Culpa concurrente de la empresa ferroviaria y del peatón fallecido, al atravesar el paso a nivel, por ausencia de medidas de prevención

Partes: D. B. G. L. y otro c/ UGOFE S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Fecha: 15-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111411-AR | MJJ111411 | MJJ111411

Culpa concurrente en el accidente ferroviario en el que falleciera un peatón al atravesar el paso a nivel. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto atribuye la responsabilidad del hecho dañoso a la víctima, debiendo distribuirse en un 70 % para las accionadas y en un 30% para la víctima, pues si bien la propia naturaleza del transporte ferroviario genera la obligación de cuidado o deber de precaución en cabeza de quien intenta trasponer las vías, resulta evidente la ausencia de medidas de prevención que mediante la señalización adecuada de un cruce peatonal emplazado en zona urbana, alertaran a los transeúntes, en particular teniendo en consideración la habitualidad de tránsito de los habitantes lugareños del lugar y de la existencia de una escuela.

2.-La empresa demandada no puede pretender exonerar su responsabilidad por los daños acaecidos, por cuanto su conocimiento técnico de las condiciones que deben cumplirse para garantizar un servicio ferroviario seguro la obliga a tomar en cuenta todas aquellas medidas de seguridad necesarias para evitar probables accidentes.

3.-Los lugares en los cuales se desarrolla la actividad ferroviaria deben ser considerados en sí mismos zonas de peligro, pues la propia naturaleza del transporte ferroviario genera un riesgo potencial para aquellos que deben transponer la ruta que atraviesa, lo que crea la obligación de cuidado o deber de precaución en cabeza de quien intenta trasponer las vías.

Fallo:

La Plata, 15 de mayo de 2018.

AUTOS Y VISTOS: este expte. nº FLP 57037369/2011/CA1, caratulado “D. B., G. L. y otro c/ UGOFE SA y otro s/ daños y perjuicios”, proveniente del Juzgado Federal nº 3 de Lomas de Zamora; Y CONSIDERANDO:

EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

I. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 503/509 y vta. y su aclaratoria de fs. 515, rechazó la demanda interpuesta por G. L. D. B., por sí y en representación de su hija menor, contra la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA, por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su cónyuge, C. D. F. Excluyó de responsabilidad al Estado Nacional e impuso las costas en el orden causado.

Frente a ello, interpusieron recursos de apelación el Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial nº 1, el Dr. Ariel David Sukevicius, en representación de la menor (fs. 511) y el Dr. Mauricio Alberto Dranovsky en representación de la parte actora (fs. 514), sosteniéndolos con las expresiones de agravios de fs. 520/528 y 529/534 respectivamente.

II. Las presentes actuaciones se iniciaron con la demanda promovida por el Dr. Mauricio A. Dranovsky, en representación de G. L. D. B., que actúa por sí y en nombre de su hija menor, L. A., contra UGOFE SA por daños y perjuicios.

El letrado relató que el 26 de mayo de 2009, aproximadamente a las 9 horas, la señora C. D. F., cónyuge y madre de sus mandantes se dirigía a cruzar el paso peatonal autorizado, de las vías del ferrocarril sito en el kilómetro 22, intersección con calle Alcorta, oeste a este, constituyendo el único paso entre la calle Roca, lado oeste y la calle Pellegrini, lado este de la localidad de Burzaco. La Sra. F.ingresa al laberinto que desemboca al borde las vías, donde se detiene dado que pasaba un tren con sentido de circulación Alejandro Korn a Plaza Constitución (de sur a norte), una vez que termina de pasar, la señora continúa caminando y es embestida por el tren nº 3249 procedente de Plaza Constitución a la localidad de Alejandro Korn, falleciendo a raíz del arrollamiento.

El letrado explicó que las causas del infortunio responden a que el tren que pasaba hacia Plaza Constitución le impidió advertir a la víctima, por falta de visibilidad, la presencia del convoy que provenía de la estación Burzaco, y que el paso peatonal carecía de señalización lumínica ni sonora, y tampoco la Cruz de San Andrés.

El abogado explicó que el 4 de junio de 2010 su mandante había solicitado a la notaria Elida Oroño que constatara las circunstancias del lugar en el que había acontecido el accidente, y reprodujo las aseveraciones contenidas en el acta suscripta por la notaria mencionada:

“Constatando que el mismo es paso autorizado para peatones y bicicletas y constituye el único paso por la calle Pellegrini desde Este hacia la calle Roca. Se pudo constatar que no existe señalización destacada, ni visual ni sonora que indique la proximidad del tren, tampoco La Cruz de San Andrés ya que accede directamente por el laberinto que desemboca al borde de las vías, lugar desde el cual la gente atisba la proximidad de los trenes y sujeta a la buena visión del observante, lo cual fue verificado personalmente y mediante consulta a personas que transitan en el lugar.Es de hacer notar que circulan por dicho paso gran cantidad de gente entre los cuales se encuentran muchos escolares dado que la escuela de Educación Media Número 2 de Almirante Brown tiene sus instalaciones en terrenos linderos a la vía del tren.

El abogado comparó las condiciones de seguridad del paso peatonal autorizado de Adrogué respecto del paso de Burzaco, e indicó que en Adrogué la demandada había observado todas las medidas de prevención de accidentes, cuestión que no se había previsto en el paso peatonal de Burzaco.

El letrado acompañó fotografías para ilustrar aquella comparación entre ambos paso peatonales, refirió la existencia de una causa penal y resaltó la responsabilidad civil de la empresa demandada en el infortunio.

El Dr. Dranovsky solicitó un monto indemnizatorio para su mandante, el Sr D. B., de $ 1.950.000.en concepto de valor vida, daño moral y daño psicológico. Y en relación a la niña, requirió, en concepto de daño moral y psicológico, la suma de $ 1.000.000.

