La indemnización por haber dilatado la cobertura de salud que se le requería, se encuentra excluida del régimen de consolidación de deuda

Partes: Gorosito Aurelia Noemi c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 28-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112593-AR | MJJ112593 | MJJ112593

 

La indemnización que la obra social debe abonar por haber dilatado, a través de una deficiente atención, la cobertura de salud que se le requería, se encuentra excluida del régimen de consolidación de deudas. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Corresponde excluir el crédito del régimen de consolidación previsto en la Ley 25.725 , dado que entre las circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo a las que alude el art. 18, en los que habilita supuestos de exclusión, cabe destacar en primerísimo lugar aquellas que apuntan a la protección del derecho a la vida y cuya efectiva tutela se encuentra enlazada a otros derechos tales como la integridad psíquica y física; la protección integral de la familia; el derecho a una reparación integral en los términos del deber constitucional de no dañar a otro, por lo que debe ser interpretada considerando su integración al resto del ordenamiento jurídico y, por aplicación del principio de supremacía, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (de las disidencias parciales de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rueda en el precedente ‘Mesquida’ a los que la Corte remite).

2.-Resulta innegable que la indemnización, fijada como consecuencia de los daños derivados de la deficiente actuación del instituto demandado que obligó a la interesada a desplegar una intensa y permanente actividad administrativa y judicial para que aquél cumpliera con dar la cobertura idónea y necesaria a su patología, persigue reparar, de manera integral y oportuna los daños ocasionados y adquiere en el caso un evidente carácter asistencial -extensivo por accesoriedad a todos los rubros de condena- que autoriza a no sujetarla a las disposiciones de la Ley 25.725 (del voto del Dr. Rosatti).

3.-La decisión de dilatar la percepción de un crédito de indiscutido carácter asistencial no se condice con la finalidad propia del concepto de ‘reparación’, consistente en medidas que tiendan a hacer desaparecer, o cuando menos a minimizar, dentro de un plazo razonable en función de las características del daño, los efectos de las violaciones cometidas, más aún si se pondera que quien invoca la normativa tendiente a postergar la percepción del crédito admitido es quien incurrió en incumplimiento de las obligaciones específicas a su cargo y que motivaron la condena en cuestión (del voto del Dr. Rosatti).

4.-Corresponde confirmar la sentencia que consideró aplicable al crédito reclamado el régimen de consolidación previsto en la Ley 25.725 toda vez que las acreencias que la demandada debe abonar encuentran su origen en los incumplimientos en que incurrió con respecto a obligaciones inherentes a su carácter de obra social prestadora de servicios médicos y que perjudicaron a la actora, los cuales ocurrieron con anterioridad a la fecha de corte que fija la ley aplicable (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz que remite al dictamen de la Procuradora Fiscal).

5.-De conformidad con las Leyes 23.982 y 25.344 , las obligaciones comprendidas en sus respectivos ámbitos se consolidan después del reconocimiento firme en sede admnistrativa o judicial, momento en el cual se produce la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece y, en consecuencia, dichas obligaciones únicamente devengan el interés allí previsto, aspecto que no puede ser soslayado en oportunidad de practicarse la liquidación correspondiente, de conformidad con las pautas establecidas para las deudas del INSSJP por la Res. 267/03 del Ministerio de Economía -modificada por la Res. 98/04 del Ministerio de Economía y Producción- que reglamenta el art. 91 de la Ley 25.725 (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz que remite al dictamen de la Procuradora Fiscal).

6.-Son extemporáneos los planteos efectuados por la recurrente acerca de la inconstitucionalidad del régimen de consolidación por el estado de necesidad en que se encontraría y por tratarse de créditos de carácter alimentario, toda vez que no han sido oportunamente introducidos ante los jueces de la causa, lo que constituye un obstáculo para su tratamiento (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz que remite al dictamen de la Procuradora Fiscal).

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 28 de junio de 2018.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gorosito, Aurelia Noemí c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ daños y perjuicios”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró desiertos los recursos de apelación deducidos contra la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda promovida por la actora contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en su carácter de obra social, con el objeto de que le reparara los perjuicios sufridos como consecuencia de la defectuosa prestación de servicios médicos y asistenciales a cargo del mencionado instituto que obligó a deducir numerosos reclamos y amparos para lograr la cobertura necesaria que su cuadro de salud requería, condenando a la demandada a abonar la suma de $ 80.000 en concepto de daño psicológico, daño moral y tratamiento psicoterapéutico.

No obstante, señaló que dicha suma se encontraba alcanzada por las disposiciones de la ley 25.725 y no por las de la ley 25.344 mencionada en el fallo apelado, por lo que las cuestiones referentes a la tasa de interés aplicable y a su forma de pago debían ajustarse a lo previsto en la última norma citada y en su reglamentación (fs. 352/358 y 411 del expte. n° CCF 4905/2005)

Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo recurso extrctordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

2°) Que el remedio federal intentado es admisible pues se ha puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de la ley 25.725, de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en ella (art. 14, inciso 3° , de la ley 48).

3°) Que resultan de aplicación al caso, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones establecidos en la causa “Mesquida” (Fallos: 329:5382, disidencias parciales de los jueces Lorenzetti y Maqueda y Rueda), a los que cabe remitir, en razón de brevedad.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se excluye el crédito reconocido en autos del régimen de consolidación previsto en la ley 25.725. Con costas por su orden atento a las particulares circunstancias de la causa. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme la sentencia que había admitido la demanda de daños y perjuicios promovida por la actora contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y lo había condenado a abonar la suma de $ 80.000 en concepto de indemnización por distintos rubros.

No obstante ello, señaló que dicha suma, se encontraba alcanzada por las disposiciones de la ley 25.725 y no por las de la ley 25.344, por lo que las cuestiones referentes a la tasa de interés aplicable y a su forma de pago debían ajustarse a lo previsto en aquella norma y en su reglamentación (fs. 352/358 y 411 del expte. n° CCF 4905/2005) .

Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

2°) Que las críticas de la apelante vinculadas con la aplicación al caso de la ley 25.725, de naturaleza federal, resultan admisibles pues se ha puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de la citada norma y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en ella (art.14, inciso 3°, de la ley 48). Corresponde recordar que, además, en la tarea de esclarecer la inteligencia de cláusulas del carácter antes señalado, esta Corte Suprema no se encuentra limitada por las ,posiciones de la Cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (conf. Fallos: 323:2054 ; 325:1194 ; 326:3038 y 4711 ; 327:1220 , entre otros).

3°) Que habida cuenta de que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, a la que solo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos: 312:2315; 316:779, entre otros), corresponde, con carácter previo, determinar si la norma mencionada prevé excepciones a su propio régimen general que pudiesen responder a las necesidades que se denuncian y así amparar los derechos invocados.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 91 de la referida norma expresamente dispone: “Consolídanse en el ESTADO NACIONAL, en los términos y con los alcances de la Ley 23.982, del Capítulo V de la ley N° 25.344 Y normas reglamentarias y complementarias, las obligaciones de causa o título anterior al 30 de junio de 2002 que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS mantenga con personas físicas y jurídicas del Sector Público o Privado, que consistan en el pago de una suma de dinero, o que se resuelvan con el pago de una suma de dinero .”.

4°) Que en tales condiciones, a la luz del contexto normativo en el que cabe examinar la controversia y frente a las particulares circunstancias del caso, el art.18, 20 párrafo de la citada ley 25.344 permite dar respuesta a los agravios de la apelante en tanto contempla la posibilidad de excluir la aplicación del régimen de consolidación cuando mediaran circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviera carácter alimentario (conf. arg. causa CSJ 175/2008 (44-A) ICSl “Aliprandi, Luisa c/ PAMI s/ sumario”, sentencia del 23 de febrero de 2010)., En efecto, como ha sido afirmado en la causa “Mesquida” (Fallos: 329: 5382, disidencia parcial de los jueces Maqueda y Rueda; cuyas consideraciones comparto y a las que me remito por razón de brevedad), la facultad genérica de que da cuenta dicha norma en el sentido de habilitar supuestos, de exclusión, demuestra la voluntad legislativa de reconocer que en el contexto de casos concretos, tanto la autoridad reglamentaria como el Poder Judicial deberán ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un resultado acorde con el propósito preambular de afianzar la justicia (conf. especialmente considerandos 5°,7° Y 14).

5°) Que resulta innegable que la indemnización (no controvertida por el obligado al pago), fijada como consecuencia de los danos derivados de la deficiente actuación del instituto demandado que obligó a la interesada a desplegar una intensa y permanente actividad ,administrativa y judicial para que aquel asumiera -en tiempo y forma- los compromisos a su cargo tendientes a dar la cobertura idónea y necesaria a su patología, persigue reparar, de manera integral y oportuna los danos ocasionados y adquiere en el caso un evidente carácter asistencial -extensivo por accesoriedad a todos los rubros de condena que autoriza a no sujetarla alas disposiciones de la citada ley 25.725.

Este Tribunal ha enfatizado que “el resarcimiento del damnificado requiere la atención oportuna de las afecciones de orden físico, psíquico y estético del evento dañoso, toda vez que un aspecto esencial concerniente al mismo es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación tempestiva” (confr. argo Fallos:327:2551 y sus citas; 335:2333 ) La indemnización no solo tiene como finalidad la reparación integral de los daños causados, sino también permitir al beneficiario afrontar los gastos que su condición le genera, único modo de dar plena efectividad al principio de reparación integral (conf. arts. 19 Y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; Fallos: 308:1118; 327:3753 ).

6°) Que en las condiciones señaladas y habida cuenta de la naturaleza de los rubros indemnizatorios admitidos, la decisión de dilatar la percepción de un crédito de indiscutido carácter asistencial no se condice con la finalidad propia del concepto de “reparación”, consistente, como el propio término lo indica, en medidas que tiendan a hacer desaparecer, o cuando menos a minimizar, dentro de un plazo razonable en función de las características del daño, los efectos de las violaciones cometidas.

La conclusión precedente adquiere, en el caso, una dimensión particular si se pondera que quien invoca la normativa tendiente a postergar la percepción del crédito admitido es quien incurrió en incumplimiento de las obligaciones específicas a su cargo y que motivaron la condena en cuestión.

Este Tribunal ha señalado que “el adecuado funcionamiento de una obra social no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de los agentes que la integran y los medios empleados, o con la presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y con relación. a cada paciente.Porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el .sistema y un acto fallido en cualesquiera de sus partes, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí como a la faz sanitaria, sea en el contralor de una y otra, en la medida que pudiera incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso o más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su contralor” (doctrina de Fallos: 306:178)

7°) Que cabe puntualizar que el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporado con jerarquía constitucional en el art. 75, inciso 22, de la Carta Magna, establece que las razones de emergencia que afecten la seguridad del Estado no autorizan la suspensión, siquiera limitada o transitoria, del derecho a la vida y a la integridad física reconocidos en los arts. 4° y 5° de aquella. En ese lineamiento y en oportunidad de examinar la validez de la ley 23.982, este Tribunal ha sostenido. que la compatibilidad de un sistema como el previsto en la citada norma -en procura de un fin público que resguarda intereses superiores de la comunidad- depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, que la subsunción del caso concreto en la legislación de emergencia -aun cuando comporte una restricción razonable al uso y gpce de los derechos individuales- no signifique una degradación tal. que destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia judicial (confr. doctrina Fallos: 243:467; 316:779; 318:1593 ; 321:1984 , entre otros) .

En tales condiciones, corresponde excluir el crédito de autos de las normas del sistema de consolidación de deudas.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el art.16, segunda parte, de la ley 48, se declara que el crédito reconocido en autos queda excluido del régimen de la consolidación. Costas por su orden atento a las particulares circunstancias de la causa.

Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

HORACIO ROSATTI

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los que cabe remitirse por razones de brevedad, con excepción del anteúltimo párrafo del apartado IV en el que menciona el precedente “Amapola” (Fallos: 329:1715).

Sin perjuicio de ello, los planteas introducidos por la parte actora en el recurso extraordinario -relativos a las excepciones previstas por el régimen de consolidación de acuerdo con la naturaleza alimentaria de la indemnización reconocida en la sentencia y el estado de necesidad que invoca deben ser resueltos por el juez de la causa, previo traslado a la demandada (conf. lo resuelto por esta Carteen la causa CSJ 597/2012 (48- R)/CS1 “Róstan, Ramina Araceli y otro c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía Federal – Churruca s/ daños y perjuicios”, sentencia del 25 de febrero de 2014).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declaran formalmente admisibles la queja y el recurso extraordinario, y se confirma la sentencia apelada con el alcance indicado; con costas en el orden causado atento la forma en que se decide (art. 68, segunda parte, del Código Procesal civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