Centro de estética debe responder por las quemaduras sufridas en el abdomen por la paciente consecuencia del tratamiento de lipoescultura

Partes: P. V. M. c/ L. M. C. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-113111-AR | MJJ113111 | MJJ113111

 

El centro de estética demandado resulta responsable por las quemaduras que sufrió la actora en el abdomen como consecuencia del tratamiento de lipoescultura, provocadas por una falla en la máquina utilizada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar al centro de estética demandado por las quemaduras que sufrió la actora en el abdomen como consecuencia del tratamiento de lipoescultura, provocadas por una falla en el transductor la máquina utilizada para ello, pues se acreditó el funcionamiento defectuoso de la máquina utilizada para dar cumplimiento a la prestación, en tanto fue reemplazado a los seis días a través de la empresa que realizaba su mantenimiento por poseer una rajadura.

2.-El centro de estética demandado a fin de prestar adecuadamente el servicio de salud debía cumplir con el deber de seguridad, el cual se encuentra también legislado en el art. 5 de la Ley 24.240, al disponer que las cosas o servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (conf. art. 42 CN.).

3.-La prestación de servicios de salud involucra generalmente a una multiplicidad de sujetos que asumen prestaciones de diverso objeto y alcance, lo que en ciertas ocasiones suele dificultar la labor para determinar la naturaleza y extensión de la responsabilidad que a cada uno puede caberle frente a un paciente que ha sufrido un daño en su salud como consecuencia de un error con culpa.

4.-La obligación de seguridad de naturaleza objetiva de los hospitales, sanatorios y clínicas puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad del nosocomio por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto puramente médico.

5.-Existe el deber de la entidad hospitalaria o clínica de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general o accesoria para la preservación de la personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato. Es que si el hospital o la clínica se han obligado a proporcionarlo, no solamente serán responsable por el servicio que ofrezcan, sino también de que se preste en condiciones tales para que el paciente no sufra daños por una eventual deficiencia del servicio prometido.

6.-La lesión estética constituye sólo excepcionalmente un rubro autónomo a reparar, siendo la regla que quede subsumido en la incapacidad sobreviniente en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano laboral o social, o en el agravio moral si es que es indiferente a la actividad laboral o al normal desenvolvimiento de la vida de relación y el defecto altera sólo el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima.

7.-Los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN.).

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de julio de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “P. V. M. C/ L. M. C. Y Otros S/Daños Y Perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 409/429, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE – ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 409/429 resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda entablada por V.M. P. contra “LASER MED S.A.” y “SMG SEGUROS S.A.”, a quienes condenó -a la última en los términos del art. 118 de la ley 17.418- a hacerle íntegro pago a la parte actora de la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil ciento quince ($142.115), con más sus intereses -conforme se dispone en el considerando XI (v. f. 427vta.)- y costas del juicio -de acuerdo a lo explicitado en el acápite XII (v. f. 427vta.)-; y 2) Rechazar la demanda entablada contra M. C. L., con costas (v. acápite XII, f. 427vta.).

II. La causa tiene su origen en la demanda que luce agregada a fs. 6/7 -y sus ampliaciones de fs. 35/45 y 82/84-. Allí la pretensora narró que, con la finalidad de mejorar su aspecto estético, con fecha 26/02/2011 efectuó un tratamiento médico de lipólisis transdérmica ultrasónica multifocal (conocido como el método “Ultrashape”) que consiste -y así está publicado- en un procedimiento no invasivo tendiente a reducir la masa adiposa localizada y disminuir el contorno corporal.En el caso, la zona seleccionada para la realización del mismo fue la zona abdominal.

Así, relató que asistió a su primera entrevista el día 16/02/2011 en el instituto “Laser Med S.A.”, sito en la calle José E. Uriburu 1471 de esta ciudad.

Allí, la Dra. Lorena Madrid le explicó el tratamiento que ellos hacían. Lo describió como seguro y no invasivo y le comentó que destruye en forma mecánica y selectiva la adiposidad localizada, en forma transdérmica, sin cirugía, sin dañar ningún otro tejido.

Asimismo, refirió que ese mismo día se le entregó un presupuesto a la actora y se procedió a fijar un turno para el 23/02/2011, fecha que fue modificada por el Instituto -por cuestiones vinculadas al mantenimiento de la maquina- para el día 26/02/2011.

Expuso que en oportunidad de llevarse adelante el tratamiento de Ultrashape fue atendida por la codemandada -la Dra. C. L.- quien luego de una serie de exámenes físicos procedió a colocarle aceite de castor e inició el mismo.

Sostuvo que, transcurridos unos instantes, sintió molestias por la frecuencia de la máquina, circunstancia que le hizo conocer a la doctora desde el primer momento y a la cual ésta le respondió que eran normales. Sin embargo, afirmó que luego de haber insistido acerca de las mismas, la galena concluyó el proceso.

Describió que padecía ardor en la zona abdominal y que la médica le dijo que estaba un poco irritada ya que se le había echo una “ampollita”, lo cual era normal y procedió a aplicarle Platsul-A en crema y unas gasas.

En tales circunstancias, alegó que -pasadas las dos horas desde la realización del mentado procedimiento- se revisó la zona abdominal y encontró toda la superficie del abdomen llena de ampollas.Por ello, se trasladó a la guardia médica de la Clínica de la Trinidad de Palermo, en donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado y le indicaron la aplicación de la misma crema.

Asimismo, narró que por la mañana del día 28/02/2011 efectuó una consulta dermatológica adicional con el Dr. Sergio Escobar y otra médica de su equipo (la Dra. Luciana Gómez), quienes le tomaron fotografías de las lesiones y le adicionaron una pomada antiséptica, antibiótica y corticoides locales.

Esa misma mañana, también se entrevistó con el Dr. Sergio Korzin, quien se presentó como uno de los directores de la empresa demandada. Luego de haberla revisado le dijo que las lesiones ocasionadas pudieron ser causadas por una falla en la máquina que se utilizó para el tratamiento (v. f. 36).

En función de todo explicitado, atribuyó la responsabilidad del presente hecho a la clínica “Laser Med S.A” y a M. C. L. por los argumentos allí vertidos y reclamó la suma de $330.438 con más sus intereses y costas del proceso.

III. Contra el decisorio de primera instancia apelaron, tanto la codemandada “Laser Med S.A.” y la citada en garantía “SMG Compañía de Seguros S.A.” (v. f. 434) como la parte actora (v. f. 436).

IV. A fs. 453/459 expresaron agravios los primeros.

Cuestionaron: a) la responsabilidad endilgada en la instancia de grado; b) la cuantía otorgada para los rubros “daño psíquico” y “daño moral”; c) la admisión de la partida indemnizatoria denominada “terapia psicológica” como así también el cómputo de sus intereses; d) la imposición de costas por el rechazo total de la demanda respecto de la Dra. L.; y e) la tasa de interés aplicada.

V. Esta última presentación fue respondida por la demandante a fs. 464/469, quien solicitó la deserción del recurso y – subsidiariamente- contestó los agravios de los encartados.

VI. A fs.460/463 fundó su recurso la accionante, agraviándose únicamente en lo que hace al rechazo de la partida indemnizatoria “daño físico” y en relación a la tasa de interés fijada en la anterior instancia.

VII. Dicha pieza fue contestada a fs. 470/471vta. por la codemandada “Laser Med S.A.” y la citada en garantía.

VIII. En este escenario, pasaré a examinar los agravios expresados en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).

IX. El tema a decidir de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos respecto de la codemandada “Laser Med S.A.”; y, en su caso b) la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios que fueran materia de agravio; c) la imposición de las costas en relación al rechazo de la demanda interpuesta contra la Dra. M. C. L.; y, d) el cómputo y la tasa de interés aplicable al monto de condena.

IX.a) Razones de orden metodológico imponen dar tratamiento, en primer lugar, a la cuestión relativa a la atribución de responsabilidad.

A los fines de determinar la responsabilidad que se imputa en los presentes actuados, resulta indispensable expresar en primer término cuáles han de ser los criterios que se han de aplicar en relación a la actuación de la Clínica, la naturaleza del vínculo que se establece con el paciente y la responsabilidad que de aquella se deriva.

Es sabido que en la actualidad la prestación de servicios de salud involucra generalmente a una multiplicidad de sujetos que asumen prestaciones de diverso objeto y alcance, lo que en ciertas ocasiones suele dificultar la labor para determinar la naturaleza y extensión de la responsabilidad que a cada uno puede caberle frente a un paciente que ha sufrido un daño en su salud como consecuencia de un error con culpa.

Así la relación institución/médico – paciente contiene no sólo sujetos distintos, sino también derechos y obligaciones de diversa índole para cada uno de ellos con causas distintas de responsabilidad, sea cual fuere la fuente generadora del daño al paciente.

En ese entendimiento, puede plantearse la situación en que la clínica pueda verse obligada a responder sin que medie culpa de algún profesional, por ejemplo y como ocurre en el caso, a través de la responsabilidad devenida del vicio o defecto de las cosas de que se sirve el establecimiento asistencial para cumplir con las prestaciones comprometidas (conf. Acevedo, Rafael “El Error Médico”, La Responsabilidad Sanatorial por fallas en la organización asistencial, 1° Ed. Bs. As., 2011, pág.95/100) De esta manera, tiene dicho la jurisprudencia que la obligación de seguridad de naturaleza objetiva de los hospitales, sanatorios y clínicas puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad del nosocomio por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto puramente médico (conf. SCBA, AC 77588 S 19/02/2002, JUBA sumario B26276).

Siguiendo este lineamiento, la ley establece la responsabilidad objetiva por vicio de la cosa, y no debe analizarse allí la existencia de culpa por parte del propietario o del guardián. Ellos son responsables porque la cosa tiene un vicio interno, y al ocasionar un daño a una persona extraña a su dominio, la ley considera justo proteger a la víctima y sancionar al propietario o guardián por el daño producido, sin perjuicio de las acciones recursivas que a los mismos pudieran corresponder. Sería una actitud precisamente desprovista de todo contenido ético pretender que la víctima debe absorber el daño porque el propietario o guardián no han podido conocer ostens iblemente la existencia del vicio (R. GARRIDO y L. ANDORNO, “El art. 1113 del Código Civil – Comentado y Anotado”, Responsabilidad civil por vicio de la cosa, ed. Hammurabi, Bs. As., 1983, pág. 418).

Por otra parte, destáquese que en relación a los entes sanatoriales, se reconoce sin mayores discusiones que pesa sobre ellos una obligación tácita de seguridad hacia quien acude a los servicios que brinda. Vale decir, que rige una cláusula sobreentendida de garantía que se traduce en atender a la seguridad del paciente, y que tiene su fundamento en el principio general de la buena fe (art.1198, primer párrafo, del Código Civil).

En otras palabras, existe el deber de la entidad hospitalaria o clínica de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general o accesoria para la preservación de la personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato. Es que si el hospital o la clínica se han obligado a proporcionarlo, no solamente serán responsable por el servicio que ofrezcan, sino también de que se preste en condiciones tales para que el paciente no sufra daños por una eventual deficiencia del servicio prometido (Ver Vázquez Ferreyra, Roberto, “La obligación de seguridad”, suplem. especial La Ley, septiembre de 2005, p. 4; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 468, N° 1431 quáter, 5° edición, Buenos Aires, 1987; CNCiv., Sala A, del 2/6/2004, LL del 10/11/2004; Bueres, Alberto “Responsabilidad civil de los médicos”, p. 383/384, Buenos Aires, 1992; CNCiv., Sala G, del 25/6/1981, en autos “Abalo, Omar Ulises c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor”, Expte. libre n° 269.599; CNCiv. Sala H, 21-6- 1995, “Gutiérrez, María E. c/ Intermedics Inc.”, libre N° 161.624).

Adviértase que para decretar la responsabilidad en estos supuestos ni siquiera es necesario acudir a sostener que la obligación que pesa sobre los hospitales y clínicas es de resultado, como lo han sostenido pronunciamientos de nuestro fuero (ver, en tal sentido, CNCiv., Sala E, del 25/11/1980, LL 1981-D-133; CNCiv., Sala C, del 9/2/1984, LL, 1985-C-638, s. 36.846; CNCiv., Sala C, del 5/9/2000, in re “Parisi, Roberto J. v. Girado, Juan M.”, voto del Dr.Alterini, JA, 2001-II-571; CNCiv., Sala M, del 5/6/2001, en autos “González de Toloza, Perla c/ Armada Argentina”, Lexis Nexis n° 1/70005627-1; etcétera). Aunque nos ubiquemos en el ámbito de las obligaciones de medios, se verá que es exigible al ente asistencial una prestación diligente, idónea y técnicamente irreprochable (ver Trigo Represas, Félix, “Responsabilidad civil de médicos y establecimientos asistenciales”, LL, 1981-D-133; esta Sala, “Simone de Del Moral, Emilia Rosa y otros c/ Granja, Miguel Angel y otro s/ daños y perjuicios”, del 18-03-2008, Expte. Libre N°488.465; íd., “Martin, Alicia Irene c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Daños y Perjuicios”, del 18-07-2008, Expte. Libre N° 492.538).

A partir de lo reseñado, queda claro que la codemandada “Laser Med S.A.” a fin de prestar adecuadamente el servicio de salud debía cumplir con el deber de seguridad, el cual se encuentra también legislado en el art. 5 de la Ley 24.240, al disponer que las cosas o servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (conf. art. 42 CN).

Ahora bien, de la lectura del plexo probatorio se encuentra debidamente acreditado que “.la actora V. M. P., padeció como consecuencia del tratamiento de lipoescultura, quemaduras de 2° grado, tipo AB en abdomen, dejando secuelas máculas acrónicas e hiperpigmentadas en el abdomen.” (v. f. 246vta., consideraciones médico-legales experticia médica), lo que fue provocado por una falla en el transductor la máquina utilizada para ello (v. dictamen del CMF obrante al f° 127 de la causa penal). En este sentido, se demostró en sede represiva que el instrumento que causó las referidas lesiones fue reemplazado a los seis días (con fecha 03/03/201) a través de la empresa que realizaba su mantenimiento -“Sirex Médica S.A.”- por poseer una rajadura (v. fs° 79 y 81 vta.causa penal).

Corolario de ello, habiéndose comprobado el funcionamiento defectuoso de la máquina utilizada para dar cumplimiento a la prestación contratada y compartiendo el resto de las consideraciones de la Magistrada que me precedió (que no han logrado ser revertidas por el apelante), habré de proponer a mis colegas que se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia de primera instancia (conf. art. 1113, seg. párr. del Código Civil).

IX. b) Indemnización ? Incapacidad Física Se agravia la pretensora por considerar arbitraria la decisión de la a quo en cuanto denegó el resarcimiento por la presente partida y solicita se revoque este punto del decisorio de grado.

La Sra. Juez de la anterior instancia fundó el rechazo de la presente partida sobre la base de la experticia médica designada de oficio.

De la lectura de aquella, se extrae que si bien la incapacidad transitoria del 9% padecida en razón de estas quemaduras no produce disminución en la actividad de la actora (v. f. 244vta.), aquella se encuentra invalidada para realizar tareas por un lapso de dos a tres semanas (v. f. 286).

“.Pasado este tiempo, la piel comienza a restaurarse, hasta quedar con las máculas residuales descriptas en la paciente, que puede tardar 4 meses a 6 meses, pero estas máculas residuales no son invalidantes.” (conf. fs. 245 y 286).

Ahora bien, frente a la incapacidad transitoria, se deben ponderar los padecimientos al resarcir el daño moral y, además, si debido a las lesiones se hubiese privado a la damnificada de desarrollar actividades remuneradas que habitualmente desempeñaba, cabría indemnizarle el lucro cesante (ver en este sentido, CNCivil Sala “E”, votos del Dr. Calatayud en c.61.197 de 5/2/90 y 151.169 del 31/8/94).

En este caso, no se alegó al demandar que la actora se hubiese visto impedida de trabajar durante ese lapso de tiempo, ni se acredito fehacientemente que raíz del evento dañoso sus ganancias se vieran frustradas (más allá de lo que declararon los testigos ofrecidos -v. fs.217/218 y 268/269).

Asimismo, esta Sala viene sosteniendo que la lesión estética constituye sólo excepcionalmente un rubro autónomo a reparar, siendo la regla que quede subsumido en la incapacidad sobreviniente en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano laboral o social (.), o en el agravio moral si es que es indiferente a la actividad laboral o al normal desenvolvimiento de la vida de relación y el defecto altera sólo el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima” (esta Sala, in re “González Teodoro, c/ Strua María” , LL 2004-D, 753).

