La posibilidad constante de juzgar nuevamente aquello que se creía definitivo, afecta la eficacia del sistema de justicia

Partes: O. G. c/ P. S. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 11-may-2018

Cita: MJ-JU-M-110871-AR | MJJ110871 | MJJ110871

Responsabilidad del letrado patrocinante por haber dejado perimir la instancia en el proceso llevado a su cliente reclamante. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Si se acredita que el juicio perimió pesa sobre el letrado la carga de desvirtuar la presunción de culpa, la cual no puede sustentarse simplemente en la falta de cooperación de su ex cliente, sino en la existencia de una razón debidamente justificada que le hubiera impedido apartarse del patrocinio con anterioridad al vencimiento de un plazo de perención.

2.-La circunstancia de carecer de poder para actuar no libera al abogado de su responsabilidad como patrocinante, por las consecuencias que su inactividad procesal acarrea cuando ocurre la caducidad de la instancia

3.-La dirección letrada de un proceso no es en todos los casos una obligación de medios, dado que en ciertas circunstancias el deber que asume el letrado es de resultado, se produce en ese caso una inversión de la carga probatoria, ya que el abogado se obliga a realizar todos los actos procesales de su específica incumbencia.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a once días de mayo de dos mil dieciocho, reunidas en la Sala de Acuerdo las Juezas de Cámara Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 250.248/53.124, caratulados “O.G. C/ P.S. Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, originarios del Quinto Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, venidos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la demandada S.P. a fs. 310 y por el demandado A.D.E. a fs. 312, contra la sentencia de fs. 296/308.

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estudio: Miquel, Isuani, Orbelli.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Silvina Miquel dijo:

I. En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. R. G. O. en contra de los demandados Dres. S. B. P. y A. D. E. E. La demanda prosperó por la suma de pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000), con más intereses. Se impuso costas y se reguló honorarios.

En su sentencia, la juzgadora valoró las constancias del expediente nº 117.707, “O. R. c/ Ghilardi Andrés y ots. p/ D. y P.”, originario del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas y, seguidamente, expuso los lineamientos teóricos de aplicación al caso. Adujo, en síntesis, que: 1) la relación jurídica entre el abogado y su cliente se desenvuelve en el plano contractual; 2) el art. 1870, inc. 6, Cód. Civ.dispone que la figura del mandato es de aplicación al caso de poder general o especial para juicios; 3) el abogado que actúa como mandatario asume una prestación de resultado con relación a los actos procesales de su específica incumbencia, sin que sea necesario probar su culpa, sino sólo la frustración del resultado, tal como sucede si no deduce en término los recurso pertinentes, o se deja producir la caducidad o perención de la instancia; 4) el abogado que actúa como patrocinante se limita a aconsejar a su cliente y a conducir el litigio bajo su dirección, de la manera que considere más conveniente, en defensa de los intereses de la parte, pero no puede asegurar el éxito en el juicio; sin embargo, las obligaciones resultantes de tal participación no se circunscriben a preparar escritos que deben llevar su firma, sino que implican la asunción de la plena dirección del proceso y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera hasta su total terminación.

Seguido de tales lineamientos expuso que, en principio, la obligación del abogado como asesor jurídico de su cliente es de medios, por lo que no cabe atribuir al profesional las consecuencias adversas, salvo que se acredite que ha mediado una conducta negligente, culposa, es decir, que el abogado no cumplió su tarea con un cuidado razonable, conforme el buen sentido y la prudencia; añadió que, en el caso del mandatario, la ley le impone deberes que son típicas obligaciones de resultado, por lo que a su respecto bastará con la prueba de la objetiva frustración del resultado esperado.

Alumbrada por tales parámetros analizó las defensas ensayadas por los demandados.

En primer lugar, consideró la deducida por el Dr. E., quien afirmó que su obligación era de medios y no tenía deber de instar el proceso. Frente a ello, dejó en claro la juzgadora que la calidad de patrocinante no excluye la responsabilidad por errores que impliquen negligencia inexcusable.Añadió que en determinados supuestos por ejemplo en los casos de caducidad de instancia la culpa surge de los propios hechos y que, en casos que impliquen en general activar el procedimiento en la forma prescripta por la ley (presentar escritos correspondientes, asistir a las audiencias que se celebren, interponer los recursos contra resoluciones adversa a su parte), el profesional está obligado a un verdadero resultado respecto de la realización de los actos procesales de su específica incumbencia. Dijo también que, en dicho ámbito, se produce una inversión de la carga de la prueba, es decir, es el abogado quien debe demostrar que la situación encuadra en uno de los supuestos no imputables.

Además, desestimó el argumento expresado por el Dr. E., relativo a que no existió relación contractual directa o indirecta con el actor. Adujo que el profesional no acreditó dicha circunstancia, que el actor aparece ratificando la actuación de dicho abogado y que el letrado retiró dos cédulas con urgencia para traslado en el expediente n° 117.707 (fs. 50 vta.), lo que demuestra su intención de asumir la dirección del proceso.

Remarcó que los hechos invocados por la demandada, relativos a una falta de colaboración del cliente para seguir llevando el proceso adelante o a la conducta profesional seguida ante la ausencia del aquél (citación fehaciente, renuncia de la abogada en el expediente judicial), no fueron demostrados. Expuso que la conducta atribuida por los accionados al actor (la demanda se interpuso a escasos días de la prescripción, el actor antes recurrió a varios abogados, presentó documentación muy cercana a la fecha de la prescripción o fue remiso en aportar prueba), no incide en la cuestión litigiosa, porque no se analiza un supuesto de responsabilidad por errores en la confección de la demanda u ofrecimiento de prueba, sino por caducidad de la acción instada.

Negó, a su vez, que la demandada haya logrado demostrar que el Sr. O. fue moroso en comparecer al estudio.Indicó que, aun cuando eso hubiera ocurrido, la cuestión no tiene relevancia, porque no se alegó ni probó una imposibilidad de continuar con el proceso adelante. Apuntó que, luego del acto útil de fecha 05/03/2010 (fs. 87 del AEV), recién se solicitó correr traslado de la contestación en fecha 21/08/2.011.

Descartó en lo sucesivo que se haya justificado que los abogados no tenían escritos ratificatorios. Señaló que, cuando se litiga con ratificaciones, es práctica judicial requerirle al cliente la confección de más de un escrito; observó que, al momento de plantearse el incidente, solamente se habían acompañado dos escritos ratificatorios, el de la demanda, y el de fs. 89, para ratificar la presentación de fs. 88, que fue realizada tardíamente, luego de un año y cinco meses de inactividad procesal absoluta. Tuvo en cuenta que los letrados tampoco apelaron la resolución que declaró la caducidad de la instancia, ni intentaron demostrar errores de juzgamiento de la mencionada resolución.

Finalmente, desestimó el argumento relativo a que la presentación en el expediente del actor con nuevo letrado, impidió dar continuidad a la causa e intentar la perención del incidente. Negó la existencia de algún impedimento para que los accionados dedujeran tal incidencia después del año a contar desde la resolución que declaró la caducidad de la instancia (en fecha 13/12/2011), y antes de la intervención del nuevo abogado, que se produjo recién en fecha 25/02/13. Destacó que el hecho de que no se haya anoticiado el cambio de abogado no tiene incidencia en esta causa.

Concluyó en que, tanto la responsabilidad por la perención de la instancia de la abogada que invocó la representación del actor y acompañó escritos de ratificaciones (Dra. S. B. P.), como la del abogado patrocinante (Dr. A. D.E.) surge clara, por tratarse de actos procesales de su específica incumbencia en el primer caso, o por asumir la dirección del proceso en el segundo, en tanto la obligación de impulsar el procedimiento en la forma de ley es de resultado y la declaración de caducidad es una demostración de que no se cumplió con ello. Insistió en que ninguno de los demandados demostró la ocurrencia de alguna circunstancia que los exonere de responsabilidad, cuando se encontraba acreditado el incumplimiento y la negligencia de los mismos.

Seguidamente, entró en la consideración de los rubros indemnizatorios reclamados.

En la medida de los agravios cabe hacer referencia a que, en primer lugar, la magistrada analizó el reclamo por “pérdida de chance”. Explicó que el valor a indemnizar consiste en la pérdida de la probabilidad (frustración de la chance) y no en la ganancia malograda; por ello, aseguró que en autos deben valorarse tanto el reclamo trunco por la conducta del abogado como el grado de probabilidad de éxito del planteo intentado. Bajo tales pautas especificó que no procede reconocer como indemnización la suma reclamada en la demanda frustrada (como pretende el accionante), toda vez que el monto depende de circunstancias ajenas al abogado y no puede saberse a ciencia cierta si el cliente hubiera obtenido la totalidad de lo reclamado. Agregó que el grado de posibilidad que tiene un litigante de ganar un juicio es más difícil de fijar si la perención de instancia se produce cuando recién se ha trabado la litis, sin que se haya ha rendido la totalidad o parte de la prueba.

Conforme estos lineamientos, efectuó la valoración de la prueba y resumió que, en concepto de pérdida de chance, corresponde otorgar al reclamante la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000), que representa el 60% de lo reclamado en la instancia caduca.Dijo que, por tratarse de una responsabilidad contractual, y, en principio, simplemente mancomunada, cada demandado debe responder en partes iguales.

Rechazó, en adelante, el daño emergente solicitado por el actor ($ 22.675,10), representado por el importe de las costas impuestas al accionante, derivados de los honorarios regulados en la resolución que declaró la caducidad de la instancia.

A su turno, admitió el reclamo por daño moral, que justipreció en la suma de $ 10.000 (art. 90 inc. VII del CPC), conforme los fundamentos que expuso.

Determinó que corresponde imponer las costas por lo que prospera la acción a los demandados por resultar vencidos, en forma simplemente mancomunada y en parte s iguales, por cuanto así han sido condenados. (art. 35 y 36 del CPC) y las costas del rubro daño emergente (honorarios), en el orden causado.

Aclaró que no se regulan honorarios a los demandados que actuaron en causa propia, en la parte que fueron condenados en costas, por lo que prosperó la acción y en el orden causado, en función del artículo 28 de la LA.

Finalmente, desestimó el planteo formulado por la parte demandada, quien solicitó que se impongan las costas a la actora por los rubros que fueron reducidos en sus montos y prosperaron parcialmente, con sustento que la pretensión de $ 169.584,27 es exagerada y sin fundamento fáctico jurídico y se calcularon intereses de la tasa activa, cuando la práctica tribunalicia aplica la ley 4087. Al respecto, la Jueza de grado dijo no observar rasgos de inexcusabilidad o irrazonabilidad en la petición, y que el monto ha sido fijado según la discrecionalidad del juzgador. Citó jurisprudencia.

II. A fs. 316/321 el Dr. A. D. E. expresa agravios.

Considera el apelante que la sentencia apelada es arbitraria, porque en ella no se valoró suficientemente la prueba rendida. Objeta que se le impuso la carga de la prueba, cuando el actor nada probó y que, además, se le impone la carga de una prueba negativa.Cuestiona luego el razonamiento que tuvo por probada una relación contractual entre el apelante y el Sr. O., partiendo de la constancia de un retiro de cédulas. Dice que si se otorga a la constancia de retiro de una cédula el valor de un contrato, es más lógico que esta relación contractual sea con la profesional a la que el apelante patrocinó (Dra. P.), pues la urgencia de las notificaciones denota el pedido de la colega ante su imposibilidad de tramitación. Agrega que, el hecho de figurar su parte en un escrito que no suscribió no puede fundar la comprobación relativa a la existencia de una relación contractual con el actor. Aduce luego que el argumento de la Jueza de grado, referido a aspectos vinculados con los usos y costumbres de la profesión, resulta ilógico. Indica que lo usual es que entre el actor y quienes él dice que fueron sus profesionales haya existido un pacto de honorarios acreditando su relación con ambos profesionales, el que, de haber existido, no fue presentado. Señala que el Sr. O. dijo haber firmado en el estudio de los demandados escritos de ratificación, pero, al absolver posiciones, refirió que firmó ratificas y también un poder (respuesta a la quinta sustitución, fs. 98 vta.), el cual no fue acompañado en este proceso ni en las actuaciones N° 117.707. Asevera que la referencia al art. 1870 del Código Civil para encuadrar la relación entre el Sr. O. y su parte aparece como excesiva, pues ninguno de los elementos aportados y tienen entidad suficiente para establecer la existencia del mandato especial en el que se involucra a su parte. Menciona, finalmente, que los arts. 971, 1019 y 1020 del nuevo C.C.C.N. dan pautas claras sobre las necesidades de pruebas para acreditar lo que se dio por cierto en el fallo apelado.

En segundo lugar, se agravia porque la Jueza de grado realizó una interpretación errada de los elementos que tenía a su alcance.Esgrime que no corresponde otorgar o presumir razonabilidad de éxito y cobro al hecho que se presentó una compañía de seguros, máxime cuando ésta es obligación de la citada; añade que dicho razonamiento no tuvo en cuenta los elementos que introdujeron la demandada y la citada en garantía en aquella causa. Tilda de contradictorio que se haya considerado que el actor debió haber probado su probabilidad de ganar el juicio, que no rindió ninguna prueba al respecto salvo traer el AEV, en el que sólo se cumplieron los actos de demanda y contestación y luego resolver a favor del accionante, como si todos los aspectos se hubieran probado. Recalca que las actuaciones penales y la pericial acompañada por la codemandada al contestar la demanda informan que el vehículo embistente fue el del actor y añade que, esa prueba, constata que aquel no circulaba a velocidad reglamentaria.

Cuestiona que la resolución atacada otorga veracidad absoluta al certificado médico acompañado por la actora, cuando aquél se obtuvo privadamente por el Sr. O., casi dos años después del accidente. Advierte que su parte, al resistir el reclamo, negó en forma expresa y categórica la realidad de los hechos relatados por el pretensor En tercer lugar, se agravia de la decisión de no imponer las costas al actor por la parte de la demanda que no prosperó. Dice que el pronunciamiento apelado resulta contradictorio, por cuanto afirma, por un lado, que no advierte rasgos de inexcusabilidad en los rubros peticionados, y, por otro lado, resuelve la clara improcedencia o el exceso de alguno de ellos.Asevera que la improcedencia de los rubros que se rechazaron o se estimaron en una proporción dentro del rubro pérdida de chance obedeció a la inacción procesal del propio actor, y que no puede calificarse de excusable el comportamiento del mismo, quien, al demandar, lejos de acudir a una pretensión razonada y razonable, comprendió la totalidad de los montos originarios con más las costas que nunca abonó, e intereses a tasas no receptadas por nuestros Tribunales, se verificó una falta de cumplimiento de pruebas que determinen la veracidad de los reclamos, y además, se reclamó astreintes, que la sentencia determinó como manifiestamente improcedentes, a la vez que ejerció presión solicitando compulsas penales y administrativas, y una denuncia efectuada ante el Colegio de Abogados durante el presente proceso.

III. A fs. 323/324 la Dra. S. P. expresa agravios.

La apelante objeta la sentencia impugnada, en cuanto califica como clara la responsabilidad de los demandados por la perención de la instancia, tipifica la obligación de impulsar el proceso como de resultado, y niega que los demandados hayan podido probar la ocurrencia de alguna circunstancia que los exonere de responsabilidad.Aduce que la jueza de la instancia anterior pretende revertir la carga probatoria, imponiéndola a su parte y eximiendo al actor.

Expresa que la solución adoptada por el fallo es contradictoria con sus propias afirmaciones, relativa a que el accionante tiene que probar la probabilidad que tenía de ganar el juicio que caducó, que corre con la carga de la prueba de la entidad de los daños, que por no existir en los autos declarados caducos prueba pericial mecánica, y debió rendir en este juicio prueba mecánica. Resume que el Sr. O. debía probar el daño y que, al no demostrar la eventual procedencia de su reclamo caduco, no puede admitirse la indemnización pretendida en este proceso.

Se agravia también porque se admitió la pérdida de chance.Cuestiona lo dicho en la sentencia respecto de que, por la mecánica del accidente e intervención de una aseguradora, se presume una razonable probabilidad del éxito y de cobro; aduna que la mecánica del accidente y los daños constatados negados por la citada en garantía no permiten tener por acreditada una alta probabilidad en el reconocimiento de este rubro. Dice que no hay material probatorio relevante producido por el actor, quien debía acreditar el daño, tanto en el proceso perimido, como en éste. Se pregunta qué chance seria tuvo el actor de resultar victorioso en el proceso caduco y en cuántos procesos judiciales se desestimó el reclamo indemnizatorio, pese a que la aseguradora había aceptado la citación en garantía formulada por el demandado.

Se agravia, además, porque se condenó a su parte a abonar el daño moral por $ 10.000. Cita jurisprudencia.

III. A fs. 329/332 la actora contesta la expresión de agravios, solicitando el rechazo de las apelaciones interpuestas, por las razones que expone y a las que remito en mérito a la brevedad.

IV. La solución. a. Considero aconsejable, por razones de método, tratar en primer lugar el agravio que dedujo el Dr. E., que pretende que no existió ninguna vinculación contractual entre su parte y el accionante y que se invirtió, en perjuicio suyo, la carga de la prueba tendiente a justificar su responsabilidad en el caso.

Anticipo que propondré el rechazo de esta queja, porque juzgo que el recurrente no derriba, ni tan siquiera enerva con sus argumentos, la sólida fundamentación que efectuó la magistrada de grado en lo pertinente al tema analizado.

Entrando en el desarrollo de la cuestión destaco que el apelante no controvierte sobre los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión de la juzgadora que previno. Tampoco objeta que, efectivamente, la responsabilidad que se le atribuye está atada al acaecimiento de una realidad fáctica cierta y probada, consistente en la caducidad que operó en la causa tramitada por autos Nro. 117.707, caratulados: “O., R. G.c/ Ghilardi, Andrés Germán y ots.”, en la que el quejoso actuó como patrocinante del actor. Solamente insiste en esgrimir el letrado que no existió contrato alguno celebrado entre su parte y el accionante y en sostener que erró la juzgadora cuando consideró probado ese vínculo. La queja expresada en estos términos es, como dije, inatendible, por diversas razones.

Desde el punto de vista sustancial, tanto en el sistema del Código de Vélez como en el del Código Civil y Comercial unificado al que cabe remitir en autos sólo a título referencial (art. 7 CCCN) el consentimiento en materia contractual puede anudarse de manera expresa o tácita, o bien, como lo enseña la doctrina tradicional, puede resultar, en un contrato discrecional y paritario como el que vinculó a las partes, por vía directa o indirecta; en el primer caso, por último, la manifestación de la voluntad puede concretarse por comportamientos declarativos o no declarativos asumidos por los contratantes (LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos Parte general, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, año 2004, páginas 247/49; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995, páginas 100 y ss.; véanse también: arts. 979 y cc., CCCN).

Desde la perspectiva procesal resulta que, en un proceso como el que se somete a estudio, la prueba del consentimiento contractual puede surgir también de manera directa, o bien emanar de indicios que, por su pluralidad, gravedad y concordancia, aporten convicción al respecto (art. 181 CPC y 176 del CPCCT).

Conforme constancias de autos y por aplicación de estos conceptos, considero probada la celebración del contrato que vinculó a las partes. Juzgo, en particular, que existen distintos actos de ejecución de ese contrato que fluyen, de manera incontestable, de las actuaciones en las que la instancia principal fue declarada caduca.Además, la compulsa de aquellos autos pone en evidencia otro dato verdaderamente relevante, como lo es el que concierne al comportamiento omisivo que acarreó la caducidad y constituye uno de los presupuestos idóneos para responsabilizar al demandado, conforme lo decidió en el fallo en crisis la sentenciadora.

La inexistencia de un poder para juicios otorgado por el cliente al recurrente o la falta de prueba concerniente a la celebración, por los contratantes, de un convenio de honorarios, son circunstancias que no modifican la convicción que hasta aquí he sentado.

En cuanto a lo primero, para no abundar en teorizaciones innecesarias me limitaré a expresar mi coincidencia con la jurisprudencia que, sencilla y categóricamente, sienta que, la circunstancia de carecer de poder para actuar no libera al abogado de su responsabilidad como patrocinante, por las consecuencias que su inactividad procesal acarrea cuando ocurre la caducidad de la instancia (véase, entre muchos otros: CNAPCivil, Sala G, 12/02/14, “Z.M.c/ H.L. s/ daños y perjuicios” publicado en Thomson Reuters, cita online: AR/JUR/25078/2014 y jurisprudencia allí citada). En cuanto a lo segundo inexistencia de convenio de honorarios encuentro que, de aceptarse la tesitura del recurrente, ello debería llevar a afirmar que, si no se celebra un convenio de honorarios, no queda concertado un vínculo contractual entre un abogado y su cliente. Respetuosamente, por cierto, considero que el planteo es insostenible, básicamente porque pretende transformar la naturaleza del contrato concertado entre el profesional y su cliente, olvidando que el mismo se caracteriza, en líneas generales, por ser un negocio consensual, de forma libre y, por tanto, acreditable por cualquier medio de prueba, dentro del marco que prevén los artículos 1.191 y ss. del Código Civil.

La definición que anteriormente he plasmado torna a mi juicio innecesario profundizar en el debate que plantea el recurrente, relativo a la calificación que merece el negocio que anudó con el actor.Sea que se considere que el vínculo profesional implicó un mandato, sea que se repute que el mismo no puede encuadrar en ese ni en otros de los contratos típicos tradicionales, porque se presenta como una figura multiforme o proteiforme (BORDA, Guillermo, Tratado de derecho civil argentinoContratos, Editorial Perrot, 1962, Tomo II, página 51), la solución que propongo no puede variar. Es que, en lo que concierne al aspecto que trato, lo relevante es no perder de vista dos aspectos centrales que están debidamente comprobados. Me refiero, por un lado, a que el apelante patrocinó al actor en un proceso, ejecutando, al hacerlo, una obligación contractual previamente asumida; por otro lado y finalmente, es de toda evidencia que en el curso de ese proceso se produjo la caducidad de la instancia, en términos que implican el incumplimiento, por el patrocinante, de un deber de resultado a su cargo.

Profundizando en torno al mismo tema pongo en valor que, el patrocinio prestado por el Dr. E. al actor, en la demanda planteada por este último en los autos Nro. 117.707, caratulados: “O., R. G. c/ Ghilardi, Andrés Germán y ots.”, es un acto indicativo de que el letrado prestó su consentimiento en orden a llevar adelante actividad procesal correspondiente. Recalco, correlativamente, que el escrito de ratificación presentado por el actor corrobora la existencia de ese vínculo contractual del que da cuenta aquella primera actuación procesal ya aludida. Lo mismo ocurre con el retiro de dos cédulas con traslado efectuado por el apelante a fojas 50 de los autos que fueron declarados caducos.

Los hechos probados son, en suma, reveladores de que no le asiste razón al quejoso en cuanto al aspecto controversial que trato. Tampoco la tiene en cuanto a otras cuestiones planteadas en la misma queja que vengo analizando.Aludo, concretamente, a la objeción que pretende que en el grado se produjo una inversión de la carga de la prueba que perjudica al recurrente.

Considero que el problema de la carga de la prueba sólo nace cuando no existe prueba y, en el caso, esa no es la situación que se plantea, dado que, como ya expliqué, existen múltiples elementos de juicio corroborantes de la existencia del vínculo contractual y de que el mismo tuvo principio de ejecución, así como de que, el incumplimiento de ese contrato se produjo y tuvo, para el actor, consecuencias dañosas. En todo caso, si el planteo pudiera considerarse vinculado con la carga probatoria que atañe al fundamento mismo del deber de responder, la respuesta al cuestionamiento surge de la jurisprudencia que sin fisuras resuelve que: “La dirección letrada de un proceso no es en todos los casos una obligación de medios, dado que, en ciertas circunstancias, el deber que asume el letrado es de resultado, se produce en ese caso una inversión de la carga probatoria, ya que el abogado se obliga a realizar todos los actos procesales de su específica incumbencia. De ahí que, si se acredita que el juicio perimió, pesa sobre el letrado la carga de desvirtuar la presunción de culpa, la cual no puede sustentarse simplemente en la falta de cooperación de su ex cliente, sino en la existencia de una razón debidamente justificada que le hubiera impedido apartarse del patrocinio con anterioridad al vencimiento de un plazo de perención” (CNCIV., 25/10/04, “Arozamena, María del Carmen c/ B. E. A, s/ DYP”, el Dial. En términos concordantes: Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 15/02/2010, “Ramírez de Correa, Natalia c. Osorio de Bonetto, Mabel”, La Ley Online, Cita Online: AR/JUR/6414/2010). b.Despejado lo anterior, trataré los agravios de ambas recurrentes que atañen a los daños que la condena les ordena resarcir.

Los apelantes no ponen en tela de juicio el punto de partida que adoptó la juzgadora de grado, conforme el cual, en la especie, debe establecerse la indemnización en concepto de “chance”, ponderando tanto el reclamo que perimió por la conducta del abogado, como el grado de probabilidad de éxito que tenía ese planteo. Pretenden, por el contrario, que existió en el fallo impugnado una incorrecta valoración de la prueba y una inversión indebida de la carga probatoria correspondiente al daño. Para resolver al respecto, me parece conveniente recordar, ante todo, cuáles fueron los fundamentos que sustentaron el decisorio en crisis.

Cuando analizó el rubro “pérdida de chance”, la Sra. Jueza que previno ponderó, en primer lugar, que las partes no controvirtieron en la causa venida A.E.V. el contacto del rodado de la demandada con el automóvil de la actora. Por ello consideró que el caso debió haber sido resuelto en función del art. 1113, párr. 2, parte 2ª, C. Civ., quedando a cargo de la demandada y la citada en garantía la acreditación de la culpa de la víctima que alegaron como eximente (fs. 71 vta. y 72 del AEV).

En lo sucesivo ponderó que: a) la mecánica del accidente solamente puede reconstruirse con la contestación de la demanda obrante en el Expte. N° 117.707 y la prueba instrumental acompañada por la actora en ambos obrados; b) el informe técnico incorporado a fs. 41 es insuficiente para probar la excesiva velocidad de circulación, porque no se trata de una pericia llevada a cabo por un auxiliar de la justicia en forma independiente, ni controlada por las partes; c) no se rindió en ninguno de los procesos prueba pericial mecánica, médica, ni testimonial relevante; d) el acta de procedimiento que obra en el Expte.”O.” acredita que, en el momento de la colisión, el actor circulaba por calle Espejo hacia el sur y el demandado lo hacía por calle Ituzaingó, hacia el oeste, así como que, el primero, contaba con la prioridad de paso por circular a la derecha; por ello, aseveró, la pretensión del reclamante tenía en este caso una alta probabilidad de éxito.

Adicionalmente consideró que, aunque el actor haya sido el conductor del vehículo embistente o el demandado se hubiera incluso encontrado más adelantado en el ingreso a la intersección, se trata en ambos casos de circunstancias no definitorias para atribuir causalmente el hecho nocivo al pretensor. Agregó que, lo único relevante para atribuir una participación causal al accionante, era lograr la comprobación de la velocidad excesiva o de la pérdida de la prioridad de la que él gozaba, extremos que no surgen de los elementos de juicio colectados. Expuso, por último, que la mecánica del accidente e intervención de una aseguradora que aceptó la citación, hacen presumir una razonable probabilidad de éxito y de cobro en lo atinente a la responsabilidad del demandado por el accidente de tránsito.Como contrapartida, argumentó que el actor corría en autos con la carga de probar la entidad de los daños y, por ello, debió rendir prueba pericial si pretendía lograr, al menos en lo que respecta a la mecánica del accidente, una seguridad absoluta de que el único responsable por el accidente fue el conductor demandado, habida cuenta de que éste había invocado culpa de la actora en el accidente y no se rindió en aquellos autos pericial mecánica.

Sentadas estas consideraciones, para cuantificar el rubro meritó que, al momento de producirse la caducidad, no se había rendido en los autos declarados caducos prueba pericial mecánica que informe sobre el costo de reparación del rodado, privación de uso y/o desvalorizaci ón monetaria; tampoco se produjo pericial médica que informe sobre la incapacidad reclamada y no existen elementos que acrediten ocupación, nivel de ingresos del actor al momento del hecho, o incidencia de secuelas en la vida de relación, etc. Entendió, sin embargo, que existe una alta probabilidad de que el rubro daños materiales al vehículo la actora reclamó $ 14.361 hubiera sido reconocido en el expediente de mención. Para sostener su tesitura, ponderó la mecánica del accidente, junto con los daños constatados a través de la prueba que acompañó la actora. En ese sentido valoró, por un lado, el presupuesto (fs. 47), que indica la existencia de gastos que comprenden el pago de repuestos, chapería, pintura, mecánica y de daños correspondientes a paragolpes, panel de frente, guardabarros derecho, faro derecho, faro izquierdo, capot, capot bisagra, capot cierre, en el motor soporte de electro, radiador, ventilador, bomba de agua, dinamo, distribuidor, bocina, caños de goma, tapar de corte.En segundo lugar, meritó el acta de procedimiento que constató abolladura y rotura de capot, rotura de óptica de faro de giro delantero costado derecho y, por último, consideró las fotografías que dan cuenta del estado del vehículo y el impacto en la parte frontal.

La remisión que he hecho hasta aquí a los argumentos que sostienen el fallo impugnado me permite dar una categórica respuesta negativa al planteo de los recurrentes que invocan que, la sentencia apelada, es fruto de un razonamiento contradictorio y carente de respaldo en los elementos de juicio reunidos.

Más allá de que puedan o no ser compartibles, textualmente, todos los fundamentos transcriptos o, incluso, que de los mismos fluyera algún tipo de contradicción, lo cierto es que, en lo medular, el fallo no es irremediablemente autocontradictorio, no refleja parcialidad ni, en definitiva, evidencia un apartamiento por parte de la juzgadora de las reglas de la sana crítica.

Agrego, a mayor abundamiento, que en autos no hay prueba científica confiable, producida con resguardo del principio de bilateralidad en el proceso, que ponga en evidencia el exceso de velocidad que la apelante atribuye a quien fuera su cliente. Aclaro, en segundo lugar, que la condición de vehículo embistente sobre la que insisten las quejosas no es dirimente para atribuir una participación causal al Sr. O. en el accidente que él protagonizó. En cuanto a lo último, mi convicción tiene sostén en la jurisprudencia uniforme de nuestros tribunales, seguida también por este Cuerpo en numerosas ocasiones (véanse, entre muchos otros: 07/12/2014, autos Nro. 184.374/50.720, caratulados: “Espósito, Juan J. y ots. c/ Barbera Gulino, H. y ots. p/ d y p” y 31/10/2017, autos Nro. 218.394/52.560, caratulados: “Chades, Diego N. y ots. c/ Zúñiga, Calderón, F. y ots. p/ d y p”). En tercer término, hago presente que también este tribunal ha sentado posición en cuanto a que:”La circunstancia de haber ingresado el actor en forma tardía a una encrucijada no constituye una excepción a la regla de prioridad de paso de quien circula por la derecha, establecida en la ley de tránsito (art. 50, ley 6.082)” (Expte.: 51.673, “Marco, Mario Marcelo c/ Gualda, María Laura y Ots. p/ D. Y P”, 21/09/2016, LS195234).

El fallo en crisis, por tanto, no contiene en cuanto a los aspectos que he revisado ningún error y se presenta, por el contrario, justo, conforme constancias de marras y el derecho aplicable.

Párrafo aparte debo decir que, en cuanto a la reparación concerniente a los daños personales sufridos por el accionante como consecuencia de aquel accidente, la argumentación del apelante de fojas 316/21 luce desierta. Se trata en lo concreto de una superficial discrepancia con respecto al criterio que empleó la magistrada de grado al ponderar el certificado médico que acompañó, en su momento, el Sr. O. Así planteada, la queja no cumple, técnicamente, los requisitos necesarios para ser considerada “agravio” (arts. 137 CPC y CPCCYT). Añado, por si fuera menester, que en ningún momento se hace cargo el recurrente de cuál fue, en lo concreto, el resultado de esa valoración ni precisa cuál es, en definitiva, el perjuicio puntual que la misma pretendidamente le produciría.

Finalmente, juzgo improcedente el reclamo tendiente a que se revierta la decisión que dictó la jueza de la instancia anterior con respecto al reclamo por daño moral. En tal sentido comparto, ante todo, la afirmación que sentó la sentenciadora en la instancia previa en el sentido que, la caducidad de la instancia, efectivamente frustró la legítima expectativa del Sr. O.en orden a arribar a una sentencia condenatoria, que le permitiera obtener reparación relativa al daño que él sufrió, como consecuencia del accidente que protagonizó. Me pliego, por lo demás, a la convicción de la magistrada que estableció que, en la especie, la realidad comprobada habla a las claras de la incidencia negativa que el incumplimiento contractual de los accionados produjo en el plano espiritual del cliente que, pasados dos largos años desde que los letrados promovieron el pleito que les encomendó, vio frustrada la posibilidad de hacer efectivo su derecho indemnizatorio. La reparación del rubro es, por tanto, indudablemente procedente, a la luz de las circunstancias de marras y lo dispuesto por el artículo 522 del Código Civil, conforme lo entiende una jurisprudencia uniforme (SCJMza., 13021330188 L. S. T. EN J° 99632/50449 L. S.T. C/ B., M.L. s/ Daños y Perjuicios p/ rec. Ext. de Inconst.” , 22/03/2016). c. Considero, por último, que merece ser confirmada la decisión correspondiente a las costas que se dictó en el grado. De tal modo, juzgo que no le asiste razón al quejoso que, a fojas 318 y ss., para revertir el fallo pone el acento en una cuestión meramente numérica, sin hacerse cargo de que, el criterio que siguió la magistrada que previno, se apoya en la naturaleza de los daños reclamados por el actor y en el propio pedimento inserto en el escrito inicial. Allí, expresamente, el demandante pidió reparación en concepto de “chances” y, por sobre todo, sujetó la determinación de la indemnización a lo que resultara de la prueba a rendirse o de la justipreciación judicial, efectuada en lo concreto.En tal sentido, el pronunciamiento no hace más que ajustarse a la inveterada jurisprudencia que, siguiendo la senda marcada por la Suprema Corte de Justicia en el señero fallo “Chogris”, se expide en términos concordantes.

Por todo lo expuesto, en suma, si mi opinión es compartida, procederá desestimar ambos recursos planteados y confirmar, en lo que ha sido materia de revisión en la alzada, la decisión recurrida.

Así voto.

Las Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Silvina Miquel dijo:

Las costas de alzada deben imponerse a las vencidas, en la medida de sus respectivos vencimientos (arts. 36 CPC y 36 CCCYT).

Así voto.

Las Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 11 de mayo de 2018.

Y VISTOS: lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I. No hacer lugar a los recursos planteados a fojas 310 y 312 y, por ende, confirmar la sentencia de fojas 296/308, porque la misma es justa.

II. Imponer las costas de alzada a las vencidas, en la medida de sus respectivos vencimientos.

III. Regular los honorarios profesionales, por el rechazo del recurso deducido a fs. 310, a los abogados C. A. M., C. M. P., M. I. C., A. M. M., y S. B. P., en las sumas respectivas de pesos.($.), .($.), .($.), .($.) y .($.) (Art. 15, ley 3.641) IV. Regular los honorarios profesionales, por el rechazo del recurso deducido a fs. 312, a los abogados C. A. M., C. M. P., M. I. C., A. J. M. y A. D. E., en las sumas respectivas de pesos.($.), .($.), .($.), .($.) y .($.) (Art. 15, ley 3.641) NOTIFÍQUESE. BAJEN.

Dra. Silvina MIQUEL

Juez de Cámara

Dra. Marina Isuani

Juez de Cámara

Dra. Alejandra Marina Orbelli

Juez de Cámara