Caída de un peatón debido a una obra en la calzada sin señalizar, lo que conlleva responsabilidad de la Municipalidad

Partes: Filipetta Alfredo Laureano c/ Municipalidad de Rafaela s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 15-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-111985-AR | MJJ111985 | MJJ111985

Responsabilidad de la Municipalidad por la caída de un peatón debido a una obra sin señalizar realizada en la calzada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños deducida contra la Municipalidad, pues surge acreditado que el peatón reclamante cayó al tropezar con un desnivel en la calzada existente a raíz de la existencia de obras sin señalizar desplegadas por la demandada.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Alejandro A. Román y Beatriz A. Abele, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 152 – Año 2016 – FILIPETTA, Alfredo Laureano c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ ORDINARIO”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

El actor promovió la demanda en procura del cobro de $ 149.700, o lo que se determine judicialmente, más sus intereses y costas, como reparación del daño patrimonial y moral producido como consecuencia del accidente que sufrió el 25/03/07, aproximadamente a las 12 hs., al desplazarse por la pérgola ubicada en Bv. Lehmann frente al Supermercado Pingüino de esta ciudad cuando al bajar por la escalera para acceder al cruce del bulevar, su pie derecho tropezó con el cordón que se encontraba desnivelado respecto de la vereda (no advertible a simple vista) y cayó sobre su rodilla derecha, destacando que las obras municipales de reparación de la vereda se realizaban sin ninguna señalización.Con ese motivo fue internado (25/03/07 e intervenido quirúrgicamente (27/03/07), sometido a un largo tratamiento kinesiológico hasta el 31/01/08, y una nueva cirugía el 11/02/08 para el retiro de la prótesis, con rehabilitación posterior durante un mes, según la historia clínica (fs. 40/49 de la declaratoria de pobreza). Fundó la demanda en el art. 1113 de Cód. Civil y demás normas que otorgan el dominio público al Municipio, y en las leyes provinciales 7234 y 9040, y estimó la incapacidad sobreviniente parcial y permanente en el 30% (demanda, fs. 21/26).

A estas pretensiones se opuso la Municipalidad de Rafaela quien negó las circunstancias fácticas invocadas en la demanda y afirmó que si bien las obras de remodelación del cantero se estaban realizando, estaban señalizadas como resulta de las fotografías de fs. 11/12 y del Expte. Municipal Letra A, Nº 228.825/06, Fº 67 acompañado al responde. Insinúa otras circunstancias que, según su criterio, indicarían que no se cayó en ese lugar y a las 12 hs. Solicitó el rechazo de la demanda, con costas (responde, fs. 52/55).

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la Municipalidad de Rafaela a pagar al actor la suma de $ 49.950,41 como reparación del daño patrimonial y moral, más sus intereses y costas. Para decidirlo así ponderó las pruebas producidas, en especial el testimonio de Jorge Osvaldo De Giovanni (fs. 122) quien vio al actor caído en la vereda de enfrente del Pingüino y lo socorrió, y el informe pericial traumatológico acerca de la fractura de rótula del miembro inferior derecho; contrastándolas con la omisión del demandado de producir la prueba confesional que podría haber sido útil para demostrar las inconsistencias del testimonio que invoca en su alegato. Fundó la responsabilidad del Municipio en los arts. 2340, 7º, 1112 y 1113 del Cód.Civil y Ordenanza Municipal Nº 3151 y en base a las fotografías de fs. 14 y 14 vta. tomadas a fines de marzo de 2007 consideró demostrada la inexistencia de señalización que sólo aparecen las fotografías de fs. 11 y 12 tomadas el 28/09/07. Concluyó así en la responsabilidad civil del demandado, estimó probado el 13 % de incapacidad parcial y permanente según el informe pericial médico de fs. 145 y en base al criterio señalado en el art. 1746 del Cód. Civil y Com., estableció como reparación del daño patrimonial al suma de $ 29.950,41, y del daño moral en la suma de $ 20.000, totalizando $ 49.950,41, más sus intereses desde la fecha del hecho dañoso (sentencia, fs. 196/210).

