Aplicación de una multa a una empresa, por exhibir un producto con la indicación de un origen distinto al real

Partes: INC S.A. c/ DNCI s/ lealtad comercial – Ley 22.802 art. 22

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 21-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112614-AR | MJJ112614 | MJJ112614

Aplicación de una multa a una empresa por exhibir un producto con la indicación de un origen distinto al real.

Sumario:

1.-La cadena de supermercados debe ser multada por infracción a la ley de lealtad comercial, toda vez que un producto listo para su venta al público tenía un origen distinto al exhibido en el cartel indicador del precio, y, el art. 9 de la Ley 22.802 prohíbe cualquier clase de presentación que, mediante inexactitudes u ocultamientos, pueda inducir a error, engaño o confusión; a lo que se suma que la encartada no aportó ningún elemento que modifique las constancias del acta, que además ha sido suscripta sin disconformidad por uno de sus empleados.

Fallo:

Buenos Aires, 21 de junio de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que, estas actuaciones se iniciaron con motivo de la inspección realizada el 24 de junio de 2016 en el local de INC SA (Carrefour) sito en la Av. La Plata 1768, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se constató que un producto listo para su venta al público tenía un origen distinto al exhibido en el cartel indicador del precio (v. acta 2862, fs. 1/2) 2º) Que, mediante la disposición 284/17, el Director Nacional de Defensa del Consumidor impuso a la actora una multa de pesos veinticinco mil ($25.000), por infracción al artículo 9º de la ley 22.802 (fs. 66/68).

Para resolver como lo hizo, la autoridad administrativa se remitió a los términos del acta.

Respecto al planteo de nulidad de ese documento, fundado en la falta de elementos que acreditasen la infracción, sostuvo que los inspectores acompañaron el cartel en donde se indicó, erróneamente, el origen del producto en cuestión.

En el mismo orden de ideas, recordó que la encartada no había aportado elementos probatorios que desvirtuasen las constancias de fs. 1/2 y, en consecuencia, correspondía estar a la plena fe que se otorga a los instrumentos públicos, específicamente, a actas como la indicada.

Asimismo, desestimó el planteo vinculado con la aplicabilidad de la norma, por tratarse de una presentación apta para conducir a error con relación a un aspecto del producto comercializado, y remarcó el carácter formal de la falta.

Finalmente, para graduar la sanción tuvo en cuenta el carácter disuasivo de la multa, la actividad desarrollada por la infractora, la porción de mercado que abarca en el rubro al que pertenece, el grado de responsabilidad de la firma en la infracción cometida, el interés protegido, la mercadería en infracción y el informe de antecedentes.

3º) Que, contra dicha disposición, INC SA interpuso y fundó recurso de apelación a fs.73/80 vta.

En primer término, sostuvo que la disposición sancionatoria es nula, ya que sólo se hace mención a que el producto inspeccionado era de origen distinto al que surgía del cartel indicativo de precio, pero no se acompañó al acta el rótulo de aquél, acreditando dicha cuestión.

Asimismo, planteó la inaplicabilidad del artículo 9º de la ley 22.802, ya que la norma se refiere a la “PUBLICIDAD y PROMOCION MEDIANTE PREMIOS”. Añadió que no resulta posible aplicar analógicamente normas en materia infraccional.

Por otra parte se agravió de la postura estrictamente formal del organismo, ya que la supuesta infracción no generó ningún perjuicio a los consumidores.

Subsidiariamente, solicitó la reducción de la multa.

4º) Que, a fs. 101/vta., se concedió la apelación y, a fs. 107/115, la demandada contestó el traslado de los agravios.

Finalmente, a fs. 121/122, dictaminó el señor Fiscal Coadyuvante sobre la competencia de esta Sala y la admisibilidad formal del recurso.

5º) Que, este Tribunal resulta temporalmente competente para entender en las actuaciones (arg. art. 76 de la ley 26.993. confr. esta Sala, en la causa 50798/2014/CA1 “Fiat Auto Argentina SA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor- Ley 24220- Art. 45”, sent. del 03/02/15) por lo que cabe ingresar, sin más, al examen de las cuestiones planteadas.