III. La empresa accionada, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA, mediante su apoderada la Dra. Graciela N. Malatto, contestó demanda a fs. 75/88. En dicha oportunidad, la letrada efectuó las negativas por imperativo legal.

Asimismo, la abogada sostuvo que los hechos objeto del pleito habían acontecido de manera diferente a la presentada por la parte actora. En tal sentido, explico que la formación nº 3479, al mando de Atilio Viassi circulaba con destino a la estación de Alejandro Korn. Antes de arribar al cruce peatonal de calle Alcorta, el conductor había visualizado a una mujer totalmente distraída y que emprendió el cruce sin mirar.

La Dra. Malatto manifestó que frente a dicha circunstancia, Viassi tocó la bocina del tren y activó el freno, y si bien la señora apuró su paso, no pudo evitarse el arrollamiento.La letrada, sostuvo, entonces, que el accidente obedecía a la exclusiva responsabilidad de la víctima, cuestión que aparecía en las videofilmaciones.

La letrada agregó que el conductor de la formación al declarar en sede penal había referido que la S. F. tendría colocados auriculares al momento de cruzar, indicando, además, que de la videograbación 8.54 16 se observaba un cable que iba desde el oído izquierdo por sobre el brazo izquierdo de la S. F.

La abogada planteó la posibilidad de que la señora F. estuviera escuchando música o un programa de radio que la hubiese distraído al momento de efectuar el cruce, procediendo de manera imprudente.

Finalmente, solicitó la citación del Estado Nacional en calidad de tercero.

IV. A fs. 157/172 se presentó el Estado NacionalMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante su representante legal, la Dra. Laura Cecilia Calcagno, contestando el pedido de citación de tercero y solicitando el rechazo de la pretensión en su contra.

La abogada comenzó por negar todas y cada de las consideraciones efectuadas por la contraria que no fueran de expreso reconocimiento por su parte.

Asimismo, la letrada explicó que conforme los argumentos plasmados en el escrito de demanda, las causas del infortunio habrían sido el paso de un tren en dirección contraria que le quitó visibilidad y la supuesta ausencia de señalización lumínica y sonora en el paso peatonal por donde intentaba cruzar la víctima, pero que frente ello, necesariamente se desprendía que la Sra. F., inevitablemente, hubiese ingresado al paso peatonal en forma imprudente, sin prestar la debida atención, es decir, sin advertir el tren que venía circulando en dirección contraria, situación que constaba en el informe de accidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la fecha del accidente (fs.156).

La letrada expresó que lo que en realidad habría sucedido es que la víctima habría iniciado el cruce de antes de verificar que no se aproximaba ninguna formación, arriesgándose a ser embestida.

En relación a la ausencia de señalización del cruce, la Dra. Calcagno alegó que no existía norma específica que previera este tipo de protección en los pasos peatonales.

Por lo demás, la letrada dejó planteada la ausencia de legitimación pasiva de su poderdante, siendo responsable, en caso de probarse deficiencias en la prestación del servicio, únicamente la empresa operadora del servicio.

V. Como dijimos, la sentencia de primera instancia rechazó la demanda impetrada, al entender el juez de grado que el accidente se había producido por culpa exclusiva de la víctima, “quien estaba distraída al intentar el cruce, lo que se desprende del propio relato de la demanda cuando se reconoce que se emprendió el mismo luego del paso de otra formación con destino a Plaza Constitución. Ello así pues conocía el paso peatonal y lo transitaba de forma habitual, sin que haya existido el día del evento ninguna circunstancia que hubiera transferido sorpresivamente la visibilidad. Ni siquiera el paso de ese otro convoy con circulación en sentido contrario, podría configurar tal situación como para aminorar la responsabilidad de la víctima, por tratarse de un hecho absolutamente normal en el tráfico ferroviario, particularmente en zonas urbanas, máxime cuando la cuestión involucra a una persona que, se reitera, tenía pleno conocimiento del lugar y de sus características”.

Contra este pronunciamiento interpusieron recursos de apelación el Dr. Sukevicius, en representación de la niña, Luna Abril, y el Dr. Dranovsky, como apoderado del señor D.B.

El primero consideró que la decisión de primera instancia no se compadecía con las probanzas de autos ni con lo dispuesto por la jurisprudencia de los tribunales.

Además, subrayó el error en tratar de establecer como pauta general de interpretación que quien intenta cruzar un paso a nivel deba adoptar todas las medidas de precaución necesarias para prevenir el riesgo, puesto que su sola presencia indica el peligro de cruce.

Por otra parte, el Dr. Sukevicius explicó que las accionadas debían responder por la muerte de la señora F., dado que si bien no existiría normativa expresa, su deber objetivo debió conducirse hacia la construcción de un cruce peatonal seguro, de estructura arquitectónica adecuada y con alertas fonoluminosas.

Y agregó que la responsabilidad de la víctima no había quedado suficientemente demostrada.

Asimismo, el Dr. Sukevicius expresó que el Estado Nacional devenía responsable en cuanto era el último garante del derecho de seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Por último, y en caso de no hacerse lugar a su planteo primigenio, solicitó evaluar la aplicación del instituto de la culpa concurrente.

El Dr. Dranovsky, por su parte, sostuvo que de las pruebas reunidas en la causa se puede concluir que la demandada es responsable puesto que la seguridad del paso peatonal era deficiente, no existiendo culpa de la víctima.

VI.Ahora bien, previo a ingresar al tratamiento recursivo considero necesario pronunciarme respecto a la legislación aplicable.

Con ese objeto, cabe poner de resalto que con fecha 8 de octubre de 2014 fue publicada en el Boletín Oficial Ley N° 26.994 que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación que, como anexo, integra la citada norma.

Por su parte, La Ley N° 27.077, modificatoria del Artículo 7 de la Ley N° 26.994, dispuso como fecha de entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal el día 1° de agosto del año 2015.

Se presenta en el caso, entonces, la circunstancia relacionada con el hecho de que encontrándose la causa en esta instancia para estudio del Tribunal entró en vigencia la nueva normativa, situación que obliga a esta Alzada a pronunciarse sobre la determinación de la legislación bajo la cual será revisada la sentencia de origen.

Frente a ello, y ante la imposibilidad de establecer pautas uniformes, la premisa relacionada con la aplicación de la ley nueva a los procesos judiciales en trámite deberá ser analizada en cada caso concreto.

Resulta que “Las reglas generales y abstractas ceden paso a los principios cuando se manifiestan situaciones que exigen la adecuación y evaluación caso por caso” (GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. El art. 7 del Código Civil y Comercial y los procesos judiciales en trámite. Una mirada desde el sistema de fuentes constitucional y convencional. RCCyC En debate. Año I. N° 01, Julio 2015, Págs. 16/18).

Con ese objeto, y como punto de partida, cabe recordar la letra del Artículo 7 del Código Civil y Comercial, texto según Ley N° 26.994, en tanto establece que “. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” De su lectura se advierte que dicho artículo similar en su contenido al Artículo 3 del Código Civil, según texto incorporado por la Ley N° 17.711 del año 1968establece el principio de la aplicación inmediata de la norma, lo que se traduce en que ella rige para los hechos que están en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción.

Asimismo, hace lo propio respecto a la noción del llamado “consumo jurídico” en virtud del cual la nueva ley no se aplica a las consecuencias de los hechos pasados; dichas consecuencias quedan sujetas a la ley anterior (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley, Edición del 22 de abril de 2015, Pág. 1 y ss.).

La mencionada autora -integrante de la comisión redactora que del Proyecto que posteriormente culminó sancionándose como nuevo ordenamiento ha sostenido que “. cualquiera sea la instancia en la que se encuentre el expediente (primera o ulteriores, ordinarias o incluso extraordinarias), hay que aplicar el mismo sistema de derecho transitorio que teníamos y, por tanto, verificar si las nuevas situaciones y sus consecuencias están o no agotadas, si está en juego una norma supletoria o imperativa, y ahora sí, como novedad, si se trata o no de una norma más favorable para el consumidor” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015, La Ley, Edición del 2 de junio de 2015).

Por su parte, Julio César Rivera expresó que “Las nuevas leyes, y ello incluye al Cód. Civ.y Com., no deben ser de aplicación para resolver los casos judiciales pendientes, salvo acuerdo de partes o en hipótesis excepcionales, y siempre que se respete la garantía del debido proceso; lo que comprende el derecho de alegar y probar sobre los efectos de la nueva ley y que el pronunciamiento final satisfaga el principio de congruencia . la aplicación de la nueva ley a los procesos en trámite importa volver sobre una relación la procesalconstituida con la demanda, reconvención y contestaciones, por lo que incluso sería contraria a la misma regla general del efecto inmediato del art. 7 primer párrafo.” (RIVERA, Julio César, Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones preexistentes y a los procesos judiciales en trámite. ALGUNAS PROPUESTAS, La Ley, Año LXXIX N° 111, Edición del miércoles 17 de junio de 2015, págs. 1/4.).

En función de las mencionadas consideraciones, los hechos ilícitos y los actos jurídicos ya sean de carácter unilateral o bilateral, considerados como “causa fuente” productora de derechos y obligaciones en las relaciones jurídicas que unen a los sujetos activo y pasivo, se rigen por la ley vigente al momento de producirse el hecho lícito o ilícito, o en el momento de celebrarse el acto jurídico (el contrato), no pudiendo ser alterados o interpretados por leyes posteriores. (TARABORELLI, José N. “Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código”. La Ley Año LXXIX N° 165, edición del día jueves 3 de septiembre de 2015 págs. 1/8).

Presente lo expuesto, cabe señalar que el caso en estudio fue iniciado en el mes de agosto del año 2010 y su objeto consistió en un reclamo indemnizatorio por los daños y perjuicios derivados del accidente padecido por C. D. F.el día 26 de mayo de 2009, circunstancias que inclinan mi opinión en el sentido de que la situación que aquí se analiza -juzgamiento de la responsabilidad civilse forjó y consolidó al amparo del Código Civil de Vélez Sarsfield y Acevedo, habiéndose producido una consolidación jurídica de la causa o un “consumo jurídico” que trae como corolario la necesidad de revisar la sentencia de grado a la luz del mismo ordenamiento jurídico existente en el momento en el que ella fue dictada (conforme lo resuelto por esta Sala I, en autos FLP 21016050/2000 “Vives, Mario Argentino y otros c/ FONAVI y otros s/ Daños y Perjuicios”, fallo del 17 de marzo de 2016.

VI. Cabe, por una cuestión metodológica, considerar en primer término el agravio relacionado con la responsabilidad de la víctima, cuestión central en el rechazo de la demanda en primera instancia.

En este sentido, insisto en recordar que también resulta reiterada la jurisprudencia que establece que en supuestos como el de autos es de aplicación la teoría del riesgo creado prevista en el Artículo 1.113, segundo párrafo, in fine del Código Civil de Vélez Sarsfield.

Dicho artículo, en su parte pertinente, establece que:”En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder”.

En tal orden de ideas, a la parte actora solo le incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño producido.

Para que el demandado pueda exonerarse de responsabilidad debe acreditar la ruptura del nexo casual demostrando que el daño provino del hecho de la propia víctima o de un tercero por quien no tiene que responder; esto es, debe acreditar la existencia de un factor ajeno que interrumpa total o parcialmente la causalidad.

Según refieren TRIGO REPRESAS y LOPEZ MESA “Cuando el daño obedece al “riesgo o vicio” de la cosa, nos encontramos frente a una responsabilidad objetiva del dueño o guardián, generadora per se del deber de resarcir, salvo que se demuestre que la conducta de la víctima o de un tercero extraño por quien no debe responder interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño producido, o sea que tales procederes se constituyeron en una causa adecuada del perjuicio diferente del “riesgo” o “vicio” de la cosa; exigiéndose además, para su liberación, al dueño y al guardián la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero extraño.” (TRIGO REPRESAS, Félix A. LOPEZ MESA, Marcelo J. Tratado de la Responsabilidad Civil. El Derecho de Daños en la Actualidad: teoría y práctica”, 1ra. Edición, La Ley, Buenos Aires, 2004,Tomo III, Págs.360/361) Ahora bien, lo señalado precedentemente debe armonizarse con las características propias del ámbito en el cual se produjo el accidente que motivó el reclamo judicial.

Los lugares en los cuales se desarrolla la actividad ferroviaria deben ser considerados en sí mismos zonas de peligro. La propia naturaleza del transporte ferroviario genera un riesgo potencial para aquellos que deben transponer la ruta que atraviesa.

Ello crea, por un lado, la obligación de cuidado o deber de precaución en cabeza de quien intenta trasponer las vías.

Tal como lo ha sostenido la Sala I en autos “Valentín, Matías Alfonso y otros c/ Ferrocarriles Mertropolitanos S.A. y O s/ daños y perjuicios”, fallo del 28 de junio de 2005, se trata de una norma de prudencia que comprende tanto a los vehículos como a los peatones, que deben respetar la preeminencia del ferrocarril (Conforme voto del doctor Molteni en autos “Casero, Daniel A. c/Ferrocarriles Metropolitanos SA”, CN Civ, Sala A, de fecha 27 de abril de 1998, en DJ19991, p. 365).

Asimismo, impone a la empresa prestataria del servicio público la obligación de extremar las medidas tendientes a preservar la seguridad. Pesa sobre las empresas dedicadas a la actividad del transporte ferroviario una obligación de seguridad que consiste, en lo que aquí interesa, en la protección de los lugares destinados al cruce y de los pasos a nivel acordes a la peligrosidad que implica su paso por sectores urbanos.

A la luz de las consideraciones precedentes, serán analizadas las constancias de autos.

VI I. Se encuentra acreditado fehacientemente que el día 26 de mayo de 2009 la señora C. D. F. intentó cruzar el paso peatonal existente en calle Alcorta de la localidad de Burzaco y fue arrollada por la formación nº 3479 que había partido de la estación Constitución con destino a Alejandro Korn.

VIII.En las fotografías acompañadas por la parte actora (en sobre nº 64763) se visualiza el paso peatonal sin señalización alguna, con excepción de un cartel en color amarillo con grafitis y una calcomanía tapando la palabra atención en letras rojas -fotografía 14.

En las fotografía comparativas 11, 12 y 13 de paso peatonal en Adrogué, se observa el mismo cartel en color amarillo, sin pintadas que obstaculicen su lectura, y la Cruz de San Andrés con señal lumínica -fotografía 11.

En las fotografías obrantes en la causa penal nº 070003228009, se advierten las mismas carencias en señalización.

IX. La escribana Elida Oroño, el 6 de junio de 2010, efectuó un acta de constatación a pedido del señor D. B., en ella consta que “me constituí en el lugar indicado cruce peatonal de Este a Oeste de la línea de trenes eléctricos del ferrocarril Roca. Constando que el mismo es paso autorizado para peatones y bicicletas y constituye el único paso por la calle Pellegrini desde el Este hacia la calle Roca. Se pudo constatar que no existe señalización destacada, ni visual ni sonora que indique proximidad del tren, tampoco existe Cruz de San Andrés, ya que accede directamente por el laberinto que desemboca al borde de las vías, lugar desde el cual la gente atisba la proximidad de los trenes, siendo la apreciación difícil y sujeta a la buena visión del observante, lo cual fue verificado personalmente y mediante consulta a personas que transitaban en el lugar. Es de hacer notar que circulan por dicho paso gran cantidad de gente entre los cuales se encuentran muchos escolares dado que la Escuela de Educación Media Número 2 de almirante Brown tiene sus instalaciones en terrenos linderos a la vía del tren”. (fs.

5 y vta) X. Del acta de procedimiento que luce a fs.8/9 de la causa penal ya mencionada, surge que personal policial cumpliendo funciones adicionales en el Ferrocarril Roca, había informado a los policías que la suscriben que “al llegar al paso peatonal existente en la calle Alcorta una persona de sexo masculino cruza el mismo en forma distraída aparentemente con auriculares en sus oídos, la cual al percatarse de la aproximación del tren trata de acelerar sus pasos para evitar ser embestida lo que no se logró siendo golpeada por el lateral izquierdo de la formación despidiéndola y cayendo el cuerpo a un costado de las vías”.

En el mismo instrumento consta el testimonio del conductor del tren Atilio Biasi, que refirió que “conducía la formación.al llegar al paso peatonal.una persona de sexo masculino cruza el mismo caminando sin mirar en forma totalmente distraída la cual ni siquiera escucho las bocinas del tren que el mismo accionó en forma insistente y que esta persona al darse cuenta de la aproximación de la formación aceleró sus paso no logrando evitar ser colisionada por el frente saliendo despedida hacia un costado de las vías.nos hace entrada de un bolso negro conteniendo una billetera de plástico color violeta conteniendo cédula de identidad de Policía federal, un teléfono celular.y auriculares y elementos de cosmética”.

Dos horas después de prestar testimonio ante los policías, nuevamente declaró Biasi en sede policial, y en esa oportunidad manifestó que “al llegar al paso peatonal del Kilómetro 22 intersección con calle Alcorta pasó un tren en sentido contrario e inmediatamente cruzó una mujer en forma totalmente distraída le pareció que escuchando auriculares (fs. 12).

Finalmente, a fs. 106/107 el fiscal interviniente dispuso el archivo de la Investigación Penal Preparatoria dado que no surgía la comisión de delito alguno XI. Los testimonios de fs. 215y 216 son contestes en cuanto a la peligrosidad del cruce por el paso a peatonal.

El señor Mariano Damián Antich (fs.215) manifestó que “.lo conozco -al paso peatonalde pasar varias veces por ahí, está la calle Alcorta, llegas y tiene el laberinto el paso a nivel, la escalera y ahí pasa la vía.No hay visibilidad porque cuando subís la escalera que está el laberinto que es el paso a nivel es una entrada a la vía que tenés un alambrado con ligustrina, no tenés visibilidad. El señor Antich, frente a preguntas de la parte actora, respondió que el paso peatonal no contaba con señalización ni visual ni sonora y tampoco con la Cruz de San Andrés, y que era utilizado por alumnos de la escuela que estaba “pegada” al paso nivel, y que era el único, puesto que el otro paso estaba a seis o siete cuadras.

El testimonio del señor David Duarte coincide con el anterior en cuanto expresó que “Como para pasar tenés mucha ligustrina, es como una selva, no tiene ningún tipo de chicharra ni sonido para avisar que viene el tren de algún lado y entre las vías está todo poseado entre el caminito que hace el paso a nivel.es imposible cruzar tranquilo”. El señor Duarte explicó también que los alumnos de la escuela cruzan por ahí.

Por otra parte, ambos testimonios coinciden en señalar que ocurren accidentes con frecuencia.

XII. A fs. 364/365 luce la pericia ingenieril. En su informe el perito ingeniero naval y mecánico, Víctor Antonio Irureta explicó que “Al paso peatonal, constituido con bloques de hormigón, se accedía mediante una suerte de laberinto conformado por estructura de caños pintados de rojo y blanco.En las fotografía de la época disponibles, tanto de la causa penal, como las aportadas por la actora, no se aprecia que existiese señalización activa (fonoluminosos) ni pasiva (cruz de San Andrés), aunque se ve un cartel (ilegible) amarillo en coincidencia con el laberinto.Hoy en día (septiembre de 2014) el paso de autos está prácticamente idéntico, sin fonoluminosos ni Cruz de San Andrés.

El paso en cuestión presenta un desnivel considerable bajando hacia las vías, lo que tiende a acelerar el caminar de quien se dirige a ellas.

El paso es muy utilizados, habiendo en sus inmediaciones una escuela., distintas viviendas y comercios”.

El perito ingenieril agregó que “aunque.no ha encontrado normativa respecto de pasos peatonales, debe decir que si se tratase de un Paso a Nivel ferrovial, según la resolución SETOP 7/81 debería haber contado no sólo con fonoluminosos (luces intermitente s y campana señalización activa) y Cruz de San Andrés, sino otras señalización activas.y pasivas.”

Frente a las conclusiones expuestas en el dictamen anterior, la apoderada de la empresa UGOSE formuló manifestaciones (fs. 401) en cuanto a la ausencia de norma que dispusiere la obligatoriedad de una señal fonoluminosa y Cruz de San Andrés en paso peatonales, que el laberinto estaba en perfectas condiciones y que la pequeña pendiente facilitaba el escurrimiento de las aguas de lluvia, lo que era normal en cualquier superficie.

La respuesta del perito luce a fs. 410.En dicha oportunidad, el ingeniero Irureta respondió que “El hecho de que una señalización no sea exigible, no significa que no sea una buena práctica, es más, en el caso de autos (y cualquier otro paso peatonal) los fonoluminosos son altamente recomendables, es aras de la seguridad de las personas.” En cuanto a la pendiente, que según la apoderada de UGOSE SA era para drenar agua de lluvia, el perito respondió que “las pendientes para escurrimiento de agua son del orden del 23% (pendiente transversal de las rutas, calles o veredas). Pendientes de este tenor no provocan que las personas aceleren su paso.La pendiente del caso de autos triplica el valor cuyo objetivo es escurrimiento pluvial, por eso el suscripto dijo en la pericia “El paso en cuestión presenta un desnivel considerable bajando hacia las vías, lo que tiende a acelerar el caminar de quien se dirige a ellas”.Claramente el objetivo de esta pendiente es permitir el descenso de la forma más barata. Lo recomendable es hacer el descenso en zigzag (de modo de disminuir la pendiente recorrida, como en los caminos de montaña) o realizar una escalera.

La primera opción facilita la circulación de gente en silla de ruedas. Además, bien realizada, fungiría como una suerte de laberinto previo, permitiendo mirar desde lo alto hacia los lados (en vez de mirar hacia abajo para evitar trastabillar, como cuando se baja una pendiente pronunciada) y divisar los convoyes con mayor facilidad. También, a juicio del suscripto sería una medida de humanidad.

XIII. La demandada propuso a fs. 416 que se designara un perito ingeniero que efectuara el peritaje sobre las videofilmaciones acompañadas, por no existir perito especialista en video y sonido.

A fs. 423 fue designado el ingeniero mecánico Aldo Oscar Echegorry, que aceptó el cargo a fs. 424.

Sin embargo, a fs. 433, el juez de grado declaró la negligencia en la producción de la prueba ofrecida a fs. 86/87 Pericial de Video y Sonido.

XIV.Presente lo expuesto, del análisis desarrollado acerca de las pruebas producidas en autos, valoradas conforme los parámetros del Artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (texto según Ley N° 26.939), cabe concluir que, encontrándose probado el accidente ferroviario que ocasionara el fallecimiento de la señora C. D. F., también se encuentran demostrados a criterio de quien suscribelos elementos que tornan viable la responsabilidad de la empresa demandada y que la obligan a responder en los términos de la responsabilidad civil.

Las especiales características del caso de autos, inclinan mi opinión en tal sentido.

En efecto, si bien es cierto que la propia naturaleza del transporte ferroviario genera la obligación de cuidado o deber de precaución en cabeza de quien intenta trasponer las vías, resulta evidente la ausencia de medidas de prevención que mediante la señalización adecuada de un cruce peatonal emplazado en zona urbana, alertaran a los transeúntes, en p articular, teniendo en consideración la habitualidad de tránsito de los habitantes lugareños del lugar, así como de los alumnos inscriptos en la Escuela Media Número 2 de Almirante Brown, de ubicación lindera al paso peatonal de mención (vide acta de constatación de fs. 5 y vta, y testimonios de fs. 215 y 216).

Vale destacar que, conforme surge de las fotografías ya mencionadas, el paso peatonal de Burzaco no posee las medidas de seguridad que sí posee el paso peatonal de Adrogué, en especial si se tiene en cuenta que quienes transitan por aquél paso peatonal son niños y niñas, estudiantes de la Escuela Media nº 2.

En este sentido, cabe recordar que el único cartel que anunciaría el paso del tren, resultaba ilegible por grafitis y calcomanías que impedían su lectura (ver pericia ingenieril de fs.364/365 y fotografía 14).

Las especiales características mencionadas precedentemente debieron llevar a la empresa demandada a extremar las medidas de seguridad a su cargo.

Al respecto, cabe recordar la letra del Artículo 902 del Código Civil de Vélez Sarsfield y Acevedo, en tanto establecía que “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.

En tal sentido, la empresa demandada no puede pretender exonerar su responsabilidad por los daños acaecidos, por cuanto su conocimiento técnico de las condiciones que deben cumplirse para garantizar un servicio ferroviario seguro la obliga a tomar en cuenta todas aquellas medidas de seguridad necesarias para evitar probables accidentes.

En el precedente “Valentín, Matías Alfonso y otros c/ Ferrocarriles Mertropolitanos S.A. y O s/ daños y perjuicios”, la Sala I estableció que: “Si el lugar estaba clausurado, o bien tenía un estado de abandono, la demandada debió extremar los cuidados para que en dicho lugar no existiese la posibilidad de paso, ya sea a través de los carteles y señales que correspondan, como asimismo mediante vigilancia preventiva”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que “Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda deducida contra una empresa de transportes y una de seguridad por la indemnización de los daños y perjuicios emergentes de un accidente ferroviario ya que, si bien la víctima se encontraba parada en un lugar peligroso para la seguridad del transporte, no se le puede otorgar a tal circunstancia una interrumpir el nexo causal entre el hecho y el daño padecido por ésta, pues ello obedece al incumplimiento anterior de la prestadora del servicio público de las obligaciones que tiene a su cargo” (“Uriarte Martínez, Héctor Víctor y otro c/Transportes Metropolitanos General Roca S.A.y otros”, fallo del 9 de marzo de 2010).

Por otra parte, los esfuerzos de la demandada por probar la exclusiva responsabilidad de la víctima no resultan convincentes.

Ello así, la apoderada tomó el testimonio del conductor del convoy, el señor Biasi, como revelador de la responsabilidad de la víctima, pero éste en un primer momento menciona que la víctima era una persona de sexo masculino, para dos horas después mencionar que se trataba de persona de sexo femenino.

Asimismo, se hace referencia a que la víctima estaba distraída y en uso de auriculares. Al respecto, si la señora F. estaba usando auriculares al momento del cruce, no se entiende cómo aquéllos estaban en su bolso de color negro, y no desperdigados cerca del lugar en el que fue encontrado su cuerpo (ver acta de procedimiento en causa penal).

Pero además, la demandada dejó caer la producción de una prueba vital para su interés, que era la pericia de video y sonido, conforme la que pretendían probar la actitud negligente de la víctima (v. puntos de pericia de fs. 86 vta.), exculpándose del hecho dañoso.

XV. Respecto al agravio referido a la responsabilidad del Estado Nacional cabe señalar que en los autos caratulados “Medyk, Mirta Liliana c/ Trasportes Metropolitanos Gral Roca SA y otros s/ daños y perjuicios”, FLP nº 23042600/2005, sentencia del 13 de julio de 2017, en su voto -al que adheríla Jueza Calitri analiza las implicancias y alcances de la responsabilidad estatal frente a un contrato de concesión de servicios ferroviarios.

En las presentes actuaciones, estamos en presencia de una figura jurídica distinta de la concesión, sin una definición de su modalidad de prestación, pero con la función de garantizar la continuidad del servicio público.

En efecto, “UGOFE S.A., consiste en una unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia constituida con ese nombre en sociedad anónima, que fuera “convocada” (art.1 de la resolución 354/2007) por la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serviciosa través de la resolución N° 354, suscripta por el entonces Secretario de Transporte (conf. fs. 65/74).

“Es que no puede omitirse ponderar que, básicamente, dicha unidad se originó a los fines de garantizar la continuidad del servicio hasta tanto se definiera la modalidad para su prestación.Esta convocatoria fue la solución hallada por el Poder Ejecutivo Nacional ante la rescisión del contrato de concesión decidida por decreto del PEN N° 591 /2007.” (v. CNAen lo Civil, Sala F, en autos “Leegstra Mariela Cecilia c/ Tren ExRoca Ugofe s/ daños y perjuicios” , del 22/06/2017, entre otros)

Por otro lado, en el art. 5 del Acuerdo de Operación de Emergencia se pacta una retribución al operador por la “ejecución de los servicios ferroviarios” a ser abonada por la Secretaría en forma mensual. Según el 6° se entregaría al operador “la tenencia” de todos los bienes que integran los servicios ferroviarios y ante reclamos por bienes o por el servicio, “el Estado Nacional deberá mantener indemne al Operador a cuyo fin deberá ocurrir en su defensa en los términos” previstos en el art.9°, segundo párrafo. Y, en el art.8 alude a que debe mantener totalmente indemne al operador, accionistas, directores, etc. (ver Acuerdo de Operación de Emergencia de fs.53/64).

En el Acuerdo de operación de emergencia suscripto entre la Secretaría de Transporte y UGOFE se lee reiteradamente que lo acordado estaría vigente hasta tanto se definiera la modalidad para la prestación.

Que conforme surge de los fundamentos de la resolución 848/2013 del Ministerio del Interior y Transporte (BO 14/08/2013) “con fecha 5 de julio de 2007 se firmaron, entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE y la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE S.A.), los ACUERDOS DE OPERACION DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS, correspondientes a las Líneas GENERAL ROCA y BELGRANO SUR.

Que mediante acuerdo suscripto entre este Ministerio y la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE S.A.), en fecha 10 de abril de 2013 se sustituyeron los ACUERDOS DE OPERACION DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS vigentes para las Líneas GENERAL ROCA, GENERAL SAN MARTIN y BELGRANO SUR, adecuándolos a la actual política gubernamental en materia ferroviaria.

Que a los fines de profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario y estratégico establecido por el ESTADO NACIONAL y en atención a la especificidad y profesionalidad que el sistema ferroviario requiere, resulta oportuno transferir a la órbita de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO el Acuerdo de Operación celebrado con la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE S.A.), de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26.352 y su normativa modificatoria y complementaria”.

Que el artículo 7 de la ley 26352 (BO 25/08/2008) establece: “Créase la sociedad OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO con sujeción al régimen establecido por la Ley Nº 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, que le fueren aplicables y a las normas de su Estatuto, la que tendrá a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante”.

Que a su vez, el art.10 de la mentada ley estipula que “Las sociedades del Estado creadas por esta ley actuarán en jurisdicción del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.”.

De las normas transcriptas resulta posible colegir que las condiciones de prestación del servicio ferroviario prevista en el Acuerdo de Operación de Emergencia de 2007, no han sufrido variables.

Asimismo, la propia página web de la Comisión Nacional de Regulación de Trasporte ( http://168.101.24.238/trenes.asp) distingue entre Concesionarias del servicio ferroviaria y Operadoras, en esta última categoría en la ingresa UGOFE SA.

En ese sentido, cabe advertir que “.si el Estado “tomó la posesión” de la concesión y entregó a la UGOFE sólo la tenencia de los bienes para que ejecute o preste un servicio de transporte ferroviario, considero que el transportador UGOFE es un mero dependiente civil del Estado Nacional que ha retomado la prestación del servicio público ferroviario en algunos de los ramales dados en concesión hace muchos años (conf. CNA en lo Civil, sala F, en autos “Peralta, Rafael y otro c/ U.G.O.F.E.Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria y otros s/ daños y perjuicios” del 13/06/2013 y “Tapia, Valeria Guadalupe c/ Línea Gral. Roca UGOFE S.A. y otro s/ daños y perjuicios” del 31/03/2014, “Leegstra Mariela Cecilia c/ Tren ExRoca Ugofe s/ daños y perjuicios”, del 22/06/2017).

Así pues, no cabe eximir de responsabilidad al Estado Nacional porque aquí se advierte que el operador no es dueño del material que acciona y el dador se mantiene como responsable del servicio público, que en la emergencia y frente a la caída de la licitación, debe garantizar su continuidad, y la manera que encuentra para hacerlo es una aparente tercerización o delegación temporaria del servic io público ferroviario.

Quizás, asimilable a una locación de servicios por cuenta y orden del Estado Nacional (conf.CNA en lo Civil Sala C, en autos “Acuña, Irene Rafaela c/ UGOFE SA s/ daños y perjuicios” del 3 de marzo de 2017; Sala H, “Lauro Leonardo y otros c/ UGOFE SA y otros s/ Daños y Perjuicios , del 1 de junio de 2016).

Por otra parte, si el Estado se obligó a mantener indemne al operador (art.9°, segundo párrafo del Acuerdo) con más razón debe responder ante los particulares por quienes debe velar frente al incumplimiento de los deberes de seguridad del operador.

Pero tal afirmación no debe confundir en relación a la responsabilidad del operador por el hecho dañoso, que ya fuera analizada en los apartados anteriores, con mayor detalle en el acápite XIV, puesto que dicha cláusula de indemnidad no resulta oponible a quien, como tercero ajeno al acuerdo, no ha participado en la celebración (conf. CNA en lo Civil Sala C, en autos “Acuña, Irene Rafaela c/ UGOFE SA s/ daños y perjuicios” del 3 de marzo de 2017, CNA en lo Civil Sala J en autos “G, J. L. y otro c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria y otros s/ daños, del 15 de julio de 2014).

Por todas las razones expuestas, habré de propiciar el acogimiento de los agravios de la apelante y, en consecuencia, corresponde hacer extensiva la condena contra el Estado Nacional, que responderá en forma solidaria, sin perjuicio de los eventuales reclamos que puedan efectuarse las accionadas entre sí.

XVI. Ahora bien, cabe señalar que quienes intentan trasponer las vías ferroviarias tanto los vehículos como los peatones, deben conducirse con la máxima prudencia, en virtud del riesgo que aquéllas constituyen, dada la especial situación en que se encuentra el ferrocarril por la forzada marcha delimitada por el riel, la nula posibilidad de desviarse para esquivar la colisión y el previsible peligro que ello implica.

Por ello, más allá de las deficiencias de señalización, valorando las probanzas obrantes en autos conforme las reglas de la sana crítica (art.386 del CPCCN), y teniendo en cuenta las circunstancias de buena visibilidad, cabe igualmente concluir que la víctima participó con su conducta en la producción del accidente ferroviario, toda vez que las circunstancias exigían un grado de prudencia que no se evidencia en el caso.

En orden a las consideraciones que anteceden, estimo razonable distribuir la responsabilidad del accidente en cuestión en un 70% a cargo de las demandadas y en un 30 % a cargo de la víctima.

XVII. Atento que se atribuye responsabilidad a la empresa demandada y al Estado Nacional corresponde el abordaje de los rubros indemnizatorios reclamados por los accionantes. a) En este sentido, cabe reiterar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación al rubro valor vida. La vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir, y por ello lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. Es decir, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (conf. Fallos: 316:912; 317:728,1006; entre muchos otros).

La reparación por daños y perjuicios intenta de alguna manera restablecer el estado de cosas al existente con anterioridad al hecho dañoso, vale decir, tratar de colocar a los damnificados en el mismo estado en el que se encontraban o encontrarían de no haberse producido aquel hecho.La idea de subsistencia que se menciona en el artículo 1084 del Código Civil debe asemejarse a todo lo que la víctima ha podido representar para las personas a que se refiere, es decir a todo lo que la ley supone que la víctima hubiera podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a una adecuada y prudente apreciación judicial (Fallos: 311:1018).

Frente a ello, para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima (edad, condición económica y social, ingresos, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados (grado de parentesco, asistencia recibida, educación, etc.), todo lo cual debe ser apreciado mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales (Fallos: 292:428; 303:820; entre otros).

En tal sentido, según surge de las constancias de autos la víctima era una joven de 24 años de edad (fs. 22) que se desempeñaba como vendedora (recibo de haberes de fs. 6), esposa y madre de una niña de 3 años, por lo que estimo razonable la suma de $ 400.000 en concepto de “valor vida”, la que deberá ser soportada en un 70% por las demandadas. b) Tradicionalmente se ha definido al “daño moral” como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas (conforme BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, Editorial Abeledo -Perrot, 8va. Edición, Buenos Aires, 1993, Pág.234).

A los fines de su cuantía, cabe tener en cuenta que “Para la determinación del daño moral no debe estarse a porcentajes fijos respecto de lo establecido para el daño material, sino a las circunstancias propias de cada caso, toda vez que el daño moral consiste en el menoscabo o la desconsideración que el agravio puede causar al afectado, sea por padecimientos físicos o afectivos o por inquietudes y molestias derivadas del hecho perjudicial” (Conforme lo resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos “Galeano, Marcos c/ Cía. Elaboradora de Productos Alimenticios s/ accidente”, fallo del 16 de abril de 2001).

Ello así, en virtud de las consideraciones vertidas en los párrafos precedentes, considero que corresponde fijar la suma de $ 100.000 en concepto de daño moral para el cónyuge supérstite y $ 100.000 para la niña L. A. D. B., montos que entiendo se ajustan a derecho, los que deberán ser soportados en un 70% por las demandadas c) En relación al daño psicológico, cabe señalar que la perito psicóloga, la Licenciada Anabella Carla Bergonzi, presentó su informe a fs. 387/391.

Respecto al actor, el señor D. B., la experta concluyó que el hecho de autos le ha generado malestar significativo como para provocarle un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura del daño psíquico, por acarrear modificaciones inadecuadas en diversas áreas de su vida.

La perito agregó que el señor D. B. presentaba un “Duelo Patológico de grado leve a moderado”, y recomendó un tratamiento psicológico individual con el objeto de propender a la elaboración del trauma sufrido y evitar el posible agravamiento del cuadro que presentaba.Por otra parte, la licenciada Bergonzi estimó la duración del tratamiento en un año aproximadamente con una frecuencia de una vez por semana, aunque aclaró que no resultaba fácil determinar un plazo, y por un costo estimado de $ 150 por semana, calculados a la fecha de la pericia, en octubre de 2014.

En cuanto a la niña, Luna Abril, la experta concluyó que presentaba una dimensión depresiva, que acompañaba el diagnóstico de Duelo Patológico, requiriendo en forma urgente atención y contención por parte de psicólogas clínicas especialistas en infancia.

Sentado ello, corresponde indemnizar al señor D. B. con la suma de $ 75.000 en concepto de daño psicológico y a la niña L. A. con la suma de $ 75.000 por el mismo rubro indemnizatorio a soportar en un 70% por las demandadas, teniendo en cuenta, además, la necesidad de tratamiento psicológico.

XVIII. En cuanto a la tasa de interés aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión, cabe a lo resuelto por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en el Acuerdo Plenario recaído en la causa “Gómez, Ricarda c/ ENTEL s/ indemnización por despido” del 30 de agosto de 2001, pues si bien la Ley N° 26.853 derogó el Artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establecía la obligatoriedad de los plenarios, la interpretación legal que resulta del voto mayoritario de aquella sentencia concuerda con la opinión que sostengo sobre el particular, la que resulta adecuada para el caso de autos, en cuanto corresponde aplicar, desde la fecha del evento dañoso, la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.

XIX. Dado que se ha revocado la sentencia y ha cambiado el carácter de gananciosa y perdidosa de las partes, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la demandada, que ha sido sustancialmente vencida (art. 70, 1 párrafo del CPCCN).

XX.Por las consideraciones y fundamentos expuestos, propongo al Acuerdo: 1) revocar la sentencia apelada en cuanto atribuye la responsabilidad del hecho dañoso a la víctima, modificando el grado de responsabilidad en un 70 % para las accionadas y en un 30% para la víctima. 2) Conceder la indemnización por los rubros reclamados conforme surge de los apartados XVI y XVII del presente voto. 3) Costas de ambas instancias a las demandadas sustancialmente vencidas.

Así lo voto.

LA JUEZA CALITRI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por ello, SE RESUELVE:

1) Revocar la sentencia apelada en cuanto atribuye la responsabilidad del hecho dañoso a la víctima, modificando el grado de responsabilidad en un 70 % para las accionadas y en un 30% para la víctima.

2) Conceder la indemnización por los rubros reclamados conforme surge de los apartados XVI y XVII del presente voto.

3) Costas de ambas instancias a las demandadas sustancialmente vencidas.

Regístrese, notifíquese y de vuélvase.

OLGA ANGELA CALITRI

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS

JUEZ DE CAMARA