Contra ella apeló el Municipio vencido (fs. 211) y al mantener el recurso se agravió, en síntesis, atribuyendo a la sentencia una valoración parcial de la prueba ya que los tres testigos aportados por su parte declararon de manera coincidente que la obra estaba correctamente señalizada, lo que luce corroborado por las fotografías de fs. 11 y 12 y los informes de fs. 50 y 51. Por otra parte se agravió por la aplicación de la fórmula “Méndez” utilizada en la sentencia para estimar la indemnización por la incapacidad sobreviniente lo que importó un apartamiento de los términos en que se trabó la litis al conceder un monto mayor que el que resultaría por aplicación del criterio de la renta bruta atenuada invocada en la demanda y extender el período de vida útil hasta los 75 años en lugar de los 65 años estimados en la demanda. Solicitó la revocación del fallo y el rechazo de la demanda (expresión de agravios fs. 225/226). Sus agravios fueron respondidos a fs. 229/236.

Las quejas por la apreciación probatoria efectuada en la sentencia carecen de sustento.Por una parte, el apelante no se hace cargo del argumento de la sentencia cuando, con acierto, señaló que las fotografías de fs. 11/12 fueron tomadas el 28/09/07 conforme lo declaró el Sr. Rufino Eduardo Huber al reconocer que habían sido tomadas por él en la fecha mencionada (fs. 140). En cuanto al informe interno municipal de fs. 51 -“En el día mencionado personal de esta área se encontraba ejecutando la mencionada reparación realizando la colocación de mosaicos en todo el sector periférico a la pérgola, estando todo el perímetro debidamente señalizado”- se muestra aparentemente erróneo habida cuenta de que el 25/03/2007 era domingo y no se ha demostrado que se tratara de tareas de emergencia o urgencia que justificaran su realización en jornadas extraordinarias. Por la misma razón cabe restar valor probatorio a los testigos ofrecidos por el demandado, Roberto Massaccesi, Mario Carruega y Carlos Quiroga; más allá de que los dos primeros reconocieron que las fotografías de fs. 14 y 14 vta. denotaban un estado de obra en las veredas perimetrales de la pérgola de Bv. Lehmann en un estadio previo de avance al que se observa en las fotografías de fs. 11 y 12 (fs. 163, 164 y 165, pliego de fs. 162, segunda y tercera; repreguntas del Dr. Alemandi, fs. 163 vta., II y III, y 164 vta., III y IV).

El agravio relacionado con la determinación del monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente tampoco es procedente. No existe apartamiento de los términos en que quedó trabada la litis, puesto que en la demanda se formuló sólo una estimación, con la clara y expresa aclaración que “Esta suma está sujeta a determinación judicial y fijación prudencial” (fs. 25); y así lo reconoció el propio demandado como se infiere de su cita jurisprudencial al contestar la demanda donde hace suyo el criterio según el cual “Para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial” (responde, fs.54 vta.). Teniendo en cuenta que en la demanda se estimó la indemnización por este rubro en $ 119.700 (fs. 25), y la sentencia, utilizando como pauta la fórmula polinómica de cálculo de un capital amortizable en un período de vida útil (cuyos lineamientos están contemplados en el art. 1746 del Cód. Civ. y Com.; ver además, VÁZQUEZ VIALARD, Antonio -Director-, “Tratado de Derecho del Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 1983, t. 4, pág. 437 y sus citas en notas 362 y 363, con remisión a la obra de Justin H. Moore “Matemáticas financieras”) arribó a la suma de $ 29.950,41 (fs. 209 vta.) por este rubro -consentido por el actor-, no parece que se hubiese apartado de los términos en que quedó trabada la litis, máxime cuando el período de vida útil es una variante cuya determinación queda librada al prudente arbitrio judicial. Por lo demás, para establecer la indemnización por la incapacidad sobreviniente no hay fórmulas matemáticas exactas bastando que el juez arribe a un resultado compatible con el criterio de razonabilidad, indispensable en todas las decisiones judiciales, criterio que no se advierte soslayado en el caso bajo estudio.

Por estas razones propugno rechazar el recurso interpuesto y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente.

Voto por la afirmativa.

A esta primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A la misma cuestión, el Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:

Rechazar el recurso interpuesto y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente.Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención de la Dra. Beatriz A. Abele (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente. Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

SE ABSTIENE

Héctor R. Albrecht

Secretario