No existió mala praxis ya que el el tratamiento médico dispensado tanto para la lesión que motivó la consulta como para el cuadro infeccioso instalado con posterioridad resultó correcto y adecuado

Partes: A. J. c/ Sanatorio San Mauricio y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112219-AR | MJJ112219 | MJJ112219

 

Rechazo de la demanda de mala praxis, pues surge acreditado que el tratamiento médico dispensado tanto para la lesión que motivó su primera consulta, como así también para el cuadro infeccioso instalado con posterioridad, resultó correcto y adecuado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda de mala praxis médica, pues el experto informó que resulta acertado ante la existencia de una herida cortante efectuar limpieza de la misma, proceder a la sutura, aplicar plan antitetánico e indicar curaciones cada cuarenta y ocho horas, y que no existen constancias de concurrencia de la actora a efectuar las curaciones al centro asistencial, siendo que la derivación de la paciente a efectos de ser evaluada por médico cirujano fue correcta, así como también lo fue el plan antibiótico prescripto.

2.-La prueba de la culpa del médico resulta indispensable porque ella, además de la responsabilidad personal que implica, contiene la demostración del incumplimiento de la obligación de prestar asistencia adecuada que toma a su cargo el ente sanatorial, pues debe responder diligentemente a través del profesional del que se vale para cumplir la prestación en forma adecuada.

Fallo:

En San Martín, a los 18 días del mes junio de de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, a fin de pronunciarse en los autos caratulados “A. J. c/ SANATORIO SAN MAURICIO Y OTRO s/ ORDINARIO”, de conformidad al orden de sorteo, El Dr. Juan Pablo SALAS dijo:

I.- La Sra. juez de primera instancia, en su pronunciamiento de Fs. 392/401Vta., rechazó la demanda interpuesta por la Sra. J. A. contra el Sanatorio San Mauricio S.R.L. y la Dirección de Ayuda Social para Personal del Congreso de la Nación -(en adelante DASPCN)-, con costas por su orden (Art. 68, segunda parte, CPCC). Para así resolver, en primer término, señaló que, si bien la responsabilidad estatal se hallaba actualmente regida por la ley 26.944 y había entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, eran de aplicación al caso las disposiciones del Código Civil, por ser el cuerpo normativo vigente al momento de la constitución de la relación jurídica. Seguidamente, analizó las pruebas colectadas en autos y entendió que no permitían tener por acreditado que haya mediado negligencia o impericia en la atención brindada a la Sra. A. como para poder sostener que en el caso existió mala praxis, ni que las conductas de los profesionales intervinientes, conforme las historias clínicas y prueba pericial analizada, fueran contrarias a las reglas del arte de curar. Por tanto, en la medida en que no había sido acreditada culpa médica en el accionar de los facultativos que asistieron a la actora en el sanatorio San Mauricio, entendió que no cabía atribuir responsabilidad a los codemandados, Sanatorio San Mauricio SRL y DASPCN, lo que la llevó a desestimar la demanda interpuesta.En esta línea, también consideró concluyente para el rechazo de la acción, la acreditación en autos de la inexistencia de incapacidad, física ni psicológica de la actora, como tampoco de secuela estética alguna. Como contrapartida, tuvo por acreditado que el tratamiento médico dispensado tanto para la lesión que motivó su primera consulta, como así también para el cuadro infeccioso instalado con posterioridad, resultó correcto y adecuado. Por último y, en cuanto a las costas, entendió que atento a las características del hecho y el desenlace acaecido, la actora puedo haberse creído con derecho a demandar, por lo que justificó su distribución en el orden causado.

II.- El pronunciamiento fue apelado por la actora a Fs. 405/405Vta. y por la codemandada -DASPCN- a Fs. 404.

La parte actora expresó agravios a Fs. 415/418, con réplica de las accionadas a Fs. 423/426Vta. -Sanatorio San Mauricio- y a Fs. 428/430 -DASPCN-. Las quejas de la parte actora giraron -en lo esencial- en torno al rechazo de la demanda. Así, consideró que la iudex a quo se apartó de las constancias de la causa, realizando una omisión de los medios probatorios arrimados y una interpretación absurda de la prueba producida. Asimismo, se quejó ya que si bien se tuvo por confeso al Sanatorio San Mauricio, dicha circunstancia no fue siquiera apreciada al momento de resolver. Finalmente, ratificó la reserva del caso federal. Por su parte, la codemandada -DASPCN- expresó agravios a Fs. 419/421. Su única queja fue en cuanto a la imposición de costas por su orden. Dicho memorial no fue contestado.

III.- Liminarmente, he de poner de relieve que la valoración de la prueba exige una apreciación global e integradora de los elementos de juicio incorporados al proceso; no es obligación del juzgador ponderar la integralidad de las probanzas agregadas sino sólo las que estime apropiadas, conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas a otras y omitir toda referencia a las que estimare inconducentes o no esenciales (Confr.Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado, Ed. Astrea, Tomo 2, Págs. 338 y siguientes; doctrina Art. 386 CPCC y Fallos: 274:113; 280:3201, entre otros).

IV.- Ahora bien, en el caso de examen la actora promueve demanda por daños y perjuicios contra Sanatorio San Mauricio SRL, el Dr. J.L.A y la DASPCN y/o contra quien en definitiva resulte civilmente responsable por los daños producidos vinculados con la mala práxis que desplegara el Dr. J.L.A al tiempo en que el profesional la atendiera en el sanatorio codemandado. Cabe señalar al respecto, que el galeno fue desistido en la presente (Cfr. Fs. 35/51Vta., punto 2, Fs. 155 y 156). Sentado ello, de la lectura de la narración de los hechos plasmados en el libelo inicial, se extrae que el 5 de diciembre de 1999 la actora concurrió al Sanatorio accionado, por haber sufrido una herida en su rodilla izquierda tras una caída en la vía pública, donde fue atendida por el Dr. J.L.A. Relata que “el médico se hizo presente junto a dos enfermeras [.] comienzan a tratar herida, primero con agua oxigenada y luego pasan una gasa, por último la anestesian y comienzan a suturar [.] Una vez finalizada la curación vendaron [.] le dieron turno para presentar[s]e en la Clínica el siguiente sábado 11 de diciembre de 1999.El día siguiente, es decir el 6 del citado mes [.] despierta por la mañana con fiebre, y supuso que sería como consecuencia de la infección [.] El día martes 14 de diciembre siguiente [.] fue trasladada nuevamente a la clínica [.] procedieron tan solo a cambiar la gasa de la herida”. Afirma que tal situación “da cuenta de la escasa atención que recibiera, por parte del servicio médico”. Continúa relatando que “El día Miércoles 15 de diciembre [.] la herida seguía supurando como en los días anteriores [.] despedía un desagradable olor y la zona contigua a la herida había comenzado a tornarse de un color más oscuro [.] la fiebre no había cesado desde el lunes anterior [.] es así que su hija llamó a un servicio de urgencias [.] al revisarla, detectaron un infección muy importante en la zona afectada, lo que derivó en la inmediata aplicación de antibióticos por vía inyectable, para contrarrestar, con la mayor urgencia posible los efectos de esta infección que, como consecuencia del actuar negligente de los médicos del Sanatorio San Mauricio SRL venía aumentando a pasos agigantados desde el día del accidente.Llegado el día jueves [.] concurre a la Clínica, donde le realizan una nueva curación y solo le recetaron antibióticos”. El día sábado (fecha en la cual debía concurrir según el turno asignado) fue revisada en el Sanatorio por otro médico quien le comunicó que “la cuestión requería internación, pero dado que la clínica, no contaba con anestesista, ni cirujano [.] debía aguardar al día siguiente”. Es así que, el domingo concurre nuevamente y “fue recibida por un nuevo médico [.] éste aconsejo que lo mejor sería internarse [.] pero convencidos de la escasa, precaria y pésima atención que le habían brindado [.] la poca dedicación profesional y la falta de seguimiento por parte de los médicos hacia los pacientes, decidieron [.] su traslado hacia el Sanatorio Güemes de la Capital Federal”. En dicho sanatorio le realizaron “toilette quirúrgica” y es en esa oportunidad que los médicos le informaron que la herida se encontraba sucia “ya que durante la mencionada limpieza se le extrajeron trocitos de pasto y también gusanillos”. (cfr. Fs. 35/52Vta., punto 3). Por el contrario, el sanatorio accionado adujo que la paciente “recibió atención adecuada, tratamiento antibiótico correcto y curaciones periódicas lo cual no pudo evitar la complicación esperada que es la infección de la herida”. Señaló, que la actora concurrió al sanatorio “en tres oportunidades.La primera de ellas, es en ocasión de sufrir la herida cortante, en donde en forma correcta se efectúa limpieza de la herida, se procede a la sutura [.] se indica antitetánica y curaciones cada 48hs.”.

Agrega que, “El accionar médico dispensado en esa oportunidad resulta ser sumamente correcto de acuerdo al tipo de herida [.] La segunda consulta, se lleva a cabo en el día 10, es decir 6 días más tarde, situación esta que indica que la actora no concurre a las curaciones indicadas en su oportunidad cada 48hs., en dicha oportunidad se detecta la existencia de un cuadro infeccioso a nivel de la herida, consistente en una herida que supura, por lo cual se drena en lo Civil, Com. y Cont. Adm. de San Martín 2 , Secretaría 3 SALA II y se indica antibióticos”. Destaca que, “Esta conducta también resulta ser correcta [.] La tercer consulta llevada a cabo por la actora es el 12, fecha en la cual se decide la derivación a otra institución a efectos de ser evaluado por médico cirujano e implementar el tratamiento correspondiente” (Cfr. Fs. 93/101Vta., punto IV). A su turno, la Obra Social también insistió en que la actora recibió la atención adecuada, tratamiento antibiótico correcto y que teniendo en cuenta la elevada posibilidad estadística de infección en este tipo de heridas, no se encuentra relación directa causal con la intervención de los profesionales actuantes ni del sanatorio donde ocurrieron los hechos (Cfr. Fs. 115/123Vta., punto III). Ahora bien, en tal inteligencia y ante dichas discrepancias, el caso de autos, se trata pues de determinar si existió un tratamiento adecuado de acuerdo a las circunstancias y, en especial, si hubiese existido forma de evitar el desenlace ocurrido. Sentado lo expuesto y en aras de lograr un mayor entendimiento en lo que a responsabilidad médica se refiere, considero necesario realizar una sucinta sinopsis sobre el tema. Liminarmente debo referir que, en relación a la atención médica, existen diferentes obligaciones:1) obligaciones de resultado o determinadas; 2) obligaciones de medio o de diligencia; y 3) obligación de seguridad (ACHÁVAL, Alfredo, Responsabilidad civil del médico, LOPEZ MESA, Marcelo J. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Responsabilidad Civil de los profesionales, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, 1° y 2° parte, Capítulo 8, Págs. 385 y Sgtes.). Las primeras, son aquellas en las cuales el acci piens (paciente) recibe como contraprestación debida el resultado de la atención médica como tal, es decir, el medio ha llegado a su fin y, éste y el telos (finalidad) son evaluables, verbi gratia, la realización de análisis clínicos o la cirugía de resultado (estética, reparadora, etc.). En las segundas, el médico coloca toda su sapiencia y experiencia al servicio del paciente, con el objeto de curarlo o, según el caso, de mitigar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida. Ergo, al someterse a un tratamiento concreto, el paciente espera un resultado y puede obtenerlo, pero no exigirlo. Sólo puede pretender que el profesional actúe con pericia y diligencia. En cuanto a la obligación tácita de seguridad, debe entenderse como un eficiente cumplimiento de la asistencia prometida, razón por la cual, al no mediar una diligente ejecución del servicio, queda configurada la responsabilidad de la demandada (C.Civ. y Com. La Plata, Sala I, del 04/09/86, “Pompey, Omar E. c/ Prov. de Buenos Aires”). Esta obligación se relaciona con la entidad que presta el servicio y resulta accesoria a la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico (CNCiv., Sala H, del 15/10/99, “Carrasco, Jorge M. c/ Clínica San José de Flores”).

V.- En similar sentido, no es ocioso recordar que, para generar responsabilidad civil del médico, se hacen necesarios los siguientes presupuestos: a) un comportamiento propio, activo o pasivo del galeno; b) que dicho comportamiento viole el deber de atención y cuidado propios de la profesión médica, sea el específico nacido de una obligación voluntaria (Art.505 y Concs. del Cod. Civil), sea el genérico (Arts. 1066 y Concs. del Cod. Civil); así se configura un obrar antijurídico; c) que ese obrar antijurídico sea imputable subjetivamente al médico, a título de culpa (Art. 512 del Cod. Civil), o de dolo o de malicia (Arts. 520, 521, 1072 y Concs. del Cod. Civil); d) que ese obrar antijurídico e imputable al médico derive en un daño al paciente, en el cuerpo, en la psiquis y/o en la salud, patrimonial o moral (Art. 1068 y Concs. del Cod. Civil); e) que exista un nexo causal (relación de causalidad) entre el daño sufrido y el hecho médico (Arts. 901 y Ss., del Cod. Civil), (MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, T.VIII, Rubinzal-Culzoni, 2001, Buenos Aires).

VI.- A continuación procederé a analizar si se verifican o no los presupuestos mencionados en el considerando V y, en su caso, si deben responder los codemandados.

Se debe señalar que según surge de la pericia médica obrante en esta causa a Fs. 284/290Vta. “La actora sufrió caída con herida contuso cortante de rodilla izquierda, que se infectó, requiriendo tratamiento quirúrgico y antibiocoterapia” (vid respuesta al punto 2 del cuestionario de la parte actora). Asimismo, el experto informó que resulta acertado ante la existencia de una herida cortante efectuar limpieza de la misma, proceder a la sutura, aplicar plan antitetánico e indicar curaciones cada 48hs; que no existen constancias de concurrencia de la actora a efectuar las curaciones al centro asistencial; que la derivación de la paciente a efectos de ser evaluada por médico cirujano fue correcta, así como también lo fue el plan antibiótico prescripto; y explicó que las complicaciones que pueden existir en un herida cortante son infección, sangrado, necrosis y cicatrización anómala (Cfr.apartados 2, 3, 7, 8, y 12 del cuestionario de la demandada Sanatorio San Mauricio y de la Obra Social codemandada 4 y 5).

Refirió que “No consta en autos detalle de la intervención efectuada a la actora en el Sanatorio San Mauricio. Consta que en el Sanatorio Güemes le efectuaron escarectomía y toilette del lecho necrótico, extracción de cuerpos extraños, antisepsia, antibioticoterapia y AINE” y que “No consta en documentación obrante en autos que en el Sanatorio Guemes se le haya encontrado en la herida de la rodilla detritus de pasto, gusanillos, etc.” (vid respuestas a los puntos 3 y 5 del cuestionario de la parte actora) Por otra parte, señaló que la actora “no presenta alteraciones funcionales ni incapacidad secuelar de la rodilla en relación al hecho motivo de la litis [.] Si, presenta cicatriz infrapatelar de dirección horizontal [.] Por ser la secuela de una lesión contuso cortante, se considera que no podría haberse evitado [.] No requirió ni requiere por la referida lesión ningún tipo de tratamiento rehabilitador” (Cfr. respuestas 9, 10 y 11 cuestionario parte actora). En idéntico sentido, la perito psicóloga informa que “no se han constatado signos de patología psíquica reactiva a los sucesos que se investigan en autos” (Cfr. Fs. 291/300Vta.). He de señalar que las partes no cuestionaron la pericia médica, de modo que no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones que se han referido precedentemente (Art. 477 del CPCC). Asimismo, sabido es que, si bien los magistrados no están obligados a seguir los dictámenes periciales y ellos no resultan vinculantes, la opinión del experto cobra relevancia probatoria cuando sus conclusiones se basan en elementos objetivos de valoración y razones técnicas de buen sentido (Conf. CNCont.Adm.Fed., Sala II, “Emebe SACEAI y M c/DNV s/ expropiación”, del 25/04/94, entre otros).

Por lo tanto, a pesar de que los dictámenes periciales están sujetos -como todo elemento de juicio- a la valoración por parte de los jueces (Fallos:315:2774), si no se observan razones que desmerezcan sus conclusiones, procede asignarles suficiente valor probatorio. En consecuencia y, por todo lo expuesto, considero que la conducta desplegada por el Dr. J.L.A -en la primera consulta- y los restantes galenos tratantes no merecen reproche alguno. Consecuentemente, como ha sido valorado por la jueza a quo, la prueba de la culpa del médico resulta indispensable, porque ella, además de la responsabilidad personal que implica, contiene la demostración del incumplimiento de la obligación de prestar asistencia adecuada que toma a su cargo el ente sanatorial, la clínica, etc., pues debe responder diligentemente a través del profesional del que se vale para cumplir la prestación en forma adecuada (Busso, Eduardo B., Código Civil Anotado, T. III, Pág. 289). En consecuencia, entiendo que los agravios esgrimidos por la parte actora deben ser desestimados. Por último, en atención a la forma en la que se decide, deviene inoficioso el tratamiento de las restantes quejas planteadas. VII.- Finalmente, sobre la objeción de la codemandada respecto de la imposición de las costas, es menester recordar que en todo juicio o incidente, como norma general, las costas deben imponerse al vencido porque quien hace necesaria la intervención del tribunal por su conducta -acción u omisión- debe soportar el pago de los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho. Así, pues, rige en la materia el denominado criterio objetivo de la derrota, que como tal ha sido receptado por el Art. 68 del CPCC (CFASM, Sala I, causas 324/99, 1458/05 y 1310/11, resueltas el 25/11/99, 16/08/05 y 02/08/12, respectivamente, entre otras). Empero, el reparto de las costas en el juicio no sólo debe contemplar su resultado, sino también las características de aquél (C.N.Civ.Com.Fed., Sala II, “Araya, Aldo Alejandro c/ PEN – Armada Argentina s/ accidente en el ámbito militar y F.Seguridad”, del 07/11/00 y su cita). En efecto, el mencionado precepto no es definitivo, sólo se trata de una regla, no de una tesis indiscutible; entonces se justifica su apartamiento si el asunto en dilucidación es complejo, dudoso, si existen opiniones divergentes en doctrina y jurisprudencia, o si es novedoso (Gozaíni, Osvaldo, Costas Procesales, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998, Págs. 46, 79 y Ss.). Las excepciones al principio deben interpretarse con carácter restrictivo, siempre que el sentenciante encuentre mérito para ello (Art. 68, 2° parte, del CPCC). Ahora bien, del estudio de los presentes actuados no se advierte ninguna de las circunstancias apuntadas precedentemente que permitan apartarse de la regla general que rige en materia de costas. En este orden de ideas, no puede soslayarse que el fallo apelado rechazó las pretensiones de la demandante y, por ende, ésta resultó vencida en el campo jurídico. De allí, que corresponde apartarme de lo decidido por la sentenciante en relación a la imposición de las costas, porque estas deben ser soportadas por la actora vencida. Luego, cabe hacer lugar a la pretensión de la accionada sobre el punto.

VIII- Voto, entonces, por confirmar la sentencia apelada, con la modificación establecida en el considerando VII de la presente. Las costas en la Alzada estarán a cargo de la actora vencida (Art. 68 del CPCC). Los Dres. Marcos MORÁN y Alberto Agustín LUGONES, por análogas razones, adhieren al voto precedente.

En mérito a lo que resulta del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia de Fs. 392/401Vta., con la modificación estipulada en el considerando VII. Las costas en la Alzada se imponen a la actora vencida (Art. 68 del CPCC). A los fines del Art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de esta Sala por Resolución CFASM 30/2017.

MARCELA SILVIA ZABALA

SECRETARIA DE CAMARA

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUEZ DE CAMARA

JUAN PABLO SALAS

JUEZ DE CAMARA

MARCOS MORAN

JUEZ DE CAMARA