Levantamiento de embargo y reducción de multa impuestas a la Federación de Camioneros por haber violado la conciliación obligatoria

Partes: Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ queja expte. administrativo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 31-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113568-AR | MJJ113568 | MJJ113568

Se dispone que el Ministerio de Trabajo reduzca el monto de la multa impuesta a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros por haber violado la conciliación obligatoria decretada y se levanta el embargo preventivo decretado.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sanción impuesta por el demandado -aunque modificando su cuantificación- a la Federación actora en los términos del art. 4 inc. f de la Ley 25.212, pues cabe concluir que las asambleas de personal llevadas a cabo por diferentes sindicatos consistieron en realidad en conductas que violaron y obstruyeron el procedimiento de la conciliación obligatoria decretada por la autoridad administrativa. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría).

2.-Debe modificarse el monto de la multa impuesta, calculado sobre la totalidad de las personas afiliadas a cada uno de los sindicatos agrupados en la Federación actora, y disponer que el Ministerio de Trabajo aplique el porcentaje del 50% del salario mínimo vital y móvil sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados en las inspecciones realizadas y que dieran origen al sumario administrativo. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría).

3.-Cuando la sumariada pretende desconocer responsabilidad y desentenderse del asunto, en tanto Federación que no llevó a cabo por sí y materialmente las acciones vedadas, cabe recordar que las partes -en conflictos como el presente- están obligadas no sólo a abstenerse de medidas de lucha dirigidas contra la existencia de la disposición de conciliación obligatoria sino también, positivamente, a influir sobre sus miembros. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría).

4.-La responsabilidad de la actora es indirecta o refleja, tanto por su omisión a la hora de velar por el cumplimiento de la cláusula que impide obstruir la conciliación obligatoria, como por la culpa ‘in vigilando’ por los hechos derivados de los trabajadores; tal responsabilidad reside en el deficitario control con respecto a la conducta desempeñada por aquellos, ya que quien brinda instrucciones a otra persona para que realice una actividad determinada en su propio interés debe vigilar a esta última para que la realice correctamente y no ocasione daños a terceros. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría).

5.-La violación a la cláusula de la disposición administrativa quedó patentizada -de forma inequívoca- según se extrae de las actas de infracción, y ello sólo pudo ser producto de la omisión por parte de la Federación de comunicar, con un compromiso no meramente formal, el impedimento no cuestionado a los sindicatos a ella adheridos. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría)

6.-Toda vez que es necesaria la subsanación en sede administrativa no puede calificarse como suficiente el título sobre el que se asienta la ejecución promovida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y cuya resolución se encuentra ligada a lo que se disponga en el presente pronunciamiento, corresponde dejar sin efecto el embargo decretado. (Del voto de la Dra. Hockl, al que adhiere la Dra. González – mayoría).

7.-Debe anularse la sanción impuesta a la actora, pues además de existir una situación de duda razonable acerca del momento en que se tuvo conocimiento del dictado de la conciliación obligatoria que se proyecta sobre las asambleas realizadas los días cuestionados, la documentación aportada no es suficiente para acreditar que la Federación hubiere dispuesto medidas de acción directa encubiertas bajo la forma de asambleas informativas, y en todo caso, también dentro del margen duda razonable, no surge con claridad si el señalado estado de deliberación traspasó en forma clara los límites del mismo para ingresar en la frontera de la vía de medidas de acción directa. (Del voto de la Dra. Ishihara – disidencia).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Para resolver el recurso interpuesto por la sumariada en el expediente administrativo N° 1.783.906/17 Sumario 3-51-47671-2018 (fs.1/20), que reproduce a fs. 61/80 de la presente causa y la medida cautelar ordenada en el expediente n°28621/2018/CA1 “MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS LOGISTICA Y SERVICIOS S/ EJECUCIÓN FISCAL”, originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 69, cuyo análisis, por su estrecha vinculación con la presente, debe ser resuelta conjuntamente con la apelación deducida, pues la decisión que se adopte tendrá incidencia en su objeto. A pedido del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y teniendo en cuenta los argumentos vertidos en la presentación de fs. 229 y vta. las actuaciones fueron remitidas en vista a la Fiscalía General ante esta Cámara.

II. La sumariada apeló y solicitó la nulidad de la resolución sancionatoria impuesta por la Dirección de Resolución de la Fiscalización del M.T.E. y S.S. Dicho recurso fue denegado en sede administrativa y esta Sala, sin abrir juicio alguno acerca del fondo de la cuestión planteada, admitió la apertura del remedio intentado. Las partes asistieron a la audiencia prevista por el art. 13 de la ley 18.695, celebrada el día 10 de agosto del corriente, en la cual produjeron sus alegatos y la sumariante agregó la prueba documental descripta en el acta de la audiencia (v. fs. 226), que consiste en tres expedientes administrativos números: 3-51- 47671-2018; 1-2015-1783906-17 y 1-2015-1798947/2018.

III.Es adecuado, por las particularidades y complejidad del caso que llega a esta Alzada, explicitar, aunque de modo breve y en lo que se refiere a este apartado, los hechos que generaron el conflicto. Se inició el 26 de diciembre de 2017 (Expediente 1-2015.1783906- 2017), cuando la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas denunció ante la autoridad administrativa la realización de medidas de acción directa por parte de la sumariada, consistente en paros de cuatro horas por turno en las empresas operadoras logísticas, transporte de combustible y empresas de correo privado, medidas que según afirmó, intentan encubrir bajo la forma de asambleas en el lugar de trabajo (v. fs.1 del expediente citado) y originó que el M.T.E. y S.S. encuadrara la cuestión en la ley 14.786 y se dictara la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días a partir de la 0 hora del día 27 de diciembre. Mediante las inspecciones realizadas los días 28 y 29 de diciembre a tenor de las actas glosadas a fs. 22/47 (Expediente administrativo nº 1-2015-1783906-2017) y fs. 22/27 (Expediente administrativo nº3-5147671-2018), la autoridad administrativa adujo haber verificado el ejercicio de medidas de acción directa y en virtud de ello, consideró configurada la existencia de un incumplimiento al art. 10 de la ley 14.786. En el expediente administrativo nº 1-2015.1783906-2017, con fecha 19 de julio de 2018, la sumariante dictó la resolución D.R.F. N° 27768 y expresó que la Federación fue intimada en el procedimiento de conciliación obligatoria para la retroacción y suspensión de medidas de acción directa, no obstante, comprobó que aquélla no acató la misma. (v.fs.41). En virtud de ello, impuso la sanción que tipifica el art. 4 inc.f de la ley 25.212; aplicó como base el mínimo de la multa, 50% al 2000% del SMVM vigente al momento de constatación de la infracción por cada trabajador afectado y la calculó sobre la cantidad de 182.797 trabajadores según informe de la DNAS (v. fs. 37), multa que ascendió a la suma de $ 809.790.710 por infracción, como se dijo al art. 10 de la ley 14.786 (v.fs.48).

IV. En forma previa y como aproximación al tema, estimo conveniente realizar algunas consideraciones previas. En primer lugar, el instituto de la conciliación obligatoria, de larga historia en nuestro derecho colectivo, ha sido utilizado en diversas etapas y se orienta, dentro de un Estado de derecho, republicano y democrático, a superar el conflicto laboral, cuyas consecuencias pueden impactar de una u otra manera sobre las partes colectivas y obviamente, en el universo laboral y social. Recuerdo que en 1957, se incorporó a nuestra Constitución Nacional, el art.14 bis y de esta manera otorgó rango constitucional a los derechos de las personas trabajadoras en relación de dependencia, a los derechos sindicales y a los provenientes de la seguridad social. Específicamente, en cuanto a la problemática que nos convoca, a la organización sindical y entre otros derechos no menos importantes, se les otorgó la facultad de recurrir a la conciliación y al arbitraje, recogiendo, tal como apunta Juan Carlos Fernández Madrid ( Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo I, págs.429 y sgtes., La Ley, Buenos Aires:2000) una práctica institucional que transfería “.la solución de los conflictos del ámbito de la lucha directa al ámbito de las soluciones administrativas , interviniendo en todo caso la autoridad laboral como organismo mediador con funciones de naturaleza preventiva.”. Obsérvese que la ley 14.786 promulgada en el mes de enero 1959, normativizó el texto constitucional y de alguna manera receptó lo expuesto por la Organización Internacional del Trabajo mediante la Recomendación n° 92 de 1951 acerca de la conciliación y arbitraje voluntario, pero concretamente, como relata Ernesto Krotoschin (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, págs. 265 y sgtes. Ediciones Depalma, Buenos Aires: 1981), con anterioridad a 1943 ya existían casos en que las partes, ante el conflicto laboral, de común acuerdo acudían voluntariamente al arbitraje de algún organismo oficial. En este orden de consideraciones, más allá de las controversias y cuestionamientos doctrinarios en torno a la conveniencia de la obligatoriedad de la ley 14.786, no es posible dejar de subrayar que el procedimiento de conciliación obligatoria, se instrumenta, desarrolla y se torna operativo en los conflictos laborales de intereses con el claro objetivo de propender a la paz social. Esta participación de la autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte (art. 2 ley 14.786) por medio de la disposición pertinente, la faculta a retrotraer el estado del conflicto a su faz inicial y paralelamente instaurar un nuevo cauce para la negociación colectiva en el afán de franquear el conflicto habido entre las partes que, por sí mismas, no pueden superar. Naturalmente, la actividad de la autoridad administrativa debe enmarcarse en las facultades que le otorga el art. 3 mientras que las partes involucradas en el conflicto, deben estar a lo dispuesto por el art. 8, ambas de la ley 14.786.Lo expuesto sólo tiende a subrayar que la autoridad administrativa se encuentra facultada para hacer uso del instituto de la conciliación obligatoria como el medio que el ordenamiento jurídico le otorga a los efectos de cumplir la respetable misión para la que ha sido concebida, ello es, ni más ni menos, que la paz social.

V. Ahora bien, a los fines de un mejor ordenamiento procesal, dado que la sumariada cuestiona la aplicación de la ley 18.695 e impugna por inconstitucional al art.11, (v. punto III y VIII del recurso) y que las cuestiones que se analizarán guardan estrecha relación con la norma citada, señalo que la jurisprudencia que cita no resulta de aplicación al caso, pues allí se expresó que el procedimiento previsto en dicha norma es a la forma de interposición del recurso y no al cumplimiento de exigencias como el pago previo, aspecto que ya fue resuelto por esta Sala al admitir el recurso interpuesto por la sumariada, y que en el acto de la audiencia celebrada a fs. 226, no fue objeto de cuestionamiento alguno y a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Cabe agregar que el Decreto 2475/70 en su artículo 1 establece quien será la autoridad de aplicación de la ley 18.695 y la autoriza a designar las personas que dictarán las resoluciones definitivas en la instrucción sumarial y por otra parte en su art. 3 dispone que “.Cuando por acuerdo o delegación de funciones otros organismos ejerzan las facultades propias del poder de policía laboral, las mismas comprenderán todas las atribuciones inherentes al carácter de autoridad de aplicación, incluso la de aplicar sanciones, de acuerdo a la citada ley y al presente decreto.” por ende, siendo que la autoridad ministerial ha ejercido sus facultades en el marco reseñado, no resulta admisible el planteo formulado en tal sentido.

VI.A continuación, analizaré la imputación y consecuente pedido de nulidad de la sumariada que sostiene la existencia de una omisión deliberada al no haberse resuelto un recurso interpuesto el 2/7/2018 en el Expediente 1-2015-1798947- 2018. Este expediente fue agregado por la sumariante en el acto de la audiencia celebrada a fs.226 de la presente causa (en oportunidad de la audiencia prevista por el art.13 de la ley 18.695). La resolución atacada fue dictada a fs.29 en el expediente nº3-5147671-2018 que dispuso “Instrúyase sumario administrativo por el procedimiento reglado por la ley Nº 18.695, desígnese audiencia para el día 28 de junio de 2018 a las 11.”, acto que se cumplió según constancia de fs.31. Observo que el recurso fue resuelto con fecha 6 de julio de 2018, es decir con posterioridad a la audiencia (28 de junio) y dentro de otro expediente, donde no existe la resolución atacada pues obra en otras actuaciones. Sin perjuicio de observar que la actividad administrativa exhibe cierta desprolijidad, lo cierto es que en la audiencia de fs.31 la suma riada nada expresó al respecto y por otra parte, el despacho administrativo que ha sido impugnado consiste en un mero acto preparatorio de lo que será el acto definitivo y siendo que en la especie, se solicita la nulidad de la Resolución D.R.F. n° 27768, deviene innecesario abrir juicio alguno acerca de la virtualidad del remedio intentado.

VII. Despejadas estas cuestiones, de acuerdo a las constancias que surgen del Expediente administrativo n°1-2015-1783906-2017, tal como señalara, la sumariante dictó la conciliación obligatoria a partir de la hora 0 del día 26 de diciembre de 2017 y en la misma resolución, intimó a las partes a dejar sin efecto toda medida y/o asamblea y las citó a una audiencia que se llevaría a cabo el día 9 de enero de 2018. (v.fs 10) La resolución mencionada fue notificada a la denunciante y la persona que cumplió la diligencia, asentó en el margen inferior derecho que ello ocurrió el día 27 de diciembre a las 13,17 horas (v.fs.13) mientras que la cédula dirigida a la Federación, fue dejada por debajo de la puerta a las 20,50 horas (v.fs.12). Si bien este instrumento en la parte superior derecha lleva fecha 26 de diciembre de 2017, a diferencia de lo ocurrido con la notificación cursada a la denunciante, sólo se dejó constancia de la hora de la diligencia y como se expresó, entregada por “debajo de la puerta”. De manera que en este punto, se advierte una omisión que, si bien no es definitoria, adquiere cierta relevancia. En efecto, no existe duda alguna que la Federación quedó notificada de la conciliación obligatoria y de la audiencia fijada por la autoridad administrativa, porque luego como se verá, se presentó en la fecha indicada, lo que no resulta claro y de acuerdo a las constancias referenciadas, es en qué fecha efectivamente accedió a ese instrumento y este dato, guarda relación con el momento en que se realizaron las inspecciones a las que alude la sumariante y a las que haré referencia más adelante. No obstante del expediente que analizo y como dato de particular interés, surge que las partes comparecieron el día 9 de enero de 2018, la audiencia se postergó para el 10 de enero y luego se suscitaron, a pedido de las partes nuevas audiencias, así comparecieron a las fijadas y celebradas los días 11/1; 17/1 y 24/1 no así a la última que fue señalada para para el día 19/2/2018 (v.fs.18). Luego la autoridad administrativa, con fecha 22 de mayo ordenó el archivo de las actuaciones. (v.fs.19). Posteriormente, el 13 de junio de 2018, la Secretaria Privada de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del M.T.E y S.S., (fs.20) solicitó el desarchivo el cual se cumplió el 14 de junio. A continuación, obran glosadas actuaciones administrativas, consistentes en actas de inspección, registros fotográficos e informes (v.fs.22/44) y un dictamen acusatorio circunstanciado de fecha 15 de junio de 2018 donde se informa que la Federación no cumplió con la conciliación obligatoria y que existió obstrucción a la actuación de la autoridad administrativa en los términos del art. 4 inc. f apartado 1, arts. 8 y 10 Capitulo 4 Anexo II de la ley 25.212 y se dispone girar las actuaciones a la Dirección Nacional de Fiscalización para que tome la intervención que le compete. Estas últimas constancias (fs.22/48) inician el expediente administrativo 3-51- 47671-2018 (DAC 15/6/2018). En síntesis, se observa cierta falta de diligencia en el trámite previo y tal vez una conducta apresurada al considerar que la Federación sumariada quedó notificada de la existencia del procedimiento de conciliación obligatoria el mismo día que se notificó a la denunciante (26 de diciembre) que como se ha visto no surge de la cédula glosada a fs.12 y consecuentemente, no resulta posible determinar con precisión el momento que generó la obligación para la sumariada de no adoptar ninguna medida que importara innovar respecto de la situación anterior al conflicto. Lo expuesto conduce al análisis de las actas de inspección, informes y registros fotográficos aportados por la sumariante que obran a fs. 4/26 y que se produjo, conforme lo expuesto por la sumariante, con la intención de corroborar que la Federación los días 28 y 29 de diciembre de 2017, -fechas que corresponden a las identificadas en la Resolución 27768-, violó la conciliación obligatoria al llevar a cabo medidas de acción directa. Por su parte, la entidad sindical sancionada invoca que no implementó ninguna medida de tales características, aunque enfatiza, que de acuerdo al art. 5 inc.d de la ley 23.551 las asociaciones sindicales tienen derecho de adoptar medidas legítimas de acción sindical y en el caso, la denunciante FADEEAC tipificó la acción que consideraba violatoria de la conciliación obligatoria, a las asambleas realizadas en los lugares de trabajo. En primer lugar, cabe recordar que el estado deliberativo y sus concretas manifestaciones vertidas como consecuencia del debate propio de las personas involucradas (las bases y la dirigencia sindical) no deja de ser un elemento que puede estar presente en el curso de los acontecimientos y que se manifiesta en forma paralela a la acción de la autoridad administrativa orientada a comprobar si se verifica el efectivo cumplimiento de la conciliación obligatoria, en el marco de las facultades propias de la autoridad ministerial. Como señalé anteriormente, no surge con claridad en qué fecha se notificó a la Federación que se había dictado la conciliación obligatoria, dado el horario en que se dejó la notificación (reitero, sin fecha de entrega, “por debajo de la puerta” a las 20,50 hs) y la temática en cuestión, el pago de un bonus, de suma importancia para las partes al punto de generar un conflicto entre ellas. Desde tal perspectiva y a mi modo de ver, no luce irrazonable que en tan breve lapso (26 de diciembre en adelante), es decir, el día 28 y el siguiente se hubieran realizado asambleas informativas siendo que en definitiva son las personas trabajadoras quienes deben instruir a sus representantes acerca de sus inquietudes y posibles estrategias a seguir, máxime, si a los efectos indicados, se había fijado una audiencia para el día 9 de enero de 2018. Al respecto, la jurisprudencia cuyos términos comparto, ha sostenido “.No cabe asimilar los conceptos de asamblea, con paro de actividades. Si bien es cierto que nuestro ordenamiento legal no contempla específicamente el tema de las asambleas de personal, la posibilidad de su realización legítima tiene sustento en las disposiciones que otorgan a los trabajadores el derecho a reunirse (art 5 inc.c de la ley 23.551 y concordantes). Lo que también es cierto es que el ejercicio legal de tal derecho presupone cumplimiento de ciertos recaudos entre los que se encuentra la comunicación al empleador con la debida antelación de la convocatoria dispuesta a fin de que aquél pueda adoptar las medidas que permitan reducir al máximo las consecuencias de la interrupción del trabajo por el tiempo que demande la realización de la asamblea. Sin embargo, éste y los demás recaudos que es dable exigir a los trabajadores deben meritarse en el entorno de posibilidades fácticas que rodean al conflicto que dio origen a tal asamblea.”. (CNAT, Sala IV “De Candia José c/ SA La Razón EEFIC y A s/ despido”, 13/11/1996). Es decir, que a los fines de evaluar si las asambleas de personal consistieron en realidad en conductas que violaron y obstruyeron el procedimiento de la conciliación obligatoria decretada por la autoridad administrativa, tal aspecto debe ser ponderado en el contexto del conflicto laboral que dio lugar al dictado de la conciliación obligatoria y los temas que allí se discutían, sus características y posibilidades. En este orden de ideas, limitaré el análisis a las inspecciones realizadas por la sumariante los días 28 y 29 de diciembre por ser las mencionadas en la Resolución impugnada. Las comprobaciones se llevaron a cabo el día 28 de diciembre de 2017, en las siguientes empresas: CTC Administradora S.A., avda. Coronel Roca 3450, CABA (fs. 4); Provinter Logística SA., avda. J. D. Perón 4212, Pacheco PBA (fs. 8/10), Farmcity S.A., avda. Militar 4106, Ciudadela, PBA, (fs. 11/13); Tasa Logística S.A., Colectora Oeste Km.64,5 esquina Argerich, Fátima, PBA (fs.17 y 20), Tasa Logística S.A. Avda. J. D. Perón 4000 Pacheco, PBA, (fs.18/19), mientras que el 29 de diciembre se llevó a cabo una nueva inspección en CTC Administradora S.A., avda. Coronel Roca 3450 CABA, (v. fs.21/23). Cabe puntualizar que la ley 18.695 reglamenta el procedimiento para la aplicación de sanciones por infracciones a las normas de ordenamiento y regulación de la prestación de trabajo y en su art.3, sustituido por la ley 20.554, prescribe: “.En la confección del acta de infracción se consignarán las siguientes circunstancias: a) Lugar, día y hora en que se efectúa la verificación; b) Identidad del infractor; c) Descripción del hecho verificado como infracción refiriéndolo a la norma infringida; d) Indicación de las personas que se hallen presentes en el acto y del carácter que invocan; e) Firma del Inspector actuante”. Es decir, especifica cada una de los aspectos que deben constar en la confección del acta de infracción y este orden de ideas, los registros fotográficos que obran a fs. 6/7, fs. 16 y fs. 24, consisten en meras fotocopias y no resultan hábiles para ser valoradas. De la lectura de las actas de inspecciones cumplidas el día 28 de diciembre de 2017, se observa que en todas ellas se informó acerca de la existencia de asambleas, aproximadamente de dos horas de duración; en algunos casos se indicó que eran informativas y en otras, por haberlas dispuestas el “sindicato” o el “gremio” sin otra especificación, también observo que existen manifestaciones referidas a hechos que debido al horario de inicio y finalización de las inspecciones no resulta posible considerar que hayan sido comprobados ( v. fs .8); se transcribe el texto de un acta ( v. fs. 9), sin firma de la persona que lo confeccionó, que no se corresponde con su original, pues se expresa que se agregan listados de personal que no obran en la causa ( v. fs.12/13); no se ha dado cumplimiento a los incs. b y c del art.3 de la ley 18.695, transcripto precedentemente, es decir, ninguna remisión a la norma infringida ( con excepción de lo expuesto en el acta de fs.17) y a la identidad del infractor, en este supuesto, de quién o de quienes emanó la directiva para realizar esas asambleas, con la particularidad que en una de las inspecciones realizadas en Tasa Logística se señaló que la planta funcionaba normalmente (v. fs. 18) y en Farmcity S.A. (así consignada en el acta) se expresó que la asamblea era de carácter informativo y respecto a condiciones de trabajo. Por último, el instrumento que da cuenta de la inspección llevada a cabo el día 29 de diciembre, también adolece de algunas inconsistencias pues mientras los propios apoderados de las empresas señalan la existencia de asambleas informativas de dos horas, el delegado gremial hace referencia a asambleas de tres horas por la mañana y tres por la tarde. Cabe aclarar que a dicha acta se agrega otro informe sin firma de la persona que lo elaboró (v. fs. 23) que tampoco se corresponde con el texto original del acta referenciada. Por ello, tales carencias dan cuenta, en principio, de actos defectuosos que no permiten considerar acreditado que la Federación hubiera dispuesto medidas de acción directa, siendo que la sumariada es una organización sindical que agrupa sindicatos (art. 11 inc. b ley 23.551) y que en su recurso rechazó expresamente haber implementado ninguna “.ilegítima medida de acción directa.”, concepto asentado por la sumariante y rechazada por la sumariada con fundamento en las prescripciones de la ley 23.551. El art.8 apartado 1 Anexo II de la ley 25.212 dispone “La obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas del trabajo, que la impidan, perturben o retrase de cualquier manera será sancionada.”, sin embargo, si los sindicatos aglutinados en la Federación, por disposición de ésta última, en lugar realizar asambleas informativas hubieran adoptado otras medidas tendientes a entorpecer el proceso de la conciliación obligatoria, éstas y en virtud de la ponderación realizada precedentemente, no surgen de las actas antes analizadas.Se suma que de las reiteradas audiencias celebradas entre las partes a partir del 10 de enero de 2018 y el posterior archivo de las actuaciones, en mayo del mismo año, tampoco es posible constatar la existencia de alguna conducta que indique que la sumariada incurrió en obstrucción alguna al proceso de conciliación obligatoria en los términos de la norma citada. En este contexto, además de existir una situación de duda razonable acerca del momento en que se tuvo conocimiento del dictado de la conciliación obligatoria que se proyecta sobre las asambleas realizadas los días 28 y 29 de diciembre, la documentación aportada no es suficiente para acreditar que la Federación hubiere dispuesto medidas de acción directa encubiertas bajo la forma de asambleas informativas, y en todo caso, también dentro del margen duda razonable, no surge con claridad si el señalado estado de deliberación traspasó en forma clara los límites del mismo para ingresar en la frontera de la vía de medidas de acción directa. Resalto que el derecho a deliberar de las personas trabajadoras y su dirigencia en el marco del desarrollo de un conflicto, es un derecho cuya evidencia me exime de mayor fundamentación y tampoco es posible dejar de considerar, muy especialmente, que nos encontramos ante la imposición de una sanción sumamente gravosa, con lo cual no puede existir duda alguna acerca de que efectivamente se ha ejecutado la conducta que formalmente prevé la norma que se atribuye violada (art.386 del CPCCN).

VIII.- En orden a las consideraciones vertidas acerca de las inspecciones realizadas por la sumariante, como antecedentes de la sanción aplicada, corresponde analizar el acto administrativo que dio lugar a la Resolución D.R.F. n° 27768 del 19/7/201 a los efectos de verificar si cumple los requisitos esenciales que prevé la ley 19.549.En primer lugar, cabe señalar que respecto la ley 25.212 a la que acude la autoridad ministerial para la graduación de la sanción necesariamente conduce a verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales del acto administrativo dictado el 18 de julio de 2018 pues tal como ha señalado nuestro más Alto Tribunal ” . el control judicial de los actos discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión – entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto – y por otro, en el examen de su razonabilidad.”. y que ” . Es la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen las facultades discrecionales, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de las exigencias de la ley 19.549, sin que ello implique la violación del principio de división de los poderes que consagra la Constitución Nacional.”.( CSJN “Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo s/ empleo público”. S 1413 XXXII, 25/11/1997, Fallos: 320:2509 ; 321:1970 ; 316:3077, 331:735 , entre muchos más). Desde esta perspectiva, de acuerdo a los requisitos que exige el art. 7 de la ley 19.549, la decisión que diera lugar a la sanción aplicada debió estar precedida por el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico (inc. d), del que debe surgir un análisis exhaustivo y profundo de las cuestiones planteadas conforme el derecho vigente, como garantía de los derechos subjetivos o intereses legítimos de la sumariada pues de acuerdo a lo dispuesto por el art.4 de la ley 18.695, las actas de infracción o el dictamen acusatorio circunstanciado puede, cualquiera de ellos, constituir la base para la instrucción del sumario pero en modo alguno este último reúne las condiciones que requiere el dictamen glosado a fs. 1/3 (Expediente Nº 3-51-47671-2018). Al respecto, ya el Alto tribunal se ha expedido señalando que “.en el ámbito de las facultades discrecionales de la Administración es donde la motivación del acto administrativo se hace más necesaria.” y que “.La motivación del acto administrativo -máxime el dictado en ejercicio de facultades discrecionales- constituye una exigencia que -por imperio legal- es establecida como elemental condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, presupuesto ineludible del estado de derecho y del sistema republicano de gobierno.” (CSJN “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia de la Nación- s/ juicios de conocimiento en general”. L. 26. XXXIV.14/06/2001, Fallos: 324:1860 y “Dr. Caiella interpone rec. directo art. 32 ley 24.521 c/ resolución del H. Cons. Sup. de la U.N.L.P. D.” 550. XXXVI. 16/11/2004 Fallos: 327:4943 ).

Por lo expuesto y por aplicación de lo prescripto por el art. 7 de la ley 19.549, ante la ausencia del dictamen previo aludido, cabe sostener que la decisión debió ser adoptada dentro de los límites de las facultades que el ordenamiento legal otorga a la autoridad ministerial y guardar una proporción adecuada al medio empleado y al fin que la ley desea lograr, es decir, de acuerdo a la norma citada, el acto debe cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, tal como establece el inc.f, “. las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.”,en clara alusión a los fines perseguidos por el legislador lo que determina que el acto se encuentra condicionado a los límites que impone la propia Constitución Nacional y a lo reglado en la última parte del art. 10 de la ley 18.695 que se refiere precisamente a “.su finalidad, la naturaleza de la infracción, la importancia económica del infractor y el carácter de reincidente que éste pudiera revestir.”, ( el subrayado me pertenece), norma que sólo ha sido mencionada sin que se aprecie razonamiento alguno al respecto, de allí la singular importancia de contar con el dictamen jurídico al que hice referencia, por cuanto del mismo surgirían los aspectos fácticos y de derecho; las razones que indujeron a la sumariante a dictar el acto y el interés público que se perseguía mediante la resolución administrativa. Acerca de la finalidad del acto administrativo, Tomás Hutchinson, (Régimen de Procedimiento Administrativos Ley 19.549, págs. 92 y sgtes, Editorial Astrea, Buenos Aires: 2010) afirma, con cita de Marienhoff, “.que todo acto administrativo particular tiene una finalidad propia, correlativa a su objeto o contenido. Esta relación objeto-fin responde específicamente a la finalidad perseguida por la norma y por la que se le confirió la competencia al órgano que dictó la resolución particular, y aquélla, ley en sentido formal o material, tiene su punto de partida y está condicionada, a su vez, por la norma constitucional que autoriza su dictado y la relación existente entre ella y el fin perseguido por la Constitución. Es decir que en todos los actos administrativos existe una primera y común finalidad, que se va especificando a través de la distribución de competencias dentro de la Administración y que determina el objeto o contenido que pueden tener estos actos.”. En esta línea de pensamiento, no observo que resulte inadecuado acudir a las sanciones que tipifica el art.4 de la ley 25.212, pues tal como afirma la sumariante, el inc. f, prevé que “La violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbi traje en conflictos colectivos.”,ni siquiera luce inapropiado el monto que se considera como base para calcular la multa aplicada, en cambio, es reprochable tomar en cuenta el número “de trabajadores afectados” que de acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (v.fs.37/39), ascendió a 182.797, cantidad que responde a la totalidad de las personas afiliadas a cada uno de los sindicatos agrupados en la Federación, sin argumentos ni justificación alguna al respecto, dando cuenta de un dogmatismo y rigor formal que menoscaba el derecho de defensa (art. 18 Constitución Nacional ) y la vez descalifica la resolución apelada, pues arroja un importe exorbitante y excede ampliamente las facultades discrecionales que posee la administración. Se recuerda que la discrecionalidad administrativa se encuentra íntimamente ligada al principio de legalidad y razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional) pues la autoridad ministerial no puede actuar en exceso de las facultades que le fueron normativamente conferidas, es decir, puede adoptar decisiones eligiendo diversas vías pero deben ser compatibles con el interés público y respetando el principio de razonabilidad. Tal como prescribe el art. 7 inc. f de la ley 19549, la medida adoptada debe ser proporcional y adecuada a los fines que persigue, justipreciando el principio de legalidad y los límites establecidos por la Constitución Nacional, extremos que el acto administrativo, a mi juicio, no reúne.

IX. En síntesis, los temas abordados resultan suficientes para admitir la pretensión recursiva deducida contra la sanción impuesta y propiciar la nulidad de la Resolución D.R.F n° 27768.

X. Por último y tal como expresé al principio, la decisión que se adopte en estas actuaciones incide naturalmente en la medida cautelar que con carácter preventivo solicitó la sumariante por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo n° 69.Dado que propongo la revocatoria de la Resolución D.R.F n° 27768, y en consecuencia deviene ineficaz el título ejecutivo, base de la ejecución fiscal, por razones de economía procesal, sugiero agregar una copia certificada por la Sra. Actuaria a las actuaciones mencionadas y devolver la causa al juzgado originario a los efectos de que el Sr. Juez disponga, dentro de las veinticuatro horas de su recepción, el levantamiento del embargo y arbitre los medios necesarios para informar lo resuelto mediante oficio a las instituciones bancarias embargantes. Asimismo, en igual plazo, en atención a lo actuado a fs. 157, 165/167 y 175 de la causa citada -a fin de evitar un innecesario perjuicio a la sumariada- propongo dejar sin efecto el plazo fijo ordenado oportunamente, quedando a cargo del Dr. Ramonet las gestiones pertinentes para que a través del sistema DEO realice la comunicación a la entidad bancaria a los efectos de poner a disposición de la sumariada los fondos resultantes. Todas estas diligencias deberán ser informadas con carácter urgente y en igual plazo a esta Alzada. Por último, corresponde aclarar que la devolución de los fondos a la sumariada provenientes de los plazos fijos, se integra únicamente con los intereses devengados hasta la fecha en la cual la entidad bancaria tome conocimiento de que han sido dejados sin efecto, por ello, cualquier planteo no relacionado con lo expuesto, a fin de salvaguardar la doble instancia, deberá ser realizado en la causa judicial que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo n° 69.

XI. En orden a la imposición de las costas, el art.68 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, faculta a quien juzga para apartarse del principio general de imposición de costas a la parte que ha sido vencida, “siempre que encontrare mérito para ello”. En el presente caso, teniendo en cuenta la índole de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, su complejidad y el resultado obtenido por vía de la apelación, estimo prudencial declararlas en el orden causado ( art.68 2do.párrafo y 279 del CPCCN). Respecto de los honorarios, conforme prescribe el art.16 de la ley 27.423 debe considerarse el monto, el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada; la complejidad y novedad de la cuestión planteada; la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera derivarse para el profesional o la profesional; el resultado obtenido; la probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos; la transcendencia económica y moral que para el interesado o la interesada revista la cuestión en debate; pero tratándose la presente de una causa administrativa y que de establecer los emolumentos adoptando el valor pecuniario de las actuaciones, podría arrojar valores que no se condicen con las tareas efectivamente cumplidas, dado que toda regulación de honorarios debe practicarse conforme la importancia de la labor desplegada y su eficacia (CSJN “Decavial SAICAC c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Revocatoria” sentencia del 19.08.99, publicado en Fallos: 322:1537 ), en virtud de las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 L.O., propongo regular en conjunto los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, por su actuación en esta Alzada, en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente. (arts. 38 L.O.; art.1255 del CCCN y 16 de la ley 27.423).

XII. Por las consideraciones vertidas, y oído que fue el Sr. Fiscal General interino ante esta Cámara, de aceptar mi voto, propongo:1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la sumariada; 2) Declarar la nulidad de la Resolución D.R.F n° 27768 del 19 de julio de 2018 dictada en el sumario n° 3-51-47671-2018 y en consecuencia, dejar sin efecto la sanción allí impuesta; 3) Revocar la medida cautelar dictada en el Expediente n°28621/2018/CA1 originario del Juzgado de Trabajo n° 69, ordenar el levantamiento del embargo y dejar sin efecto los plazos fijos dispuestos oportunamente. Asimismo, en virtud de lo expresado en el considerando X, por Secretaría, agréguese a la causa referenciada, copia certificada de la presente resolución, 4) Devuélvase el expediente de ejecución fiscal a los efectos que el Sr. Juez de la Instancia anterior, según lo resuelto en el considerando X, proceda a realizar las comunicaciones a la entidad bancaria respecto de los fondos de la sumariada; 5) Costas y honorarios según el Considerando XI; 6) Oportunamente, devolver las presentes actuaciones junto con las pruebas reservadas al Ministerio de Trabajo.

La Dra. María Cecilia Hockl dijo:

1º) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social rechazó la impugnación administrativa interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, lo cual motivó la deducción del presente recurso de queja (fs. 27/35 y 52/59 del expediente 3-51-47671-2018, respectivamente). En la pieza respectiva y en la apelación oportunamente denegada, la Asociación Sindical de segundo grado expresa diversos agravios contra dicha resolución ministerial (fs. 93/104 vta.) los cuales -según el orden en que fueron expuestos- pueden ser sintetizados de la siguiente forma:a) la autoridad de aplicación ha excedido su competencia al rechazar la referida impugnación, puesto que ninguna norma autoriza a la mencionada cartera a denegar el acceso a la instancia judicial; b) la recurrida excluye la aplicación de la ley 19549 para valerse de la ley 18695 del proceso militar, cuya inconstitucionalidad se solicitó, y que sería, en todo caso, sólo aplicable a los empleadores y jamás a una entidad gremial, lo cual violenta la libertad sindical de la Federación; en esta línea, arguye con relación a la falta de dictamen administrativo previo; c) su parte jamás se sometió al procedimiento de la ley que cuestiona, toda vez que con fecha 2/07/18 presentó un escrito en el que impugnó la citada norma; d) el Ministerio sostuvo que dicha presentación se interpuso y tramitó fuera de las presentes actuaciones sumariales y omitió su tratamiento, cuando de la misma referencia del escrito mencionado y del sello receptor se desprende que fue interpuesto adecuadamente; e) lo afirmado por la sumariante es contradictorio con lo expresado, en el sentido de que el 6/07/18 esa presentación fue desestimada por el Director de Inspección Federal; f) asimismo, esa aseveración es falaz por cuanto el expediente no tuvo movimientos hasta el 20/07/18, según constancias notariales; g) todo lo anterior exige la urgente remisión de los expedientes administrativos que enumera, a fin de salvaguardar diversos derechos de raigambre constitucional y por darse un caso de extrema arbitrariedad y gravedad institucional; h) la situación amerita el dictado de una medida cautelar de prohibición de innovar y la suspensión de la ejecución fiscal por la que se tramita la ejecución de la sanción que cuestiona; i) la multa aplicada asciende a $809.790.710 y no se encuentra fundada en normativa legal que la sustente, generando la imposibilidad de seguir asistiendo a las obras sociales que dependen de la Federación, quedando suspendidas las prestaciones a pacientes oncológicos, con discapacidad, HIV y pedidos urgentes de medicación que se le imponenpor juicios de amparo derivados de cuestiones de salud de los afiliados; j) no es posible aplicar a una asociación sindical de segundo grado una multa sobre la cantidad de trabajadores en actividad; k) la tipificación de la sanción como “medidas ilegítimas de acción sindical” no se encuentra prevista normativamente; l) las asambleas sí son medidas legítimas y fundamento de la democracia sindical que permitieron lograr el acuerdo homologado en tal sentido se plantean diversas cuestiones referentes a las actas labradas; m) la sanción es exagerada, pues impide el cumplimiento del objeto de la Federación, como así también de cubrir las prestaciones para los trabajadores amparados por la Obra Social de la actividad; n) la validez de las actas es cuestionable, pues no se constató el número de trabajadores afectados sobre las asambleas ilegalmente tipificadas; en tal sentido, lo informado por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales -de 182.797 trabajadores- no se relaciona con aquéllas, donde se involucran a menos de 2.000 trabajadores y ñ) el principio solve et repete es inaplicable, pues se traduce en un impedimento de acceso a la justicia, ante lo excesivo que resultaría el pago previo de la multa. Es de remarcar que el día 10/08/2018, esta Sala convocó a las partes a la audiencia prevista en el art. 13 de la ley 18695. Éstas agregaron sus alegatos a fs. 108/214 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y a fs. 215/225 (Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios). Sentado lo anterior y frente a las cuestiones dilucidadas, cabe dejar establecido que el presente pronunciamiento, en tanto decide aspectos de derecho y fácticos vinculados a la actividad de otro poder del Estado, velará por verificar la legitimidad del acto impugnado, constituida ésta por la legalidad y la razonabilidad de lo resuelto.Conforme a doctrina que comparto, el poder administrador -sin desmedro de su sujeción a cánones anticipados normativamente, que no son renunciables- debe adecuar su accionar a la verdad jurídica objetiva y superar, incluso con su actuación oficiosa, las restricciones cognoscitivas que puedan derivar de la realidad jurídica meramente formal presentada por las partes, deliberadamente o no (Comadira, J. R., “Procedimientos Administrativos: Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Anotada y Comentada”, Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 54, y dictámenes de la Procuración General del Tesoro, cit., 68:285; 87:142; 91:209; 204:61, entre otros). Según se verá, la ley 19549 obra como ley supletoria y complementaria de la 18695 y sobre la base de los principios generales de aquélla, el citado autor nos recuerda que en el obrar de la Administración, aún en los casos de aparente conflicto “su télesis esencial no es la resolución de éste, sino de la decisión más conveniente al bien común”.

2º) Con relación a tres de los agravios reseñados -“a”, “g” y “ñ”-, es evidente que su resolución deviene abstracta, por lo cual sería inoficioso una declaración por parte del Tribunal. En efecto, la sentencia de esta Sala de fecha 6/08/18 (fs. 106 y vta.) ha decidido hacer lugar al recurso de queja sin condicionamiento pecuniario alguno, y fijar la audiencia que -se reitera- se celebró el pasado 10/08/18, por lo que el agravio carece de interés. Las cuestiones planteadas quedaron sometidas al control judicial, como surge de la citada resolución de fs. 106 y vta. del presente recurso de hecho.Aún así, y para dar acabada respuesta al recurrente, cuyo agravio se disipó, cabe puntualizar que en la conocida causa “Giaboo SRL s/ recurso de queja”, sentencia del 10/11/2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el principio general de la validez de las normas que establecen el requisito del pago para la intervención judicial, mas sin dejar de ponderar que ha entendido necesario morigerar ese recaudo en supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de derechos (cfr. cap. IV del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la CSJN en el pronunciamiento citado). De tal modo, el reparo constitucional invocado, en este caso concreto -además- es insustancial. A idéntica conclusión cabe arribar con relación al agravio identificado como “g” toda vez que el expediente administrativo fue agregado a la causa mediante la entrega de las piezas respectivas por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el acto de la audiencia del 10/08/2018 mencionada.

3º) Trataré en forma conjunta las cuestiones individualizadas como “c”, “d”, “e” y “f” en el acápite primero de este voto, con relación al procedimiento llevado a cabo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en punto a la presentación que realizó la Federación el día 2/7/2018. En esa oportunidad la Federación sumariada realizó la presentación que tituló “PLANTEA NULIDAD – REVOCACIÓN- EN SUBSIDIO. DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD E INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO”, que fue recibida por la autoridad ministerial en la fecha indicada y a la que le fue asignado como número de trámite el 1798947. Su contenido revela que estaba dirigida a impugnar el acto del 18/06/2018 por los siguientes motivos:a) no habría sido suscripto por una autoridad competente; b) se verificaría un caso de ausencia de causa, ya que no se implementaron medidas ilegítimas de acción directa sino que se habría tratado de asambleas celebradas en los lugares de trabajo y convocadas por la presentante; c) se exhibirían vicios del procedimiento, porque no se le había notificado sino hasta la audiencia designada para el 28/06/2018 el dictamen previo acusatorio, ni había sido notificada de la existencia de cargos en su contra; d) se apreciarían errores en el dictamen acusatorio y e) se presentaría un caso de gravedad institucional porque el Ministerio de Trabajo no habría homologado el acuerdo que puso fin al conflicto de fin del año 2017 (fs.8 del expte. Nº 1798947). El organismo ministerial -por intermedio del Director de Inspección Federalresolvió el 6/7/2018 el rechazo de la presentación supra referida (fs.15 y vta. del expte. Nº 1798947), por los siguientes fundamentos: a) la instrucción del sumario es una medida preparatoria y no un acto administrativo, por lo que no es recurrible conforme a lo normado por el art.80 del dec.1759/72, reglamentario de la ley 19549; b) los presentantes carecían de legitimación, ya que de acuerdo al art.37 del estatuto de la Federación, la representación de la entidad sindical correspondía al Secretario General del Consejo Directivo, y en caso de ausencia o impedimento, temporario o permanente, debía ser reemplazado por el Secretario adjunto (art.38), calidades que, indicó, no reunían los Sres. Hugo A. Moyano -Secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos- y Condori Saldaño -Secretario de Previsión Social, Jubilaciones y Compensaciones-, firmantes de la petición del 2/07/2018. En consecuencia, la articulación del 2/07/2018 que la quejosa denuncia como “no resuelta”, sí lo fue, y con anterioridad al dictado de la resolución que impuso la multa objeto de apelación ante este Tribunal.La circunstancia de que se le hubiera asignado un número de tramitación distinto del que corresponde al sumario principal no altera los extremos mencionados: la presentación de la sumariada fue resuelta, efectivamente, por la sumariante. Por último en cuanto a lo reseñado en el punto “f” del considerando primero, no se vislumbra elemento alguno en apoyo de la “falta de movimientos del expediente” hasta el 20/07/2018 y, menos aún, que esto haya sido constatado por un notario. De su lado, la aplicabilidad de la ley 18695 será esclarecida en los acápites que siguen, a los que me remito en cuanto a este tema se refiere.

4º) Con relación a la invalidez que se le atribuye a la ley 18695 por cuanto fue dictada durante un gobierno inconstitucional, es propicio memorar los votos disidentes de los Dres. Belluscio y Petracchi en la causa “Herraiz, Héctor Eduardo c/ Universidad de Buenos Aires s/ nulidad de resolución” , sentencia del 27/12/1996. Allí, se recordaron los conceptos del Procurador General, Sabiniano Kier, en la emblemática causa “Cullen c/ Llerena”:”[u]na revolución (.), mientras proceda sólo de hecho, aún con el esfuerzo de sus armas (.) dentro de la Constitución no es más que un hecho sin consecuencias inmediatas, en cuanto al régimen constitutivo del gobierno republicano”. Mas, sin embargo, también se sostuvo allí “[q]ue esta doctrina no presupone, por cierto, negar toda validez a las normas de facto, pues dicha solución llevaría a un grave caos normativo.A los fines de evitar tal peligro, el Tribunal resolvió que ‘.la validez de las normas y actos emanados del Poder Ejecutivo de facto está condicionada a que, explícita o implícitamente, el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda [los] reconozca.’ (caso ‘Gaggiamo’)”. En su voto, también disidente, al que adhiero en plenitud, el juez Fayt señaló que “[l]os poderes revolucionarios que pretenden fundar las bases de una organización política luego perdurable, han demostrado la imperiosa necesidad de justificar con ropajes de ley a las disposiciones coercitivas o normas de orden que imparten, sustentándolas en la fuerza que detentan y en la pasividad de la ciudadanía que no se halla en condiciones de cuestionar sus contenidos.” Afirmó que tales dispositivos de los gobiernos de facto, “en su ejecución constante durante largos períodos de quebranto institucional, adquieren a los ojos de los habitantes de la Nación cierta eficacia. Esto es así, toda vez que la habitualidad en la aplicación de una disposición a cierto tipo de situaciones semejantes genera entre la población algún grado de consenso pasivo. Efecto que no puede sanear, por sí solo, ni con sustento en la alegada ‘seguridad jurídica’ el vicio del origen con que cuentan estas normas (Fallos: 314:407 -voto en disidencia del juez Fayt-)”, puesto que “la doctrina jurisprudencial aludida se funda en la diferencia esencial que existe entre un gobierno de fuerza y uno de iure y, por consiguiente, entre los actos y normas que de ellos emanan. Por tal razón, “. cualquiera sea su denominación, las disposiciones y órdenes coercitivas dictadas por un gobierno de fuerza no son leyes conforme lo dispone la Constitución Nacional y su condición es siempre espuria (.)”. De modo tal que “si la Nación está regida por la Constitución, no hay más ley que la sancionada y promulgada de acuerdo a sus disposiciones. Los actos de contenido legislativo emanados de ot ra fuente son nulos (conforme doctrina de Fallos:174:225), tanto si provienen de un poder constitucional diferente, como de un poder de facto.” Así también -finalizó- “que sin perjuicio de lo dicho hasta aquí -y como también se expuso en ese voto- ‘media la posibilidad que los actos de tal índole sean ratificados o convalidados por el Congreso, convirtiendo así en ley el acto que no lo era. Esa ratificación puede ser expresa o tácita (.)’. En consecuencia, la validez de las normas emanadas del Poder Ejecutivo de facto está condicionada a que el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda, la reconozca.” (énfasis agregado). Tengo para mí, entonces, que no son cuestiones de “seguridad jurídica” las que confieren validez a esas normas cuyo origen es ilegítimo. Es la convalidación -concreta o implícita- de los gobiernos enmarcados en la Constitución Nacional y, por tanto, en la soberanía del pueblo, la única que puede comunicarles fuste legal. Dicha circunstancia se verifica -en referencia a la ley 18695- con la sanción de la ley 20524 Orgánica de Ministerios de 1973, que adecuó las disposiciones de la ley 18695; de las leyes 20554 y 20555 de 1973, que introdujeron modificaciones a la ley cuestionada; de las leyes 23099 de 1984 y de la ley 23942 de 1991; entre otros cuerpos normativos. Ello, a diferencia de la ley 18694, que fue expresamente derogada por la ley 25212 (Anexo II), ratificatoria del Pacto Federal del Trabajo, del año 1999. Por todo lo expresado, los agravios relativos a este tópico deben ser desestimados.

5º) Establecida la validez formal de la ley 18695, corresponde señalar que no se observa incompatibilidad entre esta última y la ley 19549, de procedimientos administrativos y de carácter general.Como sostiene Alf Ross en los casos de inconsistencias entre reglas particulares anteriores y reglas generales posteriores, “lex specialis puede, según las circunstancias, prevalecer sobre lex posterior”. En los casos en que las reglas se superponen parcialmente, “(.) lex posterior sólo se aplica en la medida en que, en términos subjetivos, el legislador ‘tuvo la intención’ de reemplazar la ley anterior pero puede haber tenido la ‘intención’ también de que la nueva regla se incorpore de manera armónica al derecho existente como un suplemento del mismo” (cfr. Ross, Alf, “Sobre el Derecho y la Justicia”, Eudeba, 1963, pág. 127). Este es, a mi entender, el supuesto sub-examine. En efecto, ley 19549 -no obstante haber explicitado como objetivo la unificación de todos los sistemas procedimentales-, reconoció la posibilidad de que subsistan regímenes especiales (art. 2º) y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar los que mantendrían vigencia -ello, mediante el dto. 9101/72-. En lo que atañe a este caso, el art. 1º, inc.17 de la mencionada norma, enumera a “los referentes a comprobación y juzgamiento de infracciones a normas laborales”. A su vez, ese decreto, también de origen espurio, fue derogado por el dto. 722/96 (Fallos 331:144 y 415 ). Este último, asimismo, fue modificado por el dto. 1155/97. El régimen vigente establece en su art. 2º que, no obstante la aplicación supletoria de la ley 19549 en el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, continuarán en vigencia los regímenes administrativos especiales que regulen “.f) procedimientos sumariales.”. De allí que resulte prístina la vigencia de la ley 18695 y la aplicación supletoria del procedimiento general de la ley 19549 para la aplicación de sanciones que rige en el ámbito de la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo.Por último, lo dicho en el considerando anterior confiere validez a la mencionada ley 19549, cuya aplicación se propicia por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios. Esto es así, pues dicha norma presenta idéntico vicio de origen, en tanto fue igualmente dictada durante la vigencia del mismo régimen autoritario (año 1972) que marginó por la fuerza a nuestra Constitución Nacional. En este caso y con idéntico criterio, las leyes democráticas y formales 24655 y 27275, entre numerosa normativa, también confieren a la ley de Procedimientos Administrativos indudable vigencia.

6º) En lo atinente a la inaplicabilidad de la ley 18695 a las asociaciones profesionales, considero que aún cuando rija la proscripción de la aplicación analógica de la ley en el ámbito de las sanciones disciplinarias o represivas, es invertebrada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual ello no excluye una exégesis que esclarezca la voluntad del legislador, a fin de que ella se cumpla de manera razonable y discreta (Fallos: 182:486; 232:254; 237: 33; 239: 367; 252: 139; 254: 362; 256: 277; 326: 2987 ). En este sentido, y para dar un tratamiento integral al planteo individualizado con la letra “b”, no se verifica un supuesto vedado de extensión de la norma punitiva; sólo se acude a un sistema ritual que resulta adecuado y ordenatorio de las normas, estas últimas sí de carácter sancionatorio, previstas en la ley 25212, Anexo II. En concreto, la asociación gremial puede ser punida si incurre en actividades que importen innovar respecto de la situación anterior a un conflicto suscitado cuando la cuestión -como en el presente- ha sido sometida a la instancia obligatoria de conciliación. En tal hipótesis, la ley 18695 reglamenta un método específico para la aplicación de sanciones por infracciones a las normas del ordenamiento y regulación de la prestación de trabajo.La ley 25212, Anexo II, requiere de un cuerpo procedimental que abastece la ley 18695, a fin de “poder actuar” la norma sustantiva en el caso previsto en su art. 4º inc. f) del Anexo II, que es el concerniente al sub-lite. Privada de ese medio instrumental, la autoridad de aplicación carecería de herramientas útiles con el objeto de que se dejen sin efecto situaciones que signifiquen innovar respecto de la situación anterior al conflicto (art. 8º, ley 14786 y art. 56, inc. 1º b, ley 23551). Insisto, más allá de la imprevisión legislativa original, que no incluyó, expressis verbis, a las asociaciones sindicales como sujeto pasivo de las sanciones, sí se previó para ellas una tipificación -para el caso, de comisión de “infracciones muy graves”- y una sanción – de las previstas en el art. 5º, ley 25212, anexo II- sobre cuya individualización volveré más adelante. Tiene dicho reiteradamente el máximo Tribunal Federal que en la tarea de establecer la inteligencia de la ley ha de tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persigue, y con ese objeto “la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma” (Fallos: 331:1215; 330:3426 ; 329:2890 , entre muchos otros). De tal suerte, la alusión reiterada al “empleador imputado” no priva a la ley 18695 de su carácter reglamentario y procedimental para encuadrar y sancionar a las asociaciones sindicales si estas incurren en la situación contemplada en el art. 4º inc. f) ya citado. El uso del plural en el sustantivo “partes” de un conflicto colectivo permite incluir de una manera inequívoca a las entidades sindicales, más allá del juicio que merezca lo establecido por la ley y su debatible previsión (cfr.dictamen de la Procuración General del Trabajo en autos “Ministerio de Trabajo c/Asociación de Trabajadores del Estado s/sumario”, del 9/10/2006, expte. Nº 9082/2006). No es ocioso señalar, además, que la ley 18695 ha sido aplicada también a cooperativas. Tal es el caso y de ello dan cuenta los pronunciamientos recaídos en “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/Cooperativa de Trabajo Antártida Argentina s/ejecución fiscal”, sentencia del 12/08/2014, y “Recurso de queja Nº 1-Cooperativa de Trabajo, Transporte y Consumo San Cayetano c/Ministerio de Trabajo”, sentencia del 7/04/2016, ambas de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La afectación a la libertad sindical, tal y como fue enunciada por la sumariada en el agravio que se evalúa, carece de un adecuado desarrollo argumental y luce meramente conjetural, pues no se expresa qué situación más gravosa derivaría de la aplicación de la norma cuestionada. De todo lo anterior se colige, sin ambages, que la ley 18695 rige, indudablemente, frente a supuestos como el presente.

7º) Por un diferente pero afín orden de ideas, y a la luz de lo normado por el art. 3º de la ley 18695, debe señalarse con precisión, y con relación a las atribuciones de la sumariante para proceder como lo hizo (arts. 1º y 2º de la ley 18695), que la ley 25212, anexo II- al establecer el régimen general de sanciones por infracciones laborales, calificó como infracción “muy grave” .”f) la violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos”. De allí que resulte evidente la facultad fiscalizadora y sancionatoria del MTEySS en el ámbito de conflictos colectivos. Dicho poder o prerrogativa, vale puntualizarlo, ha sido reconocido a esa cartera gubernativa con relación al cumplimiento del orden laboral y a la promoción, regulación y fiscalización de la observancia de los derechos fundamentales de los trabajadores (art.28 -y siguientes- de la ley nº 25877 y Convenios nº 81 y 129 de la OIT, ratificados por las leyes nº 14329 y 22609). En concreto, la ley 25212, Anexo II, ratificatoria del Pacto General del Trabajo, de 1999, confiere a la autoridad administrativa del trabajo la atribución de verificar las infracciones e imponer las sanciones respectivas mediante un procedimiento de plazo brev e que garantice la eficacia del régimen sancionatorio. Este es el contemplado por la ley 18695, conforme al cual, contra la resolución administrativa que impone una multa, cabe interponer recurso de apelación, el que permite revisar en sede judicial la procedencia de la sanción (arts. 1º, 10, 11 y 13). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la exposición de motivos o, en este caso, la nota al Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto de la ley 18695, constituye un valioso criterio interpretativo acerca de la intención de sus autores. Con sujeción a tales pautas hermenéuticas, se sostuvo que el conducto proyectado “se estructura de conformidad con los lineamientos que resultan de las normas básicas de procedimiento (.) en el sentido de asegurar la agilidad del trámite, la garantía del debido proceso y la revisión judicial de la sanción”. Tal afirmación resulta de interés para el esclarecimiento de los planteos formulados e individualizados con las letras “k” y “l”, en tanto todo cuanto atañe al derecho del trabajo en su faz agonal, sea que se manifieste en reclamos individuales como en conflictos colectivos, se caracteriza por su dinamismo y por la necesidad de procedimientos expeditos, sin perjuicio de que no puede desconocerse la obligatoriedad del seguimiento de los elementos esenciales del acto administrativo laboral, como ya se adelantó.

8º) Sobre la base de las premisas anteriores, se examinará si se han cumplido los requisitos básicos establecidos en el art.3º de la ley 18695, controvertidos por la sumariada (agravios “k” y “l”). Mas esta indagación no puede prescindir de aquello que surge del art.4º de la Disposición Nº DI-2017-218-APN-DNRT#MT, que establece lo siguiente: “[i]ntímase a la entidad sindical mencionada y, por su intermedio a sus representados, a dejar sin efecto durante el período incoado en el [a]rtículo anterior, toda medida y/o asamblea que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, no alterando en forma alguna la prestación de tareas de manera normal y habitual” (ver fs.10 del expte. Nº1783906, énfasis agregado). El expediente Nº 1783906/2017 -mediante el cual se dio curso a la denuncia de la Federación Argentina de Entidades Empresarias el Autotransporte de Cargas y se dispuso encuadrar el conflicto suscitado con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros el Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios en el art.11 de la ley 14786- finalizó con el dictamen acusatorio circunstanciado emitido el 15/06/2018 (fs.45/47, expte. Nº 1783906/2017), en cumplimiento del art.2º de la ley 18695. Tal acto evalúa las comprobaciones que surgen de las actas de inspección, informes y registros fotográficos de fecha 28/12/2018 a las firmas CTC Administradora SA, Falabella SA, Provinter Logística SA Farmacity SA, Jumbo SA y TASA Logística. Ese dictamen estableció que la Federación sumariada no dio cumplimiento a la conciliación obligatoria dictada mediante disposición DI2017-218-APN-DNRT·MT, por lo que habría violado los arts. 3º y 6º de estas última, configurándose la “obstrucción” a la actuación de la autoridad administrativa del Trabajo en los términos del art. 4º inc. f) y apartado 1º del art.8º y 10, capítulo 4 del Anexo II de la ley 25212.Con relación a este punto examinado cabe señalar que en lo concerniente al agravio referido a la ausencia de dictamen jurídico previo (letra “b”), la cartera ministerial se ajustó -como se observa- a la legislación específica. No hay defecto alguno en el obrar de la administración en cuanto a esta objeción, puesto que la ley especial -conforme lo ya propuesto en el considerando V- se impone sobre la ley general y en tal sentido, el dictamen acusatorio es el presupuesto necesario del acto y sirve de causa para su dictado. Si bien esta, y no otra, es la interpretación adecuada de la normativa en su integralidad, llama la atención que el MTESS haya admitido, con relación al dictamen jurídico que: “su ausencia no determina necesariamente en todos los casos la nulidad del acto (.) [s]iguiendo a Hutchinson conforme lo determina el artículo 14 de la LPA se admiten dos grados de validez: el acto nulo de nulidad absoluta y el acto anulable. O sea la nulidad y la anulabilidad (.) [e]n el procedimiento administrativo la regla es la anulabilidad del acto, la excepción es la nulidad (fs. 55 del sumario nº 3-51-47671-2018 sumario MTESS)”. Esa argumentación -innecesariamente previsora- no condice con la adecuada exégesis normativa según la cual nada obligaba a la sumariante a seguir el trámite requerido, puesto que su accionar se encontraba plenamente ajustado a derecho.Establecido ello, tal dictamen acusatorio dio inicio al “sumario ley 18695” identificado en su carátula con el Nº 3-51-47671-2018 en el cual, luego de agregadas las actas de inspección e informes elevados al Director de Inspección General (fs.4/26 de la foliatura correspondiente al sumario a la que se hará referencia en lo que sigue), la Dirección de Inspección General dio por concluida la etapa de instrucción el 19/07/2018, sin que la sumariada hubiera realizado presentación alguna (fs.40 del sumario). Así, dispuso el giro de las actuaciones a la Dirección de Resolución de la Fiscalización, luego de incluir la resolución que fija el salario mínimo vital y móvil (fs.34/36) y la constancia de las entidades afiliadas a la Federación y de la cantidad de afiliados emitida por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (ver fs.37/39). El mismo día, el 19/07/2018, el Director de Resolución de la Fiscalización dictó la resolución nº 27768, por la que impuso la sanción que es objeto de recurso (fs.41/48 del sumario). Para así resolver, consideró las inspecciones llevadas a cabo los días 28 y 29 de diciembre de 2017. Surge del sumario que los días referidos se labraron las siguientes infracciones: 1) en CTC Administradora SA (fs.4/7 del sumario, 28/12/2017, Acta de inspección Nº 01059145); el lugar y la inspección se llevaron a cabo en Av.Roca 3450, CABA, donde se constató que recorridas las instalaciones en compañía del gerente general, el inspector verificó que de los 112 módulos, 57 se encontraron afectados por asambleas informativas, y según les informó el delegado de la empresa San Pedrito SRL allí identificado, comenzaron a las 14hs con horario aproximado de finalización a las 16:45 o 17 hs; 2) en Provinter Logística SA (fs.8 del sumario, Acta de inspección Nº 1061237), establecimiento ubicado en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires; los inspectores actuantes dejaron constancia de que el personal del turno mañana no estaba en su puesto de trabajo y que se apersonó el delegado, a quien identificaron, quien les manifestó que continuarían en asamblea; 3) en Farmacity SA (fs.11 del sumario, 28/12/2017, Acta de inspección Nº 01059144), lugar de inspección ubicado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires; a los inspectores les fue manifestado por quien los atendió -personal de recursos humanos allí individualizado- que a partir de las 11:30 hs. se dio inicio a asambleas, a las que concurrieron 80 de las 99 personas; fue consultado el delegado gremial del sindicato de camioneros quien expresó que la asamblea obedeció a las condiciones de trabajo en el depósito y que se iba a extender hasta las 17 hs; 4) en TASA Logística SA (fs.18 del sumario, 28/12/2017, 28/12/2017, Acta de inspección Nº 1061236), establecimiento de la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que se verificó que había 6 personas trabajando y el gerente de operaciones manifestó que el funcionamiento de la planta era el habitual, y que les informó que hubo cuatro horas de asamblea entre las 6 y las 11 hs. Dejaron constancia de que el delegado gremial no estaba presente; 5) en CTC Administradora SA (fs.21 del sumario, 29/12/2017, Acta de inspección Nº 1063900), nuevamente se inspeccionó el establecimiento ubicado en Av.Roca de esta Ciudad, y los funcionarios públicos recorrieron los módulos donde no se observó actividad pero sí personal, por lo que consultado que fue el delegado de Transportes Pedrito SRL manifestó que se encontraban en asambleas informativas de 2 horas de duración. También se llevaron a cabo inspecciones en las siguientes empresas: Expreso Maipú SA y Tradelog SA a través de su apoderado; Expreso Bisonte SRL y Expreso Oro Negro SA por medio de sus respectivos delegados, quienes informaron en todos los casos que estaban llevando a cabo asambleas, y finalmente Transportes La Sevillanita SRL, cuyo delegado informó que “.no se suspenderá la medida gremial de asamblea de 3 horas por la mañana y por la tarde hasta no recibir la orden de la Federación de Camioneros.” (fs.22).

9º) En lo referente al dictamen acusatorio y a la invocada omisión del acta del 29 de diciembre de 2017, cabe señalar que no basta cualquier exclusión en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga. En este sentido, la jurisprudencia judicial y administrativa ha admitido la validez de la motivación in aliunde o “contextual” -por remisión a las constancias de las actuaciones administrativas-, que responde al principio de la unidad del expediente, en la medida en que esas constancias permitan conocer los fundamentos de la resolución que se adopta. Así, deben ponderarse, en cada caso concreto, las consecuencias producidas por esa falencia a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar en el acto administrativo. Ninguno de estos extremos ha sido alegado, siquiera someramente, por la sumariada. El examen de las actas cuestionadas revela que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por los arts.2º, 3º y 4º de la ley 18.695.Así, en todas ellas se dejó constancia del lugar, fecha y hora y la descripción de los hechos verificados como infracción, refiriéndolos a la norma infringida -la disposición ministerial que ordenó la conciliación obligatoria-, la indicación de las personas presentes en el acto y del carácter que invocaron, así como la firma del funcionario actuante. No se advierte, desde esta perspectiva, ninguna irregularidad extrínseca en las actas circunstanciadas que las descalifiquen como tales. Asimismo, se observa que tales actas de inspección agregadas han sido confeccionadas en formularios pre-impresos que contienen los datos antes mencionados. Es del caso insistir, con relación a la conducta sancionada, que de acuerdo con el art.4º de la Disposición Nº DI-2017-218-APN-DNRT#MT se estableció: “[i]ntímase a la entidad sindical mencionada y, por su intermedio a sus representados, a dejar sin efecto durante el período incoado en el [a]rtículo anterior, toda medida y/o asamblea que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, no alterando en forma alguna la prestación de tareas de manera normal y habitual” (ver fs.10 del expte. Nº1783906). Lo destacado deja en evidencia el comportamiento esperado y a qué sujetos estaba dirigida la obligación de abstención. En este sentido y sin perjuicio de las alegaciones de la Federación en todo cuanto intenta desligarse de la actuación de los trabajadores, reitero lo informado por el delegado de Transportes La Sevillanita SRL: “no se suspenderá la medida gremial de asamblea (.) hasta no recibir la orden de la Federación de Camioneros” (fs. 22), lo que revela, a las claras, la inmediata vinculación entre aquéllos. Resulta llamativo que la sumariada haya consentido una limitación a su capacidad deliberativa, la que se canaliza mediante la realización de asambleas, tal como se extrae del texto de la cláusula a la que se obligó a la entidad sindical.Mas es incontrastable que la quejosa se sometió a esa cortapisa, con lo que todo cuestionamiento al respecto es derivación de su propio accionar, deliberado y ya precluso, sobre el cual no cabe atender agravio alguno. En este orden de ideas, cuando la sumariada pretende desconocer responsabilidad y desentenderse del asunto, en tanto Federación que no llevó a cabo por sí y materialmente las acciones vedadas, cabe recordar que las partes en conflictos como el presente, están obligadas no sólo a abstenerse de medidas de lucha dirigidas contra la existencia de la disposición de conciliación obligatoria sino también, positivamente, a influir sobre sus miembros (Krotoschin, Tratado de Derecho del Trabajo, Ed. Depalma, Edición 1967, To.II, Cap.III, “El conflicto material de los conflictos colectivos de trabajo. 76.d) autolimitaciones del derecho a la huelga”, pág. 847, énfasis agregado). Ello es así, porque cuando esta última afirma que ella no podía ser sancionada, olvida que en su carácter de órgano federativo, fue compelida a no celebrar asambleas, de modo tal que debió instruir adecuadamente a los sindicatos federados a atenerse, de buena fe, a los compromisos que asumió. Como consecuencia de lo anterior, la cuestión que dice omitida por la quejosa en su escrito recursivo -con respecto al supuesto incumplimiento del art. 3º inc. b de la ley 18695, pues “ninguno de los informes de los inspectores identifica al supuesto infractor como miembro de la Federación”- no resulta trascendente para nulificar el acto de inspección respectivo. En primer lugar, es del todo evidente que los trabajadores, como personas físicas que son, no conforman, per se, una Federación; antes bien, aunque resulte obvio, ésta se integra con asociaciones sindicales de primer grado. Seguidamente, la quejosa no expresa que las inspeccionadas sean ajenas a su ámbito de representación federativa; sólo se refugia en un aspecto ritual no exigible en una situación como la hasta aquí descripta.Sumado a lo expuesto, el objetivo de las inspecciones era la verificación de la realización de tareas de modo habitual y, en tales circunstancias, aquéllas se contextualizaron de modo tal que la identificación del infractor no puede recaer sino sobre la sumariada pues, más allá de las personas físicas que hayan participado de las asambleas, la responsabilidad del normal desenvolvimiento de las jornadas laborales pesa sobre quien había asumido el compromiso antedicho. Se trata de un claro caso de responsabilidad indirecta o refleja por la cual la Federación debe responder, tanto por su omisión a la hora de velar por el cumplimiento de la cláusula recién transcripta, como por la culpa “in vigilando” por los hechos derivados de los trabajadores. Tal responsabilidad reside en el -evidente- deficitario control con respecto a la conducta desempeñada por aquellos, ya que quien brinda instrucciones a otra persona para que realice una actividad determinada en su propio interés, debe vigilar a esta última para que la realice correctamente y no ocasione daños a terceros. Frente a la situación fáctica descripta, sería de un rigorismo paralizante para los inspectores actuantes exigir el detalle de las personas físicas involucradas, pues la violación al compromiso asumido tiene como único e inequívoco infractor a la Federación sumariada. Ello, en su rol de ente colectivo que titulariza la capacidad de encauzar medidas de acción directa -o deliberativas- que habían quedado momentáneamente suspendidas. De tal modo, la violación a la cláusula 4º de la disposición administrativa (expte. Nº 1793806) quedó patentizada -de forma inequívoca- según se extrae de las actas de infracción, y ello sólo pudo ser producto de la omisión por parte de la Federación de comunicar, con un compromiso no meramente formal, el impedimento no cuestionado a los sindicatos a ella adheridos. Reitero que, la sumariada debió evitar que sucedieran las acciones vedadas o bien instar -positivamente- a que se actúe con prescindencia o desapego a lo comprometido.De tal manera, observo que la Federación, mediante la conducta expuesta, no honró la vigorosa dimensión de la actio bona fidei.

10) Con relación a los restantes agravios, cabe recordar -con el profesor Marienhoff- que “el poder de policía es definido por la doctrina como la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes” (cfr. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. 1987, Tomo IV, págs. 522/523, citado por Halperín, D.A., “Las sanciones administrativas y la prescripción: Con especial referencia a la actividad aseguradora”, en Abramovich, Andrés; dir., Homenaje al Dr. Carlos S. Fayt, Santa Fe, Foro de práctica profesional, 2015, pág. 129). En este sentido, es de destacar que existen dos criterios imperantes con relación al poder de policía: el primero, de origen francés, denominado narrow, restringido, en virtud del cual los derechos individuales pueden restringirse exclusivamente en aras de la seguridad, salubridad y moralidad; el segundo, derivado de la jurisprudencia norteamericana y que impera en nuestro sistema jurídico, broad and plenary, amplio, mediante el cual el poder de policía, además de lo anteriormente referido, también se extiende a la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad y al bienestar general. Así entonces, mediante la locución “poder de policía” se pretende representar la atribución estatal -materializando la actividad interventora del Estado- respecto de una restricción a los derechos individuales, que cumpla con los principios de legalidad y razonabilidad, impuesta por razones de seguridad, salubridad y moralidad (criterio restringido) o de cualquier otra que tenga relación con el bienestar de la comunidad (sentido amplio, predominante), reconociéndose su fundamentación jurídica tanto en lo concerniente al carácter relativo de los derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional, como en las respectivas cláusulas de promoción del bienestar general y prosperidad (cfr. Comadira, G., “Poder de Policía y Policía del Trabajo”, en Universidad Austral – Facultad de Derecho, Servicio Público, Policía y Fomento, Buenos Aires, RAP, 2003, Volumen:1, págs. 341 y 342). Desde sus albores, el Derecho del Trabajo ha adoptado un cierto sentido “enérgico” que se asienta en el concepto de que existe cierta resistencia al cumplimiento de la normativa laboral. Si bien originariamente tuvo en miras las posibles infracciones o inobservancias del empleador, ello no es óbice para exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de todas las partes involucradas y, su caso, incumplidoras. De esta manera, el propio Estado que dicta la norma, encomienda a la Administración Pública el contralor de su acatamiento. Con ese fin, somete las infracciones a un régimen disciplinario especial y por tal razón la inejecución de obligaciones contractuales, no sólo da lugar a una acción para lograr el reconocimiento en cabeza del titular del derecho conculcado: también pone en movimiento el aparato administrativo, que procura obtener que se reconozca el bien social injuriado. De esta manera y a través de sus distintas agencias -Ministerio de Trabajo, Secretarías y sus reparticiones- está en condiciones de ejercer un contralor rápido y eficaz, y acorde con esos objetivos.

11) Finalmente, es de recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como intérprete final de la Ley Fundamental, somete las leyes al test de razonabilidad para determinar su validez constitucional y, en casos como el presente, sostiene que deben verificarse cuatro requisitos: el fin público, las circunstancias justificantes, la adecuación del medio al fin y la falta de inequidad manifiesta (cfr. Oyhanarte, J., “El Caso Cavic”, L.L.139, 139). En palabras de Linares Quintana, “. a través de una reiterada y uniforme jurisprudencia ha sentado la regla de la razonabilidad, como la medida aplicable en cada caso para determinar si el ejercicio del poder de policía afecta los derechos del individuo penetrando el de los dominios de lo inconstitucional” (cfr. Linares Quintana, S., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1979, T. 4, pág. 225, citado por Halperín, D.A., ibídem, pág.130). En definitiva, el test de razonabilidad consiste en determinar si han sido observados o no los límites que impone el art. 28 de la CN. Bajo estas premisas, y en atención a los agravios identificados como “i”, “j”, “m”, y “n” es imperioso recordar que la discrecionalidad de la autoridad administrativa del trabajo para graduar la sanción, no puede tornarse en arbitrariedad. Al respecto, tengo en cuenta que las “infracciones muy graves”, en las que -por cierto- encuadra la situación planteada, en tanto así es calificada (.) “f) [l]a violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos” (art. 4º), no se corresponde, sin más, con el inc. 3º del art. 5º de la ley 25212, anexo II. En efecto, frente a la norma general recién citada, según la cual “3. [l]as infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento (2.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado”, aparece una disposición definida que no puede ser desconocida y que desplaza a la anterior. En este entendimiento, no es admisible prescindir de lo normado específicamente en el art. 5º, inc. 4º, segundo párrafo de la referida ley, que claramente establece: “[l]as sanciones previstas en el punto 3 del presente artículo por las conductas tipificadas en el inciso f) del artículo 4° del presente régimen, se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados”. Este -y no otro- representa el módulo normativo aplicable, por resultar inequívocamente adecuado para resolver el punto en conflicto. Es un principio básico del derecho que la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de los términos de la norma, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador.Sobre tales premisas, si los comportamientos tipificados en el mentado inciso f) del art. 4º de la ley encuentran una sanción inequívoca en el punto 4, segundo párrafo del art. 5º de la misma norma, no cabe sino concluir, sin hesitación, que el porcentaje del 50% aludido y vigente al momento de la constatación que estableció la autoridad administrativa del trabajo debía aplicarse a cada uno “de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados”. Por ende, el universo a considerar se limitará a los establecimientos inspeccionados y mencionados en el considerando 8º. Es evidente que la “ubicación” del dispositivo legal -en el contexto de las previsiones establecidas para las reincidencias- puede generar una primera perplejidad, producto de una evidente imperfección en la técnica legislativa (agregada por la ley 26941). Mas esa situación queda disipada por la especificidad del texto, que apunta indisputablemente a la situación contemplada en el ya recordado art. 4º inc. f) y, en tal supuesto, el porcentaje que discrecionalmente consideró la Administración (del 50% al 2000% del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la constatación) -se reitera- corresponderá su aplicación del modo dispuesto por la norma señalada. En tales condiciones, y de acuerdo a lo establecido en el art.14 de la ley 18695, corresponde revocar parcialmente la resolución apelada y disponer que la sumariante aplique el porcentaje ya establecido del 50% del salario mínimo vital y móvil “sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados” (cfr. art. 5º, inc. 4º, ley 25.212). Es dable poner de resalto que este Tribunal carece de la información y documentación pertinente a los fines de cuantificar el extremo que se vincula con la referida nómina.En consonancia con lo anterior, el miembro informante y presidente de la comisión de legislación de trabajo de la Honorable Cámara de Diputados, en el marco del debate de la ley 26941, modificatoria de la ley 25212, anexo II, señaló que “al darse movilidad a las multas, éstas pasan a ser realmente eficientes a los fines del cumplimiento de la obligación. esto permitirá movilidad para que la multa se sienta.”. En esta línea y dado que está en juego la aplicación de una sanción administrativa, disciplinaria o represiva “. cuya finalidad es restaurar el orden jurídico infringido (.) el contenido necesario es el de herir al infractor en su patrimonio y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recurso para el erario.” (doctrina de Fallos 324:3083 ), de modo tal que la estricta aplicación del art. 4ºsegundo párrafo de la ley 25212, anexo II, debe conducir a una razonable aplicación de los mencionados criterios. El exceso de punición que derivó de la aplicación fragmentada de la norma no prevista para el caso, se tradujo en la falta de proporción entre la infracción y la sanción, y su interdicción constituye una garantía aplicable a las sanciones administrativas que se sustenta en la garantía innominada de la razonabilidad, establecida en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional. En tales condiciones, y teniendo en consideración que entre dos disquisiciones viables, se debe preferir aquella que favorezca la validez del acto y no su nulidad, es del todo evidente que puede subsanarse en sede administrativa el incorrecto encuadramiento en el que se fundó la sanción. El adecuado encauce jurídico de la actividad administrativa, en consonancia con las particularidades del caso concreto, enerva la nulidad del acto, puesto la validez de los demás elementos esenciales -como se examinó- es evidente y, a criterio de la suscripta, constituye la solución que mejor armoniza con la paz social y el interés público comprometido al momento de establecerse el procedimiento conciliatorio que motivó este conflicto.12) Seguidamente, trataré el agravio denominado “i”, relativo a la demasía de sanción impuesta y a los efectos que de ella se derivaría en el normal funcionamiento de la Obra Social del Sindicato y que dejaría en una situación de indefensión a más de un millón de personas, considerando trabajadores y sus grupos familiares. La Federación alude a que la efectiva aplicación de la multa “significa suspender todas las prestaciones durante 8 meses, traería como consecuencia el cierre de 5 clínicas en todo el país, representa el valor de toda nuestra aparatología médica, lo correspondiente a 10 años de medicamentos, significa tener que suspender las prestaciones a pacientes con tratamientos oncológicos, HIV y pacientes con discapacidad” (ver fs. 100 in fine del recurso de queja). Lo expuesto, debe ser contrastado con la ineludible letra de la ley 23.660 que, en su artículo segundo expresa que “[l]as obras sociales comprendidas en los incisos c), d) y h) del artículo 1 funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y tendrán el carácter de sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas; las obras sociales señaladas en los incisos a), e) y f) de dicho artículo funcionarán con individualidad administrativa, contable y financiera y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el inciso 2 del segundo apartado del artículo 33”. Los destacados me pertenecen, y el motivo de resaltar a las obras sociales del art. 1º inc.a), responde a que alude a “[l]as obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo”. En el caso, sin perjuicio de las generalizadas alegaciones, lo cierto es que la Federación no fundó, individualizó o tan siquiera esbozó de qué manera la Obra Social habría de verse afectada por las medidas adoptadas con relación a la Federación, en atención a la independencia administrativa, contable y financiera que es exigida por la normativa correspondiente.

13) Como derivación de lo anterior y toda vez que -en definitiva, es necesaria la mentada subsanación en sede administrativa- no puede calificarse como suficiente el título sobre el que se asienta la ejecución promovida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y que tramita por expte. Nº 28.621/2018 ante esta Sala I y cuya resolución se encuentra ligada a lo que se disponga en el presente pronunciamiento, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en la causa mencionada con relación al embargo decretado. Ello por cuanto, como he señalado en el considerando 11, la resolución condenatoria emanada de la Autoridad de Aplicación adolece del defecto allí expuesto, y por ello deviene ineficaz, por lo que no puede ser encuadrado en las prescripciones que contiene el art.12 de la ley 18.695 para viabilizar una vía ejecutiva como la instada en la causa “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios s/ejecución fiscal” (CNT 28.621/2018/CA1). En este orden de ideas, propongo que se agregue copia de esta sentencia al expediente antes individualizado, certificada por la Sra. Actuaria, y que oportunamente se devuelva la causa al Juzgado de origen para que, por su intermedio, el Sr. Magistrado interviniente disponga, dentro de las 24 horas de recibida, el levantamiento del embargo, informando lo resuelto a las entidades bancarias embargantes, mediante oficio de estilo.En idéntico plazo y en virtud de lo actuado a fs.157, fs.165/167 y fs.175 del expte. Nº 28.621/2018, propongo se dejen sin efecto los plazos fijos oportunamente ordenados, a cuyo efecto será el Juez interviniente en origen quien deberá practicar las gestiones pertinentes para que, a través del sistema DEO, se comunique a la entidad bancaria con el objeto de que ponga a dispos ición de la sumariada los fondos resultantes para su devolución. Se deja aclarado, asimismo, que los fondos a reintegrar comprenden el capital embargado y los intereses devengados hasta la fecha en la cual la entidad bancaria tome conocimiento de que han sido dejados sin efecto.

