No podía dilatarse la intervención por la infección intrahospitalaria que derivó en la amputación urgente de la pierna del paciente.

Partes: A. C. H. c/ Obra Social de Empleados Públicos (Osep) s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 6-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113378-AR | MJJ113378 | MJJ113378

 

Mala praxis: el actor por la afección que presentaba requería tratamiento urgente, no existiendo motivo alguno para dilatar o descartar la intervención hasta la aparición de la patología pulmonar por infección intrahospitalaria que derivó en la amputación de su pierna para salvar su vida. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que acogió parcialmente la demanda de mala praxis médica deducida contra la obra social, pues de las periciales obrantes surge que el actor debió ser intervenido quirúrgicamente con urgencia dada la gravedad de su enfermedad -aneurisma poplíteo complicado-, no resultando un justificativo válido la falta del instrumental adecuado, el cual debió ser conseguido en forma inmediata; además, el pedido de numerosos estudios innecesarios prolongó la internación del actor, que derivó en que contrajere una infección intrahospitalaria y que se le tuviere que amputar, por trombosis arterial y gangrena, el miembro inferior derecho para salvar su vida.

2.-La determinación de la incapacidad no debe hacerse sobre la base exclusiva de la disminución laboral de la víctima, la cual constituye un dato relevante a tener en cuenta, pero en modo alguno el único y en ciertos casos, ni siquiera el más importante; es preciso, a tal fin, tener en cuenta múltiples aspectos vitales que hacen a la persona humana integralmente considerada, con su multiforme actividad, no sólo en abstracto sino atendiendo a las condiciones personales de la víctima.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los seis días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos N° 251.254/52.879, caratulados “A.,C. H. C/OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS (OSEP) P/D. y P.”, originarios del Décimo Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 588 por la Dra. Patricia A. Galve por la demandada Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), a fs. 589 por los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Daiana Aguilar por sus honorarios y a fs. 597 por el Dr. Guillermo A. Ruiz en representación del Perito Contador Claudio Santarossa, en contra de la resolución de fs. 582/586.

Practicado a fs. 647 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ábalos, Ferrer y Leiva.

En razón de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, Juez titular de esta Excma. Cuarta Cámara Civil de Apelaciones, de conformidad al agregado introducido por el Art. 2º de la Ley 3800 al inc. II del Art. 141 del C.P.C., la sentencia a que se refiere este acuerdo, será suscripta únicamente por los dos jueces restantes, Dres. María Silvina Ábalos y Claudio A. Ferrer.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos, dijo:

I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 582/586, por la cual la Sra.Juez “A Quo” admitió la demanda instada por el Sr. C.H. A. y condenó a Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), a abonar la suma de $900.000, con más los intereses de la ley 4087 desde 16 de octubre de 2.013 hasta la fecha de esta sentencia y, de allí en más, los intereses calculados a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN al momento de practicar liquidación; impuso las costas a la demandada vencida y reguló los honorarios a los letrados y peritos intervinientes.

A fs. 603 y sgtes. la Dra. Patricia A. Galve expresa agravios, quejándose de la admisión de la demanda pretendiendo su revocación. Asimismo critica el monto fijado por incapacidad sobreviniente y daño moral por excesivos; a fs. 622 y sgtes. el Dr. Guillermo A. Ruiz por el Perito Claudio Martín Santarossa alega razones solicitando la elevación de los emolumentos fijados conforme las leyes arancelarias y el principio de proporcionalidad, y a fs. 626 también lo hacen los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Aguilar, todos por sus honorarios, peticionando que se regulen los mismos en su doble carácter mandatarios y patrocinantes, contestando los primeros el Dr. Alejandro Romano por el actor a fs. 612 y sgtes., y quedando la causa a fs. 646 con autos para sentencia.

II. PLATAFORMA FACTICA.

A fs. 5 y sgtes., el Dr. Alejandro Romano en representación del Sr. C.H. A. promueve demanda por daños y perjuicios por la suma $1.450.000 en contra de OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS (OSEP).

Relata que su mandante ingresó al Hospital del Carmen el día 16 de octubre de 2.013 a las 19 hs.con diagnóstico de “aneurisma de arteria poplítea” certificado por su médico de cabecera, quien ordenó la internación para operación urgente.

Previo a ello, en el año 2008, el paciente había sido intervenido quirúrgicamente en el mismo hospital por una trombosis en su pierna izquierda lo que derivó en su amputación, razón por la cual se movilizaba con una prótesis que le permitía movimientos limitados, ayudado con muletas.

Una vez ingresado a sala de internación y luego de pasar dos días en sala de guardia, A. fue atendido por el Dr. Guzmán, quien no realizó la intervención quirúrgica por considerar que el cuadro no era urgente y que el paciente podía regresar a su casa hasta que la OSEP proveyera del material necesario. Intertanto fue trasladado dos veces a la Sociedad Española para realizar estudios y pasó por distintas salas del hospital hasta que finalmente fue informado que había sido contagiado de un virus intrahospitalario por lo que no podría ser operado. Su estado general se complicó y la pierna comenzó a inflamarse, con tremendos dolores y cambio de color hasta que recibió la comunicación de que la pierna derecha debía ser amputada.

Fue trasladado para ello al Hospital Militar, donde pasó directo al quirófano y se le amputó la pierna derecha.Al día siguiente fue trasladado nuevamente al Hospital El Carmen donde permaneció cuarenta días hasta el alta definitiva.

Atribuye demora grosera y evidente por parte del Hospital El Carmen en haber sometido a su cliente a la intervención quirúrgica que su estado requería (by pass de arteria poplítea) lo que conformó una conducta omisiva que hace al nosocomio exclusivo responsable.

Destaca que quedó consignado en la historia clínica que a su ingreso el paciente tenía buen estado general y que, no obstante, no se realizó la operación por falta de instrumental adecuado, y que luego de esperar ocho días se le diagnosticó “neumonía no especificada” lo que complicó su situación hasta el desenlace por mala evolución.

Reclama indemnización por incapacidad sobreviniente y daño moral.

A fs. 393/419 Dra. Patricia Galve por OSEP contesta, solicitando el rechazo de la acción.

Luego de una negativa general de los hechos en que se funda el reclamo, sostiene que la demanda es inconsistente, ya que el paciente registraba enfermedades preexistentes y no imputables a su parte y que a su ingreso tenía un diagnóstico presuntivo de Aneurisma Poplíteo derecho. Que ello no es una emergencia médica, por lo que no se pudo hacer las derivaciones al Hospital Militar y a la Sociedad Española de Socorros Mutuos para cirugía vascular periférica. Que el galeno tratante Dr. Francisco Guzmán, solicitó estudios médicos previos, angioresonancia de miembros inferiores, debido a que el paciente presentaba deterioro de función renal.Que finalmente los estudios descartaron la emergencia y confirmaron la opinión médica de que el problema podía resolverse en internación hospitalaria.

Explica que luego de mejorar los parámetros de la función renal se realizó arteriografía de miembros inferiores y ecocardiograma, tomografía helicoidal de tórax, ecografía de partes blandas de región poplítea, eco-doppler arterial de miembro inferior derecho, concluyendo que no se estaba ante una emergencia y la enfermedad pulmonar desaconsejaba la realización de cirugía de by pass, comenzándose un tratamiento antibiótico y que la mala evolución de los días sucesivos determinó la necesidad de la amputación infracondílea de miembro inferior derecho.

Niega mala praxis médica, impericia o negligencia, habiendo el Hospital brindado la atención específica y adecuada.

A fs. 431/432 toma intervención Fiscalía de Estado en defensa del patrimonio estatal comprometido en la demanda.

Adhiere al responde y prueba ofrecida y cuestiona la procedencia de los rubros y montos indemnizatorios pretendidos.

Producida las pruebas se dicta sentencia.

III. LA SENTENCIA RECURRIDA.

La Juez a “Quo” en base a la opinión coincidente de los peritos médicos Dres. Alberto José Riba y Edmundo A. Sposato, y al no existir prueba alguna que habilite apartarse de dichos dictamines, asevera que el actor por la afección que presentaba requería tratamiento urgente, no existiendo motivo alguno para dilatar o descartar la intervención hasta la aparición de la patología pulmonar por infección intrahospitalaria luego de doce días de estadía en el nosocomio, y que por lo tanto la atención recibida en el Hospital del Carmen no fue diligente, no se actuó con la rapidez que era exigible, lo que basta para atribuir al accionado el deber de reparar los daños padecidos por el Sr. A.derivado de la amputación del miembro inferior derecho.

Reconoció en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral los montos de $400.000 y $500.000 respectivamente fijado a la fecha del pronunciamiento en crisis con más los intereses de la ley 4087 desde la fecha del perjuicio hasta la resolución; y, de allí en más, hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa que corresponda por la aplicación del Art. 768, inc. 3, del C. Civil y Comercial de la Nación al momento de practicar liquidación.

IV. LA EXPRESION DE AGRAVIOS.

La Dra. Patricia A. Galve por la demandada OSEP, critica que se hubiere acogido la acción en base a las pericias médicas, sin valorar ni ponderar todo lo probado, en especial la historia clínica, de la que surge que no hubo retraso en la indicación quirúrgica y que la internación no fue prolongada dado el cuadro que tenía y que desarrolló el actor.Indica que durante la internación y con motivo de su patología de base, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ex tabaquismo, medicado, desarrolló una neumonía, complicación que no puede imputarse a su parte.

Agrega que la patología de ingreso, requería estudios complementarios los que fueron realizados en el Hospital del Carmen en debida forma y según los criterios de la praxis médica.

Destaca que la historia clínica no fue observada ni impugnada por el actor, habiendo omitido la Juez su valoración, por lo que debe revocarse el pronunciamiento en crisis debiendo valorarse en forma adecuada esta prueba.

Se agravia que la “A Quo” no se hubiere expedido respecto a “que el paciente tenía varias enfermedad de base, siendo una de ellas la arteros esclerótica”, hecho alegado y controvertido.

Se queja del monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, en razón que la Sentenciante tuvo en cuenta casos que no son similares al pr esente, al igual que parámetros socio-culturales, estándares económicos de Buenos Aires, dispares a los de la Provincia, lo que conlleva a un cálculo excesivo en la suma reconocida por incapacidad sobreviniente, debiendo dejarse sin efecto el pronunciamiento, por cuanto hace una valoración de los daños en forma arbitraria y alejada de los verdaderos hechos probados.

Critica que en la estimación del daño moral se haga mención a los padecimientos del actor durante la internación y tratamiento además del daño de la amputación, cuando las técnicas asistenciales a las que fue sometido, -tiempo de internación y tratamientos- fueron los correctos de acuerdo al desarrollo de la patología y enfermedades de base, por lo que pretende su limitación.

A fs. 622 y sgtes. el Dr. Guillermo A.Ruiz, en representación del perito Contador Claudio Martín Santarossa, alega razones, quejándose de la cuantía del monto regulado.

Critica que la Magistrada, a los fines de justificar la disminución del monto de los emolumentos, pondere que la pericia no contribuyó a la solución del caso, dado que ésta no es una pauta válida para apartarse de las fijadas por las Leyes No. 3522 y 4229.

Solicita que se revoque la sentencia en cuestión y se regulen debidamente los honorarios profesionales al perito contador teniendo en cuenta las leyes que regulan el ejercicio de la profesión y el principio de proporcionalidad.

A fs. 626 alegan razones los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Aguilar todos por sí, agraviándose que a todos ellos se les reguló sus honorarios sobre el 12% del capital, habiéndose omitido que por haber actuado en su doble carácter de mandatarios y patrocinantes, correspondía el 18% conforme lo establece la Ley arancelaria.

Corrido traslado de los agravios de OSEP, a fs. 612 y sgtes. el Dr. Alejandro Romano por el actor lo contesta, solicitando el rechazo de los mismos, por las razones que expresan, a las que se remite en honor a la brevedad.

V.- NORMA APLICABLE Y SOLUCIÓN DEL CASO.

A).- Recurso de apelación de la accionada.

1).- La recurrente centra sus quejas en que la Juez “A Quo” admitió la acción en base a dos pericia médicas y omitió valorar la historia clínica y demás pruebas, que demuestran que el tratamiento fue oportuno, amén de tampoco haberse expedido sobre la enfermedad de base que presentaba el Sr. A. a).- En lo concerniente a la prueba pericial y los juicios sobre responsabilidad médica, encontrándose involucradas cuestiones científicas y técnicas, el dictamen pericial es el único medio probatorio para poder determinar si la praxis médica se produjo por una actividad negligente o imprudente, o por falta de la pericia necesaria en los médicos.La prueba relevante y específica ha de ser el dictamen pericial, que asesora al sentenciante en temas que escapan a su formación profesional, y más aún al común de la gente. (QUADRI, Gabriel Hernán. “Criterios Jurisprudenciales Bonaerenses en materia de responsabilidad médica. Parte II. Publicado en Cita Online: 0003/800622).

Asimismo, en estas cuestiones de alta complejidad técnica, caracteriza la actividad probatoria, la incidencia fundamental de la prueba científica y el rol casi excluyente, por su singular importancia y la natural gravitación que ejercen las pericias médicas a la hora en que debe decidirse el caso. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, sala I. “Sanoval, Hilda c. Hospital José Domingo Mercante y otros”. Fecha 09/08/2005. LLBA 2006, 127.Cita Online: AR/JUR/5555/2005).

El fundamento del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción concreta de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, que ha realizado sus percepciones de los hechos y del material probatorio del proceso con eficiencia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines en forma explicada, motivada y convincente (Cámara 1ª. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Plata, Sala III. “B., F. O. y otros v. M. de S.” – 16/05/2008 Cita Online: 45000820).

En definitiva, al versar los juicios de mala praxis médica sobre aspectos científicos y técnicos sobre los cuales el Juez no está en condiciones de opinar pues se trata de aplicar conocimientos ajenos a su saber, la prueba de peritos resulta indispensable (SCJMza. “Cereda, Olga Ester en J Cereda, Olga c/Pcia. de Mendoza p/D. y P. s/Inc.Cas.”. Fecha 16/3/2005.LS.348-119).

Además, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales (SCJMza. Autos N° 29.866/77741 – “Sechter David c/ Munich. Ciudad de Mendoza p/D. y P. s/Inc.”. Fecha 25/10/04. LS. 342:153), y “Resulta una manifestación de prudencia jurídica, atenerse a la opinión del experto si el dictamen aparece suficientemente fundado sin que se le opongan argumentos de suficiente peso u otras probanzas de igual o mayor idoneidad como para apartarse de sus conclusiones. y que si bien la fuerza de la pericia es relativa en el sentido de que no obliga al juzgador, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquel debe encontrar apoyo en razones serias; es decir, en fundamento objetivamente demostrativo de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de la experiencia o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.” (Fallo del 26/05/2004, Expte. 27.190 – Lago Mario Calixto c/Ríos Rolla Sebastián Eduardo p/Daños y Perjuicios – LS 169:253; ver también LS 183:153). b).- Adentrándonos a la meritación de los agravios, se adelanta la opinión contraria a la viabilidad de éstos.

En cuanto a la supuesta falta de valoración de la totalidad del material probatorio y en concreto de la historia clínica, se advierte que ello no es así, dado los dos informes periciales que se rindieron, se basaron en ésta.

De ella surge y no constituyen extremos controvertidos, que el Sr. A. ingresó al Hospital del Carmen el día 16/10/2.013 por derivación del Dr.Tarquini por aneurisma poplíteo complicado, estando hemodinámicamente estable, pulsos femorales presentes, ambos pulsos poplíteos, derecho amplio y se palpa arteria aumentada de tamaño, no presenta síntomas de isquemia aguda. Por no disponer de instrumental adecuado se solicita derivación a otro centro para estudio y tratamiento. Debido a que al paciente se le habían extraído las dos venas safenas en ambos miembros inferiores por várices debía realizarse la intervención quirúrgica con prótesis sintética la que fue solicitada el 16/10/2.013 a la Farmacia del Hospital con carácter urgente. El 17/10/2.013 se le realizó eco doppler arterial que informa que la arteria poplítea presenta dilación aneurismática fusiforme que prácticamente compromete toda la extensión de la arteria poplítea con diámetros largo 7,8 cm; transversal 5,6 cm, anterior posterior 4,1 cm con trombosis mural y franca reducción de la luz del mismo hacia el segmento distal a nivel de la unión poplíteo tronco tibia peroneo. El 21/10 se le realiza arteriografía de miembro inferior. El 28/10 se le diagnostica neumonía por infección intrahospitalaria. El 12/11 se le realiza otro Eco-Doppler. El 13/11 el paciente empeora y se produce un estado séptico, el Dr. Guzmán, debido a la mala evolución del miembro inferior derecho, cianótico con disminución de los pulsos y temperatura, le informa a la familia la necesidad de amputación del miembro. Se lo deriva al Hospital Militar en dónde se le realiza la amputación supracondilea de fémur derecho con diagnóstico de trombosis arterial con gangrena de miembro inferior derecho. El 16/11 es derivado nuevamente al Hospital del Carmen para continuar con tratamiento hasta el 23/11 fecha en que se le otorga el alta médica (ver fs.529 y 30 y sgtes.).

Tampoco es un hecho discutido, que el actor padecía, previo a la complicación presentada el 16/10/2.013, una patología de varios años consistente en una enfermedad que afecta las arterias de toda la economía generando estenosis, oclusiones y/o aneurismas (dilataciones) en diferentes zonas del árbol vascular; patología que con el tiempo empeora (ver historia clínica y declaración del médico tratante Dr. Tarquini fs. 538).

Va de suyo, que el objeto litigioso se centra en determinar, si ante el cuadro que presentaba el Sr. A. el 16/10/2.013, -aneurisma poplíteo complicado-, debió ser intervenido quirúrgicamente (bypass) en forma urgente conforme derivación de su médico tratante Dr. Tarquini, o si el cuadro no era urgente y a fin de clarificar el mismo era necesario realizarle los diversos estudios que le fueron requeridos, que extendieron el lapso de internación, y si durante éste contrajo una infección intrahospitalaria.

Cabe precisar que no está en duda la enfermedad previa del actor, por lo que no tiene incidencia alguna en la temática a resolver, determinar si el cuadro que presentó y que ocasionó su derivación fue una consecuencia previsible de aquella, -aunque su médico tratante, Dr. Tarquini, declaró que no, puesto que la ruptura de los aneurismas poplíteos es la complicación menos frecuente de esa patología, aunque posible (ver declaración del médico tratante, Dr. Tarquini, fs. 538)-, dado que aún en el supuesto que el aneurisma fuere una derivación directa de su dolencia de base, lo que debe dilucidarse a los efectos de determinar o no la posible responsabilidad de la accionada, es si el tratamiento ordenado por sus profesionales fue el correcto de acuerdo a la praxis médica.

Al respecto, el perito médico Dr. Sposato, indica que el actor padecía un aneurisma poplíteo complicado y al se r complicado era extremadamente urgente.Afirma que el tratamiento debió iniciarse de inmediato; que teniendo pulso poplíteo es viable la intervención quirúrgica y garantiza las probabilidades de éxito; que el atraso del acto quirúrgico agravó la patología del actor; que la conducta médica apropiada hubiere sido operar de inmediato, sin demoras; que las probabilidades que el paciente hubiera conservado su pierna derecha si se aplicasen los tratamientos en tiempo y forma serían óptimos y se hubiere liberado de someterlo a un riesgo innecesario de vida.

Refiere que la historia clínica a fs. 287 informa que no es operado por no disponer del instrumental adecuado, fundamento técnicamente inadecuado, como también es incorrecto el tiempo de demora de la cirugía. Y que en la sucesión de los hechos, el actor tuvo que ser sometido a la amputación de su pierna derecha porque estaba comprometida su existencia por demora en el tratamiento adecuado en tiempo y forma quedando sin ambas piernas y postrado en una silla de ruedas definitivamente (ver fs. 520/521).

Por su parte, el perito médico Dr.Ribas opina que la patología que presentaba el actor tenía indicación urgente de cirugía, que el aneurisma de la arteria poplítea estaba complicado, y quedó demostrado en el ecodoppler realizado el 17/10/2.013, día siguiente a su ingreso, que informa el diámetro del aneurisma; que resulta difícil explicar los motivos por los que se continuaron realizando y repitiendo estudios, consiguiente estadía hospitalaria prolongada y que llevó al paciente a que se le realizara una amputación por trombosis arterial y gangrena del miembro inferior derecho; y que es probable que con una intervención temprana pudiese haber salvado su pierna derecha, que estuvo en peligro la vida del actor por sus complicaciones infecciosas intrahospitalarias y gangrena del miembro inferior derecho, motivo por el cuál le fue amputada la pierna.

Concluye que si bien se le realizaron al actor numerosos estudios durante su internación en el hospital del Carmen, los mismos no fueron brindados en tiempo y forma; que debió ser intervenido de acuerdo a lo solicitado por el Dr. Tarquini, en forma urgente, es decir dentro de las 24 hs. o 48 hs., una vez realizados los estudios indispensables preoperatorios, y que si la Farmacia del Hospital Del Carmen no tenía la prótesis para realizar la intervención quirúrgica para tratar un aneurisma, debían conseguirla en forma inmediata, resultando difícil de imaginar que en toda la Provincia no existieren aquellas (ver fs. 529/531).

De ambos dictamines periciales, surge sin lugar a duda, que el Sr. A.por la patología que presentaba, cuya gravedad fue constatada en el Ecodoppler llevado a cabo el 17/10, debió ser intervenido quirúrgicamente con urgencia; que no resulta un justificativo válido la falta del instrumental adecuado, el cuál debió ser conseguido en forma inmediata, y que el pedido de numerosos estudios innecesarios, prolongó la internación del actor, que derivó en que contrajere una infección intrahospitalaria, y que se le tuviere que amputar por trombosis arterial y gangrena, el miembro inferior derecho para salvar su vida.

No puede dejar de mencionarse que puestos los informes a disposición de las partes, la demandada, OSEP, no lo observó ni lo impugnó.

Debe recordarse que el momento procesal oportuno para impugnar las pericias es el que dispone el art. 193 C.P.C., resultando incorrecto reservarse la formulación de los argumentos de la impugnación para la etapa de los alegatos, -y se agrega menos aún exponerlos en la Instancia Superior-, atento que dicho accionar impide al perito contestar las observaciones o corregir los errores en que pudiera haber incurrido. (SCJMza. Expte. N° 105.679 – “Torelli, Darío Exequiel en J° 218.538/43.913 Torelli, Darío Exequiel c/D.G.E. de la Prov. De Mendoza p/D. y P. (Con excep. Contrato de Alq.) s/Inc. Cas.”. Fecha : 06/05/2013 y Expte. No. 53697 – “Frigorífico Lagunita S.A. en J: Funes Miguel Ángel Frigorífico Lagunita S.A. p/Sumario p/Inc.”.Fecha 22/03/1994. LS 243: 432).

Vale decir, que si la accionada consideró que las pericias omitieron tener en cuenta algún dato consignado en la historia clínica, debió impugnarlas, denunciando este extremo, como asimismo cuestionando las conclusiones a que arribaron.Nada de eso hizo, por lo que pretender recién en la Alzada a los efectos de desvirtuar aquellas, arguyendo que se omitió ponderar la historia clínica de la que surgiría que el tratamiento seguido fue el adecuado, cuestionarlas, resulta extemporáneo, habiendo precluído la facultad para impugnarlas.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que en el caso, no sólo existe un informe pericial, sino dos que coinciden en sus conclusiones respecto a que el actor debió ser intervenido en forma inmediata, lo que le hubiera permitido muy probablemente conservar su miembro inferior. Aún más, ambos se encuentran debidamente fundados en principios científicos y técnicos, y en los datos objetivos consignados en la historia clínica, de los que surge, a diferencia de lo que argumenta la recurrente, que el tratamiento dispensado al actor no fue el adecuado.

En consecuencia, no existiendo elemento probatorio alguno de igual o mayor valor que las pericias citadas, nada autoriza apartarse de éstas, máxime cuando versan sobre aspectos netamente científicos y específicos del área de cirugía cardiovascular, que exceden el campo de conocimiento de la suscripta, lo que sella la suerte de la crítica, debiéndose confirmar el deber de responder de la accionada por los daños sufridos por el actor a raíz de la amputación de su pierna derecha.

2).- La apelante critica el monto fijado por incapacidad sobreviniente, en razón que la “A Quo” tuvo en cuenta jurisprudencia de la Provincia de Buenos que hace referencia a casos distintos y que contemplan parámetros socio-culturales, estándares económicos dispares a los de la Provincia, arribando a una valoración del daño arbitraria y alejada de los verdaderos hechos probados. a).- No está de más precisar que la determinación de la incapacidad no debe hacerse sobre la base exclusiva de la disminución laboral de la víctima, la cual constituye un dato relevante a tener en cuenta, pero en modo alguno el único y en ciertos casos, ni siquiera el más importante.Es preciso, a tal fin, tener en cuenta múltiples aspectos vitales que hacen a la persona humana integralmente considerada, con su multiforme actividad, no sólo en abstracto sino atendiendo a las condiciones personales de la víctima (sexo, edad, estado civil, profesión, salud y condición social, entre otras). (PIZARRO, Ramón D. – VALLESPINOS, C.G., “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, Buenos Aires, Hammurabi, 2.008, Tomo 4, pág. 301 y sgtes.).

El perito médico Sposato, determina un 90% de incapacidad permanente; detallando que no puede realizar ningún tipo de tareas laborales porque se encuentra imposibilitado de desplazarse al faltarle ambas piernas y no podrá sortear el examen preocupacional con éxito por su invalidez (fs. 520/521).

El Dr. Ribas, dictamina un 100% de incapacidad permanente del total laboral. Indica que al tener los dos miembros inferiores amputados requiere de ayuda de terceros en su vida privada, social, de relación, etc. y que no está en condiciones de superar un examen preocupacional ni de realzar las tareas que realizaba como concesionario del club “El Círculo” (ver fs. 529/531).

A su vez, la perito psicóloga, a raíz de la amputación de su pierna derecha afirma que el actor presenta una depresión neurótica que le acarrea un 32% de secuelas invalidantes que alteran las relaciones laborales y sentimentales, produciendo alteración de la memoria, concentración y voluntad, afectando las actividades de la vida diaria y funcionamiento social (499/503).

No se soslaya que el Sr. A. en el año 2.008 sufrió la amputación de su pierna izquierda por debajo de su rodilla, lo que le ocasionó una minusvalía, que en principio de acuerdo al Dec. No.659/96 “Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales” de la Ley de Riesgo del Trabajo, entre un 30 y un 50%, ajena al hecho dañoso que se ventila en autos, por lo que no puede ser tenida en cuenta, por no guardar relación de causalidad con éste.

Tampoco se deja de ponderar que los peritos médicos, cuando fijan el porcentaje de secuelas invalidantes hacen referencia a la falta de ambos miembros.

Sin embargo, lo que sí se advierte con toda claridad, es que la amputación del miembro derecho arriba de la rodilla, privó al actor de aquella capacidad residual que le había quedado luego de la amputación de la izquierda, y que le permitía desplazarse con una prótesis y muletas y desarrollar su actividad laboral.

Aún más, a tenor de lo dictaminado por la perito psicóloga, experticia que no fue observada por las partes, la operación y posterior pérdida parcial de su miembro inferior realizada en el año 2.008 generó conmoción interna en el actor, pero no por eso resultó una situación imposible de sobrellevar y enfrentar, dado que pudo buscar y encontrar alternativas para continuar con su vida y actividades adaptadas a la nueva situación. La operación que consta en autos resulta diferente, dado el impacto subjetivo que tuvo y tiene la misma. El Sr. A. se encuentra inhibido en cuanto a sus recursos internos; por ende no ha podido adaptarse ni hacer frente a la nueva situación. (ver fs. 499/503).

Ergo, si bien no puede atribuirse a la amputación de su pierna derecha por arriba de su rodilla ni el 90% ni el 100% de incapacidad, sí debe entenderse que ocasionó mayor porcentaje de secuelas invalidante que la pérdida de la pierna izquierda -por debajo de la rodilla-, resultando ajustado a derecho cuantificarlo en un 55%. b).- En lo que respecta a la cuantificación del daño, esta Cámara in re “Senatore” (Autos No 51.911/253.362 – “Senatore, Román Gabriel c/Calire, Juan Alberto y ots p/D. y P.(accidente de tránsito)”, del 15/9/2.016, adhirió a la postura que aún cu ando el hecho ilícito hubiere acaecido con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, su cuantificación, que es una “consecuencia” de la relación jurídica debe llevarse a cabo a tenor de la nueva legislación, ello en razón que la obligación resarcitoria es una deuda de valor, por lo que su contenido en dinero debe ser determinado en la época más próxima al pago (o a la sentencia que mande pagarla) de modo tal que la suma represente de la mejor manera posible ese quid al cual tiene derecho el acreedor; criterio adoptado también por la SCJMZA in re “Livellara” del 8/5/2.017.

El nuevo Código precisa que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.” (art. 1746, CCyC).

A la luz de esta nueva disposición, es necesario que la judicatura, al calcular el monto a resarcir por incapacidad sobreviniente, tome en cuenta las distintas fórmulas que existen para computar el valor presente de una renta constante no perpetua. (PICASSO Sebastián y SAÉNZ, Luís R., comentario al art. 1.746, en HERRERA, Marisa – CARAMELO, Gustavo – PICASSO, Sebastián – Directores -,”Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo IV, pág. 469 y sgtes.), sin olvidar que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial (LORENZETTI, Ricardo Luís. “Código Civil y Comercial de la Nación”. To. VIII. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 527/528; (GONZALEZ ZAVALA, Rodolfo M. “¿Cuánto por incapacidad?. Publicado en: RCCyC 2016 (mayo), 05/05/2016, 191Cita Online:AR/DOC/591/2016).

Los extremos concretos a demostrar para el uso de la fórmula que sugiere el art. 1746 del CCyC son: la incapacidad por lesiones; las ganancias y los años que le quedarían a la víctima antes de poder jubilarse.

Este Cuerpo en reiteradas oportunidades ha sostenido que cuando se trata de indemnizar deudas de valor, los daños deben valorarse y fijarse los montos al momento más cercano en que se hará efectiva la reparación (Autos No. 250.018/52.046 – “Balmaceda, Gutiérrez, Iván Exequiel c/Roldán Ledesma, Luís Pablo p/D. y P” del 23/12/2.016 y Autos No. 51.625 – “Naranjo, Dante Francisco y ots. c/Gobierno de la Provincia y ots p/D. y P.” Fecha 9/2/2.017 y Autos N° 33.242 – “Tulian, Luís A. c/Serino, Bárbara y ots. p/D. y P.” LS 223:248), en consecuencia deberá tenerse en cuenta el sueldo mínimo vital y móvil existente al momento del pronunciamiento cuestionado.

A tenor de lo dispuesto en el art. 1.746 del CCCN, si aplicamos la fórmula matemática MENDEZ, teniendo en cuenta el sueldo mínimo vital y móvil a la fecha de la sentencia cuestionada 19/9/2017($8.860 https:// http://www.cronista.com/fiscal/Salario-Minimo-Vital-y-Movil-2017-20170710-001 2.html); el porcentaje de incapacidad (55%); la edad del actor a la fecha del hecho (68 años), arroja la suma de $335.491,64.

La Pretoria de Grado fijó la suma de $400.000 a la fecha de la sentencia.Si bien es cierto que al efecto tuvo en cuenta jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, y no aplicó el método prescripto en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación para el cálculo de la indemnización, no lo es menos que el monto reconocido no aparece excesivo ni irrazonable, sino que por el contrario, resulta acorde al resultado que surge de aplicar la fórmula matemática MENDEZ y las particularidades del caso, lo que conlleva el rechazo de la queja y confirmación de la suma de condena.

3).- La accionante se agravia que al fijar la indemnización por daño moral, se invoquen los padecimientos del actor durante la internación y tratamiento, cuando las técnicas asistenciales a las que fue sometido, -tiempo de internación y tratamientos- fueron los correctos.

El daño moral es un daño jurídico, o sea un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Puede decirse que este daño, es el que lesiona los bienes más preciosos de la persona humana, al alterar la paz interior. Es que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume -y tutela- y que atañe a una persona. Es una noxa a la normalidad. (CIPRIANO, Néstor Amilcar. “Daño moral: concepto, interdependencias jurídicas y psicológicas”. LL 1982-D, 843).

Con relación a la prueba, la doctrina es conteste en que el daño moral no requiere una prueba directa de su existencia y extensión y que los jueces gozan de un amplio arbitrio para la determinación, tomando en cuenta los padecimientos sufridos (JUNYENT BAS, Francisco, “Algunos aspectos dilemáticos de la reparación del daño moral”, LLC 2010 (noviembre), 1075-RCyS 2011-I, 3).

Esta Cámara ha resuelto que “no es menester la prueba concreta del daño moral cuanto existen lesiones corporales.” (Fallo del 04/10/1994, Expte. 21.600 “Sardi Marcela del C. y ot.c/Orlando Gregorio Aciar p/Daños y Perjuicios”; LS 131:231); Para el tratamiento de este tema, puede verse de esta Cámara: fallo del 25/09/1996, Expte. 22.631 “Palma Aída Inés y Ot. c/ Alfredo D. Rosales y Ot. p/ Daños y Perjuicios”, LS 139:176; fallo del 18/11/1996, Expte. 22.002 “Sosa de Díaz, Dora c/Agustina E. Wohlfart y Ots. p/ Daños y Perjuicios”, LS 139:235)”. (Este Cuerpo Autos No. 885/31.707, caratulados “Valles, Lidia Vicenta c/Cerutti Rosana y Ots. p/D. y P.”. LS 209:028).

En lo concerniente a la cuantificación de las consecuencias no patrimoniales, el Art. 1.741 in fine del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

En el daño moral el dinero que se otorga como indemnización tiene función de satisfacción. Que el daño moral tenga esta finalidad, quiere decir que el dinero que se otorga por haberlo sufrido, debe permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas dolorosas que el ilícito le ha causado y que son las que hacen nacer el derecho al cobro RIVERA-MEDINA.” Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. To. IV. LA LEY, fs. 1076). Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etc., que le permitan a la víctima obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. (LORENZETTI, Ricardo Luís. “Código Civil y Comercial de la Nación”. To. VIII. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág.503).

Se propone utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa; hallar causas externas que produzcan placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos: remedios para la tristeza y el dolor. (MENDELEWICZ, José D. “El daño a la persona. Valoración y cuantificación”. Publicado en: RCCyC 2016 (noviembre), 17/11/2016, 69. Cita Online: AR/DOC/3439/2016).

Habiéndose determinado ut supra (Apartado A) 1) b), que ni el período de internación, ni el tratamiento fueron los correctos, aparece como una consecuencia lógica e innegable, los padecimientos espirituales que sufrió el actor y que afectaron su paz y tranquilidad interior, durante el derrotero de estudios innecesarios que le solicitaron, que conllevó un mayor lapso de internación, durante éste el contagio de una infección intrahospitalaria (neumonía), el retraso de la intervención quirúrgica, debiendo practicarse ésta de urgencia, al correr peligro su vida por la gangrena de su miembro inferior derecho.

Si a ello le sumamos las repercusiones disvaliosas que tuvieron en el Sr. A. la amputación de su miembro derecho, -la perito psicóloga señala que resultó disruptivo para el funcionamiento psíquico del actor; rompió con su equilibrio interno y sus posibilidades de hacer frente a las situaciones de su vida diaria de modo adaptado y saludable, afectando las actividades de la vida diaria y funcionamiento social- (499/503), y que no se trata de un daño moral que “ya pasó”, sino que las consecuencias espirituales negativas continúan y seguirán a futuro (GONZALEZ ZAVALA, Rodolfo M. “Satisfacciones sustitutivas y compensatorias.” Publicado en: RCCyC 2016 (noviembre), 17/11/2016, 38.Cita Online:AR/DOC/3436/2016), se estima justo y equitativo el monto fijado de $500.000, a la fecha del pronunciamiento en crisis, monto que permitirá al peticionante recurrir a satisfacciones sustitutivas, que alivien sus padecimientos.

B)- Recurso de apelación del Perito Contador Claudio Martín Santarossa.

Se queja del monto regulado por exiguo. Denuncia que la pericia no hubiere contribuido a la solución del caso no es una pauta válida para apartarse de las fijadas por las Leyes No. 3522 y 4229, por lo que a tenor de éstas y el principio de la proporcionalidad, solicita su elevación.

La validez constitucional de los honorarios no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos o la responsabilidad profesional que comprometen. (Sobre el tema, puede verse: SCHIAFFINO, C.A. Machado, “Derechos patrimoniales del perito”, JA 1987-I, 815; ALONSO, María José, “Honorarios de peritos. Regulación por las actuaciones judiciales”, Buenos Aires, Ad hoc S.R.L., 1.989; FERNÁNDEZ, Nilda B.-CA PO, Ángel L., “Honorarios de abogados y peritos”, Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 1.997).

Ahora bien “tratándose del servicio profesional de un perito contador, en principio sus honorarios deben fijarse de conformidad con las leyes dictadas al efecto, esto es la ley 3522 y la 4229. Pero sólo en principio, pues hay que tener en cuenta, para llegar a una aplicación justa de la normativa, otro principio rector que rige en materia arancelaria y que no es otro que el relativo a la proporcionalidad de los honorarios correspondientes a los técnicos, auxiliares de la justicia, con relación a los montos que se determinan para regular los honorarios de los abogados (L.S. 171:375; 170:068; 166:013; 215:345).” (SCJMza. Autos N° 71.523 – “Anzorena Ricardo en J: 18.812 -Bco. de Mza. S.A.c/Crédito San Rafael S.A. y Ots. p/Ord.- s/Inc.” (L.S. 316:038)” Vale decir, que la regulación de los honorarios de los peritos y otros auxiliares debe guardar la debida proporción con las diversas disposiciones arancelarias. El perito, como principio general, es ajeno a las implicancias que pudiera tener la prueba pericial en el resultado final del juicio, y es un acto privativo del Tribunal evaluarla en el momento oportuno de acuerdo a las constancias de la causa, a los fines de su retribución.

Ergo, para la regulación de honorarios del experto, no debe estarse a una norma inflexible, sino que la suma a fijarse debe adecuarse a las circunstancias especiales del caso concreto; asimismo, debe contemplarse la labor realizada efectivamente por el profesional, el tiempo en que se llevó a cabo, la naturaleza, complejidad, extensión de su trabajo, el valor intrínseco de la labor cumplida y la responsabilidad profesional que con ella se compromete.

Ponderando que la elaboración del informe pericial del Contador que corre a fs. 485, el que versa sólo sobre tres puntos, no pudo demandarle mayor tiempo, ante la ausencia de complejidad alguna sobre lo que debía expedirse, lo que se refleja en lo escueto de sus respuestas, se entiende que el monto fijado resulta adecuado, el que además guarda relación de proporcionalidad con las regulaciones de los restantes profesionales, lo que torna inviable el recurso.

C).- Apelación de los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Aguilar.

Se agravian que les hubieren regulado sus honorarios sobre el 12% del capital, habiéndose omitido que actuaron en su doble carácter de mandatarios y patrocinantes, correspondiéndoles un 18% conforme la Ley arancelaria.

Ha de señalarse que la ratificación puede equipararse a un poder, por lo que nada obsta a que al letrado que actuó invocando el art. 29 del C.P.C. para acreditar personería y adjuntó un escrito ratificatorio se le regulen sus emolumentos en su carácter de representante, a tenor del art. 31 de la Ley 3641 (Esta Cámara. Expte.No. 34473 – “Marino, Ricardo Rubén c/Benaroya, Sergio Gustavo y ots p/Ejec. Honorarios” . Fecha: 21/03/2013).

Así también lo entendieron la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, y Tribunales Inferiores, al afirmar que cuando la parte ratifica lo actuado por el profesional (art. 29 inc. IV C.P.C.), el acto queda confirmado en toda su amplitud. Convalidar significa otorgar valor a algo que hasta ese momento no lo tenía o lo tenía de modo deficiente, produciendo efectos confirmatorios, que por efectos de ley material tiene efectos equivalentes al mandato -art. 1936 C.C.-, con efectos retroactivos al día del acto, por todas las consecuencias del mandato. En consecuencia, las profesionales que actuaron, lo hicieron como mandatario y patrocinante, razón que impone la necesidad de aplicar el art. 31 ley 3641 a los efectos regulatorios de los honorarios (Expte No 92155 – “Maldonado Janet C. y ot. en J° 32.851/223.839 – Balestrieri de Gazzola, Teresa c/Nesossi, Gloria del Carmen y ots. p/Ejec. Típica s/Cobro de Alq. s/Inc. Cas.”.Fecha: 26/11/2008. LS 395:028); por lo que corresponde regular honorarios por la labor profesional cumplida por un Procurador Judicial, que actuó invocando una representación que no acreditó, siendo cada acto ratificado por la parte. (SCJMza. Expte.: 59039 – “Saez Adolfo en J: Blasco Hernán Aníbal Forens SRL p/Ejec. Cambiaria”. Fecha 25/09/1997. LS 274:280) y la ratificación de lo actuado por un gestor judicial efectuada por un procurador, es suficiente para percibir los honorarios que le correspondan por su actividad profesional; sin que sea necesario para tener derecho a su crédito que se haya acompañado poder (SCJMza. Expte.: 43.075 – “Alcaras, Luís y otro en J: Crédito Integral S.A. Luís Alcarás y otro p/Ejec. Típica”. Fecha 08/08/1986. LS 195:254; en igual sentido Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario Expte.: 81590 – “Nasisi, Nicola María Margarita Miranda y ots. p/Cobro Alquileres. Fecha:27/04/1992 – LA 154:089 y Expte.: 114.095 – “Guerrero, Alberto Teodoro Arango p/D y P”. Fecha: 18/04/1988 – LA149:228; Esta Cámara, Fallo del 02/11/1984, Expte. 14.424- “L.V. 89 T.V. Canal 7 c/Julio Guevera p/Ordinario”, LS 105:376; y Fallo del 22/03/1995, Expte. 21.687 – “Tessoni José c/Expreso B.A.P. p/Ejecutivo” – LS 131:456, y Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario. (Expte.: 87.222 -“Sosa Arditi, Enrique A. c/Catalina Licanic y ots p/Ejecución Cambiaria”. Fecha: 05/07/1993 – LA 001:351).

De la compulsa de las actuaciones, se constata que en el escrito de demanda como en el de los alegatos se presentó el Dr. Alejandro Romano, solicitando que se le otorgue el plazo del art. 29 del CPC, adjuntando en el mismo acto “ratifica” del actor C.H. A., con el patrocinio del Dr. Miguel Macarrón en el primero, y de la Dra. Virginia Aguilar en el segundo; en tanto en el escrito de apertura de prueba, ofrecimiento de pruebas, audiencias y escritos del período probatorio se presentó sólo el Dr. Alejandro Romano por el actor adjuntando “ratifica” del actor, salvo una audiencia que lo hizo la Dra. Aguilar por el actor.

Por ello, se advierte que se ha configurado un error en las regulaciones practicadas, dado que a todos los profesionales de la parte actora en conjunto se les reguló como patrocinantes (12%, art. 2 Ley 3641), omitiéndose aplicar el art. 31, y regularse como representante al profesional que compareció por el actor, invocando el art. 29 del CPC, por lo que deberán reformularse las regulaciones de los letrados, conforme lo prescripto por el art. 2 y 31 de la Ley arancelaria, y la actuación de cada uno de ellos en las diversas etapas del proceso.

Sin embargo, debe precisarse que tampoco le corresponden a todos los profesionales la escala completa (18%), sobre el capital, ello en razón que el Dr. Alejandro Romano y la Dra.Virginia Aguilar actuaron por el actor sin patrocinio letrado durante el período probatorio, por lo que se distribuirá entre ellos el 4% que corresponde a dicha etapa; un 4% al Dr. Alejandro Romano por su actuación en representación del actor tanto en el escrito de demanda como en el de alegato (2% por cada una de esas etapas); un 4% para el Dr. Macarrón por haber patrocinado el escrito de demanda y un 4% para la Dra. Aguilar por haber patrocinado el escrito de alegatos, por lo que se regula al Dr. Alejandro Romano $.; al Dr. Miguel Macarrón $. y a la Dra. Virginia Aguilar $.

VI).- En conclusión, corresponde rechazar los recursos de apelaciones deducidos por OSEP y por el Contador Claudio Martín Santarossa y hacer lugar parcialmente al incoado por los Dres. Romano, Macarrón y Aguilar y por ello modificar el pto. 3 del pronunciamiento en crisis, regulándose al Dr. Alejandro Romano $.; al Dr. Miguel Macarrón $. y a la Dra. Virginia Aguilar $. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas deben imponerse a la parte accionada recurrente que resulta vencida. (arts. 35 y 36 del C.P.C.), sin imposición de costas respecto a los recursos deducidos por el Perito Contador Claudio M. Santarossa y por los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Aguilar, por expresa disposición legal (art. 40 del C.P.C.). ASI VOTO.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A.Ferrer, dijo:

Que por las mismas razones adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 6 de agosto de 2018.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

1°) Acoger parcialmente el recurso de apelación incoado a fs. 589 por los Dres. Alejandro Romano, Miguel Macarrón y Virginia Daiana Aguilar por sus honorarios y rechazar los deducidos a fs. 588 por la Dra. Patricia A. Galve por la demandada Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y a fs. 597 por el Dr. Guillermo A. Ruiz en representación del Perito Contador Claudio Santarossa y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 582/586, con excepción del pto. 3, que se modifica y queda redactado del siguiente modo: “3- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dr. Alejandro E. Romano, en la suma de PESOS.($.); al Dr. Miguel A. Macarrón en la suma de PESOS.($.) y a la Dra. Virginia Aguilar PESOS.($.), a la fecha y sin perjuicio de los complementarios y más el I.V.A. para aquellos profesionales que acrediten tal calidad (arts. 2, 3, 13 y 31 de la L.A. y art. 1 ley 5394).”

2°) Imponer las costas de Alzada a la accionada recurrente vencida en esta instancia impugnativa (Arts. 35 y 36 del C.P.C.), sin imposición de costas respecto a los recursos deducidos por el perito contador y los profesionales de la actora (art. 40 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios de los pr ofesionales intervinientes en esta vía impugnativa, de la siguiente forma: Dres. Miguel A. Macarrón, Alejandro E. Romano y Patricia Galve, en la sumas de PESOS.($.), .($.) y . ($.), respectivamente y sin perjuicio de lo establecido por la Ley Provincial 5394 (Arts. 3, 15 y 31 de la Ley Arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen. msa/dds/6581

Dra. María Silvina Ábalos

Juez de Cámara

Dr. Claudio A. Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos

Secretaria de Cámara