Es responsable del accidente quien intenta ingresar con su vehículo a una avenida en contramano

Partes: Bousquet Bernardo Antonio c/ Cerro Pozo S.R.L. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay

Fecha: 26-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110571-AR | MJJ110571 | MJJ110571

Responsabilidad exclusiva del conductor del vehículo que intentó ingresar a una avenida en contramano. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, pues al ingresar a la avenida en contramano, el ómnibus alteró el orden de circulación impuesto legalmente y con ello frustró la regular previsibilidad exigible al conductor reclamante, por lo que la colisión es una consecuencia directa y exclusiva de su propia conducta, no siendo procedente la pretensión del apelante de asignar culpa parcial o total a la víctima por exceso de velocidad.

2.-La circulación de contramano, además de ser una de las violaciones más graves de los reglamentos, indudablemente sorprende al otro conductor, quien no espera encontrarse con un automotor proveniente de un lugar imprevisible, y al aparecer desde el lado opuesto al sentido circulatorio marcado por la ley genera una situación harto peligrosa, por lo que debe hacerse responsable de dicha conducta manifiestamente intolerable.-

3.-El deber de cuidado del conductor de un automóvil no comprende la diligencia de cerciorarse de que no vengan vehículos de contramano por la calle transversal.

Fallo:

En la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, a los veintiseis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones los miembros de la Sala en lo Civil y Comercial, señores Vocales Dres. Gustavo Eduardo Marcó, Nelson Daniel Alú y Sergio Daniel Toloy, para conocer del recurso deducidos en los autos “BOUSQUET BERNARDO ANTONIO C/ CERRO POZO S.R.L Y OTRO S/ ORDINARIO”, respecto de la sentencia de fs. 189/194; de conformidad al sorteo de ley oportunamente realizado, art. 260 del CPCC la votación deberá efectuarse en el siguiente orden: Sres. Vocales, Dres. ALÚ, MARCÓ, TOLOY.

Estudiados los autos la Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:

Es ajustada a derecho la sentencia de fs. 189/194 apelada, en lo que ha sido materia de recurso?.

A la cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. Alú, dijo:

1. El accidente de tránsito que dio lugar a este litigio ocurrió el día 19 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 17:50 hs, entre un automotor marca Renault 12, dominio XDL 025 conducido por el actor Bernardo Antonio Bousquet, de 69 años y, por la otra parte, un ómnibus marca Mercedez Benz dominio TGY 758, de propiedad de Cerro Pozo SRL, conducido por el demandado Sr. Martin Angel Gimenez, de 57 años, ocurrido en la intersección de las calles R. Uncal, a la altura del Hospital J.J Urquiza y calle Lorenzo Sartorio de esta ciudad de C. del Uruguay, Entre Ríos.

En la ocasión el rodado conducido por el actor, lo hacía por calle R. Uncal en sentido Sur – Norte, en tanto el colectivo conducido por el accionado Gimenez, lo hacía por calle L. Sartorio en sentido Este – Oeste ingresando a R. Uncal doblando a la izquierda con dirección sur. El omnibus de la parte accionada, al momento del siniestro, arribó en contramano, ya que la calle L. Sartorio tiene mano en sentido Oeste – Este.- A fs.189/194 obra sentencia definitiva de la instancia anterior, en la que la juez A-quo hace lugar a la pretensión deducida por Bernardo Antonio Bousquet y condena a Cerro Pozo SRL y Martin Angel Gimenéz a pagar la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00) con más intereses y costas, haciendo extensiva dicha condena a la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, con el límite de cobertura establecido en la poliza.

Disconforme con lo resuelto apela la parte demandada y citada en garantia a fojas 198 y procede a fundar el recurso con el memorial que luce a fojas 221/224 vta., los que fueron contestados a fojas 226 por la parte actora.

2. Se agravian los recurrentes de lo resuelto en torno a que no se consideró sus planteos respecto de la “culpa de la víctima” o en todo caso, la existencia de culpa compartida, ya que el actor conducia a exceso de velocidad, no teniendo dominio pleno sobre el vehículo, lo cual quebró el nexo causal del evento dañoso.

Expresa que la velocidad aproximada en que se desplazaba el actor es de 80 km/h., siendo la máxim permitida de 60 km/h.

Cuestionan que no se tuvo en cuenta que las arterías que rodean al Hospital no tienen mano que indique la dirección, lo cual es de público conocimiento; también que se lo hubiere condenado a pagar una suma de $ 8.200 por gastos de reparación, valorando parcialmente las pruebas aportadas.

Por último se agravia de la suma establecida en concepto de privación de uso ($ 2.000), ya que no existe prueba que lo justifique, no habiéndose acreditado los desembolsos realizados por la falta de disposición del vehículo, citando jurisprudencia en tal sentido.

Respecto de la citada en garantía, solicitan se revoque la condena sobre la misma, ya que al momento del siniestro el colectivo TGY 758 se encontraba asegurado por Responsabilidad Civil Servicio Público Rutero con franquicia de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) a cargodel asegurado y habiéndose condenado al demandado por una suma inferior a dicha suma no debió haberse hecho extensiva la condena en la medida del seguro sino que debió rechazarse la demanda contra la aseguradora citada en garantía.- 3. Liminarmente, es dable señalar -sin perjuicio de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial-, que la solución del presente caso está regida por la anterior ley material, en virtud que fue bajo la vigencia de esta última que acaeció el hecho denunciado (conf. art. 7 Código Civil y Comercial).- Igualmente, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en nada modifica la aplicación de la interpretación de la culpabilidad establecida en el viejo art. 1113 del Código Civil, ya que el nuevo ordenamiento jurídico no tiene proyección retroactiva en el tiempo, no altera las situaciones y consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su momento, conforme lo ha resuelto la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en los autos “Irigoytia Carlos Francisco c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos- s/ Ordinario Daños y Perjuicios”, fallo del 17/11/15, “Lazcano Isabel Noemí c/ Greissing Horacio Antonio María s/ Ordinario Divorcio”, fallo del 05/10/2015 y “Vigne Carlos Alberto y otros c/ Ortlinger Héctor Alberto y otro s/ Ordinario”, fallo del 7/4/16″.- Es criterio de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en autos “Remises Alem S.R.L. c/ Oris Luis Florencio y/o quien resulte responsable s/Sumario por Indemnización de Daños y Perjuicios” Nº 3467 de fecha 31/10/01 y más recientemente en autos “Laco Andrés Rodrigo C/ Basaldúa Dalmiro José s/ Ordinario (Civil)” Nº 7171 de fecha 18/4/16, en relación a la aplicación del art.1113 del Código Civil que en los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder”.- Ingresando al estudio del presente caso resulta necesario analizar la prueba producida en estos autos.

En la pericia mecánica obrante a fs. 175/177 se expresa que “.(e)l vehículo embistiente es el Renault 12 dominio XDL 025, aunque cabe aclarar que el mismo colisiona con el ómnibus dominio TGY 758 en el momento en que este último se encontraba ingresando al Bvd. Uncal de forma indebida, ya que lo hizo por calle Lorenzo Sartorio en contramano.” Que dicha pericia no fue impugnada por la parte demandada, y es determinante a los fines de deslindar la responsabilidad en el evento dañoso.

Esta Sala, en sus inicios, tuvo oportunidad de expresar que la circulación en contramano aparece “direct(a), ciert(a) y efectivamente como causa productora de la colisión” (autos “Ruiz, Marcial y otra c/ González Jorge Alberto s/ Ordinario por Daños y Perjuicios”, fallo del 4/8/70) Posteriormente, este Tribunal sostuvo que “. corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios pues, en el caso, el menor circulaba en bicicleta y a contramano en una avenida de intensísimo tránsito, atravesándose en forma imprevista, siendo éste el motivo determinante de la causa ajena en la responsabilidad objetiva del conductor del Omnibus.” (autos “Coria Oscar Osvaldo y otra c/ Jovi Bus S.R.L.y otros y/o quien resulten responsables s/ Daños y Perjuicios” fallo del 05/10/05).

La circulación a contramano, además de ser una de las violaciones más graves de los reglamentos, indudablemente sorprende al otro conductor quien no espera encontrarse con un automotor proveniente de un lugar imprevisible y al aparecer desde el lado opuesto al sentido circulatorio marcado por la ley, genera una situación harto peligrosa, por lo que debe hacerse responsable de dicha conducta manifiestamente intolerable.

En este sentido se ha sostenido que “el deber de cuidado del conductor de un automóvil no comprende la diligencia de cerciorarse de que no vengan vehículos de contramano por la calle transversal. Elementales máximas de experiencia indican que el principio de confianza debe tenerse en cuenta al considerar los deberes de precaución del automovilista, de modo que no cabe en principio exigir una conducta excepcional al conductor del vehículo que desplazándose reglamentariamente e introducido ya en la bocacalle embiste a aquel rodado que en forma sorpresiva -ilógica- aparece a contramano. ” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, sala I, autos Brusca, Juan Carlos c. Frizzera, Hernán Oscar y otro/a”, 30/10/08, Cita Online: AR/JUR/16180/2008) Al ingresar a la Avenida Uncal en contramano, el ómnibus alteró el orden de circulación impuesto legalmente y con ello frustró la regular previsibilidad exigible al conductor del Renault 12 por lo que la colisión es una consecuencia directa y exclusiva de su propia conducta, no siendo procedente la pretensión del apelante de asignar culpa parcial o total a la víctima.- Si bien en la pericia obrante a fs. 175/177 se establece en 80 km/h. la velocidad aproximada del vehículo del actor en un lugar donde la máxima es de 60 km/h.el menosprecio manifiesto por las normas de tránsito que surge de la conducta temeraria del demandado al presentarse en una esquina en contramano sin el mínimo reparo impide la asignación parcial de responsabilidad al actor.- Es que, en esta especial situación, en modo alguno puede asignarse a la conducta del actor que accedió a la encrucijada a una velocidad superior a la permitida, un reproche de magnitud tal que habilite a considerar la misma como constitutiva de responsabilidad parcial ya que si el demandado no hubiera conducido con evidente desprecio del sentido de circulación de la calle el accidente no se hubiera producido.- “Dado que la circulación en contramano es considerada una de las infracciones mas graves a las normas de tránsito vehicular, la sola circunstancia de no observar el sentido de circulación debido, es razón s uficiente para atribuir responsabilidad al conductor que comete la infracción” (CNCiv, Sala J, autos Busko Andrea Viviana y otro c/ Expreso Nueve de Julio S.A. Línea 247 interno 62 y otros s/ Daños y Perjuicios”, 4/7/11, Cita Online: AR/JUR/33686/2011) Dicho lo cual, propongo confirmar lo resuelto por el a-quo en cuanto estableció que la causa determinante de la colisión fue la acción prohibida del demandado al realizar el cruce del Bvd. Uncal en contramano por calle L. Sartorio. No teniendo incidencia causal en el accidente el hecho de que el Renault 12 excediera la velocidad permitida de circulación, en tanto la maniobra del omnibus resultó imprevisible para el actor.

4. Agravia al recurrente que se hizo lugar al reclamo por gastos de reparación, “. valorando parcialmente las pruebas aportadas en autos admitiendo la pretensión en este aspecto, por la suma reclamada de $8.200.” – fs. 222 vta.-.

Sobre ello, cabe expresar que los deterioros visibles fueron consignados en el acta labrada por personal municipal -fs.6-, en tanto los restantes daños (mecánica) son compatibles con el tipo de siniestro, descripto en la pericial practicada de fs. 175/177.Se hizo lugar a este rubro por la suma de $ 8.200, conforme se lo acreditó con recibo de fs. 22 (actualmente agregado a fs. 156) -reconocido a fs. 157-. Consecuentemente, no se advierte falta de fundamentación o exageración en el analisis de la prueba, por lo que habrá de confirmarse lo resuelto por el juez a-quo.

5. Sobre la privación de uso, vale decir que es indemnizable “per se” y se relaciona con el tiempo que insume la reparación del vehículo. Estando para la fijación del monto a lo informado a fs. 177 por el perito mecánico, que establece como plazo de reparación el de 20 días. Observándose que la suma concedida de $2.000 resulta prudente y razonable con las constancias de la causa.

“Respecto de la indemnización por falta de uso del vehículo, o ‘privación de uso’, es generalizada la opinión que indica su procedencia, la que debe ser indemnizada aun a falta de prueba de su monto efectivo, ya que la reparación de un vehículo chocado demanda cierto tiempo, durante el cual importa para su dueño la imposibilidad de uso; esta circunstancia configura un daño indemnizable” (cfr. esta Sala, en autos “Minatta Rodolfo Ernesto c/ Isaurralde Cesar Roberto y otros s/ Ordinario”, del 27/2/15)

6. La recurrente se agravia por la condena a la citada en garantía, y cabe aclarar que, en la parte resolutiva de la sentencia de fs.189/194 el A-Quo hace extensiva la condena a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros “.con el alcance del contrato de seguro que la vincula al codemandado asegurado.”.

Afirma que en el contrato se comprueba que la cobertura por responsabilidad civil lo era con franquicia por la suma de $ 40.000 y habiendo sido el monto de condena inferior a dicha suma no debió haberse hecho extensiva la condena en la medida del seguro sino que debió rechazarse la demanda contra la aseguradora citada en garantía.- Al respecto, es menester destacar que la franquicia en el contrato de seguro se ha caracterizado “como un descubierto que se impone obligatoriamente al asegurado, con la finalidad de garantizar una permanente conducta antisiniestral y aliviar al asegurador de tener que indemnizar daños de menor cuantía para el asegurado, pero que en su conjunto, constituyen una carga pesada para el asegurador”.”Algunos autores distinguen la franquicia o seguro a segundo riesgo, por el cual el asegurador se libera de indemnizar los daños minúsculos, del llamado descubierto obligatorio que existe cuando el asegurado está obligado a conservar a su costa una cierta parte del daño, cualquiera sea la importancia del mismo” (Polotto, Ernesto, R.B. “Sobre la franquicia en el contrato de seguro” ED 63-649).

Según la clasificación propuesta por este mismo autor, existen diferentes tipos de franquicias, a saber: a) la que excluye de la cobertura y, por tanto de la prestación del asegurador, una suma cierta predeterminada en la póliza; 2) la que hace soportar al asegurado un porcentaje, también fijado en el contrato, sobre los daños sufridos en cada siniestro, cualquiera sea su monto; 3) la que establece un importe fijo de franquicia, superado el cual todo el siniestro queda a cargo del asegurador sin deducción alguna. (cfr. Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, autos “Gamarra Miguelina c/ Era Chaco S.A.Línea Nº 106, dominio GJL-056, interno Nº 24 y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios por Accidente de Tránsito”, fallo del 30/9/16) El presente constituye el primer supuesto; pues por debajo de la suma de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000) la aseguradora se encuentra exenta de obligación contractual.- En este estado cabe preguntarse si resulta clara y razonable la sentencia de fs. 189/194 que, no obstante condenar a los demandados a pagar la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 10.200)- muy por debajo del tope de la franquicia-, posteriormente dispone “HACER extensiva la condena a la citada en garantía Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros con el alcance del contrato de seguro que la vincula al codemandado asegurado.” En respaldo de la admisión de dicha extensión de condena a la tercera citada en garantía se podria aseverar que la misma carece de contenido real y que no se podrá iniciar ejecución contra la aseguradora por haberse condenado a los demandados a una suma inferior a $ 40.000, por lo que una interpretación de dicha extensión conllevaría a afirmar que se extiende la condena pero en relidad no existe responsabilidad de la citada en garantía.- En el caso de que se admita dicha posición, imagino la situación de los letrados litigantes que representan a los actores quienes, ante la expresa extensión de la condena a la citada en garantía “en la medida del seguro” deberían explicar a sus clientes que dicha extensión resulta una práctica tribunalicia carente de contenido real dado que se encuentra imposibilitado de perseguir el cobro de la condena a la aseguradora, es decir que se extiende la condena pero en realidad no se extiende, con el consiguiente enorme asombro y perplejidad del justiciable.- Considero inapropiada dicha postura.

Entiendo que las sentencias deben ser correctamente motivadas siendo un requisito ineludible de las mismas su claridad para que puedan ser accesible al mayor número de personas con cualquier nivel cultural.De ahí que resulta conveniente que la decisión jurisdiccional sea clara y concreta, evitando recurrir a tecnicismos que conspiren contra la fluída lectura y la coherente comprensión del veredicto, con la finalidad de que los justiciables entiendan fácil y sencillamente la resolución.

En consecuencia asiste razón al apelante atento que la sentencia recurrida debió desvincular a la aseguradora de toda responsabilidad en el juicio.

En efecto, la interpretación correcta de la mencionada franquicia impone concluir que la medida del seguro significa que la aseguradora sólo debe hacerse cargo del capital de condena que exceda $ 40.000.- En el caso, el capital de condena es de $ 10.200, por lo que la aseguradora, según la medida del seguro, no debe afrontar pago alguno.

En los supuestos en que la condena supera la suma de $ 40.000 resulta correcto decir que la condena se hace extensiva a la aseguradora en la medida del seguro; pero en el caso concreto la medida del seguro libera a la aseguradora del pago, puesto que el capital de condena es menor a $ 40.000, según la franquicia aludida.

Por las razones expuestas debe hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación y establecer como doctrina judicial de esta Sala que cuando la condena de capital en los accidentes de tránsito en transporte público de pasajeros no exceda de $ 40.000, se debe rechazar la demanda contra la citada en garantía apelante.

7. Respecto a las costas relacionadas con la confirmación de la condena al codemandado Martín Angel Gimenez- “Cerro Pozo S.R.L.” no apeló la condena originaria-, no existiendo motivación alguna para apartarme del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a dicho codemandado vencido. (art. 65, 1º párrafo, C.P.C.C.).

Respecto a las costas por la intervención de la citada en garantía y el rechazo de la acción contra la misma, resulta necesario efectuar las siguientes consideraciones: a) Al promoverse la demanda obrante a fs. 26/28 la parte actora solamente demandó a “Cerro Pozo S.R.L.” y al Sr.Martín Angel Gimenez, no solicitando citación en garantía de “Protección Mutual de Seguro de Transporte Público de Pasajeros”, no obstante haber mencionado que la misma tomó intervención en la mediación por medio de su apoderado.- Al presentarse a contestar la demanda, los demandados Martín Angel Gimenez y “Cerro Pozo S.R.L.” solicitaron la citación en garantía de la “Protección Mutual de Seguro de Transporte Público de Pasajeros”, y habiéndose ordenado dicha citación por el Juzgado a fs. 51 y vta., la aseguradora tomó intervención a fs. 83/86vta. solicitando se desestime la demanda en su contra por tratarse de un reclamo inferior al monto de la franquicia.- En consecuencia, la intervención de la citada en garantía no estuvo motivada por la conducta del actor sino por el pedido de los demandados, y por ello, corresponde imponer las costas de ambas instancias por el rechazo de la demanda contra la aseguradora a los co-demandados mencionados por haber dado motivo a su innecesaria intervención.

