Hacia una nueva hermenéutica ambiental

Autor: Peña Chacón, Mario

Fecha: 1-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12300-AR | MJD12300

Sumario:

I. Hermenéutica jurídica. II. El rol de los principios generales del derecho en la hermenéutica jurídica. III. Por qué una nueva hermenéutica ambiental. IV. Criterios para una nueva hermenéutica ambiental. V. Nueva hermenéutica ambiental en la práctica. VI. Bibliografía.

Doctrina:

Por Mario Peña Chacón (*)

«La interpretación debe ser un instrumento por medio del cual se logre el equilibrio de los tres factores que integran la fórmula del desarrollo sostenible (lo económico, lo ecológico y lo social) y donde la apreciación de los valores en su relación con la realidad permitan que las normas jurídicas cumplan su finalidad esencial». -Rafael González Ballar

RESUMEN

El mayor problema actual del derecho ambiental es su falta de eficacia, existiendo claras falencias en su aplicación y cumplimiento, a tal punto que en palabras de Ojeda Mestre, se trata de un derecho que padece de raquitismo de eficiencia. Ante esta realidad el operador jurídico deberá flexibilizar las normas que, en su aplicación, no sirvan para dar respuesta rápida, real, y efectiva a las diversas situaciones que se presentan frente a los desafíos ambientales de nuestro tiempo. Por ello, el aplicador del derecho se encuentra ante un reto de inteligencia, creatividad y decisión para escoger y adoptar la vía más adecuada para cumplir con las obligaciones y fines que impone el nuevo orden público ambiental. La hermenéutica debe ser el punto de apoyo que permita arrancar al derecho ambiental de su estado de parálisis de efectividad, posicionándose en un instrumento esencial e imprescindible de la tutela jurídica del medio ambiente.

Palabras clave

Derecho ambiental, hermenéutica jurídica, desarrollo sostenible, principio de progresividad, derecho público.

Abstract

The biggest current problem of environmental law is its lack of effectiveness, there being clear shortcomings in implementation and enforcement. As Ojeda Mestre says, it is a right that you have rickets efficiency. Given this reality the legal practitioner should relax the rules in your application, do not serve to provide rapid, real, and effective for the various situations that arise against environmental challenges of our time response. Therefore, the application of the law is facing a challenge of intelligence, creativity and decision to choose and adopt the most appropriate to meet the obligations and purposes imposed by the new environmental law enforcement channels.Hermeneutics must be the fulcrum that allows boot to environmental law in your state of paralysis of effectiveness, positioning an essential and indispensable tool for the legal protection of the environment.

Keywords

Environmental law, legal hermeneutics, sustainable development, the principle of gradual, public law.

I. HERMENÉUTICA JURÍDICA

Tal y como lo ha entendido y desarrollado la jurisprudencia constitucional costarricense (1), la interpretación de las normas por parte de los operadores jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y exclusivamente, con fundamento en su tenor literal, puesto que, para desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y alcances, es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos, tales como el finalista, el institucional, el sistemático y el histórico-evolutivo.

Sobre este particular, el Título Preliminar del Código Civil en su numeral 10, dispone que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.

Las proposiciones normativas se componen de términos lingüísticos que tienen una área de significado o campo de referencia así como, también, una zona de incertidumbre o indeterminación, que puede provocar serios equívocos en su interpretación y eventual aplicación.

En virtud de lo anterior, al interpretar una norma es preciso indagar su objetivo (ratio) o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma tiene naturaleza instrumental -método teleológico-. El intérprete debe, asimismo, confrontarla, relacionarla y concordarla con el resto de las normas jurídicas que conforman en particular una institución jurídica -método institucional- y, en general, el ordenamiento jurídico -método sistemático-, puesto que, las normas no son compartimentos estancos y aislados, sino que se encuentran conexas y coordinadas con otras, de forma explícita o implícita.Finalmente, es preciso tomar en consideración la realidad socioeconómica e histórica a la cual se aplica una norma jurídica, la cual es variable y mutable por su enorme dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para coyunturas históricas en constante mutación -método histórico-evolutivo-.

Cuando de interpretar una norma jurídica se trata, el intérprete no puede utilizar uno solo de los métodos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los mismos son diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y trascendente acto interpretativo.

De esta forma, al interpretar una norma, el aplicador deberá considerar su espíritu y finalidad y, para ello, deberá tomar en cuenta el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y la realidad social del momento en que han de ser aplicadas, en otras palabras, el operador debe apuntar hacia una interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas.

II. EL ROL DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN LA HERMENÉUTICA JURÍDICA

El Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas, edición 2003 (2), al definir los «principios generales del derecho», expone que se trata de uno de los conceptos jurídicos más discutidos. Sánchez Román considera como tales los axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones; o sea, las reglas del derecho (v.). Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. Una autorización o invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez (Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado por la doctrina para librarse de los textos legales que no responden ya a la opinión jurídica dominante (Mu-ger).

En doctrina, a los principios generales del derecho también se los conoce como «principios rectores, principios fundamentales de ley, principios deontológicos fundamentales, exigencias fundamentales, reglas con valor constitucional, principios elementales del derecho», entre otras denominaciones.Para Jaquenod de Zsogon, se entiende por «principio» (del latín «principium»), aquella ‘norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales’, y por «rector» (del latín «rector»), lo que ‘rige o gobierna’, por ende son principios rectores los postulados fundamentales y universales que la razón especula, generalizando por medio de la abstracción las soluciones particulares que se obtienen partiendo de la justificación y la equidad social, atendiendo a la naturaleza de las cosas positivas. Son principios rectores generales por su naturaleza y subsidiarios por su función, porque suplen las lagunas de las fuentes formales del Derecho (3).

Cafferatta (4), citando a Vigo y a Cañiza-Merlo, destaca lo siguiente: «A pesar de la multiplicidad de concepciones y la ambigüedad del término, los principios son muy usados por el juez para resolver, por el legislador para legislar, por el jurista para pensar y fundar y por el operador para actuar» (5). En ese mismo sentido, «tienen carácter fundamentales o postulados universales. Son principios rectores generales por su naturaleza y subsidiarios por su función, pero que suplen las lagunas de las fuentes formales del derecho. Los principios son reglas sucintas que sirven de fuente de inspiración de la legislación, la práctica judicial y la actividad de los poderes públicos, además de inspirar, incluso, la actividad de los particulares» (6).

