Identidad de género y niñez en la provincia de Santa Fe

Autor: Grisel Pérez, Yamila – Pignata, Victoria

Fecha: 10-ago-2018

Cita: MJ-DOC-13650-AR | MJD13650

Sumario:

I. Introducción. II. Marco normativo. III. Ley de Identidad de Género en la Argentina. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por Yamila Grisel Pérez (*) y Victoria Pignata (**)

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas enunciativos del campo de la salud metal han sido sesgados por el paradigma heteronormativo en cuanto al régimen social que impone creencias, imperativos morales, modalidades a perceptivas y prácticas que establecen a la heterosexualidad como única vía valida. En este paradigma, las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes eran vistas colectivamente como el producto de experiencias traumáticas, anomalías neurobiológicas o degradaciones de la conciencia moral por lo que desde la ciencia, al momento de nacer, se asigna a una persona el sexo, ya sea masculino o femenino basado en sus características físicas, por lo que la identidad de género estaría alineada con su sexo biológico.

La violación a los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, constituye un patrón global arraigado que nos preocupa gravemente. Entre esas violaciones a los derechos humanos, podemos mencionar: los asesinatos extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las oportunidades de empleo y educación, y grave discriminación en relación con el goce de otros derechos humanos.

Los mecanismos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas han ratificado la obligación de los Estados de garantizar la efectiva protección de todas las personas contra toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, la respuesta internacional ha sido fragmentaria e inconsistente, lo que crea la necesidad de explicar y comprender de manera consistente el régimen legal internacional de derechos humanos en su totalidad y de cómo este se aplica a las cuestiones de orientación sexual y de identidad de género.En el presente trabajo, pretendemos evidenciar una realidad respecto a niños, niñas y adolescentes trans y, así, poder abordar el tópico de identidad de género en niñez con herramientas teóricas, tácticas y normativas.

Como sabemos, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales y por legislación interna. Hablamos por ejemplo, del derecho al desarrollo personal, al trato igualitario, al disfrute, a la educación, al acceso a la salud, al derecho a ser diferente, a la libertad de expresión y a la identidad (incluyendo la de género). Ahora bien, ¿Por qué hablar de infancias trans? O, ¿cómo no hablar de ellas?

Muchas veces, sobrevuela en el imaginario colectivo la idea de que solo existen personas trans adultas. Pero esto no es así. La identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Poco se habla de infancias trans porque poco se las ha visibilizado, por temor, falta de información o por responder a un paradigma heteronormativo, biologicista y binario, del tema no suele hablarse, por lo que, esto ha generado marginación, criminalización y patologización de esta población. Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitiría eliminar las barreras que tienen estos niños, niñas o adolescentes y ayudaría a evitar la discriminación y las violencias.

Es una realidad que, en la República Argentina, la Ley Nacional 26.743 es un paso adelante en términos de igualdad y reconocimiento de derechos, basándose en la idea de autopercepción y, como consecuencia de ello, la desjudicialización, despatologización de la visión jurisdiccional que se apoyaba en el sistema en donde el sexo biológico delimita y define a priori el género de las personas.

II.MARCO NORMATIVO

El 9 de mayo de 2012, fue aprobada por el Senado de la Nación Argentina la Ley 26.743 conocida como la Ley de Identidad de Género. Su promulgación fue considerada como un reconocimiento al derecho de personas trans. En este sentido, se trata de una decisión política que hace lugar a la inclusión de un conjunto de personas que no contaba con la representación legal y jurídica -propia de los Estados Nación- acorde a su forma de existencia fáctica y bajo qué pautas está tutelado el derecho a la identidad y a la identidad sexual en particular, esta ley sanciona la existencia de lo que ya formaba parte de la realidad social cultural.

Esta ley se sanciona en el marco del reconocimiento de los derechos humanos iniciado en el año 1994 por la Argentina con la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional que protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto de su identidad. Ilustra en este sentido la Convención Americana de DD. HH., art. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), art. 5 (derecho a la integridad personal), art. 11 (protección de la honra y la dignidad) ; art. 24 (igualdad ante la ley) ; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos art. 7 (derecho a la integridad), art. 17 (protección a la honra y la dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño al disponer que, en todas las medidas que se adopten en los Estados parte concernientes a menores deberá prestarse primordial atención a que se atienda el interés superior del niño (art. 3 ); el reconocimiento de su derecho intrínseco a la vida (art. 6 ), al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 24 ), a la no injerencia arbitraria en su vida privada (art.16 ); a garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, como así también el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte (art. 12 ).

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos desarrolló una serie de principios legales denominados Principios de Yogyakarta (1) sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2007 (2). Esos principios, definen a la «identidad de género» y refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

En el Preámbulo, se reconocen las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género; se establece un marco de trabajo legal y pertinente y se definen términos claves.Se recomienda a los Estados, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona -se incluyen los certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros- reflejen la identidad de género que la persona defina para sí; velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada.

III. LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA ARGENTINA

El art. 2 de la Ley Nacional 26.743 define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales (3).

En este entendimiento, es que el derecho a la identidad de género involucra por su contenido personalísimo, el derecho a la dignidad personal, a la libertad, a la personalidad, a la no discriminación, a la vida privada, a la salud, al trabajo, a la integridad psicofísica, a la planificación y construcción de un proyecto de vida, a una adecuada calidad de vida.

Es de destacar que la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho del niño de formar su juicio propio y expresar su opinión libremente en los asuntos que los afecten, teniendo en cuenta su edad y madurez, como se plasma en el art. 12 de dicho cuerpo normativo.A nivel local, la Ley 26.061 en su art. 24 , reafirma dicho derecho; el art. 27 establece las garantías mínimas de procedimiento en los casos en que participen niños, niñas y / o adolescentes; y el art. 19 plasma su derecho a la libertad. Se les reconoce a los niños, niñas y adolescentes una competencia nueva y una capacidad en progresión; porque cada niño, niña y / o adolescente es una persona única e individual cuya capacidad de entender en las distintas esferas de su vida irá progresando de manera también única, individual e irrepetible.

En sintonía con este reconocimiento, el Código Civil y Comercial de la Nación al abordar el cambio del prenombre, como se refiri ó en el Capítulo 2, refiere en su art. 69 «in fine» lo siguiente: «Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio del prenombre por razón de identidad de género».

La Ley 26743, en su art. 5 , determina que la solicitud del trámite debe ser efectuada a través de sus representantes legales y con su expresa conformidad. Aclara que deben tenerse en cuenta dos principios fundamentales, el de capacidad progresiva y el de interés superior del niño/a. La persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño, prevista en el art.27 de la Ley 26.061, figura que no sería necesaria en caso de conformidad entre ambos representantes legales y el niño, niña y adolescente, pero en el supuesto de que no exista acuerdo entre uno o ambos representantes legales y el menor, se deberá recurrir a la vía sumarísima para que el juez resuelva.

La doctrina no es pacífica ante estos postulados, en razón de que, por un lado se sostiene que, para la legitimación del menor a los fines de la solicitud de rectificación registral, la norma señala que la solicitud deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, resultando ello contradictorio con el mismo principio constitucional de autonomía progresiva que consagra la norma.

Ciertos autores, como Mary Beloff -al desarrollar el alcance y la importancia de los nuevos conceptos incorporados por la Argentina a través de la Convención-, explican lo necesario que resulta dejar atrás la visión de niños y jóvenes como incapaces a través de normativa interna al respecto que los protege en una visión paternalista con términos ambiguos y de dudoso alcance. Esta manera de legislar crea en cabeza del menor que se intenta proteger, una situación legal irregular que requiere de intervenciones estatales coactivas, en las que la opinión del menor resulta irrelevante y el juez actúa frente a esa situación como un «buen padre de familia» que dispone jurídicamente, del mismo y de su entorno, supliendo además la ausencia de políticas sociales.

De la situación se desprende además, el desconocimiento y la aplicación de las garantías individuales reconocidas a las personas, ya que se interpreta a las personas en el sentido de personas adultas, logrando así la objetivación del menor por no estar pensada desde la perspectiva de los derechos.

El art.26 del Código Civil y Comercial de la Nación (4) menciona el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad y sostiene que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente de entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o si está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

En razón de este artículo y siguiendo a Kemelmajer de Carlucci (5), la misma expresa que, la conciencia del propio cuerpo viene a cada ser humano mucho antes que su mayoría de edad. Por ello, el consentimiento informado debe ser requerido de toda persona que tenga aptitud mental.Sin embargo, para determinarla aquí no es posible aplicar la ley de los contratos, muy rígida para una cuestión que tiene consecuencias personales trascendentes; lo decisivo será una específica capacidad del menor a determinar en cada caso en particular a los fines de poder discernir y juzgar las consecuencias de su decisión.

Marisa Herrera ha sostenido, en su comentario sobre la Sanción de ley de Identidad de género que, pensar un Código restrictivo que no contemple las libertades particulares de las personas implica restringirle derechos. La libertad es un concepto fuerte que implica responsabilidad y solidaridad, que implica la aceptación de que hay un otro que no piensa o siente como yo, pero que su posicionamiento es tan válido como el mío. Eso es pensar en un derecho de familia más humano.

El Estado provincial santafesino ha reconocido plenamente- y adelantadamente- el derecho citado respecto de personas trans, pero lo sumamente novedoso como plausible fue que, en el caso de la primera persona trans, la decisión provino directamente del Órgano Ejecutivo y no del Órgano Judicial, por lo que no se instó acción judicial para requerir autorización para que una persona pueda inscribirse en el organismo pertinente según su identidad autopercibida. Es así, que en 2011, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe firmó el Decr. 1245/11 , que reconoce a A. S. V. I su derecho a la identidad sexual, ordenando rectificar su partida de nacimiento y DNI mediante dictamen -positivamente receptado por la doctrina contemporánea- de la Fiscalía de Estado Provincial, contando además, con los previos dictámenes de las demás áreas pertinentes del Ministerio competente.

Actualmente, en la Provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, es el área del Gobierno que trabaja por la igualdad y no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en todo el territorio provincial.Fue creada en diciembre de 2015 y articula acciones con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente en materia de Salud Sexual y Reproductiva, conforme a lo previsto en la Ley 11.888 y su reglamentación. Fundamentalmente, organiza su trabajo de manera transversal con todos los Ministerios del Gobierno y junto a Municipios y Comunas, y Organizaciones Sociales.

Las intervenciones se articulan en torno a cuatro programas de acción, como son el Programa de asistencia y protección integral de derechos de personas LGTBI; el Programa de Promoción de derechos; el Programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el Programa de inclusión para la población trans. En nuestra provincia, se estima que uno de cada diez mil niños experimenta sentimientos de inconformidad e incongruencia con el género asignado al nacer (6).

¿Qué queremos decir cuando hablamos de «trans»? Se trata de un término que engloba a todas las personas que no presentan correspondencia entre sexo y género: transexuales, travestis, transgéneros. La transexualidad atraviesa todas las clases sociales, culturas, niveles de educación y se registra en la historia desde hace muchísimo tiempo. Cuando alguien se pregunta por otro en estos términos: ¿Qué es?, ¿Es gay?, ¿Es travesti?, hay una sola respuesta posible: es un ser humano que no puede ser encorsetado en la concepción binormativa «hombre / mujer» más allá de la elección sexual y amorosa que asuma para sí.

Cuando nos interpelamos y abordamos la historia de la sexualidad, descubrimos que esta no es un instinto natural (o destino biológico), sino una construcción histórica. Así la diferencia sexual ha condicionado a la experiencia humana (7).

A continuación, enunciaremos tres casos hitos sobre los que haremos en un breve relato de la situación, ponderando la incidencia de tal decisión en la vida diaria de un niño, niña y adolescente.

En la provincia de Córdoba, en el año 2004, un caso conmovió a la opinión pública.Los padres de una adolescente autopercibida -Nati- de 14 años de edad, de sexo masculino, solicitaron a la justicia una terapia hormonal para preparar su cuerpo para una futura operación de cambio de sexo. «Aunque ella nació biológicamente varón, su sexo psicológico es de mujer», aseguraban sus papás. El juez de primera instancia rechazó la petición, afirmando que la potestad de los padres no era suficiente para una intervención «irreversible». En 2005 los padres apelan la medida y, meses después, en octubre de ese año, ante un nuevo revés, se hace público el caso. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ordena hacer lugar a la petición de los padres. Así se llega a agosto del presente año con el dictamen del Comité Consultivo y Bioético del Poder Judicial cordobés que recomienda que se autorice la realización de la cirugía de adecuación de sexo, el cambio de Documento Nacional de Identidad, con el nombre y el género femenino solicitado y que se asegure una debida supervisión psicológica posoperatoria que resguarde su integridad psíquica ante la nueva situación psicofísica.El abogado de la familia de Nati consideró que «el resultado de la pericia es contundente, el Juez tiene ahora la garantía de que hay pruebas periciales, médicas y sobre derechos humanos que afirman que la identidad de Nati es femenina». Finalmente en septiembre de este año, en un fallo ejemplar, el Juez Rodolfo Mario Álvarez autorizó la intervención sentando un precedente muy importante por tratarse del primer caso de una joven menor de edad, que solicita y obtiene la autorización para la cirugía de adecuación sexual y cambio de documentos.

Consideramos esclarecedores algunos pasajes del citado fallo que transcribimos aquí: «Asigno en el caso, particular trascendencia al hecho de que el Comité de Bioética interviniente haya considerado al menor como un sujeto competente” para decidir y autorizar la intervención quirúrgica solicitada (.). Tal competencia”, caracterizada como la aptitud necesaria para poder brindar un consentimiento informado válido, y que no coincide necesariamente con el concepto jurídico de capacidad”, sobre todo cuando se trata de la toma de decisiones referidas al propio cuerpo y a la salud, se enlaza también con el principio bioético de autonomía”, que predica el derecho a que se reconozca en el paciente su facultad de decidir libremente y sin coerción, de acuerdo a sus valores, creencias e idiosincrasia, sobre los problemas o la solución de sus problemas de salud». Y continúa así: «. la falta de plena capacidad civil en el menor involucrado, no constituye a mi juicio obstáculo para que su decisión pueda ser considerada como autónoma”, por cuanto tal incapacidad legal en el particular, es suficientemente suplida por su ya comprobada competencia” para la adopción de la decisión que se trata, vinculada de manera directa con su propio cuerpo y su salud» (8).

En las conclusiones, se expresa que, desde la perspectiva bioética, otorgando la autorización impetrada, se estará también atendiendo debidamente con los postulados de la materia, impuestos en los principios de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía, como así también al principio de justicia, por cuyaaplicación no corresponde negar a una persona algún beneficio al que tiene derecho (.). Consulta también la decisión a adoptar en el rumbo señalado, el principio pro minoris”, directriz imperativa en todo lo concerniente al derecho de la minoridad, que informa la Convención de los Derechos del Niño». Resuelve lo siguiente: «Que se proceda a la rectificación registral de que se trata, y a la expedición de un nuevo DNI, a fin de uniformar o armonizar el sexo registral con su sexo psicosocial», aportando con ello decididamente a paliar la afectada identidad personal del menor, como así también a minimizar cualquier posibilidad de futura discriminación social, derivada de su particular condición.

El caso de Luana ha abierto la discusión y ha visibilizado el tema en la órbita de la niñez, ya que se trató de la primera niña trans del mundo que consiguió el Documento Nacional de Identidad femenino. En 2013, obtuvo el documento con el cambio de género, de varón a mujer y con el nombre que había elegido. Con 9 años de edad, se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos de género con el plus de haberlo conseguido mediante la vía administrativa en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Lucas, en la Provincia de Entre Ríos -fecha, enero de 2017- es el mismo niño quien decidió escribir una carta al Registro Civil de la localidad Entrerriana de Colon, donde le solicitaba la rectificación de su nombre y sexo asignado al nacer por el de su autopercepción. Remarcamos que, en estos casos, son las familias de los niños, niñas y adolescentes los acompañantes primordiales y necesarios ante tan importante petición.Independientemente de los contratiempos experimentados por las respectivas familias en la efectivización y / o concreción de los derechos de los niños en la esfera práctica, es de resaltar que lograr que se rectifique su respectiva partida en el órgano administrativo correspondiente de cada provincia es innecesario instruir la instancia judicial.

En lo que respecta a lograr el éxito de ella, creemos que, resulta fundamental la facilitación de su concreción con respeto, comprensión y responsabilidad ciudadana, por parte de quien recibe el trámite, haciéndole conocer las implicancias prácticas de su decisión. En la provincia de Santa Fe, en los últimos dos años se han concretado ciento ochenta cambios de géneros por parte de personas mayores de edad. Solo lo han hecho dieciséis adolescentes de entre 13 y 17 años de edad y ningún niño y / o niña (9).

El trámite administrativo en nuestra provincia, consiste en completar una solicitud acompañando una copia del Documento Nacional de Identidad y el acta de nacimiento en la que el ciudadano manifiesta su intención de cambiar el género autopercibido y el nombre. Ese trámite, se puede iniciar en la oficina del registro civil más cercana al domicilio del ciudadano, aunque no coincida con aquel donde se encuentra asentado su nacimiento, a efectos de facilitar el acceso al mismo. Una vez realizada la presentación se genera un expediente en el que se ordenará, a través de un acto administrativo emanado de la dirección, la inmovilización o bloqueo del acta original de nacimiento y la confección de una nueva acta, en donde constarán los mismos datos que en aquella excepto el género y el nombre según los escogidos en el inicio del trámite. Con el nuevo instrumento se confecciona el Documento Nacional de Identidad, que mantendrá su número originario. En el caso de niños y adolescentes, se requerirá además de la firma del solicitante, las de sus progenitores.

IV.CONCLUSIONES

Consideramos que la Ley de Identidad de Género argentina es una ley de avanzada, es perfectible y, nos interpela a trabajar para que los derechos que se pregonan y establecen lleguen a personas reales; apunta a reclamar políticas públicas sobre todo en los ámbitos de la salud y educación.

Se requiere acompañar a las familias en procesos de transición con un posicionamiento afirmativo, centrado en la persona, no patologizante, enfocándose en las relaciones interpersonales, siendo un objetivo fundamental el hecho de aumentar la aceptación familiar de la variabilidad del género, promoviéndose vínculos de solidaridad familiar para enfrentarse a los desafíos de un medio social muchas veces hostil.

Las normas son más restrictivas que la variedad del comportamiento humano. La tarea de las familias y profesionales es no adelantarse a las necesidades e identidades posibles de los niños y jóvenes, no introducir etiquetas que puedan ser erróneas y estigmatizantes, sino escucharlos en todo su proceso de maduración, apoyándolos durante su crecimiento.

Ninguna ley modifica la raíz de las condiciones sociales de la discriminación, pero es indispensable que se realicen estrategias que promuevan un trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, y que se les dé impulso a dichas estrategias. De este modo, se podrá lograr que disminuya la brecha existente entre la igualdad real en su sentido más amplio y la que se transmite como premisa.

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(1) El documento fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008), por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006.

(2) Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006.

(3) Ley Nacional 26.743.

(4) Ley 26.994 , Código Civil y Comercial de la Nación.

(5) KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída: «El derecho del menor a su propio cuerpo», en La persona humana, de Guillermo A. Borda (dir.). S. l., La Ley, 2001, p. 256.

(6) Javier Panziera, Lic. en Psicología, especialista en Psicoterapia Familiar,-Subsecretaría de Diversidad Sexual de la Provincia de Santa Fe, Altué Rosario, Asociación Civil Enfoques Humanísticos.

(7) HELIEN, Adriana, y PIOTTO, Alba: Cuerpos Equivocados. Editorial: Paidós, ISBN 9789501207064, L publicación: 13/4/2012.

(8) Confr. LAVALLE, Olga: «Consentimiento informado en adolescentes», en JA, Esp. Bioética, p. 56.

(9) Dres. Gonzalo Carrillo y Verónica Viola: Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Santa Fe.

(*) Abogada. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mediadora. Especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario -FCJS-UNL, Esp. en Derecho de Familia, Cohorte 2016-2018-. Asesora Jurídica del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines de Adoptivos Provincia de Santa Fe.

(**) Abogada. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mediadora. Asesora Jurídica de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. 15.52 h