En este sentido se ha sostenido que “(e)l actor que resultó vencido en una acción de daños y perjuicios, no debe cargar con las costas generadas por la intervención de los terceros que no convocó a juicio, sin que su falta de oposición a la citación obste a tal conclusión, pues tales gastos causídicos deben ser soportados por el solicitante.” (CNCiv., Sala H, autos “Chillotti Mathias, María Teresa c. Sanatorio Quintana y otros “, 10/2/10, Cita Online: AR/JUR/3659/2010; Kiper, Proceso de daños, LA LEY, 2008, pág. 334) 8.- Respecto a los honorarios profesionales, me encuentro imposibilitado de establecer los mismos por no haberse regulado por el Juez de Primera Instancia los honorarios de la instancia de origen, de conformidad con la doctrina vinculante sentada por la Excma. Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en los autos “Molina, Danilo Omar c/Arte gráfico S.A.y otras s/Sumario”, fallo del 30/3/10 y “Bortairy Juan Miguel c/ Carnes del Litoral S.A. s/ Sumarísimo”, fallo del 31/3/10, en los cuales se resolvió que: “la recta aplicación del precepto estructurado por el art. 271 exige la reunión conjunta y simultánea de dos presupuestos esenciales. Mientras -por un lado- el pronunciamiento de alzada debe resultar revocatorio o modificatorio del impugnado fallo de la primera instancia, por el otro y a la vez, dicha sentencia recurrida necesita contener regulados los honorarios profesionales correspondientes a esa sede, sin importar -obviamente- si fueron o no apelados por los beneficiarios e impuestos en costas. Ello, ya que el deber del tribunal de alzada de adecuar oficiosamente tales aranceles fijados en la sentencia que revoca o modifica -amén de las costas-, es consecuencia del principio que considera implícitamente sometidas a su conocimiento aquellas cuestiones propuestas al juzgador de origen; incluidos, claro está ambos asuntos accesorios de la condenación. (conf. art. 269, C.P.C.C.). No rige al haber el Sr. Juez de Primera Instancia diferido la fijación del arancel devengado ante esa sede jurisdiccional y tal aserto se corrobora a través de su armonía con el art. 6, de la Ley Nº 7046.”- No obstante ello, atento evidentes razones de economía procesal y con el objetivo de hacer efectivos en forma inmediata los fines esenciales que inspiraron el dictado de la ley 7.046 consistentes en dignificar y jerarquizar las funciones de los abogados y procuradores, asegurándoseles una íntegra y justa retribución de sus trabajos (cfr. art. 2 ley 7.046), considero apropiado fijar los honorarios por la tarea cumplida ante el Tribunal de Alzada, en un porcentaje de los que se establezcan por la labor de primera instancia. (cfr. esta Sala en autos “Rosjko Alberto Martín c/ Benitez Timoteo y otros s/ Ordinario” , en fallo del 26/2/18) A la misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Marcó dijo:

Que adhiere al voto precedente.

El Sr. Vocal Dr. Sergio D.Toloy, se abstiene de votar en autos, en virtud de lo previsto en el art.47 de la Ley Orgánica de Tribunales N° 6902 -Texto Ley 9234/99-.

Con lo que terminó el acto quedando acordada la sentencia siguiente:

Concepción del Uruguay, 26 de abril de 2018.

VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1. CONFIRMAR la condena dispuesta en el punto 1.- de la parte resolutiva de fs. 189/194 contra Martín Angel Giménez- junto con “Cerro Pozo S.R.L.”, confirmando asimismo la imposición de costas a la parte demandada dispuesta en el punto 2.- de dicho resolutorio.

2. IMPONER las costas del recurso de apelación relacionadas con la confirmación de la condena contra el Sr. Martín Angel Giménez a dicho codemandado.

3. REVOCAR la extensión de la condena a la citada en garantía “Protección Mutual de Seguro de Transporte Público de Pasajeros”, dispuesta en el punto 3.- de la parte resolutiva de fs. 189/194-, RECHAZANDO la demanda contra la misma e imponiendo las costas de ambas instancias por dicha intervención a los codemandados Martín Angel Gimenez y “Cerro Pozo S.R.L.”.

4.- FIJAR los honorarios por la tarea cumplida ante este Tribunal de Alzada, en el 50 % de los que se establezcan por la labor de primera instancia, encomendando a la jueza de grado su cálculo para cuando haga lo propio con aquéllos.

Regístrese, notifíquese y bajen.

DR. ALU

DR. MARCO

DR. TOLOY (ABSTENCION)