Lorenzetti menciona las siguientes funciones propias de los principios generales o rectores del derecho, función integrativa: es un instrumento técnico para colmar una laguna del ordenamiento; función interpretativa: permite orientar la interpretación hacia fines más amplios de la política legislativa; función delimitativa: pone un límite al actuar de la competencia legislativa, judicial y negocial. Sin que se ahogue la tarea creativa y dinámica del Derecho, los principios jurídicos constituyen lineamientos básicos que permiten establecer un límite, al igual que los valores a las bruscas oscilaciones de las reglas; y por último una función fundante:ofrece un valor para fundar internamente al ordenamiento y dar lugar a creaciones pretorianas» (7). Por su parte, Vigo expone que, en materia de principios, «el Juez los utiliza para resolver cuestiones difíciles, el legislador para proyectar normas legales, el jurista para pensar y el operador del derecho, para actuar» (8).

Tanto el Código Civil como la Ley General de Administración Pública encasillan a los principios generales como fuentes o normas no escritas del ordenamiento jurídico, asignándoles funciones de interpretación, delimitación e integración de las fuentes escritas. En el caso específico de la Ley General de Administración Pública, los principios generales llegan a obtener el rango jerárquico de la norma que interpretan, integran o delimitan y ostentan rango de ley en tanto suplan la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho administrativo (9).

III. POR QUÉ UNA NUEVA HERMENÉUTICA AMBIENTAL

Como bien lo afirma González Ballar, la interpretación expansiva en el derecho ambiental tiene su importancia ante los bienes jurídicos con los que tratamos, el equilibrio de los ecosistemas y la salud, el bienestar o el buen vivir -de la Pachamama-. Esto implica recordar la amplitud del criterio de bloque de legalidad ambiental y la necesidad de romper -ampliar- los criterios clásicos de la interpretación jurídica (10).

Su carácter finalista, la condición de derecho humano fundamental y la cons olidación de sus principios generales, en especial los de progresividad, no regresión y precautorio, obligan un nuevo enfoque hermenéutico finalista y evolutivo para el derecho ambiental.

1. Carácter finalista del derecho ambiental

El derecho ambiental posee un carácter finalista.Dentro de sus objetivos, se encuentra la tutela de bienes jurídicos del más alto rango, básicos, esenciales e indispensables, como lo son la vida, la salud y el equilibrio ecológico, a través de normas jurídicas que buscan «proteger más y contaminar menos»; es decir, «aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación» (11), por medio de un uso racional de los recursos naturales con la finalidad de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

Con el fin de lograr las metas que se propone el derecho ambiental, se han promulgado una serie de regulaciones jurídicas que conforman lo que actualmente es posible denominar «orden público ambiental», conformado por normas de rango constitucional, convenios, tratados y declaraciones internacionales («soft y hard law»), leyes, reglamentos, decretos, circulares y directrices, así como también, por normas no escritas, como la costumbre, los principios generales del derecho ambiental y la jurisprudencia.

Para Cafferatta, la tesitura del orden público ambiental consiste en «la preservación del equilibrio ecológico, el deber de la autoridad administrativa de preservarlos y también de los integrantes del Ministerio Público de velar por él, aun respecto de actos de la autoridad sea administrativa o judicial» (12).

El conjunto de derechos ambientales que integran el orden público ambiental, según Bibiloni (13), se caracterizan por ser indisponibles e irrenunciables «porque revisten condición de derechos de incidencia y goce colectivo, que además compromete intensamente el “interés público” y los derechos de terceros. Y porque estos caracteres también se infieren del principio de equidad intergeneracional que surge de la Constitución Nacional y de la legislación ambiental específica, en cuanto garantías que consagra a favor de las generaciones futuras».

Por medio del «orden público ambiental», el Estado busca la satisfacción de los intereses del conjunto social (interés público ambiental) que además representan un orden inter- e intrageneracional, mismo que se vio consolidado a partir de la reforma operada en 1994 al art.50 constitucional, al reconocer un modelo de desarrollo económico y social respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las generaciones presentes y futuras, como primer paso para la consolidación de un Estado Social y Ambiental de Derecho (14).

2. Derechos ambientales como derechos humanos

El marco normativo de los derechos humanos ambientales previsto en la Constitución Política se encuentra integrado además, entre otros instrumentos internacionales, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Declaración Americana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales (Pacto de San Salvador), viéndose además reforzado por las declaraciones de principios ambientales de Estocolmo 1972 sobre Medio Ambiente Humano, Río 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Johannesburgo 2002 sobre Desarrollo Sostenible y la Declaración Río+20 del 2012.

Al tenor de lo anterior y por medio de la sentencia 1994-2485, la Sala Constitucional refiriéndose al derecho internacional ambiental estipuló que el fenómeno de internacionalización del derecho ambiental había seguido un patrón de desarrollo similar al de los derechos humanos, pues pasó de ser materia de jurisdicción doméstica de los Estados, a ser parte de la jurisdicción internacional. Es así como los derechos ambientales forman parte de los Derechos Humanos de la tercera categoría, no en importancia, sino por su ubicación de aceptación universal e histórica (15).

En la sentencia 1995-2313 (16), el Tribunal Constitucional elevó, por encima de la Constitución Política a los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, pudiéndose afirmar -entonces- que se ha internacionalizado al derecho de la Constitución, y al mismo tiempo, se ha constitucionalizado al derecho internacional, y dentro de este, al derecho ambiental.Este mismo tratamiento ha dado como resultado un singular enfoque de identificación entre derecho humano y derecho fundamental, en tanto no hay diferencia entre un derecho reconocido expresamente en la Constitución y los derechos humanos que pudieran no estar incluidos en su texto. De tal manera que el derecho ambiental reconocido en los tratados de derechos humanos, forma parte del elenco positivo y valorativo de la Constitución Política de Costa Rica (17).

Además, el fallo constitucional 1993-6240 instauró el criterio jurisprudencial por medio del cual, los instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad, en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo, y por ende, deben ser respetadas en tanto el rango normativo de aquellos es superior (18). Y aunado a lo anterior, mediante las resoluciones constitucionales 1992-3435 y 1995-2313, se dispuso que las regulaciones y principios contenidos en los tratados y convenios, incluso los aún no ratificados por la Asamblea Legislativa, son de acatamiento en nuestra legislación interna.

Tratándose el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales, se beneficia de sus teorías previamente existentes que tienen por objetivo aumentar su eficacia, entre ellas la doctrina de «cláusula de interpretación conforme».

Según explica Ferrer Mac-Gregor, la cláusula de interpretación conforme contiene un «principio de armonización» entre la Constitución Política y el tratado internacional. Lo anterior significa que el intérprete debe procurar una interpretación que permita «armonizar» la »norma nacional y la internacional». No se trata de dos interpretaciones sucesivas (primero la interpretación conforme a la Constitución y luego la interpretación conforme al tratado internacional), sino de una interpretación conforme que armonice ambas. De ahí que esta cláusula cumple con una función hermenéutica de armonización. Y entre las posibles interpretaciones conformes de armonización, el intérprete deberá optar por la protección más amplia.En todo caso, ante una eventual antinomia debe aplicarse la norma que favorezca «a las personas la protección más amplia» como solución interpretativa que la parte final de la cláusula establece (19).

Ferrer Mac-Gregor, citando a Bidart Campos, manifiesta que la cláusula de interpretación conforme se constituye en una «interpretación conciliadora»en una doble vía, en la medida de que efectúa interpretación «de» la constitución (derechos humanos de fuente constitucional e internacional) y «desde» la constitución hacia abajo (con la norma infraconstitucional cuya interpretación debe ser conforme a la constitución y a los tratados internacionales).

Este criterio hermenéutico incorpora el principio «pro homine», previsto en el art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a que ninguna disposición de ese tratado puede interpretarse para excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que deriven de la forma democrática representativa de gobierno o excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza o bien, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad.

Partiendo de lo anterior, la hermenéutica de los derechos ambientales debe ejercerse en estricta consonancia con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y no regresión de los derechos humanos. Cada uno de estos principios debe ser considerado en la interpretación que se efectúe para favorecer «en todo tiempo a las personas la protección más amplia», bajo la premisa de la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

3. Principios generales del derecho ambiental

A fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se restrinja al plano semántico de la realidad jurídica, el Derecho Ambiental ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva del derecho.Estos axiomas describen los compromisos adquiridos por las Partes Contratantes de los más representativos instrumentos internacionales en materia ambiental. Debido a la rápida evolución del derecho internacional ambiental se ha creado una gran gama de «soft law» que, aunque no es vinculante, da pautas que luego pueden convertirse en normativas (constituyéndose una obligación que vincula a los Estados) (20).

Forman parte del «soft law» o derecho blando todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios emanadas de Conferencias y Organismos Internacionales. Se trata de principios que se proponen en abstracto para orientar la conducta de los Estados. La doctrina los ha calificado como normas programáticas, las cuales disponen como los Estados deberían actuar, careciendo de obligatoriedad, limitándose a trazar un plan de acción futuro para el posterior desarrollo normativo del sector ambiente. El «soft law» no necesita del trámite normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados.

La Declaración de Estocolmo de 1972 marca un hito en el desarrollo de la problemática ambiental e n el mundo constituyéndose en el inicio fundacional del Derecho Ambiental. A lo largo de su articulado, se consagran los siguientes principios del Derecho Internacional:

– El principio de igualdad: reconoce que en materia ambiental todos los estados son iguales en deberes y derechos. En este principio, hay una doble mención, por un lado al hombre, y por otro a los estados, al condenar, entre otros, el «apartheid», la segregación racial y la discriminación.

– El principio del derecho al desarrollo: señala que hay un vínculo estrecho entre desarrollo económico y social y medio ambiente.

– El principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios: establece que los estados exploten sus recursos naturales libremente, cuidando el uso racional de los mismos.

– El principio de no interferencia: implica la obligación de los estados de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros estados.

– El principio de responsabilidades compartidas:obliga a los estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro estado.

– El principio de cooperación internacional: este principio debe guiar a los estados en todas las actividades relacionadas al medio ambiente teniendo en cuenta los intereses correspondientes de los demás estados.

Posteriormente, durante la Conferencia de Río en 1992 fue aprobada la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual reconoce dentro de sus postulados los siguientes principios rectores del derecho ambiental: soberanía, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, preventivo, precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad estatal por daño ambiental, responsabilidad común pero diferenciada, internalización de las costos ambientales, contaminador-pagador, corrección o solución en la fuente, solidaridad, participación ciudadana, cooperación internacional, notificación previa, entre otros (21).

Por su parte, en junio de 2012, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, mejor conocida como la Conferencia de Río+20, cuyo mayor logro fue el de reafirmar los principios aprobados en la Conferencia de Río de 1992, asignándoles con ello un carácter consuetudinario en el sentido del derecho internacional, evitando por tanto toda regresión (22).

Como dato importante para destacar, la jurisprudencia constitucional costarricense no solo ha reconocido la función de integración, delimitación e interpretación del bloque de legalidad ambiental por parte de los principios rectores del derecho ambiental derivados tanto de la Constitución Política y del Derecho Internacional Ambiental, sino que además, les ha otorgado rango de principios constitucionales, elevándolos por encima de todo el ordenamiento jurídico e, incluso, utilizándolos como parámetros para el control de constitucionalidad (23).

4. Consolidación de los principios de progresividad, no regresión y precautorio del derecho ambiental

En otros trabajos académicos, hemos expuesto que el principio de no regresión o de prohibición de retroceso dispone que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser modificadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad, por ello.la nueva norma o sentencia, no debe ni puede empeorar la situación del derecho ambiental preexistente en cuanto a su alcance, amplitud y efectividad (24).

Su finalidad es evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, e implica necesariamente una obligación negativa de «no hacer», por lo que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido, sino más bien incrementado.

Como contenido mínimo o núcleo duro, es posible identificar la obligación constitucional de tutela del interés público ambiental, sea el deber estatal de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (25).

La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de no retroceder al «status quo ante», respetando al menos, el nivel de protección ambiental ya alcanzado; no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental actualmente adquiridos; no derogar, modificar, relajar ni flexibilizar la normativa vigente en la medida en que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección; asegurar la calidad de las normas ambientales; no vulnerar el derecho de las futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni disminuir el patrimonio a transmitir a las generaciones futuras como garantía de progreso, todo lo anterior con la finalidad de asegurar condiciones ambientales aptas para la posteridad.Es posible afirmar que la prohibición de regresión actúa como una limitación a la potestad normativa estatal, inhibiendo la derogación, reducción, relajamiento o desaplicación de la legislación ambiental, lo cual encuentra justificación como garantía de mantenimiento del nivel actual de protección, y de toda mejora experimentada desde entonces.

A la vez, la prohibición de regresividad funciona como una garantía sustantiva que protege a los titulares de derechos frente a normas regresivas, vedando al Estado el «dar un paso hacia atrás» (26).

Debido al carácter finalista del derecho ambiental, este únicamente podrá ser eficaz cuando las modificaciones que le afecten conlleven un medio ambiente mejor y no peor que el anterior; por lo tanto, cualquier retroceso sería inmoral.

En contraste, su contracara, el principio de progresión o progresividad, conlleva siempre una obligación positiva de hacer que se traduce en «progreso» o «mejora continua en las condiciones de existencia». Aquí el imperativo manda «hacer», el Estado debe «moverse hacia adelante» y generar progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental mediante medidas sostenidas, graduales y escalonadas.

De esta forma, mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo (27) de protección ambiental que debe respetarse, el de progresión busca el avance sistemático de la normativa ambiental. Porello, este principio no se opone a la idea de evolución clásica ni a la mutabilidad propia del derecho (modificación permanente e inevitable) a raíz de que no existe derecho alguno que sea inmutable o eterno. El derecho siempre debe evolucionar por medio de procesos de modificación y derogación legislativos, reglamentarios e incluso jurisprudenciales. A lo que sí se opone el derecho ambiental a partir de la puesta en práctica del principio de no regresividad es a cambios en el bloque de legalidad que tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel de protección ya alcanzado en favor de intereses no ambientales.Sería posible entonces afirmar que el principio de no regresión actúa como una obligación negativa inherente a la obligación constitucional de carácter positivo de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En primera instancia, el principio de no regresión no es ilimitado ni irrestricto. Al igual que como sucede con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentra condicionado por los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como por las reglas unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia y la lógica. A la vez, la actuación del Estado en esta materia se ve limitada por el deber de tutela del interés público ambiental, por los principios de desarrollo sostenible y uso racional, precautorio o evitación prudente y por la vinculatoriedad de la normativa ambiental (28).

Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el art. 50 de la Constitución Política y el principio N.° 15 de la Declaración de Río, se ha reconocido igualmente el denominado principio precautorio en materia ambiental o principio «in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades (29).

IV.CRITERIOS PARA UNA NUEVA HERMENÉUTICA AMBIENTAL

La nueva hermenéutica jurídica ambiental requiere que su aplicador considere el espíritu y finalidad de la norma y para ello, tomar en cuenta el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y la realidad social del momento en que han de ser aplicadas.

Para ello, se deberá tener como norte el carácter finalista y evolutivo del derecho ambiental y su objetivo primordial de tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico. El operador debe buscar aquella interpretación que permita aplicar la norma para «proteger más y contaminar menos», para «aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación» sin perder de vista la necesidad de un «uso racional de los recursos naturales» que satisfaga las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

De esta forma, como lo afirma González Ballar (30), la interpretación debe ser un instrumento por medio del cual se logre el equilibrio de los tres factores que integran la fórmula del desarrollo sostenible (lo económico, lo ecológico y lo social) y donde la apreciación de los valores en su relación con la realidad permitan que las normas jurídicas cumplan su finalidad esencial.

Bajo esta inteligencia, la hermenéutica ambiental debe perseguir siempre la protección del interés público ambiental a la luz del art. 50 constitucional que establece el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en cumplimiento de ese orden público impuesto a partir de la reforma constitucional de 1994, que inició la era hacia la consolidación del «Estado social y ambiental de derecho» costarricense.

Ese carácter evolutivo y finalista también es compartido por el derecho internacional ambiental, el cual por medio de tratados, convenios y declaraciones de principios ambientales, busca procurar un alto nivel de protección ambiental, mejorar el medio ambiente, aumentar la biodiversidad, proteger los recursos naturales bióticos y abióticos, y por supuesto, acabar, disminuir y aplacar la contaminación y la degradación ambiental.Partiendo del hecho de que, para el caso costarricense, el derecho internacional ambiental es de obligado acatamiento y goza de plena ejecutoriedad (31), el intérprete jurídico se ve constreñido a interpretar la normativa interna de conformidad con las obligaciones contraídas por el país al suscribir y ratificar dichos convenios ambientales.

En tanto, las normas ambientales deben atender a los fines sociales a los que están destinadas, corresponde interpretarlas e integrarlas de acuerdo con el principio hermenéutico «in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública y los particulares en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, el operador jurídico debe interpretar y aplicar la norma de manera que impida la realización de este tipo de actividades hasta tanto cuente con certeza científica respecto a su inocuidad.

Los consolidados principios ambientales de prevención, contaminador pagador, recomposición, participación pública y uso racional, desarrollados ampliamente por parte de la jurisprudencia constitucional, también obligan a interpretar las normas ambientales de conformidad con su finalidad esencial.

Además, el operador jurídico no debe perder de vista a la hora de interpretar y aplicar la normativa ambiental que está frente a un derecho humano reconocido tanto a nivel constitucional como del derecho internacional de los derechos humanos, de ahí que se vea obligado a utilizar el criterio «pro homine» previsto en el art. 29 del Pacto de San José, así como la «cláusula de interpretación conforme» a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (no regresión), bajo una lógica de promoción, respeto, protección y garantía lo más amplia y extensa posible de los derechos humanos ambientales.

Al amparo del art. 29 de la Convención Americana, ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de:

a.Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.

c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno.

d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Como consecuencia de lo anterior, la legislación de tutela de los sujetos vulnerables y de los derechos de incidencia colectiva debe interpretarse de la manera que les sea más favorable y provechosa y mejor pueda viabilizar, en el plano de la eficacia, la prestación jurisdiccional y la «ratio essendi» de la norma jurídica.

Tampoco puede desligarse el operador jurídico de interpretar de conformidad con la obligación de progresividad prevista en la Convención Americana y su Protocolo de San Salvador, por la cual en principio, le está vedado al Estado (incluyendo por supuesto al aplicador del derecho) adoptar políticas, medidas, sancionar y aplicar normas jurídicas, que sin una justificación adecuada, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el protocolo o con posterioridad a cada avance «progresivo». Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes, sin una justificación suficiente.De esta forma, la precarización y empeoramiento de esos factores, sin debida justificación por parte del Estado, supondrá una regresión no autorizada por el Protocolo (32).

Al efecto, la jurisprudencia constitucional ha expuesto lo siguiente:

«Estiman los accionantes que la eliminación de la causal señalada infringe el principio de progresividad y no regresividad. Dicho principio, si bien se ha relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, es reconocido respecto de todos los derechos previstos en los instrumentos de derechos humanos. La progresividad debe ser entendida en relación con los niveles de obligaciones que genera cada derecho (respetar, proteger y satisfacer) independientemente de que sea civil, político, económico, social o cultural. Esto por cuanto, algunas medidas que se deben implementar tienen un carácter más inmediato que otras que son progresivas o graduales, que se desarrollan a mediano o largo plazo con el fin de lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos. Los instrumentos de derechos humanos incluyen disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos contenidos en ellos, sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. Los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron elaborados y ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en todas las demás normas convencionales sobre derechos humanos. La Declaración constituyó el primer paso para el desarrollo progresivo de los derechos humanos y por ello, sus previsiones tienen un carácter positivo en el sentido de que representan el primero de muchos avances en la protección internacional de tales derechos y en virtud de la prohibición de regresividad, sus presupuestos tienen un carácter negativo, en el sentido de que los Estados no pueden retroceder en relación con el estándar de protección establecido. El principio de progresividad exige que, a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos.En teoría, la idea es que, entre más recursos tenga un Estado, mayor será su capacidad para brindar servicios que garanticen los derechos. La obligación de implementación progresiva contiene la prohibición de no regresividad que puede ser sometida a control judicial en caso de incumplimiento. Cuando un Estado reconoce, respeta y satisface algún derecho fundamental, tiene prohibido reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o suprimir los ya existentes. Una decisión o política pública puede considerarse regresiva cuando sus resultados desmejoran, en comparación con los resultados de un punto de partida anterior que ha sido escogido como parámetro y en el campo de las normas jurídicas, si al comparar una nueva norma, se suprimen, limitan o restringen derechos anteriormente existentes. En ese sentido, la doctrina ha establecido que una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda integrado en forma definitiva e irrevocable a la categoría de los derechos humanos cuya tutela resulta obligatoria. Ahora bien, para que pueda señalarse que existe una lesión al principio de progresividad y no regresividad, se requiere que exista un derecho fundamental que se hubiera reconocido y que el mismo sea limitado o restringido sin justificación razonable alguna» (33).

Tratándose de derechos estrictamente ambientales, en la histórica Res. 2012-13367, la Sala Constitucional desarrolló el principio de no regresividad como una garantía sustantiva de los derechos ambientales que prohíbe al Estado adoptar medidas, políticas ni aprobar ni modificar normas que empeoren, sin justificación razonable ni proporcionada, los derechos alcanzados con anterioridad, derivándolo de los principios de progresividad de los derechos humanos, objetivación de la tutela ambiental e irretroactividad de las normas:

«V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental.El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección».

Nótese que las obligaciones de progresividad y no regresión implican para el operador jurídico, interpretar y aplicar la normativa ambiental al amparo de las reglas unívocas de la ciencia y técnica. El principio general de objetivación de la tutela ambiental, también llamado «principio de vinculación a la ciencia y a la técnica», o bien, «principio de razonabilidad» en relación con el derecho ambiental, ha sido reconocido y desarrollado ampliamente en la última década por parte de la jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste básicamente en la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales como reglamentarias (34), reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible.

Se trata, ni más ni menos, que de la aplicación del principio constitucional de razonabilidad al derecho ambiental, obligando a que los actos y las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivados en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciere de manera expresa (35). No exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente (36).

En relación con el principio de objetivación, la Sala constitucional en los votos 2005-14293, 2006-17126 y 2009-2009 expuso lo siguiente:

«De la objetivación de la tutela ambiental:el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos -tales como los estudios de impacto ambiental-, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una “duda razonable” resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente».

Por último, vale la pena retomar e impulsar la atrevida postura de González Ballar (37) de cambiar el criterio de la jerarquía de las fuentes al interpretar en el derecho ambiental, donde lo esencial es que una norma o un principio sea más importante para lograr la solución del problema o conflicto, no importa si viene de un reglamento o principio de «soft law», al momento de su aplicación al caso concreto.Un primer paso hacia su consolidación lo encontramos plasmado en la Ley General de Administración Pública cuando dispone que las fuentes no escritas llegan a obtener el rango jerárquico de la norma que interpretan, integran o delimitan ostentando el rango de ley en tanto suplan la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho administrativo (38).

V. NUEVA HERMENÉUTICA AMBIENTAL EN LA PRÁCTICA

Es posible encontrar claros ejemplos jurisprudenciales de correcta aplicación de las reglas y criterios hermenéuticos antes expuestos. A continuación, se expondrán algunos de ellos que a la vez, pueden servir de modelo para la interpretación, integración y delimitación normativa ante futuros conflictos ambientales.

1. Desarrollo sostenible democrático

El concepto «desarrollo sostenible» fue acuñado por primera vez en 1987 en el informe denominado «Nuestro Futuro Común» de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland) y reconocido a nivel internacional dentro del seno de las Naciones Unidas por medio de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, entendiéndose como «aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias».

A nivel costarricense, a partir de la reforma operada en 1994 al art. 50, la Constitución Política reconoce un modelo de desarrollo económico y social absolutamente respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El concepto hasta hace poco aplicado de desarrollo sostenible abarcaba un componente ambiental -la protección del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente-, y uno socia: se consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban automáticamente el bienestar social.Sin embargo, el énfasis del modelo de desarrollo se había venido centrando primordial y preponderantemente en los elementos económico y ambiental, relegando sistemáticamente en la práctica al factor social a un segundo plano.

Esta situación viene a cambiar favorablemente a partir de la sentencia 2013-10540 del 07 de agosto de 2013, por medio de la cual la Sala Constitucional innovó a través de la creación jurisprudencial del nuevo principio / concepto de «desarrollo sostenible democrático» donde ya no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario.

Por medio de una nueva interpretación finalista y evolutiva de los arts. 50, 74 y 89 constitucionales, la Sala Constitucional otorgó especial relevancia al elemento social del desarrollo sostenible como un componente de la justicia social propio del Estado de Derecho que se verifica a través del reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano, así como en el deber estatal de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

Es posible afirmar, a partir de este fallo, que el elemento democrático del desarrollo sostenible conlleva intrínsecamente la distribución justa tanto de los beneficios como de las cargas ambientales, lo que implica la preservación de la naturaleza para las generaciones futuras y el aprovechamiento solidario del ambiente, lo cual a todas luces se convierte en un enorme paso hacia la consolidación del «Estado Social y Ambiental de Derecho» costarricense.

2.Reconocimiento de los principios de progresividad y no regresión ambiental como principios autónomos y parámetros de constitucionalidad

Para el año 2010, la Sala Constitucional reconoció de manera expresa el principio de no regresión de los derechos ambientales mediante una línea jurisprudencial que inicia con el voto número 2010-18702 del 10 de noviembre del 2010, derivándolo de la interpretación de los principios precautorio, objetivación de la tutela ambiental y de progresividad, en aplicación de lo que ella misma denominó «interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio». Al efecto dispuso lo siguiente:

«De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, mas no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. Sin embargo, en el presente caso se echa de menos esta valoración.Ciertamente, cada concesión requerirá de previo un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de Setena, no obstante lo anterior, algunos de estos ecosistemas, por ejemplo las reservas marinas, son áreas que fueron protegidas precisamente con la intención de que en esta zona no se realice ninguna actividad extractiva y no se vea afectada tampoco, por ningún tipo de contaminación (escapes de motores, contaminaciones acústicas, contaminaciones luminosas, etc.), para que la flora y la fauna se vayan regenerando a lo largo del tiempo, hasta que sus poblaciones alcancen el mayor número de ejemplares que pueda haber en ese sitio; lo cual es totalmente excluyente con la concesión de una marina turística por los efectos que evidentemente lo alterarán. Otros ecosistemas de los citados puede ser que no requieran necesariamente una veda absoluta de toda actividad, pero cualquier autorización en ese sentido debe ser valorada y anticipada. Como ya se indicó, resulta irrazonable proteger unas zonas y otras no sin un criterio técnico que así lo sustente, pues ello resulta lesivo del principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales».

Mediante el voto 2013-13367 del 9 de octubre del 2013, la Sala Constitucional logra extraer el principio de no regresividad esta vez, de la interpretación evolutiva de los principios de progresividad de los derechos humanos e irretroactividad normativa:

«Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada.El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces».

En esta línea, el voto 2013-10158, reitera el carácter de principio constitucional a la no regresión relacionándolo con los principios precautorio, objetivación de la tutela ambiental y de progresividad, pero además en esta ocasión, lo elevó al rango de parámetro de constitucionalidad, al disponer que toda regresión deviene en inconstitucional. Al respecto expuso lo siguiente:

«Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples imprecisiones en su diseño normativo, comprobándose los argumentos que exponen los consultantes, referidos a: la falta de régimen transitorio, la falta de límites a la cantidad de concesiones a otorgar o al plazo de estas, la poca claridad sobre el término de “estructura”, la nula delimitación de las áreas que ameritan un trato especial por ser población históricamente postergada, inexistencia de un inventario claro quienes resultarán ser los eventuales beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, y su individualización), la determinación del impacto ambiental, entre muchas otras omisiones.Estas omisiones e imprecisiones confirman que al pretender hacer regular una situación irregular, se está haciendo en detrimento frontal de nuestro demanio público, pues ello implicaría una regresión en la zona marítimo terrestre y esa regresión deviene en inconstitucional».

»Respecto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en acatamiento del Principio Precautorio, se requiere de previo a la declaratoria como territorio costero comunitario y a la concesión -tal y como lo señalan las y los diputadas y disputados consultantes- de un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de Secretaría Técnica Ambiental, de modo tal que se demuestre el tipo de daño y las medidas que deban adoptarse, estudio que se echa de menos en esta iniciativa de ley, ya que no podría dejar de protegerse un refugio sin criterios técnicos que así lo respalden. Por lo tanto, dicha omisión implica una violación del principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales, aspecto señalado en el vicio de forma analizado en esta sentencia».

3. Inconstitucionalidad del concepto bosque

Mediante el voto número 2007-3923 del 21 de marzo del 2007, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizando una interpretación evolutiva y finalista, declaró la inconstitucionalidad del concepto jurídico bosque del art. 28 de la Ley Forestal, en cuanto a la omisión relativa de establecer medidas precautorias que aseguraran la protección del ambiente. En lo que interesa, expuso la Sala lo siguiente:

«Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante la Ley N.° 7575 de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover e incentivar la reforestación en nuestro país, para lo cual intentó librar de trámites innecesarios la corta de determinado tipo de árboles.No obstante lo anterior, considera este Tribunal que al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura de protección, a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida sin una justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad de reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un incentivo de esta actividad, pero sin asegurar previamente, que esta en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. Debemos recordar que nuestro país ha suscrito compromisos internacionales de protección al ambiente y uno de los principios que debe resguardar es el principio precautorio ya citado, según el cual, la prevención debe anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, este principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría nugatoria cualquier acción efectiva que se pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no solo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este es uno de los principios rectores en materia ambiental, la prevención. Con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía; sin embargo se debe procurar un equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho no solo las generaciones actuales, sino también las venideras.(…) Según el análisis practicado al artículo impugnado, el legislador modificó el concepto de bosque a partir del cual se desarrolla la protección, restricciones y permisos otorgados en la Ley Forestal -como es el caso del artículo 28 en cuestión «Excepción de permiso de corta»-, de tal manera que, restringió sin fundamento técnico, el concepto anterior de bosque existente en la ley previo a su reforma. De modo que fueron dejadas sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo como consecuencia que, a través del artículo 28 impugnado, no se requiera de permiso para talar, ni siquiera de inspección previa, que permita asegurar que se trata del supuesto que la norma quiso incentivar, toda plantación forestal, sistema agroforestal o cualquier árbol plantado, quedando expuestas áreas que por su ubicación, cantidad y la función que han ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así las cosas, esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, se produce una inconstitucionalidad por omisión relativa».

4.Efectos de las sentencias declarativas de inconstitucionalidad cuando existe colisión entre derechos adquiridos de buena fe y derechos colectivos de carácter ambiental

A la luz de la sentencia constitucional N.° 2013-10.540 de las quince horas cincuenta minutos del 7 de agosto de 2013, específicamente el voto salvado de los magistrados Fernando Cruz Castro y Gilbert Armijo Sancho, es posible una nueva interpretación evolutiva y finalista respecto a la graduación y dimensionamiento de los efectos de la sentencias declarativas de inconstitucionalidad cuando existe colisión entre derechos adquiridos de buena fe y derechos colectivos de carácter ambiental.

Para los magistrados redactores del voto salvado, si bien es cierto que la sentencia anulatoria puede graduar y dimensionar en el espacio, tiempo o materia su efecto retroactivo, lo cierto del caso es que dicha graduación o dimensionamiento no puede equivaler a que la sentencia no se haya dictado, o a que el derecho o interés lesionado que da lugar a la interposición de la acción quede desprotegido, máxime estando de por medio el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La tesis relevante expuesta en el voto salvado de comentario, criterio compartido en su totalidad por el autor de este artículo, es que no se violan derechos adquiridos cuando están en contra del derecho al ambiente y, específicamente, cuando un derecho presuntamente adquirido se enfrenta a un derecho ambiental de naturaleza colectiva; si el primero pone en peligro la conservación o sostenibilidad del segundo, la Constitución Política protege el derecho ambiental, por razón de los daños irreparables al ambiente.

Ante la lógica del proceso constitucional y sus principios, el carácter declarativo y retroactivo de las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad frente al cual no cabría invocar derechos adquiridos de buena fe, en nada obstaculiza la posibilidad de los titulares de derechos subjetivos de reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos.El voto salvado de comentario nos recuerda que no se debe confundir la imposibilidad de invocar derechos adquiridos de buena fe con la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, que a todas luces sería lo procedente para todos aquellos casos donde están de por medio la salvaguarda de derechos colectivos de carácter ambiental, lo anterior en virtud de que los daños ambientales generalmente son de difícil o imposible reparación en espacio y tiempo.

5. Tutela de nacientes intermitentes

Recalcar la existencia de amparo legal para la protección de nacientes intermitentes, aunque estas se encuentren en dominios privados, fue lo que estableció la Res. 858-F-S1-2012, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En el análisis del caso en particular, los magistrados del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo destacaron que, al tenor de los arts. 149 y 145 de la Ley de Aguas, que hace referencia a las medidas para la conservación de árboles para evitar la disminución de las aguas, lo que procura es que las autoridades del Estado velen por «(…) el estricto cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas» (art. 149) y que, con el fin de evitar la disminución de las aguas: «…Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos» (art. 145).

De esta manera, la Sala Primera consideró lo siguiente: «… la norma no distingue entre manantiales permanentes e intermitentes, por lo que no cabría hacer tal diferenciación a la hora de aplicarla.Se trata de una típica limitación de interés público (artículo 45 de la Constitución Política), que al igual que otras previstas en diversos cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, ha evolucionado el concepto de límites a la propiedad privada, en aras de una tutela real y efectiva de la garantía constitucional (artículo 50 de nuestra Constitución Política) de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco distingue el precepto entre aguas de dominio público y de dominio privado. La norma alude a aguas solamente, sea, al recurso hídrico en general, por lo que la cita de los artículos 1 a 4 de la Ley número 276 no resulta pertinente al caso».

6. Demanialidad de los manglares en zona marítima terrestre

Clarificar que la legislación costarricense sobre la zona marítima terrestre determina que los manglares, al igual que otros recursos costeros, son bienes de dominio público y sobre los cuales no puede alegarse derecho, fue lo que interpretó la sentencia 799-F-S1-2013, de la Sala Primera de la Corte.

Los magistrados del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, tomaron en consideración lo que establece entre otras normas legales, la Ley de Zona Marítimo Terrestre (LZMT) y su reglamento, así como la Ley Orgánica del Ambiente, al efecto resolvieron:

«El canon 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, n.° 6043, (en adelante LZMT) establece que la zona marítimo terrestre: “… se compone de dos secciones: La ‘zona pública’, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ‘zona restringida’, constituida por la franja de ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”. De igual manera, el ordinal 11 de la LZMT, refiere que:”Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional”. Debe agregarse a lo anterior, conforme al mandato 20 de la Ley de cita, que: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial libre tránsito de las personas (…)”. Por su parte, el precepto 39 de la Ley Orgánica del Ambiente n.° 75754 incluye a los manglares en la definición de los recursos marinos y costeros, cuando prevé, que: “Se entiende por recursos marinos y costeros, las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular”. Evidentemente, al tenor de lo dispuesto por la LZMT, la norma de cita equipara también a los manglares con aquellos recursos costeros, como playas, estuarios y las mismas aguas del mar, a los cuales se ha conferido un carácter especial como parte del demanio. En consecuencia, al encontrarse en este inmueble zonas de manglar, a las cuales hace ingreso la marea; de manera inobjetable, se está frente a un bien afectado al dominio público. De suyo resulta también, tal denominación conlleva el carácter de imprescriptible, toda vez que frente a este tipo de bienes «nadie podrá alegar derecho alguno» ni ocuparlo bajo ningún título ni en ningún caso».

A manera de cierre, en palabras de González Ballar:«El Derecho Ambiental tiene una generación de atraso con respecto a los problemas que debemos resolver en la actualidad», por ello requiere de un nuevo abordaje que permita mejorar su efectividad, bajo el replanteamiento y reingeniería de su objeto, funciones, fuentes, principios, institutos y normas. Alcanzar un derecho ambiental eficaz solo será posible a través de una nueva hermenéutica ambiental.

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– PEÑA CHACÓN, Mario: «Los derechos adquiridos de buena fe y sus implicaciones ambientales», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 10, noviembre 2013. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublicacion=19&idedicion=301; en Revista Monfrague, Desarrollo Resiliente, vol. 2, N.° 1, enero de 2014, España. Disponible en: http://monfragueresiliente.com/numero3/indice3.html.

– PRIEUR, Michel: El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental, Bruxelles: Editions Bruylant, 2012.

– VIGO, Rodolfo: «Los principios generales del Derecho», en Revista Jurisprudencia, Argentina, 1986.

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(1) Al respecto, puede consultarse -entre otros- el voto de la Sala Constitucional 2003-3481 del 2 de mayo de 2003.

(2) Disponible en el siguiente enlace web: http://www.mediafire.com/?01unzvz1fyw.

(3) JAQUENOD de ZSÖGÖN, Silvia: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores. S.l., Dykinson, 3.ª ed., 1991.

(4) CAFFERATTA Néstor: «Los Principios del Derecho Ambiental», en Revista de Derecho Ambiental del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, 2009. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.idea.org.py/gfx/espanol/descargas/biblioteca/LOS_PRINCIPIOS_DEL_DERECHO_AMBIENTAL.pdf.

(5) VIGO, Rodolfo: «Los principios generales del Derecho», en Revista Jurisprudencia Argentina, 1986.

(6) CAÑIZA, Hugo Enrique, y MERLO FAELLA, Ricardo: Derecho Ambiental con especial énfasis en la legislación paraguaya. S. l., Marben Editora, 2005.

(7) LORENZETTI Ricardo L.: Las Normas Fundamentales de Derecho Privado. S. l., Rubinzal-Culzoni, 1995.

(8) Citado por SAUX Edgardo: «Los principios generales del derecho civil», LL, 1992-D-839.

(9) Art. 1 del Código Civil y art. 7 de la Ley General de Administración Pública.

(10) GONZÁLEZ BALLAR, Rafael: «Reflexiones para la interpretación de la no regresión», en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano, PNUD, 2013.

(11) PRIEUR, Michel: El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental. Bruselas, Bruylant, 2012.

(12) CAFFERATTA, Néstor: «Orden Público y Paradigma ambiental», en Derecho Ambiental, El Derecho, serie especial, ejemplar del 6/2/2007.

(13) BIBILONI, Héctor Jorge: «El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación. Prueba. Recursos», Lexis Nexis, diciembre 2005.

(14) «El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad». Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2007-17552 del 30 de noviembre del 2007, consid. III.

(15) JIMÉNEZ MEZA, Manrique: «Jurisprudencia Constitucional y Daño Ambiental», Seminario sobre Daño Ambiental, Memoria, Procuraduría General de la República, San José, 2001.

(16) «. como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución».

(17) JIMÉNEZ MEZA, Manrique: «Jurisprudencia Constitucional y Daño Ambiental», en Seminario sobre Daño Ambiental, Memoria, Procuraduría General de la República, San José, 2001. // Cuando exista conflicto entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no prevalece ni uno ni el otro, sino que en cada caso, el que mejor tutele al ser humano.Al respecto puede consultarse las sentencias constitucionales 1993-1786 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993 y 1992-3435 de las 16:20 horas del 11 de noviembre de 1992.