14) En atención al modo en que se resuelve y al progreso parcial de la queja, propongo imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo CPCCN). Asimismo, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la sumariada y de la sumariante en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente (art.38, LO; art.13 de la ley 24.432 y art.16 de la ley 27.423). Ello, sobre la base de lo remarcado por el Máximo Tribunal: “.[e]stablecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aún del mínimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria, ni con los intereses involucrados en el caso, ni con los parámetros del mercado de trabajo en general” (Fallos 329:94 ).

15) En definitiva, de conformidad con todo lo expuesto y con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Interino a fs. 232/233, propongo:1) Revocar parcialmente la resolución apelada y disponer que el Ministerio de Trabajo aplique el porcentaje del 50% del salario mínimo vital y móvil sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados en las inspecciones detalladas en el considerando 8º; 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los honorarios de la representación letrada de la sumariada y de la sumariante en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente (art.38, LO; art.1255 del CCCN y art.16 de la ley 27.423); 3) Revocar la medida cautelar dispuesta en el expte. Nº 28.621/2018/CA1, ordenar el levantamiento del embargo y la devolución de los fondos depositados a plazo fijo, todo lo cual deberá instrumentarse por intermedio del Juzgado de origen, conforme a lo dispuesto en el acápite 13; 4) Agregar copia certificada de la presente sentencia en el expte. Nº 28.621/2018/CA1 y disponer la devolución de esa causa a fin de que, oportunamente, se dé cumplimiento a lo aquí ordenado; 5) Ordenar la devolución de la presente causa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a sus efectos.

La Doctora Graciela A. González dijo: He sido convocada a intervenir en la presente causa a fin de definir los aspectos en los que discrepan mis distinguidas colegas respecto a la solución que cabe dar al tema que ha sido planteado en las actuaciones. En principio ambas Juezas coinciden en orden a cómo debe decidirse respecto a la medida cautelar dispuesta en el expte. 28.621/2018/CAI originario del Juzgado del Trabajo Nº 69 y la metodología aplicable a la solución propuesta. También coinciden en aspectos concernientes a circunscribir la materia sometida a decisión y en orden a la normativa aplicable a las presentes actuaciones, en base a lo cual se fijó la audiencia prevista por el art.13 de la ley 18695, a la que le reconocen virtualidad, y que según constancias de las presentes actuaciones fue celebrada el día 10 de agosto del corriente año, en la cual se produjeron los alegatos y la sumariante agregó la prueba documental debidamente identificada, que consiste en los expedientes de los que se da cuenta circunstanciada en el voto de la Dra. Pasten de Ishihara. En tal orden de ideas coinciden en la aplicación al tema en debate de la ley 18695 y la aplicación supletoria del procedimiento general de la ley 19549 para la imposición de sanciones que rigen en el ámbito de la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Sobre el tema, sosteniendo una postura concordante, se expidió el Ministerio Público, mediante el dictamen del Sr. Fiscal General Interino, Dr. Juan Carlos Paulucci, a tenor de lo expuesto a fs. 232/233, donde concluye que la ley 18695 es una ley de carácter instrumental destinada a garantizar el debido proceso administrativo cuando se constata una infracción a la legislación del trabajo. Con tales premisas en ambos votos se desestiman fundadamente los cuestionamientos formulados con base constitucional, respecto del art. 11 de la ley 18695, que tuviera una decisión en el expediente. En sendos votos de mis colegas preopinantes se formulan doctrinarias referencias a la importancia del procedimiento de conciliación obligatoria tendiente a garantizar la paz social, que obviamente suscribo y hago propias. En lo que difieren es precisamente en la solución que cabe dar al planteo de nulidad que efectúa la sumariada con sustento en la conducta reprochable atribuída a la sumariante.Cabe ponderar que de acuerdo a lo que surge del expediente administrativo Nº 1- 1205-1783906-2017 la sumariante dictó la conciliación obligatoria a el día 26 de diciembre de 2017, para que empezara a regir el 27 la 0 hora y en la misma resolución, intimó a las partes a dejar sin efecto toda medida y/o asamblea y las citó a una nueva audiencia que se llevaría a cabo con fecha 9 de enero de 2018( según surge de las constancias obrantes a fs. 10). La Dra. Gloria Pasten de Ishihara en su voto evalúa que la indicada resolución fue notificada a la Federación de manera un tanto irregular, pues se asentó en la constancia de notificación que la misma fue dejada por debajo de la puerta a las 20,50hs. y si bien en dicho instrumento surge la fecha del 26 de diciembre de 2017 , no se asentó la efectiva fecha en que fue realizada la diligencia en cuestión. Obsérvese que lo precedentemente expuesto no fue alegado por la interesada, en tanto la misma se presentó en la fecha indicada a la audiencia fijada por la autoridad administrativa, consintiendo de tal modo la notificación practicada, por lo que concluyo que, no puede presumirse que tal citación no llegara a la esfera de conocimiento de la accionada en la fecha indicada. En efecto, de los hechos ponderados surge conforme las constancias del expediente analizado que las partes comparecieron el dia 9 de enero de 2018, así como que la audiencia se postergó para el 10 de enero y luego se suscitaron, nuevas audiencias. Estos elementos probatorios me llevan a apartarme de lo sugerido en el voto de la Dra. Pasten de Ishihara en base a la fecha de la notificación practicada el 26 de diciembre de 2018, por considerar que la misma fue consentida por la sumariada.Por consiguiente, no concuerdo con la conclusión expuesta con tal fundamento en el sentido de que no luce irrazonable que al no ser notificada con fecha 26 de diciembre, el día 28 y el siguiente, se hubieran realizado asambleas informativas, porque reitero, tal interpretación no parte de extremos alegados en la causa. También señala la Dra. Pasten de Ishihara cuestiones formales, atribuyendo las irregularidades que señala a las actas oportunamente levantadas, que a su criterio impedirían imputar a la Federación la responsabilidad que se le endilga. Al respecto y en lo referido a tales cuestiones formales en base a las cuales se declara la nulidad del acta atinente a la sanción impuesta ( Resolución D.R.F. Nº 27768) coincido con mi distinguida colega, la Dra. Cecilia Hockl, en el tratamiento que le da al agravio deducido por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios concerniente a la ausencia de dictamen jurídico previo al dictado de la Resolución D.R.F. Nro. 27768 del 19/04/2018 (ver fs. 6/7 del Expte. Nro. 47671-2018, aspecto que analiza en los considerandos 5º) y 8º) de su voto. En coherencia con ello, también coincido con la solución que propone en lo referente al dictamen acusatorio y la omisión que invoca la Federación respecto del acta del 29/12/2017 -ver fs. 7/9 del citado Expte.- (considerando 9º). Asimismo, comparto las consideraciones que efectúa la Dra. Hockl en torno al cuestionamiento que efectúa la Federación (ver fs. 100vta. in fine/101 y fs.11/12, pto V) referida a la falta de tipificación legal de la sanción (considerando 8º). Sobre la entidad de la multa en cuestión señalaré que comparto la postura de que debe primar una interpretación singularmente prudente en el escrutinio de la potestad sancionatoria estatal, en especial cuando ésta se vincula con el ejercicio de medidas de acción directa, que se encuentran vinculada a la garantía de la libertad sindical resguardada por el art. 14 bis de la C.N. (ver Dictamen del Dr. Eduardo Alvarez Nº62579 del 6 de marzo de 2015 en los autos caratulados ” Sindicato de Obreros y Empleados de ka Minoridad y la Educación c/ Ministerio de Trabajo s/ Queja expte administrat. Nº 797/2013, postura que fue receptada en la sentencia Nº 104242 del 27 de marzo de 2015 del Registro de la Sala II, que integro). Debe efectuarse en consecuencia, en el control judicial de los actos de la administración, un examen de razonabilidad amén de por supuesto el análisis de la legitimidad, del acto en cuestión. También coincido en que en atención a la importancia de la libertad que en materia sindical debe reconocerse a las entidades de segundo grado, como en este caso la Federación sumariada, no cabe la imposición de una multa sobre la cantidad de trabajadores de la actividad, debiendo limitarse la misma exclusivamente a quienes actuaron en violación de la conciliación obligatoria impuesta, en este caso los establecimientos individualizados en las actas respectivas. Las medidas adoptadas deben ser proporcionales a la finalidad perseguida en atención a la naturaleza de la infracción, ponderando adecuadamente la entidad económica, la conducta del infractor y su condición de reincidente. Tales principios han sido incorporados en el art. 10 de la ley 18695. En ese aspecto se advierte coincidencia en ambos votos, pues amén de que la Dra. Pasten de Ishihara se expide acerca de la nulidad de la Resolución D.R.F.Nº 27768, previamente formula en su voto un análisis en orden a la proporcionalidad que debe tener la medida impuesta, en coherencia con los fines perseguidos. Por consiguiente, también he de coincidir con las conclusiones que expone la Dra. Hockl al analizar el agravio que deduce la Federación dirigido a cuestionar la cuantía de la sanción -ver fs. 101 in fine/vta. y fs. 13/14, apartado b- (considerandos 11 y 12). En mérito a lo precedentemente expuesto he de adherir a la solución que en la cuestión de fondo propone la Dra. Cecilia Hockl. Con referencia a las costas se advierte que ambas sentenciantes proponen que las mismas sean declaradas en el orden causado, y con referencia a los honorarios adhiero a la propuesta de la Dra. Cecilia Hockl. Así me expido sobre el tema en debate.

En virtud de todo lo expuesto, El TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la resolución apelada y disponer que el Ministerio de Trabajo aplique el porcentaje del 50% del salario mínimo vital y móvil sobre cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del establecimiento o de los establecimientos involucrados en las inspecciones detalladas en el considerando 8º del voto mayoritario. Ordenar la devolución de la presente causa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a sus efectos; 2) Extraer copia del presente pronunciamiento, certificar por Secretaría y disponer que se agregue a la causa Nº 28.621/2018/CA1; 3) Declarar la ineficacia del título ejecutivo en virtud del cual se viene llevando a cabo la ejecución fiscal y, por consiguiente, revocar la medida preventiva decretada en base a ese título; 4) Disponer el levantamiento del embargo preventivo decretado. Hacer saber al Sr.Juez de Primera Instancia que deberá instrumentar lo ordenado dentro de las 24 horas de recibida la causa y asimismo, realizar las comunicaciones pertinentes a las entidades bancarias embargantes; 5) Dejar sin efecto los plazos fijos cuya constitución fue ordenada por esta Sala; a cuyo fin, el Magistrado de grado, en el mismo plazo que el previsto en el párrafo precedente, deberá realizar las gestiones pertinentes para comunicar a la entidad bancaria lo resuelto y le hará saber que deberá poner a disposición de la sumariada los fondos resultantes de los plazos fijos constituidos, los cuales se integran con el capital más los intereses devengados hasta la fecha en la cual la entidad bancaria tome conocimiento de que han sido dejados sin efecto; 6) Declarar las costas en el orden causado (art.68, segundo párrafo, CPCCN); 7) Regular los honorarios de la representación letrada de la sumariada y de la sumariante en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente (art.38, LO; art.1255 del CCCN y art.16 de la ley 27.423; 9) Disponer la oportuna devolución del expte. Nº 28.621/2018/CA1, a sus efectos; 8) Hacer saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase. Gloria M. Pasten de Ishihara María Cecilia Hockl Graciela González Jueza de Cámara Jueza de Cámara Jueza de Cámara Ante mi: Verónica Moreno Calabrese Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de notificaciones electrónicas y notifiqué electrónicamente al Ministerio Público Fiscal la resolución que antecede. Conste.

GRACIELA GONZALEZ, JUEZA DE CAMARA

GLORIA M PASTEN DE ISHIHARA, JUEZA DE CAMARA

MARIA CECILIA HOCKL, JUEZA DE CAMARA

MARIA VERONICA MORENO CALABRESE, SECRETARIA DE CAMARA