Daños y perjuicios sufridos por una pasajera cuando una piedra ingresó por la ventanilla del vagón e impactó en su boca

Partes: P. G. E. y otro c/ Ugofe S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 5-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111802-AR | MJJ111802 | MJJ111802

Indemnización por los daños y perjuicios que sufrió la pasajera cuando una piedra ingresó por la ventanilla del vagón e impactó en su boca. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por los daños y perjuicios que sufrió la actora en oportunidad que era transportada a bordo de un tren e ingresó por una ventana del vagón una piedra que impactó en su boca, pues la demandada no puede eximirse de la responsabilidad que le cabe con sustento en el hecho de un tercero, ya que debió protegerse a la víctima mediante el uso de ventanillas cerradas, rejas o alambres, al ser un hecho público y notorio la intromisión de objetos desde el exterior.

2.-El contrato de transporte significa necesariamente para el acarreador la obligación de conducir al viajero a su destino en el estado en que lo recibió, es decir, sano y salvo y por el simple incumplimiento de esta obligación aquél es responsable y a él le incumbe la prueba de la eximente.

3.-De producirse algún daño para el pasajero durante el transporte se justifica un amplio espectro de responsabilidad en cabeza de la empresa, en función del aprovechamiento económico que la explotación de dicha actividad supone, sólo desplazable frente a las excepciones legalmente previstas.

4.-Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.

5.-En todas las demandas de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, no hay una tasa acordada entre víctima y responsable, y tampoco una establecida por leyes especiales, por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central.

Fallo:

En Buenos Aires, a 5 días del mes de junio del año 2018, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “P., G. E. y otro c/ Ugofe SA s/ Daños y Perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I.- Contra la sentencia obrante a fs. 484/495, en la que se hizo lugar a la demanda promovida por D. de los M. P. y, en consecuencia, se condenó a Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y al Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a abonarle a aquella la suma de $117.500, más intereses y costas, apeló Ugofe a fs. 498, la actora a fs. 499 y el Estado Nacional a fs. 503/504 -recurso que fue declarado extemporáneo a fs. 510-. A fs. 558/564 expresó agravios Ugofe SA y a fs. 565 se declaró desierto el recurso interpuesto por la parte actora. Corrido el traslado de ley, la parte actora lo contestó a fs. 566/569. En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II.- Agravios

La Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. cuestiona que se le haya atribuido la responsabilidad por el accidente por cuanto entiende que el hecho se produjo por el hecho de un tercero por quien no tiene que responder. Si bien coincide con el marco jurídico dado por el sentenciante de grado en cuanto a la responsabilidad que le corresponde en su calidad de transportista y guardián de la cosa, sostiene que la acción que provocó los daños a la actora fue realizada de manera imprevista por terceros ajenos a ella.Señala que su obrar diligente se encuentra en los acuerdos celebrados con la Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y agencias de seguridad privada. Por último, indica que no se trata de un riesgo ferroviario. Con carácter subsidiario, critica el monto de la indemnización otorgada por incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos de farmacia, médicos y de traslado, daño psíquico y tratamiento. Cuestiona la tasa de interés fijada.

III.- Responsabilidad

No se encuentra controvertido en esta instancia que el día 4 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 15.57 horas, en oportunidad en la que la actora era transportada a bordo del tren perteneciente a la línea San Martín, concesionada por UGOFE SA, a la altura de Presidente Derqui, ingresó por una ventana del vagón una piedra que impactó en su boca.

Al ser así corresponde examinar los agravios de la demandada que, aún admitiendo la ocurrencia del hecho -en la presente instancia-, pretenden demostrar que la responsabilidad no les resulta imputable.

La actora sufrió daños en ocasión de un viaje en un transporte público de pasajeros, por lo que resulta de aplicación el art. 184 del Código de Comercio (conf. esta Cámara, Sala C, 21/8/89, ED, 30-588; ídem Sala F, 27/11/89, ED, 32-173). De ocurrir un accidente durante el transporte no se está en presencia, por lo tanto, de una culpa aquiliana sino de una falta esencialmente contractual, derivada de la obligación implícita que contraen las empresas de transporte de efectuar la conducción segura del pasajero.

El contrato de transporte significa necesariamente para el acarreador la obligación de conducir al viajero a su destino en el estado en que lo recibió, es decir, sano y salvo.Por el simple incumplimiento de esta obligación aquél es responsable y a él le incumbe la prueba de la eximente.

De producirse algún daño para el pasajero durante el transporte se justifica un amplio espectro de responsabilidad en cabeza de la empresa, en función del aprovechamiento económico que la explotación de dicha actividad supone, sólo desplazable frente a las excepciones legalmente previstas. En el caso del ferrocarril, la responsabilidad encuentra su fundamento en la teoría del riesgo profesional, que en materia de empresa tiene una sólida base de solidaridad social, de justicia y de equidad, pues desde el momento en que el empresario obtiene con su actividad un beneficio, debe correr con los riesgos inherentes a ella y que crea para quienes usan sus servicios (conf. Fernandez, R. y Gómez Leo, O., Tratado teórico práctico de derecho comercial, III-B, 556 y 561).

En el caso, no puede eximirse de la responsabilidad que le cabe con sustento en el hecho de un tercero, ya que debió protegerse a la víctima mediante el uso de ventanillas cerradas, rejas o alambres, al ser un hecho público y notorio la intromisión de objetos desde el exterior.

El transportista, para excusarse de responsabilidad por los daños sufridos por un pasajero como consecuencia del impacto de un proyectil arrojado desde el exterior de un convoy, debe demostrar que adoptó las medidas pertinentes y razonables para evitar la producción de estos hechos dañosos cuya frecuencia y alcances no ignora y que se producen generalmente en zonas urbanas, tales como la utilización de materiales o diseños de vagones que garanticen la seguridad del pasajero; sin que pueda invocarse seriamente el carácter irresistible del hecho (Sala L, “Ruiz Ferreira de Carballo c/Ferrocarriles Argentinos”, del 4/3/94).

Esto significa que debe adoptar los recaudos para que ningún proyectil pueda ser arrojado contra el tren y lesionar así a los pasajeros.

Cabe destacar, a su vez, que en la causa “Rodriguez c/Empresa Ferrocarriles Argentinos”, sostuvo la Dra.Gatzke Reinoso de Gauna, recordando la jurisprudencia elaborada en casos similares, que desgraciadamente no es rara la producción de atentados contra los trenes, por el obrar de inadaptados sociales o de menores inconcientes, sobretodo en los aledaños de los pueblos o ciudades. La colocación de cercos de alambre tejido o de otros medios de protección a una distancia prudencial de las vías impediría tales excesos, sin que ello signifique obligar a la empresa a custodiar miles de kilómetros de vías.

Tampoco media en el caso el hecho de un tercero que libere de responsabilidad, pues éste debe ser imprevisible e inevitable, correspondiendo investigar si quien invoca la eximente dejó de prever lo que debía, incurriendo en una omisión que impide la aceptación de la causal exoneratoria (conf. Mazeaud, H. y Tunc, L., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, 2-II, nº 1633 y 1652). El “hecho de un tercero” debe ser imprevisible e irresistible para servir de eximente (conf. CS, “Santamariña c/Ferrocarriles”, 13/11/90, JA, 1991-II-105), pues cuando concurre con la actividad del porteador, éste no se libera de responder frente a la víctima (Trigo Represas, F. y Compagnucci de Caso, R., Responsabilidad civil por accidentes de automotores, I, p. 94).

En ese sentido, señala Zavala de González que en algunas hipótesis de actividades riesgosas no debe admitirse la eximente del hecho de terceros, que resultan componentes naturales y habituales del peligro tenido en vista. Pone como ejemplo a los atentados terroristas contra aviones, donde no podría decirse que la conducta de los agresores constituya un verdadero caso fortuito “exterior” (Responsabilidad por riesgo, pág. 213).

Como señaló en alguna oportunidad el Dr.Tahier, la frecuencia con que ocurren estos hechos demuestra la carencia total del carácter de imprevisibilidad, y agregó que ello impone a la empresa transportista la realización de un mayor esfuerzo probatorio tendiente a demostrar que frente al problema que suscitan estos hechos vandálicos ha encarado estudios y medidas tendientes a impedirlos o, al menos, a reducir al mínimo el daño a las personas (v. C.Civ. y Com. Federal, Sala III, LL, 1989-D-120, comentado por L. Garrido Cordobera).

En suma, por las razones antedichas, es que considero que se tiene que confirmar la atribución de responsabilidad.

IV.- Partidas indemnizatorias a.- Incapacidad física – daño estético UGOFE SA cuestiona la cuantía de la partida fijada por da, que asciende a cincuenta mil pesos ($50.000.-).

Recuerdo que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (CSJN, “Pose, José D. c. Provincia de Chubut y otra”, 01/12/1992, Fallos: 315:2834). Así, se entiende por incapacidad cualquier disminución física o psíquica, que afecte la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que la víctima de un evento dañoso desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Belluscio, Código Civil Comentado. Anotado y Concordado, t.5, p.219 nro. 13; Mosset Iturraspe, Jorge y Ackerman, Mario E., El valor de la vida humana, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, pág. 63 y 64).

La reparación comprende no solo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada.En general, se entiende que hay incapacidad sobreviniente cuando se verifica luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima. (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª ed., “Daños a las personas”, p. 343).

En tal sentido es uniforme la jurisprudencia en el sentido de que la finalidad de la indemnización es procurar restablecer exactamente como sea posible el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar a la víctima a expensas del responsable, en la misma o parecida situación patrimonial a la que hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido.

Justamente, cuando al fijar los montos se establecen sumas que no guardan relación adecuada con la magnitud del daño y con las condiciones personales de la víctima, se autoriza un enriquecimiento sin causa de la víctima, con el correlativo empobrecimiento del responsable (conf. Cciv. y Com. Morón, Sala 2, 4/2/99, “M., S. M. c/Empresa línea 216 S.A. de Transportes “).

Se ha insistido recientemente, más aún desde la sanción del Código Civil y Comercial -me refiero al art. 1746-, que para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad o muerte, debe partirse del empleo de fórmulas matemáticas, que proporcionan una metodología común para supuestos similares. Nos ilustran Pizarro y Vallespinos que “No se trata de alcanzar predicciones o vaticinios absolutos en el caso concreto, pues la existencia humana es por sí misma riesgosa y nada permite asegurar, con certidumbre, qué podría haber sucedido en caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad o la muerte. Lo que se procura es algo distinto: efectuar una proyección razonable, sin visos de exactitud absoluta, que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, conforme el curso ordinario de las cosas.Desde esta perspectiva, las matemáticas y la estadística pueden brindar herramientas útiles que el juzgador en modo alguno puede desdeñar” (Pizarro, Obligaciones, Hammurabi, T 4, pág. 317).

Es que no debe olvidarse que el principio de reparación integral, ahora denominado de “reparación plena” (conf. art.1740 CCC) – que, como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene status constitucional (Fallos, 321:487 y 327:3753 , entre otros)- importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (art.1083 CC). En ese sentido asiste razón a la parte actora cuando destaca la distinta finalidad que tienen las indemnizaciones otorgadas en el fuero laboral de las que aquí se establecen.

Considero que resulta adecuado a los fines de establecer la reparación plena el empleo de cálculos matemáticos para tratar de reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.

Para utilizar criterios matemáticos, debemos ponderar los ingresos de la víctima -acreditados en el expediente-, las tareas desarrolladas al momento del hecho, cuales se vio impedido de seguir realizándolas y las posibilidades de ingresos futuros, suma final que invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener una renta mensual equivalente a los ingresos frustrados por el ilícito, de manera que el capital de condena se agote al final del periodo de vida económica activa del damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la productividad del capital y la renta que puede producir y, por el otro, que el capital se agote o extinga al finalizar el lapso resarcitorio (Zavala de González, Resarcimiento de daños. Daños a las personas, Hammurabi, 1993, T. 2a, pág.523).

Existen diversas fórmulas de cálculo (ej. “Vuoto”, “Marshall”, “Las Heras-Requena”, etc.), que en esencia se trata de la misma fórmula, con variantes, para obtener el valor presente de una renta constante no perpetua.(Acciarri, Hugo – Testa, Matías I., “La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes”, La Ley del 9/2/2011, pág. 2).

También otras más complejas, en las que se evalúan ingresos futuros constantes o variables, ciertos o probables (“Acciarri” del 2015).

Ahora bien, ese cálculo no tiene por qué atar al juzgador sino que conduce únicamente a una primera aproximación, o sea, una base, a partir de la cual el juez puede y debe realizar las correcciones necesarias atendiendo a las particularidades del caso concreto (Pizarro-Vallespinos, op. cit., T 4, pág. 318; Zavala de González, op. cit., T 2a, pág. 504). Por ende, no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación rígida de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para un resarcimiento pleno.

Recuerdo que los porcentuales de incapacidad que se determinan en los dictámenes periciales no constituyen un dato rígido sobre el cual deben establecerse las indemnizaciones y que en esta sede no son tarifadas. Las incapacidades deben ser meditadas por el juzgador en función de pautas razonablemente generales, siempre con un criterio flexible, para que el resarcimiento pueda ser la traducción lo más real posible del valor verdadero y concreto del deterioro sufrido.

A fs. 261/264 el perito médico determinó que la cicatriz que presenta la actora en el borde izquierdo del labio inferior, de 2 cm, es lisa, irregular, hipocrómica, horizontal, contraria a pliegues, de 1/2 cm de ancho.Señaló que la cicatriz le determina daño estético, “ya que todo aquello que afea la belleza natural lo produce”. Le otorga un grado de incapacidad final del 9% por daño estético, secuelas, parcial y permanente de la TV.

Cabe señalar que el informe pericial no fue impugnado por las partes.

Entonces, considerando que la actora tenía 17 años a la fecha del hecho, que era ama de casa, vivía con su hijo menor de edad y su pareja, de acuerdo a las demás circunstancias personales que se desprenden de las constancias agregadas en el incidente de beneficio de litigar sin gastos, considero que la suma otorgada resulta escasa, pero dado que solo fue apelada por la demandada por excesiva, propongo al Acuerdo de Sala que se confirme. b.- Daño moral El Sr. Juez de grado otorgó la suma de $31.000.

La parte demandada critica el monto otorgado por esta partida.

Debo indicar que participo de la postura doctrinaria y jurisprudencial que considera la indemnización por daño moral, de carácter resarcitorio, y no sancionatorio, pudiendo no guardar relación alguna con la fijación de la incapacidad sobreviniente, dado que puede existir con independencia del mismo (v. Orgaz, El daño resarcible, 1967).

El daño moral es una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (Conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, p. 205; Zavala de González en Highton (dir.), Bueres (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo 3A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.172).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha dicho que:

“cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi.Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. 1, ps. 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie. Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. “La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas” (cfr. Llambías, Obligaciones, t. I, p. 229).

Así las cosas, teniendo en consideración las características personales de la actora -de las que di cuenta al tratar el rubro de incapacidad sobreviniente-, como así también las particularidades que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos de la damnificada debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física y las secuelas que le produjo, estimo que la partida es también escasa, pero conforme la apelación del accionado corresponde confirmarla. c.- Gastos de farmacia, de asistencia médica y de traslado El Sr.Juez a quo otorgó la suma de $500 por este rubro.

Es criterio de esta Sala que los gastos médicos y de farmacia constituyen una consecuencia forzosa del accidente, de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible. Lo fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones producidas por el hecho, es decir, que exista la debida relación causal. En esta valoración debe primar la evaluación de las circunstancias del caso, como ser el lugar donde fue atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones sufridas, ausencia total de comprobantes, que determinarán el obrar prudente del magistrado en la ponderación del monto a fijarse, haciendo justo y equitativo uso de lo dispuesto por el art.165 de la ley ritual. (Esta Sala, “Hornos González, Alejandro Leonel c/ Paz, José Raúl s/ Daños y Perjuicios”, 29/12/2011; Sala G, “Harire de Scafa, Idelba Ofelia c. Arcos Dorados S. A. s/daños y perjuicios”, 09/04/2013; Sala E, “Navarro, Epifania y otros c. General Tomás Guido S.A.C.I.F.I. s/ daños y perjuicios”, 08/02/2013, entre otros).

Respecto de los gastos de traslado, aunque no estén acreditados en forma cierta, ello no es óbice para la procedencia del rubro, ya que no suelen obtenerse comprobantes que permitan una fehaciente demostración (CNCiv, Sala L, del 31/8/0 7; criterio que he sostenido en autos “Ojeda, Marcia Soledad c/ Prado, Gabriela Lorena s/ daños y perjuicios”, 22/08/2012 y “Brugorello, Marta Antonia c/ Instituto Dupuytren S.A. y otros; s/ Ordinario”, 06/09/2012, entre otros).

Lo expuesto permite presumir la existencia de tales gastos por un monto básico, que solo podrá ser incrementado si la parte interesada arrima pruebas que permitan inducir erogaciones superiores a las que normalmente cabe suponer de acuerdo a la dolencia padecida. (CNCiv., sala G, “C., G. S. c. G. U., M.y otro s/daños y perjuicios”, del 03/05/2013, RCyS 2013-IX , 145 y RCyS 2013-VIII , 65 con nota de Ramiro J. Prieto Molinero).

En consecuencia, estimo que el monto reconocido resulta ajustado y propongo que se confirme. d.- Daño psíquico y tratamiento El sentenciante otorgó la suma de $30.000 en concepto de incapacidad psíquica y la de $6.000 por tratamiento psicológico.

Se agravia la demandada de la procedencia del rubro daño psicológico. Considera que aquél se encuentra comprendido dentro del daño moral y no puede analizarse de forma autónoma. Asimismo, cuestiona la suma que otorga el a quo por el tratamiento psicológico futuro, por considerarla elevada.

En primera medida, cabe recordar que la circunstancia de que se considere el daño psicológico debidamente comprobado en forma conjunta o independiente del daño moral o patrimonial es una cuestión secundaria si ello no importa un menoscabo al resarcimiento económico fijado o un enriquecimiento injustificado del damnificado, ya que lo que realmente interesa es tratar de colocar a la víctima en la misma situación en que se hallaba antes del suceso dañoso, a lo que debe apuntarse con independencia de los términos o expresiones utilizadas y sin caer en dogmatismos estériles que impidan el acceso a una solución justa e integral.

No debe perderse de vista que la “guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como la “guerra de las autonomías” o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forman una categoría propia, distinta, es un quehacer menor, que no hace al fondo de la cuestión y en el cual se pierde muchas veces la contemplación del tema central (cfr. Mosset Iturraspe, “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad” Rev. de Derecho Privado y Comunitario, T.1, pág.39 N 23, Rubinzal Culzoni, 1992).

Adviértase que de encontrarse probada la incapacidad psicológica derivada del accidente el tema se reduce a establecer un monto independiente o de incrementar el quantum de la indemnización por daño extrapatrimonial, con lo cual no se observa el gravamen que la cuestión pueda causar al recurrente.

En el caso de autos, la perito psicóloga estimó que la evaluada padece un cuadro de Neurosis Fóbica que determina una incapacidad psíquica leve del 10%, como consecuencia del accidente. Señaló que, a partir de los diferentes indicadores observados en las técnicas de evaluación, pudo constatar que el hecho ocurrido ha sido traumático para la peritada, ha sido un antes y un después en su vida, dejándola en un estado de vulnerabilidad y sin posibilidades de procesarlo adecuadamente por su aparato psíquico (fs. 296/304).

Asimismo, sugirió la realización de un tratamiento psicoterapéutico de tipo individual, con una frecuencia de una sesiónpor semana durante un año -considerando los honorarios en un rango entre los $100 y $150.

Si bien los informes periciales fueron impugnados por la parte demandada, considero que el perito ha contestado debidamente los cuestionamientos que se le formularon, por lo que estaré a sus conclusiones (art. 477 CPCC) En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones personales que ya fueron reseñadas y lo dictaminado por el perito, propondré al acuerdo confirmar el importe otorgado por esta partida.

V.- Intereses

El juez de primera instancia aplicó la tasa activa desde el día del hecho y hasta el efectivo pago.

Esto genera agravios de parte de la demandada.

Esta Sala acepta la aplicación de la tasa activa desde el día del hecho por aplicación de la jurisprudencia plenaria obligatoria. No obstante, el asunto merece algunas reflexiones adicionales.

Dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que:

“Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

En el caso, como sucede en todas las demandas de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, no hay una tasa acordada entre víctima y responsable, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central.

Por otro lado, el art. 771 prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa, en lo que aquí interesa, que desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Pero, además, la tasa debe ser importante, para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima.

Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen.La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio” ). El orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume o le impone la ley y así lo ratifican las normas del CCCN.

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos- las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores. Lo dicho no obsta en absoluto a la garantía de los derechos del deudor, en particular cuando, en su calidad de consumidor, se haya visto sometido a abusos que las normas protectoras imponen reparar. Son cuestiones distintas que pueden tratarse de manera independiente (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Los intereses en los contratos bancarios y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, RCCyC 2015 -agosto-, 162).

Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación del fallo plenario obligatorio, ya por considerar que no había motivos para cambiarla por una tasa pasiva.Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto.

Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios.

No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, prevé que “el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%” a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c. Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarísimo, del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159) al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor – por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece.

Sin perjuicio de ser este mi criterio, toda vez que se han expresado agravios únicamente a fin de reducir la tasa de interés, propongo al acuerdo se confirme la sentencia de grado en lo que hace a este punto.

VI.- Colofón Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que, de ser compartido mi criterio: se confirme la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación, con costas de alzada a la demandada Ugofe SA (art. 68 del CPCC).

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

Buenos Aires, 5 de junio de 2018.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:I) confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación, con costas de alzada a la demandada Ugofe SA (art. 68 del CPCC).

II) A fin de conocer en los recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios de fs. 494 vta./495, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido, resultante del capital de condena y los intereses reconocidos en la sentencia (conforme lo resuelto por este Tribunal en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” , del 27/09/2011), así como la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los profesionales y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, por no resultar e levados se confirman los honorarios regulados a la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. Inés Van Der Kooy, por su actuación en las tres etapas del proceso.

Por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos.($.) los honorarios regulados a los letrados apoderados del demandado UGOFE S.A., Dres. Sebastián Carrillo y Nicolás Mihura Gradin, en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

Por no ser altos se confirman los honorarios regulados al Dr. Juan Pablo Sánchez Vera, letrado apoderado del Estado Nacional, por su actuación en las tres etapas del proceso.

III) En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art.478 del CPCC).

Por lo antes expuesto, por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos.($.) los honorarios regulados a los peritos: ingeniero Ricardo C. Obon y psicóloga Lic. Alejandra Bulansky. Por no ser altos se confirman los honorarios regulados al perito médico María Alicia Rosado.

IV) En relación a los honorarios de la mediadora, este Tribunal entiende, que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2536/2015 Anexo I, art. 2°, inc. g), -decreto 767/2016- por no resultar elevados se confirma la retribución de la Dra. Betina Laura Svatzky.

V) Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se desarrolló la tarea profesional.

Bajo tales parámetros se establecen los honorarios de la Dra. Inés Van der Kooy en la suma pesos.($.), equivalente a la cantidad de .UMA. Los del Dr. Sebastián Carrillo en la suma de pesos.($.) equivalente a la cantidad de .UMA (art. 30 de la ley 27.423, y valor de UMA conforme Ac. 11/18 y 13/18 del 04/05/2018 de la CSJN).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

JOSE BENITO FAJRE

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

CLAUDIO M. KIPER

JUECES DE CÁMARA