Teniendo en cuenta esas directivas, y lo que surge de la experticia médica de autos, atendiendo a las particularidades consignadas en la especie, la ubicación y la naturaleza de las lesiones que presenta la actora, coincido con lo resuelto por la Juez de grado en lo que concierne a tratar la repercusión del daño estético dentro del daño moral.

Entonces, se impone el rechazo de la presente queja, sin perjuicio de señalar que las presentes lesiones fueron consideradas por la sentenciante al abarcar el daño moral, lo que así propongo al Acuerdo.

Daño Moral, daño psicológico y tratamiento:

Respecto a las presentes partidas la sentenciante que me precedió decidió fijar a los fines de indemnizar dichos perjuicios las sumas de $55.000 por daño moral (cifra que incluye el daño estético), $50.000 en concepto de daño psicológico y la de $31.200 para el rubro tratamiento psicológico.

Tal como fuera manifestado, se agraviaron la codemandada “Laser Med S.A.” y la citada en garantía “SMG Compañía de Seguros S.A.”. En relación al “daño moral” y al “daño psíquico” señalaron que la sentencia resulta ultra petita por conceder más de lo demandado; mientras que en lo tocante al “tratamiento psicológico” sostuvieron que yerra la sentenciante al otorgar una doble indemnización.

Respecto a la queja dirigida a una sentencia ultra petita, diré que el principiode congruencia establecido en los arts. 34 inc. 4to. y 163, inc. 6to. del CPCCN es la conformidad de expresión, contenido y alcance entre las pretensiones de las partes formuladas en el juicio y el fallo que al respecto se dicte. Habrá incongruencia cuando se falle sobre algo no pedido (extra petita), o cuando se lo haga por menos de lo pedido (citra petita), o cuando se sentencie más de lo pedido (ultra petita).

Sentado ello, cabe destacar que surge de la pieza que diera inicio a las presentes actuaciones que la pretensora solicitó en concepto de daño psíquico “.la suma de $ 25.000, sin perjuicio de lo que en más o en menos resulte de la prueba pericial a producirse.” (v. fs. 40vta. párr. seg. y 41) y por “daño moral” “.la suma de $54.383 o lo que surja de las probanzas realizadas en autos, o en lo que en más o menos estime V.S.” (v. fs. 39vta. y 41). De esta manera, no podríamos hablar de incongruencia; máxime si se tiene en cuenta que -en este último caso- fue incluido el “daño estético”, el cual fue estimado en el líbelo inicial en el monto de $150.000 (v. f. 38vta.) Es por eso que, considero que la Magistrada de grado no ha fallado sobre algo no pedido, o por menos o por más de lo pedido, sino que a la hora de cuantificar el rubro en cuestión, lo hizo conforme la experticia producida a tal efecto que determinó que “.según el baremo de AAC (la Sra. P.) reúne criterios para determinar un daño categorizado como Resumen de Incapacidad en Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. con manifestación fóbica de Grado III con un porcentaje de incapacidad del 11% al 20%, equivalente al baremo de Castex Neurosis fóbica moderada con un grado de incapacidad del 10 al 25%.” (conf. fs.2 94/295).

Por los motivos expuestos, considero que las quejas sobre la violación a los principios de congruencia y de defensa en juicio, tampoco reciban favorable acogida.

Por último, y en respuesta al segundo agravio de los apelantes, tal como he dicho en reiteradas oportunidades, otorgar resarcimientos autónomos en concepto de psicoterapia y daño psicológico se encuentra plenamente justificado cuando las lesiones psíquicas revisten cierta singularidad según la evaluación de las circunstancias de la causa (conf., esta Sala, autos “Iturralde c/ Villareal s/ ds. y ps.”, del 20/12/2006). En este orden de ideas, la partida otorgada por tratamiento psicológico no se superpone, en principio, con la acordada por incapacidad psíquica; ya que mientras ésta última apunta a reparar -mediante la entrega de una suma de dinero- la mentada incapacidad, la cantidad otorgada por tratamiento psicológico no se dirige a esa reparación, sino a que la víctima no sólo pueda sobrellevar en el futuro aquella dolencia psíquica que aconteciera por el injusto, sino también a evitar un agravamiento del estado del paciente; aunque tratando -en el mejor de los casos- de neutralizarla.

A ello se agrega que la experta ha sido contundente al afirmar que “.los trastornos detectados son posibles de trabajar en psicoterapia y tener una mejoría, con una más adecuada asimilación del evento traumático y una mejoría en la calidad de vida de la evaluada.” (v. f. 324).

Las razones expuestas ut supra me convencen de lo acertado de la decisión de la Jueza de grado, por lo cual propongo confirmar lo establecido en este concepto (arts. 163 incs. 5, 6, y 386 del CPCCN).

IX. c) Costas Se queja la demandada y la citada en garantía en cuanto a la forma en que fueran impuestas las costas en la instancia de grado respecto del rechazo de la acción contra la Dra. L.

El art. 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas.Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho. Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario (conf., CNCiv., Sala A, E. D., 90-504; íd., Sala D, LL., 1977-A-433; íd., Sala F, J. A., 1982-I-173; íd. Sala H, “Arena, María c/Empresa Línea 47 S. A. s/Daños y perjuicios”, del 14/06/94).

Sin embargo el citado artículo 68 en su segunda parte dispone que el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Así no puede soslayarse que la eximición que autoriza dicha norma procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de las costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (conf. CNCiv., Sala E, “Becerra de Delgado c/ Delgado s/medidas precautorias”, del 26-12-97).

Dicho ello, coincido con la Magistrada que me precedió en cuanto decidió imponerles las costas del juicio (inclusive las correspondientes a la actuación de la demandada L.) a “Laser Med S.A.” y a la citada en garantía, toda vez que no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota (art.68 del CPCCN) y considero que la parte actora pudo creerse con derecho a demandar a la dependiente de la codemandada que llevó a cabo el tratamiento de la forma en que lo hizo.

Por ello, a fin de mantener el principio de reparación integral (conf. art. 1083 del Cód. Civil) la imposición de las costas decidida en la sentencia habrá de ser confirmada, de modo tal que los argumentos esgrimidos resultan insuficientes a los fines de la eximición de las costas.

IX. d) Intereses:

Con relación a las quejas vertidas en materia de intereses (tanto respecto del cómputo como de la tasa de interés fijada), esta Sala viene sosteniendo que atento la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martinez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios” , los intereses deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (conf. art. 303 del CPCCN). Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, La Ley, cita online: AR/JUR/55224/2003).

El mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso.A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

Finalmente, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código) a la vez que fomentaría la demora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, contrariando la garantía del actor a hacer efectivo su derecho (cfr. art. 18 de la CN).

En función de lo expuesto, y conforme los lineamientos de esta Sala precedentemente pormenorizados, he de proponer al Acuerdo que se rechacen las críticas vertidas en materia de intereses, confirmándose lo dispuesto en la instancia de grado.

X. Por los argumentos expuestos propongo al Acuerdo se confirme la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en la anterior instancia (conf. art. 68 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres . Díaz Solimine y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE – ROBERTO PARRILLI

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, 10 de Julio de 2018.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada.Las costas de alzada se imponen de igual modo que en la anterior instancia.

Teniendo en cuenta el interés económico comprometido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por el experto se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08, entre otros), recurso de apelación interpuesto por bajos a f.430, f.436, f.434 y f.449 y por altos a f.434; y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, Dec. 2536/15 y art. 478 del Código Procesal, se modifica la regulación practicada a f. 428/vta. fijándose en PESOS.($.) los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, Dres. Isaac Roberto Churba y Emilio Shirley Churba; en PESOS.($.) los de los letrados apoderados de la parte demandada y citada en garantía, Dres.Fernando Ariel Bartolini, Romina Paola Farace y María Cristina Merida; en PESOS.($.) los del perito psicólogo Juan José Lausse; y se la confirma respecto de la regulación efectuada a favor de los peritos, Editha Beatriz Telesca, Laura Marina Esquivel; de la mediadora Dra. Mara Orlando y del Dr.Diego Alberto Alvarez, letrado de la citada en garantía.

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS.($.) los honorarios de la dirección letrada de la actora Dr.Isaac Roberto Churba; y en PESOS.($.) los de la Dra. Romina P. Farace, en su carácter de letrada apoderada de la demandada (conf. arts. 14, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíques e (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ

JUEZ DE CÁMARA

DR. ROBERTO PARRILLI

JUEZ DE CAMARA

DR. OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

SUBROGANTE