6º) Que, cabe analizar si la apelación deducida ante esta Cámara logra conmover los fundamentos de la resolución apelada.

En lo que aquí interesa, ha de recordarse que las leyes 24.240 y 22.802, junto con las normas complementarias dictadas al efecto conforman un plexo normativo con el cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (confr.Sala II, causa “Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.I. – Disp. 285/12”, sent. del 10/10/13).

La sanción se impuso a la actora en los términos del artículo 9º de la ley 22.802 que establece: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios (énfasis añadido)”.

En consecuencia, toda vez que la norma transcripta prohíbe cualquier clase de presentación que, mediante inexactitudes u ocultamientos, pueda inducir a error, engaño o confusión, y teniendo en cuenta las constancias de fs. 1/2, a simple vista se evidencia su aplicabilidad al caso así como el incumplimiento atribuido en el acto, ya que se detectaron divergencias entre el origen real del producto inspeccionado y el indicado en el cartel exhibidor.

Si bien la recurrente cuestionó la falta de acreditación del origen por no haberse acompañado el rótulo del producto, vale la pena mencionar que, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17, inciso d, de la ley 22.802: “[l]as constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo[.] constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos que resulten desvirtuadas por otras pruebas”; de modo que las disposiciones específicamente aplicables a la materia ratifican que se encontraba a su cargo desvirtuar lo descripto a fs. 1/2.

Sobre esa base, toda vez que la encartada no aportó ningún elemento que modifique las constancias del acta, que además ha sido suscripta sin disconformidad por uno de sus empleados, debe estarse a la plena fe que se otorga genéricamente a los instrumentos públicos y a las actas como la indicada (arg. art. 17, inc.d, ley 22.802).

7º) Que, resta señalar, que -en la especie- se trata de una infracción formal donde la constatación de los hechos hace nacer por sí y como principio la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta por sí misma para tener por verificada la violación de las respectivas normas (en igual sentido, confr. Sala III, causa “Supermercados Norte c/ DNCI-Disp 364/04”, sent. del 9/10/06; Sala V, causas “José Saponara y Hnos. c/ Sec de Comercio”, sent. del 25/06/97, y “Banco del Buen Ayre SA-RDI c/ DNCI s/Disp. 618/05”, sent. del 6/02/07).

Es así que, frente a las constancias de fs. 1/2, no desvirtuadas por prueba idónea en contrario, resulta irrelevante la ausencia de intención en la conducta de la empresa o de daños concretos a los consumidores.

En razón de lo expuesto, se concluye en que se encuentra verificada la conducta tipificada en el precepto reseñado y, en consecuencia, reunidos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la recurrente, como lo hizo la disposición apelada.

8º) Que, la determinación y graduación de la sanción a aplicar es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (confr. esta Sala, causa “Fate SAICI c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24240 – Art. 4”, sent. del 08/05/14, y sus citas).

En ese contexto, considerando la naturaleza de la infracción, la relevancia del bien jurídico protegido y que la actora contaba con numerosos antecedentes al momento de dictarse la disposición cuestionada (v. informe de fs.26/40), la sanción no aparece desproporcionada en relación con la falta cometida, la posición en el mercado de la empresa, las características del servicio y demás circunstancias del caso, por lo que corresponde confirmarla.

9º) Que, por todo lo expuesto, se rechaza el recurso y se confirma la disposición 248/17 en todos sus términos.

Las costas se imponen a la actora vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68 CPCCN).

10) Que, de conformidad con los artículos 6º, 7º, 9º, 19 – por analogía con lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida, su monto y el resultado obtenido a partir de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (confr. fs. 107/115), REGÚLANSE en la suma de pesos.($.) y pesos.($.) los honorarios de los doctores Christian Alex Pranteda y Verónica Laura Treviño, respectivamente, quienes actuaron en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado del Estado Nacional (Ministerio de Producción); los que se encuentran a cargo de la parte actora.

Por último, se aclara que la retribución que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General subrogante, SE RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de fs. 73/80, con costas (art. 68 CPCCN); 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada en los términos y con los alcances del considerando 10.

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal Coadyuvante en su público despacho- y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI