El locatario de un automotor no es responsable por el robo de la unidad, en tanto se trató de un hecho imprevisible e inevitable

Partes: Lazarte Claudia Alejandra c/ I.E.C.S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 22-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111475-AR | MJJ111475 | MJJ111475

El locatario de un automotor no es responsable frente al locador por los daños derivados del robo de la unidad, en tanto se trató de un hecho imprevisible e inevitable.

Sumario:

1.-Los arts. 1516 y 1517 CCiv. sientan el principio de que las cosas se pierden para su dueño y el art. 1568 determina que no habrá culpa del locatario si la pérdida fuera por caso fortuito o fuerza mayor. A su vez, el art. 1571 de tal ordenamiento dispone que siendo notorio el accidente de fuerza mayor o probado este, la prueba de que hubo culpa, por parte del locatario, sus agentes o dependientes corresponde al locador.

2.-En tanto las declaraciones de los testigos del hecho dan cuenta que la situación en la que se produjo la sustracción del rodado fue imprevisible e inevitable, en tanto fue un robo a mano armada perpetrado por varias personas mientras circulaban por una ruta provincial, tales características son las requeridas por el art. 514 CCiv. -imprevisibilidad e inevitabilidad- pues la fuerza irresistible que resulta de la portación de armas por parte de los malhechores, hace impensable cualquier hipótesis de resistencia.

3.-El caso fortuito o fuerza mayor debe tratarse de un hecho que aunque la previsión humana pueda anticiparlo, no se puedan evitar sus consecuencias.

4.-A fin de dilucidar si el tenedor de cosa ajena ha continuado usando de ella y si, por tanto debe o no pagar el ‘alquiler’ o ‘renta’ previstos contractualmente, la norma es clara al imponer al tenedor la siguiente opción: a) o pone la cosa en depósito judicial, si el dueño de ella no quisiere recibirla, b) o bien paga el alquiler o renta de esa cosa. En virtud de lo expuesto, resulta irrelevante discutir sobre si la accionada usó o pudo usar de esas cosas, por tanto, el simple hecho de tenerla genera su responsabilidad por el ‘alquiler’ prometido en el convenio.

5.-Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual prima un criterio restrictivo en materia de la reparación del daño moral.

6.-Para que un incumplimiento contractual conlleve la reparación del daño moral es preciso que la afectación íntima trascienda lo que puedan ser alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, y su existencia debe ser apreciada con criterio restrictivo.

7.-La finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de la prueba señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal el material probatorio incorporado, surte todos sus efectos, quienquiera que lo haya suministrado.

8.-La actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte, pues es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de Mayo de dos mil dieciocho, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “LAZARTE CLAUDIA ALEJANDRA contra I.E.C.S.A S.A. sobre ORDINARIO” (Expte. N° 50708/2010), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalías N° 4, N° 6 y N° 5. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Matilde E. Ballerini dijo:

I. A fs. 22/32vta. -luego ampliada a fs. 67/77vta.- inició demanda la Sra. Claudia Alejandra Lazarte contra I.E.C.S.A S.A. solicitando se la condene al pago de la suma de seiscientos treinta y dos mil pesos ($ 632.000) en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato de locación del camión marca Volkswagen Modelo VW 13180 año 2004 dominio FCT 476, que las vinculaba. A su vez, reclamó la devolución del semirremolque marca Maldonado del tipo caja V Modelo año 1970 Dominio RLF 656, portante de un equipo con una bomba para extracción de agua, naftera, marca Honda de 5,5 HP, que fuera objeto del mismo acuerdo.

II. La sentencia dictada a fs. 673/683vta. rechazó la excepción de prescripción interpuesta por la defendida, admitió parcialmente la demanda y condenó a la accionada a restituir a la actora el semirremolque mencionado.

Para así decidir, consideró que la cuestión a debatir debía analizarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual.En ese marco, sostuvo que el plazo de prescripción decenal aplicable al caso no había transcurrido.

Estimó que el Código Civil determinaba que el locador era quien debía soportar el riesgo de deterioro de la cosa, y en tanto no se comprobó en cabeza de quien estaba la obligación contractual de contratar el seguro, el reclamo de indemnización pretendida como consecuencia del robo del camión, debía ser rechazado.

Sin embargo, por la finalización del contrato de locación admitió la devolución del semirremolque, ordenando a la demandada que lo restituya en el domicilio de la actora.

Por último, impuso las costas en un 70% a cargo de la accionante y en un 30 % a cargo de la accionada.

III. Contra dicho pronunciamiento, se alzó la actora a fs. 690 y fundó su recurso a fs. 774/784, que fuera contestado a fs. 792/793vta.

La demandada por su parte, apeló a fs. 698. Expresó agravios a fs. 787/788vta., los que recibieron respuesta a fs. 790/790vta.

Las críticas de la accionante transcurren -en síntesis- por los siguientes carriles: (i) el análisis efectuado por el Sr. Juez de primera instancia respecto de las inconsistencias ocurridas en la causa penal; (ii) la omisión del tratamiento de las negligencias en que incurrió la demandada a fin de evitar el robo del camión; (ii) la existencia de la obligación de contratar un seguro por parte de la locataria; (iii) la falta de condena por el pago del alquiler del semirremolque hasta la restitución del bien; (iv) la tasa de interés utilizada; (v) la no admisión de la indemnización por daño moral y (vi) la imposición de costas.

IECSA se quejó por la distribución de las costas ordenada en el decisorio atacado.

IV. En forma preliminar, cabe destacar que en esta instancia no existe controversia respecto a que:(a) las partes estaban vinculadas por un contrato de alquiler de un camión marca Volkswagen Modelo VW 13180 año 2004 Dominio FCT 476 y un semirremolque marca Maldonado del tipo caja V Modelo año 1970 Dominio RLF 656, portante de un equipo con una bomba para extracción de agua, naftera, marca Honda de 5,5 HP; (b) el contrato comenzó en noviembre del año 2007 y tenía vigencia por tres años; (c) el camión fue sustraído en fecha 31/03/2008 en el trayecto de la ruta provincial N° 13, en la Provincia de Santa Fe, sin recibir la actora indemnización alguna; y (d) el semirremolque no fue restituido.

A tenor de los agravios expresados por los justiciables, resta dilucidar en esta instancia, si IECSA es responsable de la pérdida del camión, en su caso, los perjuicios que ello le acarreó a la actora; y la procedencia del pago del alquiler del semirremolque hasta su efectiva devolución.

En este marco fáctico, procederé a continuación al análisis de las quejas vertidas por las apelantes.

V. En sus dos primeras críticas sostuvo la actora que la sentencia atacada no analizó debidamente las inconsistencias ocurridas en la causa penal, ni las negligencias en que habría incurrido la demandada y que habrían posibilitado el robo del camión objeto del contrato.

A fs. 48/64 se agregó copia de la causa penal que tramitó por ante la Fiscalía de Instrucción de Las Varillas, Provincia de Córdoba que da cuenta de la denuncia de robo y las declaraciones de los testigos presenciales del hecho.

No surge de las constancias adjuntas que se hayan podido encontrar el paradero del camión ni los responsables del hecho. Nótese que a partir de la investigación allí efectuada, no se pudo establecer responsabilidades de ningún tipo.Ergo, no corresponde en esta instancia y sede avanzar sobre ese aspecto.

Para más, tampoco se advierte que las inconsistencias que mencionó la actora sean de una entidad que permitan insinuar una participación de los trabajadores de la demandada en el hecho delictivo. A fs. 70/73 de la ampliación de demanda, señaló que las declaraciones de los testigos Medrano y Martin disentían acerca del procedimiento utilizado por los captores para que bajen del camión (Martin relató que “el sujeto que lo apuntaba le abrió la puerta”, y Medrano que “de inmediato se baja Martin”) o incluso del intento de huida del Sr. Martin, los nervios de Medrano o la camioneta por la que fueron recogidos en la ruta (Martin: “una Ford doble cabina”; Medrano: “una Toyota”) y que los llevó hasta la estación de servicio cercana.

Véase que las reseñadas, como también las que se suceden a lo largo del escrito alusivo, se refieren a cuestiones que no modifican el relato principal de los hechos ni su desencadenamiento.

Asimismo, y en concordancia con lo manifestado por el Sr. Juez a quo, la principal damnificada e interesada en la dilucidación de la cuestión era la propia actora, que no arbitró las medidas necesarias para ser querellante en la causa iniciada y exponer ante el Juez de Instrucción correspondiente las inconsistencias que ahora denuncia.

Por otra parte, respecto a la supuesta negligencia de la demandada en el uso del camión, en la medida que no pudo acreditarse la existencia de un contrato escrito, no se logró demostrar cuál era el destino específico previsto por los justiciables para el vehículo objeto de locación.

Sostuvo la apelante que IECSA se encontraba obligada a contratar un seguro para cubrir el riesgo de pérdida o daño de los equipos; que la obligación se había instrumentado por escrito en dos ejemplares firmados; y que requirió que se intime a la contraria a acompañar su duplicado.

La demandada se opuso a ello (ver fs.116 vta.), y alegó que el contrato se instrumentó a través del Aviso de Compra n° 18034 (acompañado en copia simple a fs. 109 y desconocido por la actora a fs. 123) que establecía la contratación de un seguro a cargo de la Sra. Lazarte.

Tal determinación debía ser objeto de prueba y al ser la actora quien alegó el uso indebido del rodado, sobre ella recaía la carga de probar los hechos constitutivos del derecho invocado en sustento de su pretensión (art. 377 CPr), al no hacerlo su versión de los hechos no supera un mero relato unilateral que no puede ser admitido.

En este sentido, recuérdese que la finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de la prueba señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal el material probatorio incorporado, surte todos sus efectos, quienquiera que lo haya suministrado (Devis Echandía Hernando, “Teoría general de la prueba judicial”, T. I, pág. 426, Buenos Aires, 1970; Sentis Melendo, Santiago, “Teoría y práctica del proceso” T. III, pág. 200, Buenos Aires, 1956).

La actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte.

Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture, Eduardo, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, p. 242, Buenos Aires, 1958; en igual sentido, C.N.Com., Sala B, in re “Golden Company S.R.L. c/ Aguilar Arte S.A.s/ ordinario”, del 16/12/2009).

Por lo expuesto, se rechazan las quejas en estudio.

VI. Trataré a continuación el agravio relativo a la obligación de contratar el seguro sobre la cosa locada.

Como ya se dijo, ninguna de las partes logró probar fehacientemente los dichos relatados acerca de la existencia de un contrato escrito, ya sea por no agregar a la causa instrumento alguno o porque lo acompañado fuera copia simple sin acreditar su autenticidad.

Sin embargo, la actora fue quien alegó la responsabilidad de IECSA de contratar el seguro pero no alcanzó a probar en cabeza de quién se hallaba tal obligación.

En conclusión, en atención a lo dispuesto por el art. 377 CPr. y los principios relativos a la carga de la prueba que ya fueran mencionados ut supra, no se advierten elementos que logren crear convicción en esta Vocal acerca de la contratación del seguro a cargo de la de mandada.

Por consiguiente, ante la ausencia de convención escrita entre las partes, corresponde remitirse a lo supletoriamente dispuesto por el Código Civil vigente al tiempo de los hechos.

Los arts. 1516 y 1517 C.C sientan el principio de que las cosas se pierden para su dueño y el art. 1568 determina que no habrá culpa del locatario si la pérdida fuera por caso fortuito o fuerza mayor.

A su vez, el art. 1571 de tal ordenamiento dispone que siendo notorio el accidente de fuerza mayor o probado este, la prueba de que hubo culpa, por parte del locatario, sus agentes o dependientes corresponde al locador.

Ya se ha dicho que el robo del camión ha sido acreditado mediante la causa penal agregada en autos. Las declaraciones de los testigos del hecho (obrantes a fs. 57 y fs. 59) dan cuenta que la situación en la que se produjo la sustracción del rodado fue imprevisible e inevitable, en tanto fue un robo a mano armada perpetrado por varias personas mientras circulaban por una ruta provincial.

Tales características son las requeridas por el art.514 C.C -imprevisibilidad e inevitabilidad-, agregando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la fuerza irresistible que resulta de la portación de armas por parte de los malhechores, hace impensable cualquier hipótesis de resistencia (conf. CSJN, in re “Alberto Finardi c/ D´Odorico Propiedades S.R.L.” , del 11/02/2003).

Asimismo, tiene dicho esta Sala que el caso fortuito o fuerza mayor debe tratarse de un hecho que aunque la previsión humana pueda anticiparlo, no se puedan evitar sus consecuencias (C.N.Com., in re “Sucarrat, Gustavo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A s/ ordinario”, del 26/03/1993).

Y si bien de las declaraciones de los Sres. Martin y Medrano surge que éstos pudieron observar cuando los delincuentes se acercaban al camión con un arma y les ordenaban detenerse, no era posible esperar de los dependientes de la locataria resistencia alguna ante la amenaza a su vida en orden a evitar la sustracción del rodado.

Además, nótese que no se encuentra probado en autos que la demandada se haya comprometido a una custodia permanente del camión mientras se encontraba en movimiento.

Precisamente, ante la posibilidad de que suceda un hecho de esta naturaleza es para lo que se contrata el seguro contra robo.

Es por ello que, en atención al modo en que se produjo el robo del rodado, el ordenamiento imponía al locador -en este caso la Sra. Lazarte- la obligación de probar la culpa del locatario, de sus dependientes en su uso, o bien, que la carga de contratar el seguro estaba en cabeza de la accionada, extremos que no fueron acreditados.

Por ello, se rechaza la crítica.

VII. Se quejó la actora por la omisión del primer sentenciante de condenar a la devolución de los alquileres en concepto del semirremolque.Reclamó la parte proporcional del precio hasta el momento de la efectiva devolución del bien.

Adelanto que el agravio será admitido.

No hay controversia en esta instancia, en punto a que la defendida no devolvió el semirremolque al día de la fecha (ver fs. 118vta.). También surge de las constancias de autos que el último pago efectuado fue del 26/05/2008 por la suma de $ 5.500, que incluía ambos bienes.

Si bien ambas partes reconocieron que el contrato estaba pactado hasta el 11/11/2010, lo cierto es que la demandada retuvo el semirremolque hasta el presente, pudiendo utilizarlo o no, pero sin abonar los cánones correspondientes y sin arbitrar las medidas necesarias para poner el bien a disposición de la Sra. Lazarte.

Es por ello que juzgo que debe admitirse el cobro del proporcional del canon locativo correspondiente al semirremolque hasta que sea restituido a la actora, en tanto IECSA aún cuenta con el bien.

En el mismo sentido se expresó la jurisprudencia al decidir que “.procede el reclamo deviniendo aplicable la normativa del CCIV 1611. De modo que a fin de dilucidar si el tenedor de cosa ajena ha continuado usando de ella y si, por tanto debe o no pagar el “alquiler” o “renta” previstos contractualmente, la norma es clara al imponer al tenedor la siguiente opción: a) o pone la cosa en depósito judicial, si el dueño de ella no quisiere recibirla, b) o bien paga el alquiler o renta de esa cosa. En virtud de lo expuesto, resulta irrelevante discutir sobre si la accionada usó o pudo usar de esas cosas, por tanto, el simple hecho de tenerla genera su responsabilidad por el “alquiler” prometido en el convenio” (conf. C.N.Com., Sala D, in re “I.B.M. Argentina S.A c/ Athuel Electrónica S.A s/ sumario”, del 25/11/1994).

Sin perjuicio de ello, ni la pericia contable ni las constancias acompañadas en autos permiten distinguir cuál es la suma acordada por el alquiler del semirremolque en particular.Por ello, corresponde acudir a las pautas propuestas por el art. 165 CPr. y realizar una estimación prudencial de la renta abonada individualmente. En razón de ello, se procede a fijar en $ 1.500 mensuales el canon a abonar por el bien, que deberá ser calculado desde el 26/05/2008 hasta su efectiva devolución.

VIII. En relación al rechazo de la indemnización por daño moral, es de destacar que dentro de la órbita de la responsabilidad contractual prima un criterio restrictivo en materia de su reparación (Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. I, pág. 353; Cazeaux Pedro N.- Trigo Represas Félix A., “Derecho de las Obligaciones”, 2da. ed. T.I, pág. 382; Cichero Néstor, “La reparación del daño moral en la reforma de 1968”, ED. 66-157; Borda Guillermo, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, T.I, pág. 195, nro. 175, ed. 1979; C.N.Civ., Sala F, LL 1978-B-521; C.N.Civ, Sala F, ED 88:628; C.N.Civ., Sala C, ED 60:226; C.N.Civ., Sala E, “Vitolo D, c/Guardado, Nestor”, del 19/09/1994; C.N.Civ., Sala L, “Mendez de López Mansilla, Claribel y otra c/Bonfiglio Wasbein y Bonfiglio SRL”, del 13/06/1991; C.N.Com., Sala A, “Collo Collada A. c/Establecimientos Metalúrgicos Crespo SACI”, del 13/07/1984).

Es así que, en el caso, nos encontramos frente a una relación contractual que, como normalmente sucede, lleva implícita la eventualidad de que uno de los contratantes incumpla lo convenido, extremo prima facie insuficiente para generar un daño moral resarcible. Porque para que un incumplimiento contractual conlleve un daño de esta índole es preciso que la afectación íntima trascienda lo que puedan ser alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, y su existencia debe ser apreciada con criterio restrictivo (conf. C.N.Civ., Sala I, in re “Pigni, Daniel F.c/ Instituto Fasel SA”, del 9/12/1998).

En la especia, no se aprecia la existencia de elementos de prueba que me permitan válidamente apartarme del temperamento adoptado en la anterior instancia. Obsérvese que las declaraciones testimoniales prestadas a fs. 543/543vta. no logran acreditar la configuración del perjuicio que dice haber padecido la actora por la conclusión del mismo ante la pérdida del bien o la falta de devolución del semirremolque. Ergo, se impone el rechazo del agravio en cuestión.

IX. Reclamó la Sra. Lazarte se aplique una tasa del 8 % sobre el capital reclamado y a ello la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Resalto que no se esgrimieron razones que ameriten la aplicación de la tasa solicitada y, en tanto es criterio de esta Sala, el monto de condena sólo devengará intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (conf. doctrina Plenario “SA La Razón SA s/ inc. de pago de honorarios a los profesionales”, del 24/12/1994), desde la mora hasta su efectivo pago.

X. Ambas partes apelaron la condena en costas. En síntesis, cuestionan que éstas no hubieran sido íntegramente distribuidas a cargo de su contraria.

Resulta de absoluta claridad que el art. 68 1º parte Cpr. consagró la doctrina objetiva en materia de costas, según la cual éstas constituyen una reparación de los gastos en que debió incurrir el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho; así es el vencido quien debiera cargar con el total de las costas si es que la incidencia fue originada por su accionar (cfr. C.N.Com., esta Sala, in re “Testa de García Renata c/ Plan Rombo S.A”, del 15/03/1993).

Sin embargo, si confluyen circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo para eximir de costas al vencido (C.N.Com., esta Sala, in re “S.A.La Razón s/concurso preventivo s/incidente de cobro de crédito”, 25/02/1993), el Juez tiene la facultad de imponer las costas en base a la decisión tomada.

En el caso de autos, lo cierto es que el reclamo de la actora sólo procedió en relación al canon locativo del semirremolque, siendo confirmado en esta instancia el rechazo de la indemnización pretendida por la sustracción del camión. Consecuentemente, de acuerdo con las pautas ut supra referidas, ante la existencia de vencimientos parciales y mutuos, juzgo adecuada la distribución establecida en la sentencia apelada, debiendo rechazarse ambos agravios.

Sin perjuicio de ello, atento el resultado de los recursos interpuestos, las costas de esta instancia por la apelación de la demandada serán impuestas a su cargo, en su calidad de vencida, y las correspondientes al recurso de la actora, por su orden (art. 68 CPr.).

Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: a) admitir parcialmente la apelación interpuesta por la actora a fs. 690; b) rechazar el recurso interpuesto por la demandada a fs. 698; y en consecuencia, c) confirmar en lo principal que decide la sentencia de fs. 673/683vta., modificándola únicamente en relación a lo dispuesto en el punto VII de la presente, con costas de esta instancia de acuerdo a lo ordenado en el pto. X.

Así voto.

Por análogas razones la Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhiere a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Juec es de Cámara.

Es copia fiel del original que corre a fs. 2041/50 del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.

RUTH OVADIA

SECRETARIA

Buenos Aires, 22 Mayo de 2018.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: a) admitir parcialmente la apelación interpuesta por la actora a fs. 690; b) rechazar el recurso interpuesto por la demandada a fs. 698; y en consecuencia, c) confirmar en lo principal que decide la sentencia de fs. 673/683vta., modificándola únicamente en relación a lo dispuesto en el punto VII de la presente, con costas de esta instancia de acuerdo a lo ordenado en el pto. X. Regístrese por Secretaría, notifíquese a las partes y oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13 y devuélvase.

MATILDE E. BALLERINI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO