Las escuelas públicas no resultan un inconveniente para la educación y desarrollo del menor con discapacidad

Partes: L. F. N. c/ OSDE s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-may-2018

Cita: MJ-JU-M-113075-AR | MJJ113075 | MJJ113075

Se revoca la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la demandada la cobertura de la prestación de escolaridad común con integración en institución a la que concurre el hijo de los actores, pues no se han invocado argumentos por los cuales -a su criterio- las escuelas públicas resultan inconvenientes en relación a la discapacidad de su hijo.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la medida precautoria y le ordenó a una empresa de medicina prepaga que brinde la cobertura integral (al 100%) de la prestación de escolaridad común con integración en institución a la que concurre el hijo de los actores, sin limitaciones temporales y según fuera indicado por su médico tratante, toda vez que la prueba rendida por los actores no resulta concluyente en cuanto a por qué su hijo debe concurrir a la institución nombrada y no a otra y los amparistas no ha negado la existencia de una oferta educacional estatal adecuada a la discapacidad del menor, ni han demostrado adecuadamente que sea imprescindible su asistencia al colegio privado común al que concurre actualmente, como tampoco el perjuicio que entrañaría, para el proceso educativo, su pase a otra escuela.

2.-La Ley 24.901 contempla dentro de las prestaciones básicas a la educativa y, entre ellas, a la Educación General Básica, definida en el art. 22 de dicho texto legal como el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y los 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio de educación común.

3.-El art. 6 del Anexo I de la Res. 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social dispone que las prestaciones de carácter educativo contempladas por el Nomenclador -entre las que se encuentra la Educación General Básica-, serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de mayo de 2018.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 276/277 -el que fue contestado por el amparista a fs. 279/280, argumentos a los que adhirió el Ministerio Público de la Defensa a fs. 288/289-, contra la resolución de fs. 272/274; y CONSIDERANDO:

1. El amparista (en representación de su hijo) inició acción judicial -con medida cautelar- contra la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) solicitando que se le brinde a aquél la cobertura integral (al 100%) de la prestación de escolaridad común con integración en el “Instituto San Cayetano”, institución a la que concurre desde el año 2009; todo ello, sin limitaciones temporales y según fuera indicado por su médico tratante (cfr. fs. 42/51).

En el pronunciamiento que obra en la causa a fs. 52, el señor juez decidió hacer lugar a la medida precautoria solicitada. Ello fue apelado por la demandada a fs. 70/75 y confirmado por el Tribunal a fs. 133/135.

En fs. 144 se abrió la causa a prueba. Consta en las actuaciones: a) documentación aportada en los términos del art. 388 del CPCC (cfr. fs. 175/185); b) prueba informativa de fs. 155, 159 y 160, 195/202, 203/206 y 208/215); c) pericia médica de fs. 240/242 y 249 (ver también fs. 227/228) y d) dictámenes del Ministerio Público de la Defensa y del Sr. Fiscal que lucen a fs. 258 y 260 -respectivamente-.

En cuanto al fondo de la cuestión, el magistrado decidió hacer lugar a la demanda. En tal sentido, condenó a la accionada a afrontar, en forma ininterrumpida, la cobertura del 100% -sin topes ni límites- de la prestación de escolaridad común con integración en el “Instituto San Cayetano”. Las costas fueron impuestas a la vencida (cfr. fs. 272/274).

La demandada apeló dicho pronunciamiento a fs. 276/277 y el recurso fue concedido a fs. 278 (primer párrafo).

2.Los agravios de la demandada refieren a: a) el a quo no ha analizado cuáles son las razones por las que el niño concurre a dicho establecimiento, siendo que su padre pagó la cuota y ahora pretende que se haga cargo de ella la obra social; b) a lo largo de la resolución, el magistrado no ha cuestionado la previsión del art. 6 del Anexo I de la Resolución 428/99; c) el juez basó su decisión en las conclusiones de la pericia médica y del informe de la médica tratante soslayando que existe oferta pública educativa estatal a disposición del menor, tal como ha sido acreditado en autos. Agegó que no hubo impedimento para que el niño comenzara su escolaridad en el sistema público, incluso contando con la cobertura total de su parte de la prestación de apoyo a la integración escolar (maestra integradora), prestación que jamás fue cuestionada y d) no se ha considerado que si los padres del niño discapacitado optan por rechazar ese servicio educativo y contratan uno privado, la mera lógica indica que deben pagarlo de su bolsillo.

3. Primeramente, es oportuno comenzar recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. En segundo lugar, y en cuanto a lo manifestado en relación a la cobertura de la escolaridad común, es menester precisar que la ley 24.901 contempla dentro de las prestaciones básicas a la educativa y, entre ellas, a la Educación General Básica, definida en el art.22 de dicho texto legal como el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y los 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio de educación común.

A su vez, el art. 6 del Anexo I de la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social dispone que las prestaciones de carácter educativo contempladas por el Nomenclador -entre las que se encuentra la Educación General Básica-, serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad.

5. Reseñada la plataforma normativa que rige el presente caso, debe procederse al examen de la prueba producida en autos.

Así, si bien la perito médica designada en la causa ha puesto de manifiesto la conveniencia de la asistencia del menor al “Instituto San Cayetano” (cfr. fs. 240/242 y 249), debe destacarse que la prueba rendida por los actores no resulta concluyente en cuanto a por qué su hijo debe concurrir a la institución nombrada y no a otra.

En otros términos, no indican razones de peso que avalen que el proceso educativo iniciado por el menor deba llevarse adelante ineludiblemente en dicho colegio privado, máxime teniendo en cuenta que el informe de fs. 195/202 -no impugnado por la parte actora- da cuenta de la existencia de veintitrés escuelas de educación primaria común en el Distrito Escolar 10°, que tienen todas ellas una política altamente inclusiva, que los alumnos cuentan con prestación de apoyo a la inclusión (por Disposición 32739-DGEGE-09) y que todo niño diagnosticado con Síndrome de Down puede ingresar a una escuela común.

En este orden de ideas, reiteradamente se ha sostenido que el art.377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada uno se coloque en el proceso. Así pues, la obligación de afirmar y probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de hacer valer los hechos que se quiere que sean considerados por el juez y que tiene interés que sean tenidos como verdaderos. La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales, debe necesariamente soportar las conclusiones que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos opuestos como base de sus respectivos planteos (cfr. CNCom., Sala “A”, in re “Tovaco S.A. c/ BBVA Banco Francés S.A.”, del 26-5-2009, publicado en La Ley, ejemplar del 13 de agosto del 2.009, pág. 6, que contiene una abundante cita doctrinaria y jurisprudencial; ver también, Sala II, causa 707/98 del 13.3.2009 y sus citas).

En tales condiciones, es el parecer de este Tribunal que la conducta de la demandada -en relación a este punto- no puede ser calificada ni como arbitraria ni como ilegítima, por cuanto se ajusta a la normativa que rige la materia, objeto de la reseña que antecede.

En efecto, el amparista no ha negado la existencia de una oferta educacional estatal adecuada a la discapacidad del menor, supuesto fáctico expresamente aprehendido por la norma reglamentaria que resulta aplicable, ni ha demostrado adecuadamente que sea imprescindible su asistencia al colegio privado común al que concurre actualmente, como tampoco el perjuicio que entrañaría, para el proceso educativo, su pase a otra escuela.Tampoco ha invocado los argumentos por los cuales -a su criterio- las escuelas públicas resultan inconvenientes en relación a la discapacidad de su hijo.

Es que si bien resulta comprensible, e incluso encomiable, la aspiración de los padres del menor a que su hijo reciba el mejor nivel de educación posible, no puede soslayarse que la decisión que toca adoptar en este ámbito, debe estar necesariamente fundada en la ley (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, y art. 163, inc. 5° del Código Procesal).

Por lo tanto, y sin perjuicio de lo oportunamente resuelto a fs. 133/135 (que otorgó cautelarmente la cobertura de escolaridad común al 100% pero que dejó dicha prestación sujeta a la producción de la prueba, cfr. considerando 10°), el Tribunal considera que, teniendo en cuenta -por un lado- que se ha solicitado la prestación de escolaridad -por intermedio de esta acción de amparo- muchos años después del ingreso del menor al “Instituto San Cayetano” (nótese que concurre a dicha institución desde el año 2009, cfr. fs. 25/27) y que -por el otro- el amparista no ha acreditado en autos la imposibilidad de afrontar el costo de la prestación alegada, como tampoco ha demostrado la inexistencia de oferta educacional estatal adecuada, corresponde rechazar la pretensión de cobertura integral del costo de la escolaridad común en el “Instituto San Cayetano”.

En consecuencia, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada en relación a la prestación de escolaridad común en el “Instituto San Cayetano”. Las costas se distribuyen en el orden causado, en atención a la índole de la cuestión debatida y a que existen precedentes del Tribunal en que se otorgaba integralmente dicha prestación (art. 68, segundo párrafo, del código de rito).

Las costas de Alzada se distribuyen por su orden, en atención a las particularidades de la cuestión (arts. 68, segunda parte y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Ministerio Público de la Defensa con remisión de la causa- y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte