorial: ¿Cuál es el alcance jurisdiccional de un Estado soberano para la aplicación de su derecho positivo en los casos de ciberdelincuencia trasnacional cuando sus efectos se extienden sobre su territorio?.

Por un lado, desde un enfoque eficientista, se podrá afirmar con toda legitimidad que: en la medida que la conducta ilícita impacte lesivamente en un territorio, ese Estado podrá ejercer la jurisdicción con todas sus manifestaciones procesales para asegurar el cumplimiento de la ley material. Pues, siguiendo con esta tesitura, una investigación judicial no podrá permanecer impávida a la espera de la asignación de una u otra jurisdicción, mientras que las conductas criminales se sigan dispersando o proyectando de manera amenazante sobre su territorio.En tanto que, por el otro lado, se obliga a caminar con precaución ante la posible alteración de los límites del sistema de garantías que podrá verse disminuido ante la aplicación de interpretaciones extensivas que «mejor se acomoden» a la ley territorial, resultado tal situación una franca expansión del poder punitivo estatal con la utilización de las herramientas del proceso penal (47).

Ahora bien, tomando nota de aquellas imprecisiones para establecer reglas de prevalencia en el orden jurisdiccional, la doctrina consultada y los instrumentos internacionales suscriptos (48) son contestes en proponer como recurso más viable, reforzar la cooperación conjunta entre Estados y la armonización de criterios de distribución de competencia para oponerse a la delincuencia trasnacional atravesada por la extensión del ciberespacio en la esperanza de conformar, en algún momento, un ámbito judicial común (49).

Existe también coincidencia en admitir que las consecuencias de altísimo impacto de las modalidades englobadas en el cibercrimen, ya no pueden continuar con un abordaje condicionado por razonamientos tradicionales de los espacios territoriales físicos y reclaman redefinir tendencias político-criminales orientadas a aportar nuevos conceptos y estrategias para enfrentar una nueva feno menología de compleja resolución.

Esta corriente en clave reformista, deberá dirigirse a un solo fin: combatir actividades con alcances delictivos de amplias y graves repercusiones en la vida cotidiana de las comunidades nacionales e internacionales, en resguardo de las garantías del proceso penal, concentrando los esfuerzos para dar respuestas a la problemática que plantea la aplicación de ley penal en el ciberespacio, como una política superadora acorde a las exigencias que presenta el cibercrimen en todas sus manifestaciones.Finalmente, debemos aceptar como dato de la realidad de nuestro tiempo que la configuración de la red global digital con sus insospechadas facetas para la innovación extenderá su influencia hacia los aspectos jurídicos más categorizados viendo conmovidas sus estructuras, causando una creciente incertidumbre en proporción a los vertiginosos avances de las tecnologías cuyas derivaciones, frecuentemente, irán por delante del derecho y sus regulaciones (50).

VI. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

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(1) «El progreso técnico da lugar, en el ámbito de la delincuencia dolosa tradicional (la cometida con dolo directo de primer grado), a la adopción de nuevas técnicas como instrumento que permite producir resultados especialmente lesivos, asimismo, surgen modalidades delictivas dolosas de nuevo cuño que se proyectan sobre los espacios abiertos por la tecnología. La criminalidad asociada a los medios informáticos y a internet (la llamada ciberdelincuencia) es, seguramente, el mejor ejemplo de tal evolución. En esta medida, es innegable por lo demás la vinculación del progreso técnico y el desarrollo de las formas de criminalidad organizada, que operan a nivel internacional, y constituye claramente uno de los nuevos riesgos para los individuos (y los Estados)». Jesús María Silva Sanchez, La expansión del Derecho Penal, 2ª Reimpresión, BdeF, 2008, páginas, 14/15.

(2) GARCÍA GONZÁLEZ, Javier: «Oportunidad criminal, internet y redes sociales. Especial referencia a los menores de edad como usuarios más vulnerables». Consulta texto completo en: http://www.indret.com.

(3) «…el cibercrimen, como evento social, sigue estando conformado por los mismos elementos que, sin embargo, al producirse en un ámbito tan distinto como es el ciberespacio, confluyen de distinta forma a como lo hacían en el espacio físico.En realidad, por tanto, creo que sería mejor afirmar que el cibercrimen es el mismo vino pero en botellas distintas, no ya sólo nuevas sino diferentes, en las que probablemente la forma tradicional de beber ya no sea válida. Al fin, siguiendo con el símil brevemente, se tratará de beber vino, pero tenemos que replantearnos cómo hacerlo, dado que el recipiente desde el que se ingiere es ahora distinto.” La oportunidad criminal en el ciberespacio», Miro Llinares, Fernando, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13/07 (2011). Consulta texto completo en: http://www.criminet.ugr.es/recpc.

(4) En el plano internacional el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest del 23 de noviembre de 2001 instauró estándares de tipologías penales relativas a las conductas cometidas a través de internet. El 28 de enero de 2003, en la ciudad de Estrasburgo, se suscribió un Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. El 27 de octubre de 2007 en Lanzarote se suscribió el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual.

(5) En ese sentido en Argentina se introdujo, en primera instancia, la reforma en la ley 26.388 del 4 de junio de 2008 y posteriormente con la sanción de la ley 26.904 del 11 de diciembre de 2013, se incorporó la nueva figura de «grooming» o «ciberacoso sexual infantil».

(6) Al respecto con Ricardo Sáenz delineamos algunas propuestas de modificación en el ordenamiento procesal federal de Argentina con el objeto de respaldar las medidas probatorias de corte tecnológico en las investigaciones judiciales en: «Hacia un nuevo modelo de investigación en materia de ciberdelincuencia». Consulta en: Suplemento de Derecho de Alta Tecnología de la revista electrónica elDial.com. https://www.elDial.com. referencia: DC19CB.

(7) ROMEO CASABONA, Carlos María, «De los delitos informáticos al cibercrimen.Una aproximación conceptual y político-criminal en Nuevos retos jurídico-penales, nuevas respuestas político-criminales». Editorial Comares, Granada, 2006, página 656.

(8) GUTIERREZ FRANCÉS, Mariluz: «Reflexiones sobre la ciberdelincuencia hoy (en torno a la Ley Penal en el espacio virtual)». Consulta de texto completo en: https://www.Dialnet.com.

(9) «.es necesario aclarar que el término cibercrimen tiene una relación directa con el otro término generalmente utilizado en este ámbito, el de cibercriminalidad. Este no tiene sentido normativo, sino únicamente tipológico, como categoría criminológica que englobaría todos los cibercrímenes». Miró Llinares, Fernando, «El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio». Marcial Pons. Madrid – Barcelona – Buenos Aires – Sao Pablo, 2012, página 40.

(10) GUTIERREZ FRANCÉS, obra citada en la nota 8.

(11) GUTIERREZ FRANCÉS, obra citada en la nota 8.

(12) Marcelo A. Riquert citando a Rovira del Canto indica que es posible esquematizar el acoso sexual infantil o «child grooming» en un serie de fases sucesivas, a saber: «a) fase de amistad: b) toma de contacto, gustos, preferencias, confianza; c) fase de relación; d) confesiones personales e íntimas, consolidación; e) componente sexual; f) participación de actos de naturaleza sexual, fotografías, webcam; g) extorsión; h) escalada de peticiones; i) ¿agresión?». «El “cibergrooming”: nuevo art. 131 del C.P. y sus correcciones en el “Anteproyecto” argentino de 2014». Consulta de texto completo en Revista de Pensamiento Penal: https//:www.pensamientopenal.com.ar.

(13) CARRIÓ, Alejandro: «Garantías constitucionales en el proceso penal». Hammurabi, Buenos Aires, 2010, página 43.

(14) BACIGALUPO, Enrique: «Manual de Derecho Penal – Parte General», Temis-Ilanud, Bogotá, 1984, página 47.

(15) «…el ciberespacio es real en el sentido que existe, porque se trata de una “especie nueva” de espacio, invisible a nuestros directos sentidos y en el que las coordenadas espacio-tiempo adquieren otro significado y ven redefinidos su alcance y límites». Miro Llinares, obra citada en nota 2.

(16) GUTIERREZ FRANCÉS, Mariluz:«Problemas de aplicación de la ley penal en el espacio virtual en El Cibercrimen: Nuevos retos jurídico penales, nuevas respuestas político criminales», Editoral Comares, Granada, 2006, página 51.

(17) FONTAL BALESTRA, Carlos: «Derecho penal. Introducción y parte general». Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, página 135.

(18) ORTIZ PRADILLO, J. Carlos. «La investigación del delito en la era digital». Estudio de Progreso. Fundación Alternativas. 74/2013, página 12. Consulta de texto completo en: http//:www.fundaciónalternativas.net.

(19) En este tipo de investigaciones será ineludible en la mayoría de los casos tener que requerir a las empresas proveedoras de Internet (ISP) los datos relativos a los abonados cuyas conexiones aparezcan involucradas en una investigación, ya que no habrá otra forma de individualizar a los eventuales autores o partícipes de los delitos. Se percibe de antemano un claro déficit de controles estatales adecuados para la prevención, por ejemplo, en la regulación que deben tener las empresas proveedoras de acceso a Internet, como mínimo en cuánto al plazo y condiciones de guardado de sus registros, para una eventual investigación judicial. Otra cuestión a tener en cuenta y que incide fuertemente en el tema es la existencia de nuevas relaciones jurídicas que no existían en el pasado, como la del proveedor de Internet y su cliente o la de la empresa de hosting y el titular de una página web. Por tal razón surge la necesidad de integrar al sector privado para el desarrollo ordenado e integrado de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, dado que son las empresas las que cuentan con la mayor cantidad de datos de contenido, tráfico, de titularidades, etc.

(20) «Anonimato: en internet el anonimato es un hecho, y hasta en cierta forma un derecho. Es un hecho porque la tecnología lo permite. Es un derecho porque dentro de la privacidad el anonimato es una forma de realizarla.Por supuesto, el anonimato es el peor enemigo de la investigación criminal, porque sin imputado no hay proceso». Pablo Palazzi, «Breves reflexiones sobre la evidencia digital en procesos penales», Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, LexisNexis, 4/2007.

(21) «La teoría de la ubicuidad es la que debe reputarse preferible político-criminalmente para fijar el lugar del delito, puesto que evita lagunas que conduzcan a impunidades absurdas». Mir Puig, Santiago, «Derecho Penal, Parte General». 4ª Edición, impresa por TECFOTO, Barcelona, 1996, página 201.

(22) Citado por Cristos Velasco San Martin en «La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputos e internet», Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, páginas 202/203.

(23) «La “doctrina de los efectos” constituye una excepción de preferencia de la teoría de la actividad cuando la actividad ilegal es realizada en una jurisdicción y los efectos se aprecian en otra distinta, dado que atender a los efectos de la acción (resultado) representa una interesante opción para legitimar la extensión de la jurisdicción a conductas realizadas desde el extranjero que persigan provocar un resultado lesivo en el territorio del foro». Juan Carlos Ortiz Pradillo en «Determinación de la jurisdicción y competencia para la investigación y enjuiciamiento de los daños informáticos». Consulta de texto completo en http//:www.fiscal.es.

(24) PALAZZI, Pablo A.: «Los delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388», Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, página 63.

(25) RIQUERT, Marcelo A., «Defraudaciones Informáticas», EDIAR, Buenos Aires, 2016, páginas 132/133.

(26) RIQUERT, obra citada en nota 25, página 142.

(27) «También debe destacarse del ciberespacio su carácter universal, y no en este caso en el sentido trasnacional, sino en el de global, colectivo y popular. Al fin al cabo, son las gigantescas dimensiones de ese nuevo espacio de comunicación social, las que le otorgan una dimensión de riesgo que, en el caso de tener un ámbito más reducido, no tendría.En el mundo podemos hablar de aproximadamente mil millones de usuarios, y si bien hubo un momento en que los sistemas informáticos eran únicamente utilizados por empresas o instituciones públicas con fines de negocios, la popularización de la informática y el aumento de las facilidades para adquirir o acceder a terminales, ha generalizado el uso del ciberespacio por particulares, y la unión de todo ello con los nuevos servicios para la comunicación social especialmente las redes sociales, ha inaugurado un nuevo ciberespacio, la Web 2.0, en la que Internet es ya el más importante vehículo de comunicación personal y un instrumento esencial para la vida social», Miro Llinares, obra citada en nota 2.

(28) Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, causa N° 28185-00-CC-06, «Bwin.com», resuelta el 24/04/2008.

(29) Artículo 301 bis del Código Penal Argentino. «Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier modo organizare, por si o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdicción competente».

(30) DONNA, Edgardo A.: «Las palabras, los hechos y la víctima en el derecho argentino», en Revista de Derecho Procesal Penal, 2012, Número Extraordinario, Victimas especialmente vulnerables, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2012, páginas 149/172.

(31) Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad concertadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana entre el 4 y 6 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, desde la exposición de motivos y los Capítulo I -Sección 1ª y 2ª- y Capítulo II -Sección 1ª, 2ª y 4ª – demarcan el interés de proveer un integral acceso a justicia a las víctimas de los delitos.(32) Del preámbulo del Convenio.

(33) SILVA SÁNCHEZ, obra citada en la nota 1, páginas 92.

(34) CASTILLO ARA, Alejandra, «La sistemática general de los delitos cibernéticos y los delitos cibernéticos propios en el Derecho penal alemán: la necesidad de una regulación diferenciada». La Ley on line publicado el 11/08/2017. Cita Online: AR/DOC/1764/2017, página 4.

(35) MENDOZA CALDERÓN, Silvia: «La aplicación de la ley penal en el espacio: La trascendencia del principio de justicia universal en España». IUSTEL Revista General de Derecho Penal N° 7 – Mayo 2007. Consulta de texto completo en: http//:www.iustel.com.

(36) CASTAÑÓN ÁLVAREZ, M. José: «Ciberterrorismo: principio de justicia universal». Diario La Ley, N° 8920, Sección Doctrina, 13 de febrero de 2017. Consulta de texto completo en: http//:www.laleydigital.es.

(37) ORTÍZ PRADILLO, obra citada en la nota 23.

(38) SOLER PEDROZA, Israel y JIMÉNEZ, William G.: «¿Cómo establecer la jurisdicción y competencia en casos de internet ? Tendencias internacionales o nacionales». Consulta de texto completo en: http//:www.Dialnet.com.

(39) FLOREZ MENDOZA, Fátima: «Delitos transfronterizos en internet: aspectos problemáticos», en «La adaptación del derecho penal al desarrollo social y tecnológico». Editorial Comares, Granada, 2006, página 339.

(40) CÁRDENAS, Claudia: «El lugar de comisión de los denominados ciberdelitos». Consulta de texto completo en: https://www.Dialnet.com.

(41) PALAZZI, obra citada en la nota 24, página 62.

(42) ROMEO CASABONA, obra citada en la nota 7, página 657.

(43) PALAZZI, obra citada en la nota 24, página 62.

(44) ORTIZ PRADILLO, obra citada en la nota 23.

(45) BINDER, Alberto:«Introducción al derecho procesal penal». AdHoc, Buenos Aires, 1999, página 56.

(46) FLORES MENDOZA, obra citada en la nota 35, página 339.

(47) Frente a esta coyuntura Gutierrez Francés aporta una importante reflexión sobre los retos que enfrentan la justicia penal en las democracias modernas frente a hechos de importantísimo impacto mundial, como el ocurrido en Nueva York en septiembre de 2001, emparentados con la siempre difícil tarea de equilibrar estas dos tensiones presentes en el proceso, esto es, maximizar lo más posible la seguridad y eficacia en la persecución de los delitos trasnacionales con la mínima restricción de las garantías y libertades fundamentales de los ciudadanos. Obras citadas en las notas 8 y 16.

(48) A los que ya han sido citados en notas anteriores se suman las reglas básicas de coopera ción del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Delincuencia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) suscripto en Madrid el 28 de mayo de 2014.

(49) Coinciden en estas posiciones Romeo Casabona (obra citada en la nota 7), Gutierrez Francés (obra citada en la nota 8) y Velazco San Martín (obra citada en la nota 22).

(50) ROMEO CASABONA, Carlos M.: «Causalidad, determinismo e incertidumbre científica en el Derecho Penal». IUSTEL Revista General de Derecho Penal N° 8 – Noviembre de 2007. Consulta de texto completo en: http//: http://www.iustel.com.

(*) Abogado, UBA. Secretario de Primera Instancia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Postgrado en Derecho Penal, Universidad de Palermo. Especialización en «Derecho Penal, Parte Especial: Nueva Delincuencia», Universidad de Salamanca, España. Profesor Visitante en la comisión de Derecho Penal a cargo del Dr. Ricardo Sáenz, en marco del Posgrado de Especialización de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina (ciclos lectivos de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). Docente en la Academia Unidad Policial de Prevención Local -Sede Vicente López- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dictando la asignatura «Derecho Contravencional» (ciclos lectivos 2015 – 2016).