Se revoca el procesamiento de los encartados pues no se observa un caso de esclavitud, sino más bien, condiciones impropias de trabajo

Partes: Legajo de Apelación – O. J. A. y otros s/ inf. art. 145 bis del CPen.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Fecha: 23-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111412-AR | MJJ111412 | MJJ111412

Se revoca el procesamiento de los encartados en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral pues no se observa un caso de esclavitud, sino más bien, condiciones impropias de trabajo.

Sumario:

1.-Debe revocarse el procesamiento de los encartados en orden al delito trata de personas con fines de explotación laboral agravado, disponiéndose a su respecto auto de falta de mérito y la inmediata libertad de los causantes, pues no se evidencia de las declaraciones testimoniales brindadas por los trabajadores individualizados en el lugar, la implementación por parte de los imputados de un mecanismo ilegal de captación, ni otros actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia de aquellos sujetos en la finca de marras, lo expuesto a partir del empleo de alguno de los medios comisivos del tipo penal en examen.

2.-Si bien puede suponerse que los trabajadores involucrados se desempeñaban en el lugar al margen de ciertas disposiciones laborales y de seguridad social, en principio no se verificaría allí una concreta situación de explotación laboral de acuerdo con lo preceptuado en el art. 2do de la Ley 26.842, esto es, a partir de la reducción o mantención de aquellos en condiciones de esclavitud o servidumbre, o a través de la existencia y/o ejercicio por su parte de trabajos o servicios forzados.

3.-En los casos en que el delito de trata de personas se realiza con fines de explotación laboral, se requiere que se produzca una obligación de efectuar trabajos o servicios forzados, lo que a su vez contiene dos elementos; por un lado, que exista amenaza de una pena y por el otro que el trabajo se realice de manera involuntaria, y no se advierte de momento en este caso nada de ello.

4.-Es delgada la línea que se transita entre los conceptos de esclavitud o servidumbre y de trabajo forzoso emparentados con una acción delictiva, con aquellos supuestos vinculados a condiciones impropias de trabajo relacionadas con la falta de registración, bajos salarios, cargas horarias superiores a las establecidas en la ley, situaciones de necesidad económica o falta de alternativas laborales, tal como aquí podría observarse.

Fallo:

San Martín, 23 de mayo de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado por la defensa particular de los imputados L. W. T., L. S. C. y J. A. O., contra la resolución de fs. 176/199, que dispuso el procesamiento, prisión preventiva y embargo por un millón de pesos ($ 1.000.000) de los nombrados, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito trata de personas con fines de explotación laboral cuadruplemente agravado por haberse valido de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por el número de víctimas, por la cantidad de partícipes en el suceso y por haberse consumado la explotación (Art. 145 ter, Incs. primero, cuarto, quinto y último párrafo del Código Penal) -Ley 26.842).

II. En la instancia, el apelante mantuvo el recurso (fs. 266), en tanto el Fiscal General no adhirió al mismo (fs. 259/265).

III. Estos actuados tuvieron su génesis a raíz de la denuncia realizada el pasado 21 de diciembre de 2015 por la Procuraduría de Trata y Explotación del Ministerio Público de la Nación, en la cual se hizo saber que allí se había presentado A. A. O. quien manifestó ser víctima del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, episodio que tuvo lugar en un campo localizado a la altura del kilómetro xxx de la Ruta Nacional Nro. x, en la localidad de V. del P., Partido de La Matanza, sitio al que arribó a partir del ofrecimiento que oportunamente le hiciera en la Provincia de Santa Fé, un sujeto de nacionalidad china a quien conocía como “A. C.”, luego identificado en autos como L. S. C. (fs.7/13).

En el lugar consignado, señaló que las cosas resultaron distintas a lo acordado inicialmente con dicha persona, puesto que la vivienda en donde se ubicó junto a su familia era compartida con tres mascuL.os, no disponían de muebles, y junto a su esposa e hijo dormían en un colchón de una plaza en el suelo, mientras que su cuñado dormía en otro cuarto con sus dos hijos menores.

Por su parte, señaló que el estado de la habitación era muy malo, la comida a veces no alcanzaba y se le realizaban descuentos por los materiales de trabajo que le eran proveídos, amén de que debía trabajar una hora mas de las ocho inicialmente pautadas.

Asimismo, dijo que allí había un capataz llamado J. O. que era irrespetuoso con las mujeres y que por un hecho concreto con su esposa se ensañó con el denunciante a quien maltrataba obligándolo a realizar tareas degradantes.

A partir de lo expuesto, el juzgado instructor dispuso la realización de tareas de inteligencia sobre distintos lugares, tratándose uno de ellos de una quinta perteneciente a la firma “A. S.R.L.” y conocida como “el campo de los chinos” la que poseía una tranquera de ingreso, encontrándose emplazado a un kilómetro de allí un viejo casco de estancia y en sus cercanías el sector de trabajo donde también se encontraban las viviendas del capataz -llamado J. O.- y de los trabajadores del lugar -once empleados-, quienes eran oriundos de la provincia de Santa Fé, y se ocupaban de la cosecha de arvejas y cebollas, ejerciendo sus labores de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 15:00.

Se determinó además a partir de las investigaciones preliminares, que la mencionada empresa “A. S.R.L.” inscripto como persona autorizada para la firma de cheques al coencausado L. W., quien a su vez era vicepresidente de una firma relacionada a aquella denominada “I. A. S. S.A.”, con domicilio fiscal sobre la calle T.G. nro. xxxx de V. C. (Partido de L. M.), y otro alternativo en B. P. nro. xxxx-xx de la misma localidad.

En fecha 21 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo las respectivas diligencias de allanamiento, sobre los lugares mencionados, identificándose a través del procedimiento realizado sobre el campo de mención, a once (11) trabajadores oriundos de Las Toscas (Provincia de Santa Fé) -J. P. A., G. G., M. A. P., C. A. F., B. E. P., L. D. E., E. E. A., M. C. C., M. E. E., O. O. y J. J. C.-, quienes serían posibles víctimas del delito de trata, ello de conformidad con lo plasmado en el informe preliminar elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, mas allá de que ninguno de ellos quedo a resguardo del programa de protección respectivo.

A su vez, se dispuso oportunamente el allanamiento de la finca en la que moraba el justiciable L. S. C., en la ciudad de San A. de Obligado (Pcia. de Santa Fé), sujeto que conforme referenciaran los precitados trabajadores, fue quien les pagó el pasaje de ómnibus hacia Buenos Aires, cuyo importe luego les fuera descontado de su primer sueldo.

IV. Ahora bien, en orden a la imputación dirigida a L. W. T., L. S. C. y J. A. O. en relación a sus intervenciones en el suceso por el que fueran legitimados pasivamente, se señala de inicio que aquella se basa en las mencionadas expresiones efectuadas por el denunciante A. A. O., en las distintas tareas de inteligencia practicadas sobre el campo de marras, y en las consideraciones efectuadas en el informe efectuado por las profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata relativas a la existencia de elementos que configurarían el delito de trata de personas, al señalar que las supuestas víctimas que allí trabajaban se encontraban en una situación de vulnerabilidad, puesto que provenían de familias numerosas en la Pcia.de Santa Fe con difícil acceso a la educación, a la salud y a una vivienda digna, además de carecer y desconocer que podían contar con una ART y con una debida regulación de la jornada laboral.

Justamente, es dable reseñar a esta altura los testimonios de las personas que resultarían damnificadas en autos, así pueden destacarse en primer término los dichos de G. D. G. en cuanto mencionó que él mismo se contactó con el imputado L. S. C. -a quien conocía por el nombre de “A.”- en la localidad de San A. O., Provincia de S. F., a los fines de acordar los términos de su venida y estadía en el campo ubicado en V. del P., lugar en el que por otra parte ya había trabajado un tío suyo (fs. 722/725vta.).

En igual sintonía, se expresó J. J. C. (771/774vta.), quien destacó que como no había trabajo en su pueblo -Las Toscas (Prov. De Santa Fé)-, fue personalmente a la casa del nombrado L. S. C., y tras hablar con el, decidió venirse a Buenos Aires a laborar en la misma finca, en la que incluso ya había estado anteriormente su padre.

También han de puntualizarse en esa dirección los testimonios de M. C. (fs.754/757vta.), L. D. E. (742/745), M. E.(fs. 758/762) y B. P. (fs. 738/741), quienes señalaran que por referencias de familiares -que ya habían trabajado en el campo en cuestión- se conectaron con L. S. C., sujeto notoriamente conocido por los habitantes de la zona noreste de S. F.-S. A. O. y L.T.- como aquel que les conseguía trabajo en un campo de Buenos Aires.

A su vez, las supuestas víctimas del delito en análisis, consignaron en forma concordante que vivían en piezas localizadas dentro del referido campo -de cuya higiene se ocupaban-, y no se los ocultaba o escondía a fin de evitar el descubrimiento de una posible condición de explotación laboral en el lugar.

Además, coincidieron en afirmar que se les dispensaba un buen trato al momento de trabajar y que tenían libertad de acción y de desplazamiento luego de cumplir con la jornada laboral. Prueba de ello, es que iban a comprar fuera del campo sus alimentos -que también cocinaban- y además poseían y conservaban las llaves de los lugares donde pernoctaban y su documentación personal. Incluso, los testigos E. A. (fs. 746/749) y M. C. (fs. ctds.) destacaron que la tranquera del campo estaba siempre abierta, mientras que los testimonios de G. G. y de M. P. (fs. ctds.) concuerdan en indicar que cuando los trabajadores lo desearan o no cumplían con las condiciones de labor pautadas, podían dejar aquel sitio y volver nuevamente a Santa Fe.

En función de las constancias probatorias hasta aquí narradas y a la hora de examinar de un modo global las mismas, cabe considerar preliminarmente que la frontera que separa las faltas administrativas enmarcadas dentro del ámbito laboral con el delito enrostrado resulta en ocasiones imperceptible, lo que se dificulta además por la especial sensibilidad que genera específicamente el delito de trata.

Desde esa base, y si bien puede suponerse en este caso particular que los precitados trabajadores se desempeñaban en el lugar al margen de ciertas disposiciones laborales y de seguridad social, lo cierto es que en principio no se verificaría allí una concreta situación de explotación laboral de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 2do.de la ley 26.842, esto es, a partir de la reducción o mantención de aquellos en condiciones de esclavitud o servidumbre, o a través de la existencia y/o ejercicio por su parte de trabajos o servicios forzados.

Precisamente, y de acuerdo con los lineamientos trazados en su voto por Dr. Juan Carlos Geminiani en la causa Nro. 15.668 de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal caratulada “Che, Ziyin; Li Chengguo, Choi, Kyuhak y otros s/Rec. de Casación”, Registro Nro. 2257/13, 21/11/2013; en los casos en que el delito de trata de personas se realiza con fines de explotación laboral, se requiere que se produzca una obligación de efectuar trabajos o servicios forzados, lo que a su vez contiene dos elementos. Por un lado, que exista amenaza de una pena y por el otro que el trabajo se realice de manera involuntaria. Todo lo cual, no se advierte de momento en este caso.

En ese andarivel, es delgada la línea que se transita entre los conceptos de esclavitud o servidumbre y de trabajo forzoso emparentados con una acción delictiva, con aquellos supuestos vinculados a condiciones impropias de trabajo relacionadas con la falta de registración, bajos salarios, cargas horarias superiores a las establecidas en la ley, situaciones de necesidad e conómica o falta de alternativas laborales, tal como aquí podría observarse.

Más allá de lo narrado, cabe resaltar ineludiblemente que la trata de personas tiene como características específicas tres componentes.Por un lado, la actividad que consiste en el reclutamiento, captación, traslado y acogida de personas, por el otro los medios para llevarla adelante que pueden ser forzados, engañosos, fraudulentos o coactivos, y por último su finalidad, en este caso la mentada explotación laboral, aprovechándose a partir de ella de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Desde ese horizonte, no se evidencia de las declaraciones testimoniales brindadas por los trabajadores individualizados en el lugar, la implementación por parte de los imputados de un mecanismo ilegal de captación, ni otros actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia de aquellos sujetos en la finca de marras, lo expuesto a partir del empleo de alguno de los medios comisivos del tipo penal en examen. Sin perjuicio de que en todos los casos se les pagaba el pasaje para que viniesen a Buenos Aires, el que luego les era descontado de sus haberes, como así también el importe de los elementos de trabajo que utilizaban -botas y cuchillos-, y las horas no laboradas.

Por su parte, las exposiciones de los posibles damnificados, no permiten por ahora afirmar certeramente que los causantes se hayan valido del engaño, del fraude o de la intimidación para lograr que aquellas personas concurran, permanezcan y se desempeñen laboralmente en el precitado campo de V. del P., puesto que a raíz de referencias de familiares y conocidos, no ignoraban a que fines y en que condiciones de habitabilidad allí concurrían.Por el contrario, se advierte que su situación, en tanto poseían libertad de desplazamiento, percibían un sueldo -$ 3500 por quincena aproximadamente, laboraban de Lunes a Viernes de 6:30 a 12 y de 14 a 18:30, y los Sábados de 6:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:30 con períodos de descanso, se condice más con las tareas propias de un peón de campo y aparecen ajenas a los ya referidos presupuestos que circunscriben la situación de explotación requerida por el tipo penal reprochado a los justiciables.

A partir de tal razonamiento, surge entonces que efectivamente existía en la especie una relación laboral entre los responsables del lugar y las personas que allí trabajaban, no obstante advertirse las consignadas irregularidades concomitantes que alrededor de la misma se gestaron y que podrían ser materia de sanciones administrativas y eventualmente penales al encuadrarse dentro del denominado trabajo no registrado y sin el debido apego a la normativa laboral y fiscal en vigencia.

Dicho esto, tampoco se vislumbra por ahora en autos, un abuso en la situación de vulnerabilidad de los posibles damnificados, pues no solamente se trata de la existencia de tal condición sino de aprovecharse de la misma con la deliberada intención de explotación. En efecto, y si bien -como ya se ha apuntado- los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata han mencionado que las supuestas víctimas se encontraban en dicha situación, cierto es que con las probanzas reunidas hasta ahora, no se ha logrado establecer que los causantes se hayan valido o abusado de aquella. De hecho, esta cuestión -la vulnerabilidad- en el caso concreto, constituye un dato aislado que pierde incidencia cargosa a partir de las constancias anteriormente consideradas.

Sobre el punto, debe prestarse especial atención a la declaración testimonial del preventor C. G. V., quien en el marco de las tareas de inteligencia desarrolladas en el municipio de L. T. (Pcia. De S.F.) -sitio de donde eran oriundos las supuestas víctimas- manifestó que la posibilidad de que sus habitantes consigan ofertas laborales era escasa debido a que el mismo atraía a trabajadores provenientes de los pueblos vecinos, por tal motivo, aquellos que moraban en la zona precaria de dicho municipio emigraban en su gran mayoría hacia la Provincia de Buenos Aires (fs. 965/966).

Nótese también, que los sujetos que resultarían damnificados, compartían labores y estadía en el campo, junto con otras cinco personas -L. A. M., H. M. D., N. A., R. A. y E. D. P.-, que fueron contratadas por los mismos dueños para techar los invernáculos allí asentados. De sus testimonios, tampoco se aprecian pautas indicadoras que pudiesen relacionar a los encausados con la imputación preliminar definida en autos.

Más allá de lo hasta aquí expuesto, y toda vez que de momento no estaría acreditado el tipo penal reprochado, ni tampoco hay mérito como para desvincular del proceso definitivamente a los justiciables, se considera pertinente a fin de definir la cuestión en uno u otro sentido, la implementación de distintas medidas instructorias, a saber, el examen de los mensajes entrantes y salientes del aparato celular incautado al causante L. S. C. a efectos de corroborar sus dichos defensistas relacionados con el contacto y la venida de trabajadores desde la Provincia de Santa Fe al predio de marras, la convocatoria a prestar declaración testimonial del Ingeniero Agrónomo G. R. -quien se desempeñaba profesionalmente en el lugar-, como así también de las demás personas que anteriormente a la fecha de los hechos cumplieron labores agrícolas en aquel sitio, además de convocar a G. V. y a R. V. -cuñados del denunciante A. A. O.-, sin perjuicio de la realización de toda otra diligencia que el juez “a quo” considere útil y pertinente.

En función de lo narrado, y en los límites de la jurisdicción conferida, habrá de aplicarse entonces al caso y respecto de los imputados L. W. T., L. S. C.y J. A. O., lo estipulado en el artículo 309 del CPPN. Por ende, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 176/199, que dispuso el procesamiento, prisión preventiva y embargo por un millón de pesos ($ 1.000.000) de L. W. T., L. S. C. y de J. A. O., por considerarlos coautores penalmente responsables del delito trata de personas con fines de explotación laboral cuadruplemente agravado por haberse valido de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por el número de víctimas, por la cantidad de partícipes en el suceso y por haberse consumado la explotación (Art. 145 ter, Incs. primero, cuarto, quinto y último párrafo del Código Penal) -Ley 26.842), disponiéndose a su respecto auto de falta de mérito y la inmediata libertad de los causantes. Medida que se hará efectiva a través del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón, previa constatación de que los causantes no registren orden restrictiva de libertad emanada de autoridad competente, con el señalamiento formulado en el penúltimo párrafo de los considerandos. REGISTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE (conf. ley 26.856 y Ac. CSJN 24/13) y DEVUELVASE.

NOTA: para dejar constancia que el Dr. Marcos Morán no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.

ALBERTO AGUSTÍN LUGONES

JUAN PABLO SALAS

MARCELO FERNANDO PASSERO

SECRETARIO DE CAMARA