Cobro de mayores costos en el contrato de locación de obra ante la demora del locatario en entregar los materiales comprometidos

Partes: Propio S.R.L. c/ Constructora San José S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 30-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111559-AR | MJJ111559 | MJJ111559

Procedencia del cobro de mayores costos en el contrato de locación de obra ante la demora del locatario en entregar los materiales comprometidos.

Sumario:

1.-Corresponde reconocer a la actora los mayores costos que tuvo a raíz del atraso en el que su contraparte incurrió en la entrega de los materiales necesarios para el cumplimiento de la obra pactada, al estar acreditado que con tal motivo aquella realizó trabajos adicionales no previstos en los contratos originales y que debió contratar personal que le permitiera entregar su obra en el plazo sí previsto, por lo cual no puede considerarse que la contratación del personal sea ajena a la demandada, desde que fue el medio del que la actora tuvo que valerse a efectos de superar la demora de su contraria.

2.-Es procedente el reclamo efectuado por el locador de obra en relación al pago de trabajos cumplidos en el marco del contrato, en tanto su realización fue acreditada mediante prueba pericial y, asimismo, la accionada omitió contestar la misiva que contenía la intimación de pago, lo cual es un elemento inconciliable con la actitud que corresponde esperar de una empresa que dado su carácter profesional tiene la carga de proceder en forma diligente, lo que autoriza a considerar impropio que, frente a un requerimiento de esa especie, haya guardado silencio.

3.-Corresponde confirmar la sentencia que reconoció a la sociedad actora el derecho a obtener la restitución de los fondos que le habían sido retenidos en garantía en el marco de un contrato de locación de obra, pues a tales fines la accionada afirma haber realizado observaciones al trabajo de la actora más ni siquiera menciona los argumentos que el magistrado expuso para concluir que la obra encomendada fue correctamente cumplida por la actora y recibida de conformidad por la apelante.

4.-Cabe confirmar la sentencia que admitió la pretensión del locador de obra de percibir el pago de trabajos no previstos en el contrato de locación de obra ya que la demandada no se hace cargo del hecho de que esos rubros fueron admitidos porque ella decidió encomendarlos a su adversaria sin ajustarse al mecanismos previsto a tales fines, dejando después impagos los trabajos respectivos pese a haber también consentido la deuda al no haber impugnado las facturas que le fueron remitidas con tal motivo.

Fallo:

En Buenos Aires a los 30 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer en los autos “Propio S.R.L. c/ Constructora San Jose S.A.” (Expediente Nº 8173/2012; Juzgado Nº 25, Secretaría Nº 49) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 573/636?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La Sentencia.

La sentencia de fs. 573/636 hizo parcialmente lugar a la demanda promovida por Propio S.R.L. contra Constructora S.A.a causa del incumplimiento -que la actora reprochó a la demandada- de los contratos celebrados entre ambas partes, individualizados en el escrito inaugural.

Tras referir el contenido de las diversas cláusulas de esos contratos, el sentenciante arribó a la conclusión de que las partes habían celebrado sendos contratos de locación de obra bajo la modalidad denominada “por ajuste alzado” de carácter relativo pues, junto a la determinación de un precio global que sería inalterable, había sido prevista la posibilidad de introducir trabajos adicionales e imprevistos que se presentaran durante la ejecución.

Tuvo por cierto, a la luz de los elementos que ponderó, que “Propio” había realizado los trabajos que por tal vía le habían sido encomendados por la demandada -confección de cortinados y de tapicería para el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires- y que ellos habían sido aprobados por el director de obra que mencionó, como así también que tal obra había sido recibida de conformidad.

En función de ello, y tras considerar que la demandada no había utilizado el fondo de garantía que había sido constituido a los efectos previstos en los convenios, estimó que los fondos respectivos debían ser reintegrados a la actora, por lo que hizo lugar a este rubro del reclamo.

También admitió el derecho de la demandante a obtener el cobro de las facturas que indicó.

Para así decidir, tuvo en consideración que esas facturas habían sido recibidas por la demandada, que no las había impugnado.

En consecuencia, y dado que los trabajos adicionales que habían generado la aludida facturación habían sido probados, resolvió del modo adelantado.

No soslayó el magistrado lo dispuesto en los contratos acerca del mecanismo que las partes debían observar a efectos de habilitar reclamos de esta especie, ni soslayó tampoco que ese mecanismo no había sido cumplido.

No obstante, estimó que la efectiva concreción de esos trabajos adicionales -que, reitero, tuvo por probados en función de los elementos que ponderó-, habilitaban a tenerpor superada la aludida omisión.

En cambio, consideró que el cobro de los trabajos que “Propio” alegó haber realizado sin facturar, no podía prosperar.

Así concluyó en razón de que, precisamente, la pretensora había omitido la aludida facturación, lo cual le hubiera exigido acreditar por otro medio no sólo la efectiva concreción de esos trabajos, sino también su precio y las demás condiciones que su adversaria habría convalidado según había sido expresado en la demanda.

Estimó que el peritaje arquitectónico producido a fs. 352/69 no alcanzaba para superar el déficit probatorio de referencia, que sólo hubiera podido dispensarse si la actora hubiera emitido las facturas respectivas de las que resultare el precio indicado.

Rechazó la posibilidad de reemplazar la eficacia de esas facturas por las planillas de ampliación de los respectivos contratos suscriptos por las partes, pues esas planillas no contaban con la firma de la demandada.

También desestimó la eficacia probatoria de las facturas que “Propio” había librado a fin de instrumentar los vínculos contractuales que -según ella misma- se había visto obligada a celebrar con terceros.

Concluyó de este modo en tal punto, por estimar que esos contratos eran ajenos a la demandada y que no se había comprobado que ésta hubiera prestado su consentimiento para la subcontratación de terceros en los términos previstos en la cláusula novena de los convenios determinantes del litigio.

Distribuyó las costas del proceso entre las partes, imponiendo un 75% de ellas a cargo de la demandada y un 25% a cargo de la actora.

II. Los recursos.

1. La sentencia fue apelada por ambas contendientes.

La demandada expresó agravios a fs. 691/8, los que fueron contestados por la actora a fs. 716/17.

De su lado, esta última hizo lo propio a fs. 699/710, recibiendo la contestación que obra a fs. 719/22.

2.La demandada solicita que la sentencia sea revocada y, en consecuencia, que se rechacen los rubros admitidos en ella.

Cuestiona el reconocimiento del importe reclamado en concepto de fondo de garantía porque el sentenciante omitió considerar que su parte había efectuado observaciones a las obras realizadas por la actora.

Afirma que, pese a que el juez anunció que se encargaría de tratar el cuadro que su parte había elaborado acerca de las tareas a cargo de “Propio” respecto de las cuales no había prestado conformidad, con posterioridad no hizo referencia alguna de ese cuadro.

También se queja de que el magistrado haya reconocido a la actora el derecho a cobrar las facturas más arriba referidas.

Así lo hace por considerar que esa decisión contradice lo estipulado por las partes, en cuanto previeron en forma expresa que la exigibilidad de los pagos de esta especie se encontraba condicionada al mecanismo que menciona.

Expresa que los mismos contratantes dejaron establecido que si no se obtenía el documento resultante de aplicar tal mecanismo, la subcontratista carecería de derecho a exigir importe alguno derivado de trabajos, instalaciones u obras adicionales que no estuviesen contemplados en los contratos.

Tras hacer consideraciones acerca de los principios que rigen la materia contractual, concluye que ellos no fueron respetados por el magistrado a quien le reprocha haberse inmiscuido en el seno de contratos que no contenían ningún vicio.

Finalmente, se agravia del modo en que fueron distribuidas las costas.

3.De su lado, “Propio” se queja de que el señor juez de primera instancia haya rechazado su derecho a cobrar los rubros identificados bajo la mención “trabajos efectuados y no facturados”.

Afirma que se trata de tareas que su parte se vio obligada a realizar por pedido directo de la demandada o como recurso extremo para cumplir las exigencias previstas en los contratos de marras.

Sostiene que la diversidad de situaciones incluidas bajo este rubro exigía un análisis particular de cada una de ellas, que fue omitido en la sentencia.

Trae a la memoria el contexto dentro del cual su parte se vio obligada a realizar estos trabajos bajo modalidades que cataloga como sui generis.

De ese contexto surge, según sostiene, que la demandada entregó a su parte el material necesario para el trabajo mucho tiempo después del que había sido previsto, lo cual colocó a la actora en la necesidad de acelerar el ritmo de la obra en forma inusitada y de arbitrar medidas excepcionales.

Afirma que era normal que, ante la situación planteada, se encomendaran trabajos adicionales, todo lo cual fue reconocido por el gerente general de esa obra al producir su testimonio de fs.333/5.

Sostiene que tampoco se negó la efectiva realización de esos trabajos, sino que el rechazo del reclamo se sustentó, exclusivamente, en que, al no haber su parte emitido facturas por ellos, tampoco había sido probado su precio, lo cual importa una solución que critica por las razones que expresa.

Explica que la inédita magnitud de la obra implicada en el reacondicionamiento y reapertura del Teatro Colón era incompatible con las demoras que reprocha a la demandada en la entrega de las telas necesarias para el retapizado y entelado que habían sido encomendados a su parte, demoras que no sólo se produjeron en este aspecto, sino que se extendieron prácticamente a todos los rubros, generando sucesivas prórrogas.

Afirma que la práctica frecuente y habitual fue que se realizaran ajustes, observaciones y pedidos a todos los contratistas, y que su parte había sido permanentemente monitoreada por la demandada, que le había exigido esos reajustes y cambios.

Sostiene que ella no podía resistir la implementación de los trabajos adicionales o suplementarios que le fueron exigidos, so pena de ubicarse en una postura de enfrentamiento que su contraria sancionaba con la falta de aprobación y pago de las facturas.

Afirma también que la presión impuesta por las circunstancias y la necesidad de entregar las obras en tiempo dieron a éstas un carácter dinámico que imponía encontrar soluciones prácticas e inmediatas a los distintos desafíos.

Ello motivó que su parte accediera a cumplir con pedidos adicionales y que debiera subcontratar personal temporario a efectos de poder cumplir con esos trabajos complementarios.

Reitera que la ausencia de facturas no puede derivar en un desconocimiento de sus derechos, como se hizo en la sentencia.

Así lo afirma, pues, si bien su parte no libró esas facturas, en la causa sobran elementos para probar aquello que el sentenciante consideró no probado a causa de esa omisión que reprochó a su parte.

En lo que respecta al trabajo vinculado con el llamado “excedente de entelado”, expresa que se encuentra probado que a su partese le encomendó ese excedente respecto del metraje cúbico originariamente previsto, que da cuenta de que hay un faltante de 23,4 metros cúbicos que fue trabajado y entregado pero que no alcanzó a ser facturado.

En tales condiciones, entiende que la fijación del precio pendiente de pago es bien sencilla dado que el precio por metro cuadr ado es el mismo que sí se cobró y se facturó.

Se queja, asimismo, de que no se haya reconocido su derecho a cobrar el precio del trabajo que realizó tras comprobarse el deficiente mecanismo de la apertura automática de los cortinados que refiere.

Expresa que ante esa situación se requirió a su parte el desmonte de todo el sistema, su corrimiento en cinco centímetros y su nuevo montaje, todo lo cual no puede considerarse que haya sido llevado a cabo en forma gratuita.

Afirma que los trabajos fueron realizados y aprobados por la demandada, que no contestó la carta documento que al efecto de cobrarlos le fuera enviada.

Por las mismas razones se agravia de que el a quo haya desconocido su derecho a cobrar la suma de $ 960 reclamada en concepto de “provisión de presillas para las cortinas” y de la suma de $ 8760 por los trabajos y las provisiones identificadas bajo el rubro “contorneo tapa metálica con entelado y provisión y colocación de tapa de cartón forradas con brocato”.

Se queja también de que le haya sido rechazado el reintegro de los importes que su parte debió abonar por la contratación de personal que le permitiera cumplir con los plazos convenidos, proporcionando los elementos que habilitan a tener por acreditados esos mayores costos y la responsabilidad que cupo a la demandada en su generación.

Finalmente, se agravia del modo en que fueron distribuidas las costas.

III. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, no es hecho controvertido que las partes celebraron los contratos descriptos en la demanda.

Lo controvertido es, en cambio, si esos contratos fueron o no debidamente ejecutados por la demandada, extremo que la actora negó y con sustento en el cual promovió esta acción, reclamando el reconocimiento de varios rubros, que sólo fueron admitidos por el juez de primera instancia en los términos que surgen de la sentencia más arriba reseñada.

Esa admisión parcial provocó agravios de las dos partes enderezados a obtener, bien que en sentido contrario entre ellas, la revocación de tal sentencia.

2. A mi juicio, el recurso de la demandada se encuentra desierto en los términos del art. 265 del Código Procesal.

Cabe recordar, en ese sentido, que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación por el tribunal de alzada.

Esta crítica debe ser concreta y razonada: crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que con la expresión “razonada” se alude a la necesidad de que se proporcionen los fundamentos y las bases que demuestren el error de la sentencia (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).

La presentación bajo examen no cumple con los aludidos recaudos, toda vez que la apelante se ha limitado a reiterar los argumentos proporcionados en la primera instancia sin adicionar ninguna otra precisión destinada a descalificar las conclusiones a las que se arribó en el decisorio (esta Sala, “Bocel S.A. c/ Provincia Seguros S.A. s/ Ordinario” , 14.5.13; íd. “Tecnocom San Luis S.A. y otro c/ Megatom S.A. y otros s/ Ordinario” , 25.6.13; íd. “S.I.G.S.A. S.A. c/ ABC Vial S.R.L.s/ ordinario”, 3.6.14).

La recurrente ha reproducido literalmente lo que ya había expuesto en la contestación de demanda, sin hacerse cargo de los argumentos que llevaron al sentenciante a rechazar la idoneidad de la defensa, lo cual demuestra, según mi ver, la deserción del recurso.

Nótese, en tal sentido, que, para criticar la decisión del juez de reconocer a “Propio” el derecho a obtener la restitución de los fondos que le habían sido retenidos en garantía, afirma haber realizado observaciones al trabajo de la actora y reprocha al sentenciante no haberse ocupado de tratar el cuadro presentado al contestar, pero ni siquiera menciona los argumentos que el magistrado expuso para concluir que la obra encomendada a la nombrada había sido correctamente cumplida por ésta y recibida de conformidad por la apelante.

Esa omisión demuestra lo dicho: el recurso se encuentra desierto en este punto, pues han quedado firmes los fundamentos -serios y comprobados en la causa- que el juez utilizó a los efectos recién vistos, que se vinculaban con lo que era dirimente para decidir si la actora tenía o no el derecho que me ocupa.

Y lo mismo ocurre con el restante reclamo admitido.

La demandada pretende que el sentenciante se apartó del mecanismo convenido para reconocer a la contratista rubros que no estuvieran previstos, sin hacerse cargo de que esos rubros fueron admitidos porque la propia apelante decidió encomendarlos a su adversaria sin ajustarse al aludido mecanismo, dejando después impagos los trabajos respectivos pese a haber también consentido la deuda al no haber impugnado las facturas de referencia.

Nada de esto ha sido siquiera mencionado en la expresión de agravios que trato, lo cual es suficiente para confirmar la sentencia.

3. Sentado ello, paso a ocuparme de tratar el recurso de la actora.Los agravios que la nombrada presenta se vinculan con el rechazo de los rubros que su parte especificó en la demanda y que, en general, describió a través de un dato que en común presentan, cual es que ellos derivan de trabajos recibidos por la demanda y no facturados.

A mi juicio, el recurso debe ser íntegramente admitido.

Por lo pronto, esa solución se impone a la luz de la contestación de la demanda, de la que extraigo dos datos que me permiten fundar el parecer adelantado.

Me refiero, por un lado, a que la emplazada no negó puntualmente -salvo excepciones que no interesan- la documentación acompañada por su contraria, sino que expresó una negativa general incompatible con la carga que, en sentido contrario, le imponía el artículo 356 inc. 1 del Código Procesal.

Y, por el otro, también me refiero al contenido, no ya omisivo sino dotado de expresa aseveración, que exhibe la contestación de la pretensión de la actora que genera estos agravios.

Esa contestación obra a partir de fs. 236 vta. y siguientes, ocasión en la que la demandada expresamente adujo:

“.Mi parte no se explayará sobre el punto por resultar totalmente improcedente la pretensión y la justificación dada por la actora la cual dejo a exclusiva consideración de S.S.” (sic.)

Eso fue todo, dado que, lo demás que la defensa invocó se vinculó sólo con los mayores costos por la subcontratación del personal (ver fs. 237), de los que me ocupo más abajo.

Como es claro, esa contestación carece de toda conducencia en los mismos términos rituales que acabo de mencionar.

Y ello ocurre con tal evidencia que la sola transcripción del párrafo reseñado -en el que la nombrada agotó su “defensa”- bastaría para considerar procedente este tramo del reclamo.

Sin perjuicio de ello y a solo título de mayor abundamiento, he de expresar los motivos por los cuales el recurso es procedente.

4.En primer lugar hay que destacar que, en sustancia, el desarrollo argumental de la defendida sólo transitó por cuestiones formales y no, en cambio, por la efectiva recepción de los trabajos adicionales cuyo pago es reclamado por la actora.

Esas alegaciones sólo remiten al modo que se habría utilizado -o dejado de utilizar- para formalizar la contratación de tales adicionales, pero no cuestionan la contratación en sí misma, que, como lo establecía el art. 1137 del código civil derogado -aplicable al tiempo de los hechos- existía (y sigue existiendo) a partir de que los concertantes se ponían “.de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.” (Conf. C.N.Com., esta Sala, “Bivas Sara Adela c/ Administrar Salud S.A.” del 28/12/2017).

Si ese concierto de voluntades acaece, hay contrato; y, si él es ejecutado, todo lo vinculado a las formalidades pasa a segundo plano.

Así lo disponía el art. 1.191 del código recién citado al aclarar que: “.Los contratos que tengan una forma determinada por las leyes, no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prescrita, a no ser que. una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato.” (sic).

Si esto era -y sigue siendo- así para los contratos que tenían una formalidad exigida por la ley, con mayor razón debe eso aceptarse para los convenios que, como el que me ocupa, son puramente consensuales y no sujetos a ninguna de esas formalidades legales.

No ignoro que los contratos que me ocupan sí previeron el mecanismo que invoca la actora, pero, como es obvio, si ésta misma se apartó de ese mecanismo y en tales condiciones encargó a la actora los trabajos que me ocupan, forzoso es concluir que mal puede hoy negarse a pagarlos invocando aquel argumento que sólo exhibe una contradicción con sus propios actos.

5.Sin perjuicio de los argumentos que acabo de exponer -que valen para todos los rubros reclamados-, paso a ocuparme de explicar las razones por las cuales no comparto las razones que llevaron al señor juez de grado a rechazar los adicionales reclamados.

En lo que se vincula al primero de los agravios -referido al rechazo del pago del rubro indicado como “excedente de entelado”- es del caso destacar que el precio individual del metro cuadrado del material involucrado surge de la factura copiada a fs. 83, factura que no sólo fue reconocida sino que motivó la condena pronunciada en contra de la demandada, que ha quedado firme.

En esa factura se dejó establecido que el precio de tal metro ascendía a la suma de $ 125, de modo que asiste razón a la actora en cuanto a que, comprobado que su parte proveyó 23,4 metros adicionales, forzoso es concluir que existe pendiente de pago la suma de $ 2.925.

Por tales razones, he de proponer a mi distinguido colega que la sentencia que me ocupa sea revocada en este punto y se condene a la demandada a pagar esa suma con más los intereses fijados en esa sentencia.

6. La misma suerte favorable debe correr el agravio vinculado con el trabajo de desmonte de las cortinas que refiere la apelante.

La realización de tal desmonte y su corrimiento fue acreditada mediante el peritaje arquitectónico producido en autos (ver, en especial, lo expresado por el perito a fs. 366).

Ese trabajo debe tenerse por aceptado por la demandada, dado que ésta no acreditó haber realizado a su respecto ninguna observación.Si esto es así, claro resulta concluir que, como sostiene la apelante, esa labor no fue gratuita, por lo que, si la demandada pretendía que su precio era diferente del que había sido indicado por la actora, lo menos que hubiera debido hacer, era aportar los elementos que dieran cuenta de un distinto valor convenido o, en su defecto, que explicaran cuál era el precio que debía considerarse justo.

Ninguna de esas conductas fue seguida.

En tales condiciones, encuentro dirimente el hecho de que la actora haya enviado a su contraria una carta documento el día 08.10.2010 requiriéndole el pago de la suma de $ 3.600 por tal concepto, y que esa carta no haya sido contestada.

En este último sentido, esta Sala ha sostenido que la omisión de contestar una misiva de esa índole es elemento inconciliable con la actitud que corresponde esperar de la demandada, toda vez que, dado el carácter profesional que en razón de su organización cabe atribuirle, pesa sobre ella la carga de proceder en forma diligente, lo que autoriza a considerar impropio que, frente a un requerimiento de esa especie, la aludida sociedad haya guardado silencio (ver fallo de esta Sala recaído en “Instituto Cardiovascular Infantil S.A. c/ Organización Médica y Sanatorial Argentina S.A.” del 24.04.13; en el mismo sentido, CNCom, Sala A, “Artemis Construcciones SA c/ Diyon SA y otro s/ ordinario” del 21.11.00).

Por tales razones, es mi parecer que el pronunciamiento también debe ser revocado en este punto a efectos de reconocer a la quejosa el derecho de cobrar la aludida suma de $ 3.600 con más los mismos intereses.

7.En cuanto al reclamo de la demandante vinculado con la provisión de presillas para las hojas de cortina, vale destacar que, además de que el razonamiento argumental vertido en el punto anterior también es aplicable en este punto, debe tenerse en consideración aquí que este encargo fue aprobado por “Constructora” según correo electrónico de fecha 09/08/2010 que obra a fs. 103 y que, como surge de peritaje arquitectónico producido en autos, el referido trabajo fue realizado (ver fs. 366).

Por tales razones, estimo procedente hacer lugar al agravio y reconocer a la actora el derecho a cobrar por el concepto señalado la suma de $ 960, con más los mismos intereses.

8. Igualmente acreditado se encuentra el rubro identificado en el punto d) de la expresión de agravios; rubro que fue reclamado también mediante la misma carta documento no respondida y, en lo que aquí interesa, fue referido en los correos electrónicos de fecha veintisiete de enero y del trece de abril del año dos mil diez.

A este respecto, es del caso destacar que, si bien no ha sido acreditada la aprobación del presupuesto por la suma de $ 8.760 obrante a fs. 105, estimo razonable reconocer en esa suma -más esos intereses- el rubro que motiva este reclamo debido a que su implícita admisión por la vía de no contestar esa misiva se encuentra ratificada a la luz de lo expresado al contestar la demanda, ocasión en la cual la demandada sólo efectuó una negativa meramente general de la documentación, sin negar la autenticidad del instrumento en el que fuera elaborado tal presupuesto.

8.Finalmente, tal como lo adelanté, también encuentro razón a la quejosa en lo vinculado a su derecho de cobrar los mayores costos que tuvo a raíz del atraso en el que su contraparte incurrió en la entrega de las telas.

En efecto, como surge de lo aquí expuesto y de la misma sentencia apelada, se encuentra comprobado que la actora realizó trabajos adicionales que no se encontraban previstos en los contratos originales.

Según explicó la quejosa, la necesidad de llevar a cabo esos trabajos no previstos, le exigió contratar personal que le permitiera entregar su obra en el plazo sí previsto.

Esa contratación fue probada mediante la prueba informativa obrante a fs. 303 y a fs. 305, que da cuenta de la autenticidad de las facturas acompañadas por la actora a este efecto y de los documentos a los que allí se hizo mérito.

En tales condiciones, no puede considerarse que la contratación del personal de que aquí se trata sea “ajena” a la demandada, desde que esa contratación no fue sino el medio del que la actora tuvo que valerse a efectos de superar la demora en la que había incurrido la demandada. Por tales razones, concluyo que debe reconocerse a la nombrada, por el concepto recién referido, la suma de $ 44.866 con más los mismos intereses fijados en la sentencia.

9. De cuanto llevo dicho se infiere que el último de los agravios de la actora -vinculado con la forma en que fueron distribuidas las costas- también debe ser admitido, lo cual importará el rechazo del mismo agravio que su contraparte planteó en sentido contrario.

Así cabe concluir si se atiende a que, si mi voto fuera compartido por mi distinguido colega, la demanda habría de prosperar íntegramente, sin que existan razones que justifiquen apartarse del principio general que en esta materia establece el art. 68 del Código Procesal.

IV. La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:a) rechazar el recurso de la demandada; y b) hacer lugar al de la actora, revocando parcialmente la sentencia apelada a efectos de reconocer a esta última el derecho a cobrar las sumas que resulten de aplicar las pautas precedentes. Costas de ambas instancias a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin y Julia Villanueva.

Ante mí:

Rafael F. Bruno.

Es copia de su original que corre a fs. 120/7 del libro de acuerdos N° 59 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: a) rechazar el recurso de la demandada; y b) hacer lugar al de la actora, revocando parcialmente la sentencia apelada a efectos de reconocer a esta última el derecho a cobrar las sumas que resulten de aplicar las pautas precedentes. Costas de ambas instancias a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario