El haber mensual de una juez de paz jubilada no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias

Partes: Allolio Isabel Norma c/ Estado Nacional – AFIP DGI y otro s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 24-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110769-AR | MJJ110769 | MJJ110769

El haber mensual de una juez de paz jubilada no se halla alcanzado por el impuesto a las ganancias.

Sumario:

1.-Resulta acreditada la arbitrariedad del obrar estatal de descontarle del haber mensual de la juez de paz en concepto de impuesto a las ganancias, dado que a los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idéntico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, con iguales garantías y, a tal efecto, se hayan alcanzados por la exención dispuesta por la Acordada 20/96 .

Fallo:

Buenos Aires, 24 de abril de 2018.

Vistos y Considerando:

I-Que, a fs. 2/3 la doctora Isabel Norma Allolio, en su calidad de jueza de paz jubilada del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, promovió la presente acción de amparo contra el Instituto de Seguridad Social de esa provincia, y la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de que se declarase que su haber mensual no se encontraba alcanzado por el Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, cesaran los descuentos por ese concepto.

En la demanda, expresó que los Juzgados de Paz de la Provincia de Neuquén forman parte del Poder Judicial de esa provincia, de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica del Poder Judicial, Decreto- Ley nº 1436, y en tal medida les resulta aplicable lo establecido en la Acordada nº 20/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo resuelto por este Tribunal el 3 de marzo de 2015, en la causa Nº 962/14 “Pérez Yolanda Inés c/ EN – Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén y otro s/ amparo ley 16.986 y por la Corte Suprema en el precedente “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSES” , sentencia del 11 de abril de 2006, en los que se declaró que la inaplicabilidad del artículo 1º de la ley 24.631, por el que se habían derogado las exenciones contempladas en el artículo 20, incisos p) y r) de la ley 20.628, también alcanzaba a los jueces provinciales, en actividad o jubilados.

Asimismo, sostuvo que el dictado de la ley 27.346 en cuanto sustituye el inciso a) del artículo 79 de la ley del impuesto a las ganancias, y prevé la aplicación del referido tributo a los magistrados que hayan sido nombrados a partir del año 2017, implicó el reconocimiento de la exención de ese gravamen para los magistrados nombrados con anterioridad a esa fecha.

II-Que, a fs.244/246, la juez de primera instancia rechazó la acción de amparo deducida por la parte actora, por considerar que la vía procesal apta para la repetición del impuesto en discusión era la establecida en la ley 11.683, y la amparista no había acreditado la falta de idoneidad de esa vía procesal ordinaria, ni el daño grave e irreparable que le causaría utilizarla.

III-Que, contra ese pronunciamiento la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 252/253, que fueron contestados por la AFIP- DGI a fs. 258/261. Sostiene que la jueza de la anterior instancia se apartó de lo resuelto por esta Sala en el precedente “Pérez Yolanda Inés c/ EN – Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén y otro s/ amparo ley 16.986”, del 3 de marzo de 2015, en el que se había resuelto que el amparo era la vía procesal para solicitar que se ordene a la parte demandada que se abstuviera de retener el impuesto a las ganancias de su haber. Además, agregó que el análisis de la cuestión de autos, en la que se hallan involucrados derechos de naturaleza alimentaria, no requieren un mayor debate y prueba, por lo que la acción de amparo deducida resulta formalmente admisible.

IV- Que, a fs. 262/265 se le dio vista al Señor Fiscal General de Cámara en los términos del artículo 39 de la ley 24.946, que dictaminó en sentido favorable a la pretensión de la actora.

V- Que, tal como reiteradamente se ha expresado, el amparo constituye un proceso excepcional, admisible en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (Fallos:310:576 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097 , entre muchos otros).

El Máximo Tribunal precisó, desde Fallos: 239:459, ese carácter excepcional de la acción y exigió, como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio, es decir, no susceptible de reparación ulterior (doctrina de Fallos:263:371, considerando 6°; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; 295:132; 301:801; 303:419 y 2056, entre otros).

Esa doctrina sobre el alcance de la acción de amparo y su carácter de vía procesal excepcional no ha sido alterada, por la inclusión de ella en la reforma constitucional del artículo 43 introducida en 1994, que le ha dado rango constitucional a ese remedio. En efecto, al disponer que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, se mantiene el criterio de considerar que la acción es inadmisible cuando, por las circunstancias del caso concreto, la determinación de la existencia de la arbitrariedad manifiesta invocada requiere de mayor debate y prueba (Fallos: 275: 320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825 entre otros); extremos que en el caso no se dan, ya que no existe controversia respecto de la existencia de los descuentos sobre los haberes de la demandante, y está en juego la determinación del alcance de la garantía constitucional invocada por la amparista en la demanda.

VI- Que, en autos no se encuentra controvertido que la doctora Isabel Norma Allolio tiene la calidad de Juez de Paz jubilada de la Provincia de Neuquén, y que había sido nombrada en ese cargo con anterioridad al año 2017, es decir al dictado de la ley 27.346 (cfr. decreto 1672/82 agregado a fs.36).

VII- Que, sentado ello, cabe adelantar que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en la causa Nº 962/14 “Pérez Yolanda Inés c/ EN – Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Neuquén y otro s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 3 de marzo de 2015. En esa oportunidad se expresó que “.del examen de las normas constitucionales de la Provincia de Neuquén, así como de las leyes reglamentarias respectivas, resulta que tanto desde el punto de vista material o sustancial como desde el punto de vista orgánico o formal, los Jueces de Paz, en tanto ejercen funciones de naturaleza jurisdiccional, y lo hacen en su calidad de integrantes del Poder Judicial de esa provincia, no pueden ser caracterizados como meros funcionarios administrativos en los términos de la doctrina de Fallos 308:2133; y de 311:334 en los que, con relación a los jueces que formaban parte de la justicia Municipal de Faltas de la Capital Federal, se expresó que no podían ser calificados como jueces, sino que en rigor ejercían funciones administrativas. Ello es así, en la medida en que tienen a su cargo decidir con fuerza de verdad legal los casos o controversias que son propios de su competencia, y ejercen esa función de manera independiente del Poder Ejecutivo Provincial”.

Asimismo, se expresó que “.en el artículo 229 de la Constitución Provincial, de manera concordante con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Nación se establece que [Todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial perciben por sus servicios una retribución que no puede ser disminuida mientras permanezcan en el cargo.Pagan los impuestos generales y los aportes previsionales que correspondan en plena igualdad de condiciones con los demás contribuyentes]”.

Además, se sostuvo que “.si bien el examen del régimen provincial exhibe diferencias significativas entre los Jueces de Paz, y los demás integrantes de la justicia provincial, ya que son designados y removidos por el Tribunal Superior de Justicia de la referida Provincia, no se les exige la condición de ser profesionales del derecho o letrados; deben fundar sus decisiones en la equidad y no en derecho; y su competencia está limitada a los asuntos de menor cuantía o al juzgamiento de las faltas y contravenciones municipales, lo cierto es que gozan de estabilidad en sus cargos pues solo podrán ser removidos de sus funciones por el Tribunal Superior de Justicia “en razón de mala conducta en el desempeño de su cargo, por delitos comunes o por inhabilidad física o moral sobreviniente” (cfr. artículo 246 de la Constitución Provincial); es decir, en las mismas condiciones que los demás jueces”.

De tal manera, esta Sala concluyó que “.la cuestión en examen ha quedado decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de Fallos 329:1092 y 330:2274.”. En esas causas se había reconocido a los jueces provinciales la exención dispuesta por la Acordada nº 20/95, con fundamento en que “.los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución, cumplen idéntico ministerio y se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, a tal efecto, con iguales garantías.”; y afirmó que la intangibilidad de los emolumentos de los magistrados es extensible a haber de los jueces jubilados.

Por lo hasta aquí expuesto, y lo sostenido en los precedentes citados, resulta acreditada la arbitrariedad del obrar estatal de descontarle del haber mensual de la amparista las sumas detalladas a fs. 5/33 en concepto de impuesto a las ganancias.

Por ello SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora; 2) Revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, admitir la acción de amparo; 3) Imponer las costas en esta instancia a cargo de la vencida (artículos 14 de la ley 16.986 y 68 del C.P.C.C.N).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Jorge Federico Alemany

Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani