Para el cobro judicial de aportes y contribuciones adeudados a una obra social, corresponde la justicia federal del domicilio del demandado

Partes: OS-Ostep c/ Colegio San Ignacio de Loyola S.R.L. s/ cobro de aportes o contribuciones

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 10-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-113241-AR | MJJ113241 | MJJ113241

 

Jurisdicción federal del domicilio de la demandada para el cobro judicial de los aportes y contribuciones adeudados a una obra social.

Sumario:

1.-La Corte debe conocer en el presente conflicto de competencia trabado entre un juez nacional con competencia ordinaria y un juez federal con asiento en la Capital Federal, en la causa por el posible derrame de material tóxico en esa jurisdicción, dado que según lo dicho en ‘Nisman’ no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales con asiento en la Capital Federal, dado el carácter meramente transitorio de los tribunales ordinarios, a partir del reconocimiento constitucional de la autonomía de la Ciudad -caso ‘Corrales’ , voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda-, por lo que no se verifica la existencia de un órgano superior común (según lo dicho por la Corte en ‘José Marmol 824’).

2.-Corresponde que intervenga en la demanda por cobro de aportes y contribuciones impagos promovida por una obra social contra un colegio privado con domicilio en la Provincia de Tucumán, la justicia federal con asiento en esa provincia, puesto que aun cuando no ha sido parte de la contienda, el lugar de cumplimiento de la obligación de ingresar la contribución a su cargo, junto con los aportes que hubieran debido retener al personal, era el de las instituciones bancarias oficiales de la ciudad en la que tiene domicilio la demandada.

4.-El órgano legalmente facultado para dirimir la contienda es la Cámara Federal de la Seguridad Social, y no esta Corte, en tanto aquélla reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció -art. 24, inc. 7° del Dec.-ley 1285/58 (del voto en disidencia de la Dra. Highton De Nolasco y el Dr. Rosenkrantz).

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 10 de julio de 2018.

1°) Que tanto el Juzgado Federal de Primera Instancia Seguridad Social n° 3, como el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 17, se declararon incompetentes para entender en la presente demanda por cobro de aportes y contribuciones impagos promovida por la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada (conf. fs. 26; 31 y 45).

2°) Que el inciso 7° del art. 24 del decreto-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467, en lo que aqui interesa, establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocerá “de las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido .”.

3°) Que el supuesto en examen debe ser interpretado a la luz de la doctrina sentada por esta Corte en la causa “Nisman” (Fallos: 339:1342 y sus citas) en punto a que -por los motivos allí expresados- no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales que tuviesen asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (considerando 5°).

Ello con apoyo en lo decidido en Fallos: 338:1517 -voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda- en el que se puso énfasis en el carácter meramente transitorio de los tribunales ordinarios con asiento en la Capital Federal y en el reconocimiento constitucional de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129 de la Constitución Nacional y ley 24.588), así como en la competencia ordinaria que ejercen sus tribunales (conf.Competencia CFP 9688/2015/1/CA1-CS1 “José Mármol 824 (ocupantes de la finca) s/ incidente de incompetencia”, sentencia del 12 de junio de 2018).

En tales condiciones, a partir de la línea de razonamiento allí plasmada, en cuestiones como las aquí planteadas en las que no se verifica la existencia de un órgano superior común, y dadas las competencias federal y ordinaria de los tribunales involucrados, corresponde, del mismo modo, hacer mérito de las circunstancias apuntadas para determinar el órgano que debe dirimir el conflicto suscitado entre los magistrados a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 3 y del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 17.

4°) Que por tal motivo, debe abandonarse el criterio que situaba a los supuestos bajo examen en la excepción prevista en el citado art. 24, inciso 7°, según el cual los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los magistrados federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían ser resueltos por la cámara de la que dependía el juez que primero hubiese conocido y, en consecuencia, establecer que corresponde a esta Corte Suprema resolverlos en virtud de lo determinado en el primer supuesto contemplado en la referida norma (conf. causa “José Mármol 824 (ocupantes de la finca)”, antes citada)

5°) Que así sentado que incumbe a este Tribunal conocer en el presente conflicto de competencia, corresponde señalar que el art. 24 de la ley 23.660 estáblece la jurisdicción federal para los casos en que se reclame el cobro judicial de los aportes y contribuciones adeudados a las obras sociales.

6°) Que no obstante que el art. 2°, inc. f, de la ley 24~655 atribuyó a los juzgados federales de primera instancia de la seguridad social la competencia en las causas por cobro de tales créditos iniciadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que el citado art.24 otorgaba a la justicia nacional del trabajo-, lo cierto es que, a los efectos de determinar el juez que intervendrá en el reclamo, no puede dejarse de lado que la demanda se promovió contra el Colegio San Ignacio de Loyola S.R.L. que tiene su domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (fs. 13).

7°) Que, asimismo, cabe señalar que en virtud de lo establecido por el Régimen de -las Obras Sociales de la ley 23.660, los empleadores, dadores de trabajo o equivalentes en su carácter-de agentes de retención deberán depositar la contribución~ su cargo junto con los aportes que hubieran debido retener -al personal a su cargo- en la institución bancaria oficial -nacional, provincial o municipal (arts. 19 y 23).

8°) Que de ello cabe concluir que el lugar de cumplimiento de la obligación que se reclama era el de las institucioneS bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales de la ciudad en la que tiene su domicilio la sociedad demandada, sin que surja en forma precisa del escrito de inicio ni de constancia alguna obrante en la causa un lugar diferente donde debiese cumplirse.

9°) Que, en consecuencia y toda vez que es facultad del Tribunal atribuir el conocimiento de las causas a un tercer juez competente, aun cuando no haya sido parte de la contienda, corresponde que intervenga en la presente causa la justicia federal con asiento en la Provincia de Tucumán, lugar donde tiene su domicilio la deudora (conf. arts. inciso del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 873 Y 874 del Código Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara competente a la justicia federal con asiento en la Provincia de Tucumán. Remítase la presente causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a sus efectos.Hágase saber al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 3 y al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 17.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

DISIDENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1°) Que tanto el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 3, como el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 17, se declararon incompetentes para entender en la causa.

2°) Que con arreglo a lo previsto en el art. 24, inciso 7° del decreto-ley 1285/58, el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda es la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció.

3°) Que lo anterior expuesto no se modifica por la intervención que le cupo a la Sala 1 de la mencionada cámara a fs. 45 ,toda vez que en dicha .oportunidad dispuso la elevación de la causa a esta Corte, en lugar de dirimir -en forma definitiva- la contienda suscitada como tribunal superior .habilitado al efecto (art. 2.4, inciso 7° del decreto-ley 1285/58)

4°) Que, en las condiciones expresadas, no corresponde la intervención de esta Corte en el caso.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, a los fines correspondientes, remítanse las actuaciones a la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