(18) «De las sentencias 719-1990 de las 16:30 horas del 26 de junio de 1990 y 282-1990 de las 17 horas del 13 de marzo de 1990 se desprende por una parte, que el Derecho Internacional es en Costa Rica, inmediatamente operable y aplicable por sí mismo, sin necesidad de leyes u otras normas que los desarrollen o lo hagan aplicable, salvo cuando la misma naturaleza de la norma internacional lo exija; y por otra, que aún en los casos en que esta exigencia sea a texto expreso, la aplicabilidad inmediata del Derecho Internacional de los Derechos Humanos implica que basta con la existencia de otros remedios o, en general, de medios razonablemente aplicables, para que no haga falta ningún desarrollo legal ni institucional». PIZA ESCALANTE, Rodolfo: La Justicia Constitucional en Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2004.

(19) FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: «Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad», en El nuevo paradigma para el juez mexicano. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf.

(20) AGUILAR ROJAS, Grethel, e IZA, Alejandro: Derecho Ambiental en Centroamérica, t. 1. San José, UICN, 2009.

(21) La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo postula lo siguiente:

– Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

– Los seres humanos tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, además de la responsabilidad de velar por que las actividades no causen daños al ambiente de otros estados.

– El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

– Todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Se dará especial prioridad a la situación y necesidades especiales de los países en desarrollo.

– Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y establecer la salud y la integridad del ecosistema de las tierras.

– Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberán reducir o eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles.

– Los estados deberán cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible aumentando el saber científico. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda.

– Los estados deberán cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental.

– Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y a la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

– Los estados deberán cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación o la transferencia de cualesquiera actividades o sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

– Los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades con el fin de proteger el medio ambiente.- Las autoridades nacionales deberán fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina, debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

– D eberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente produzca un impacto negativo.

– Los estados parte deberán notificar inmediatamente a otros estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos estados.

– Los estados deberán proporcionar la información pertinente, o notificar previamente y en forma oportuna, a los estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener efectos ambientales transfronterizos adversos y celebrar las consultas con estos estados en fecha temprana y de buena fe.

– Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo.

– Deberán movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para lograr forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.

– Debido al conocimiento de las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como de otras comunidades locales, estas desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y del desarrollo. Los estados deberán reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.(22) El documento final de la Conferencia fue aprobado el día 19 de junio de 2012 bajo el nombre “El futuro que queremos”.

(23) “Este Tribunal Constitucional ha derivado de los artículos 7, 48, 50 y 89 constitucionales, y los Tratados Internacionales enunciados, los derechos y principios ambientales, pero a la vez, reconoce la necesidad del Estado de contribuir con políticas para impulsar la diversidad económica, a la vez que de conservación y protección de los bienes culturales y naturales, porque sin uno ni el otro, no podría entenderse que existe progreso humano equitativo para todos los sectores sociales». Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N.° 2010-13099 de las 2:56 horas del 4 de agosto de 2010.

(24) Para mayor información, pueden consultarse los ensayos académicos de este mismo autor denominados: «Principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 3, Argentina, febrero de 2012. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1; «La Ley Orgánica del Ambiente y el Principio de No Regresión», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 7, febrero de 2013. Disponible en http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64177&print=2; «Los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 7, febrero de 2013. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2 y «El CAFTA-DR y la prohibición de retroceso ambiental», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 7, febrero de 2013. Disponible en http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2.

(25) «La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.”Prima facie” garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales». Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N.° 1999-644, del 29 de enero de 1999.

(26) BERROS, M. Valeria, y SBRESSO, Luciana: «Primeras señales sobre el principio de no regresión en materia ambiental en Argentina. Un estado de la cuestión», en El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental. Bruxelles, Editions Bruylant, 2012.

(27) «La idea de “mínimo” pone de manifiesto una de las cuestiones más complejas que podría postularse en torno a la no regresión, que es la determinación del “volumen de transferencia” hacia las generaciones futuras. Su delimitación podría oscilar entre la mantención de un mínimo existencial de todo aquello que fuera posible según un juicio de razonabilidad o la consolidación de un máximo a transferir, lo cual da cuenta del riesgo que se corre al consolidar un idea de “mínimo” en lugar de “máximo” a transferir, lo que podría traducirse en términos de un esfuerzo mínimo o máximo en relación con el porvenir». BERROS, María Valeria: «Construyendo el principio de no regresión en el Derecho argentino», en JA,2011-IV, fasc. N.° 13, 2011.

(28) Al respecto, puede consultarse el voto constitucional 2006-17.126.

(29) Votos constitucionales N.°: 2011-14.596 y 2011-16.316.

(30) GONZÁLEZ BALLAR, Rafael, «El aporte del proceso de interpretación en la construcción del derecho ambiental», en Temas de Derecho Ambiental.San José, Investigaciones Jurídicas, 2011.

(31) «En Costa Rica, de conformidad con el art. 7 de la Constitución Política, los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. De conformidad con la reiterada jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los instrumentos ambientales internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad, en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y, por ende, deben ser respetadas en tanto el rango normativo de aquellos es superior. Asimismo, los principios contenidos en Declaraciones Ambientales o “soft law” gozan igualmente de plena ejecutoriedad, y la normativa de rango inferior, llámese leyes, decretos y reglamentos, deben ser acordes a ellos. Además, las regulaciones y principios contenidos en los Tratados y Convenios sobre medio ambiente, incluso los aún no ratificados por la Asamblea Legislativa, son de acatamiento obligatorio. De esta forma, es posible afirmar que los instrumentos internacionales ambientales suscritos por Costa Rica son legislación plenamente aplicable y de exigibilidad judicial directa». PEÑA CHACÓN, Mario: «La exigibilidad judicial directa del Derecho Internacional Ambiental», en Revista Jurídica Lex difusión y análisis, año 7, N.° 94, México, abril de 2003.

(32) CIDH: «Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales», en CIDH. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm.

(33) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N.°: 11.088, del 21 de agosto de 2013.

(34) Votos constitucionales N.° 14.293-2005, 17.126-2006, 2063-2007, 3684-2009, 75-2010, 21.258-2010, entre otros.

(35) Votos constitucionales: 1998-7294, 1999- 2988, 2012-1963.

(36) Votos constitucionales: 2012-964, 2007-8210-, 2011-3744, 1998-7294 y 2010-13099.

(37) GONZÁLEZ BALLAR, Rafael: op. cit.

(38) Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública.

(*) Profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de las Maestrías de Derecho Ambiental y Derecho Público Comparado Franco-latinoamericano del Sistema de Estudios de Posgradose la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su correo electrónico es mariopenachacon@gmail.com.

N. de la R.: Este artículo es producto del Proyecto de Investigación denominado «Las clínicas del Derecho Ambiental y Gestión de Riesgos Climáticos a través de una cultura jurídica de la sostenibilidad y no regresión», inscripto ante la Vicerrectoría de Investigación y ante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica bajo el código 722-B3-193.