Daño moral para una usuaria de 80 años ante el incumplimiento del traslado de su línea telefónica a su nuevo domicilio

Partes: Persichitti Beatriz María Alicia c/ Telecom Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110853-AR | MJJ110853 | MJJ110853

Procedencia del daño moral reclamado por una usuario de ochenta años a la empresa de telefonía por su incumplimiento en el traslado de su línea telefónica a su nuevo domicilio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia en cuanto acogió el daño moral reclamado, pues surge probado que la actora, para trasladar un teléfono en un edificio con un piso de distancia, debió recurrir a la Comisión Nacional de Comunicaciones, obtener una sentencia judicial, la cumplieron extemporáneamente y le cambiaron el número, máxime cuando la víctima contaba con ochenta años de edad.

2.-Cuando las relaciones de consumo se construyen basándose en el desinterés, el desprecio o la impericia del proveedor es notorio que el vínculo así originado resulta susceptible de producir daños materiales y padecimientos espirituales que deben resarcirse; conductas de esta clase no pueden quedar impunes ni ser toleradas porque las exigencias de la vida comunitaria repugnan esa realidad.

3.-Es insuficiente para el cumplimiento del presupuesto de la oportuna introducción de la cuestión constitucional la mera mención de normas, siendo esencial especificar los derechos o garantías constitucionales afectados y su conexión con la materia del pleito, lo que supone un mínimo de demostración de la inconstitucionalidad alegada y su atinencia al caso.

4.-Dado que en el caso se admitió la pretensión de la recurrente apoyada en el planteo fáctico y jurídico que postuló esa parte procesal, si esos planteos involucraban cuestiones constitucionales con aptitud para causar agravio a la recurrida, debió ésta postularlo oportunamente para que fueran ponderadas en la sentencia que recién ahora se pretende tachar de inconstitucional, en tanto resultaba previsible que el Tribunal pudiera dictar una resolución favorable a la recurrente, como finalmente ocurrió.

5.-El requisito de introducción, mantenimiento adecuado y planteo oportuno de los temas constitucionales involucrados en el juicio, no constituye un ritualismo estéril, sino que su cumplimiento asegura que de acuerdo al sistema desconcentrado de control de constitucionalidad previsto en el ordenamiento argentino, los jueces ordinarios efectúen la adecuación de las pretensiones de las partes a las previsiones constitucionales que se consideran en juego, bajo riesgo de que la falta de planteamiento oportuno sea considerado como ausencia de interés.

Fallo:

Rosario, 16 de abril de 2018.

Y VISTOS: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 193 dentro de los presentes caratulados “Persichitti, Beatriz María Alicia c/ Telecom SA s/ Daños y Perjuicios” Cuij 21-01404198-9, contra el Acuerdo N°307 dictado por este Tribunal en fecha 29 de noviembre de 2017, su contestación de fs. 223 y demás constancias de autos;

Y CONSIDERANDO:

1. Desde el punto de vista estrictamente formal, puede sostenerse que el recurso ha sido presentado en término por la parte legitimada y por ante el mismo tribunal que dictó la resolución atacada. Sin embargo, se advierten óbices formales que justifican la denegación del recurso extraordinario.

Sin perjuicio de ello toca también advertir que la aquí recurrente ha incumplido la carga de mantener la cuestión constitucional que funda el recurso, toda vez que no introdujo oportunamente ante este Tribunal la cuestión en forma concreta e inequívoca.

Si bien es cierto que la propuesta de cuestión constitucional no requiere fórmulas sacramentales, se exigía exponer las premisas necesarias que demostraran la referida conclusión, para que este Tribunal pudiera tenerlas en cuenta antes de resolver.

Cabe resaltar que este Tribunal confirmó los argumentos expuestos en la sentencia dictada en primera instancia.

Al expresar los agravios nada dijo la aquí recurrente sobre los argumentos constitucionales que recién ahora expone, solo presentó una escueta fórmula que no los comprende (fs.154).

Reiteradamente han dicho tanto la Corte de esta Provincia como la de la Nación, que es insuficiente para el cumplimiento del presupuesto de la oportuna introducción de la cuestión constitucional, la mera mención de normas, siendo esencial especificar los derechos o garantías constitucionales afectados y su conexión con la materia del pleito, lo que supone un mínimo de demostración de la inconstitucionalidad alegada y su atinencia al caso.

No es suficiente anticipar la voluntad de recurrir, es imprescindible -también por razones constitucionales que hacen al debido proceso- someter la cuestión a la decisión de los jueces ordinarios de la causa.

Por otra parte, es cierto que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha sido categórica al afirmar que: “La exigencia del planteo oportuno de la cuestión econstitucional no debe interpretarse como requerimiento del que el litigante prevea cualquier posible, eventual y futura arbitrariedad y, en consecuencia, formule genéricos planteos de inconstitucionalidad, sino que frente a una concreta violación que estime configurada o al menos normalmente previsible a la luz de la materia litigiosa y lo resuelto en autos, la parte la señale al juzgador para que pueda considerarla al resolver.” (A.y S., T.74, pág.361/363); pero dado que en el caso se admitió la pretensión de la recurrente apoyada en el planteo fáctico y jurídico que postuló esa parte procesal, si esos planteos involucraban cuestiones constitucionales con aptitud para causar agravio a la recurrida, debió ésta postularlo oportunamente para que fueran ponderadas en la sentencia que recién ahora se pretende tachar de inconstitucional, en tanto resultaba previsible que el Tribunal pudiera dictar una resolución favorable a la recurrente, como finalmente ocurrió.

El requisito de introducción, mantenimiento adecuado y planteo oportuno de los temas constitucionales involucrados en el juicio, no constituye un ritualismo estéril, sino que su cumplimiento asegura que de acuerdo al sistema desconcentrado de control de constitucionalidad previsto en el ordenamiento argentino, los jueces ordinarios efectúen la adecuación de las pretensiones de las partes a las previsiones constitucionales que se consideran en juego, bajo riesgo de que la falta de planteamiento oportuno sea considerado como ausencia de interés (v. C.S.J.N., Fallos: 310:101, 896, 1476 y 2693; Sagüés, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, T.2, Astrea, 4a., edición, Bs. As. 2002, parág.453, págs.317/318; C.S.J.S.F., 27.12.85, “Gianotti, Dominga c. Saldari, Orlando s. Liquidación sociedad conyugal s. Queja”, A. y S., T.59, págs.150/152; A. y S., T.74, págs.361/363; T.112, pág.17, entre otros).

Las circunstancias expuestas obstan la admisibilidad de la instancia extraordinaria, por lo que corresponde denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada.

2.Sin perjuicio de ello, tampoco corresponde hacer lugar al mismo desde el punto de vista del análisis de las causales de su procedencia.

Corresponde remarcar, que del análisis de lo actuado surge que el escrito recursivo no constituye sino la mera discrepancia de la parte recurrente con las constancias del expediente y la decisión emitida; lo que resulta inadmisible para fundar el recurso intentado, si de su contenido se extrae que el disenso radica en aquella discrepancia, no siendo materia de revisión por la vía planteando pretendiendo una tercera instancia (Cfr. ésta Sala “Cicala, José y ot. c/ Podio, José Luis y Otros s/ Daños y Perjuicios”, 2/2/98). Para que se configure el vicio que daría lugar a la concesión del recurso una resolución debe estar descalificada como acto judicial y sustentarse en la sola voluntad de los jueces; no ser “derivación razonada del derecho vigente”, de acuerdo a la terminología acuñada por la C.S.J.N. y seguida por nuestro Superior Tribunal.

Un rápido análisis de los protocolos de todas las Salas de esta Cámara permite sostener que reiteradamente y con las más diversas integraciones, se ha dicho que son pautas fundamentales en materia de impugnación por arbitrariedad:

” que esa vía extraordinaria no constituye una tercera instancia;

” que no se trata de reproducir en ella el debate ordinario acerca de los hechos litigiosos y el derecho que los regula;

” que fallo arbitrario no es lo mismo que fallo meramente erróneo;

” que la arbitrariedad es de excepción, de modo que la impugnación por esa causa no debe dejar dudas en cuanto a su justificativo;

” que so color de arbitrariedad, no cabe que las partes renueven un debate ya agotado, para controvertir la interpretación que de la ley común o de las normas procesales o del material fáctico, hayan hecho los jueces ordinarios.

Para expresarlo con los conceptos de nuestra ley provincial 7055:arbitrariedad significa, pura y exclusivamente, verse privado de los niveles más mínimos del derecho a la jurisdicción; víctima de la arbitrariedad; que, sintetizando implica que una sentencia arbitraria es, finalmente, no sentencia.

La recurrente sostiene que este Tribunal cometió un grosero e insoslayable error dado que cuando ella se refirió en su expresión de agravios a las irregularidades de otra causa, lo hizo como recurso probatorio para acreditar la subjetividad del juzgador. Sea cual fuere la intención que pretende en este escrito darle la recurrente a sus postulaciones al expresar agravios, no se hace cargo de refutar lo dicho en cuanto al contestar la demanda no mencionó ninguna de las irregularidades que recién al expresar agravios dice ahora que las mencionó como prueba. Tampoco lo hizo al alegar sobre el mérito de la prueba. Por otra parte si la prueba de la parcialidad del juzgador era su proceder en una causa anterior, toca también señalar que no propuso oportunamente ningún remedio procesal pertinente.

Resulta cuanto menos llamativo que la recurrente exponga intempestivamente argumentos. Así también en el escrito en análisis hace referencia a una prueba documental (expediente administrativo) que le faltarían unas fojas, que ni siquiera fue mencionada en la expresión de agravios.

Basta una simple lectura de lo expuesto por la recurrente al expresar agravios (fs. 151 y sgtes.) para comprobar que con relación al daño no mencionó ningún medio de prueba en favor de su postulación.

Tampoco se hace cargo y menos aún refuta desde presupuestos constitucionales, sobre lo dicho por este Tribunal con relación a la prueba del daño moral.

La recurrente sostiene que la edad de la usuaria (80 años) no es un factor determinante en la prestación regular del servicio. Agrega la invocación a la ancianidad “es una equivocada aplicación del derecho so pretexto de aparente justicia con fallos rimbombantes y escuálidos que logran captar la atención del público.”(fs.214 vta).

¿Puede sostenerse que a los fines de evaluar la entidad del daño moral en un caso donde una persona que para trasladar un teléfono en un edificio con un piso de distancia, debió recurrir a la Comisión Nacional de Comunicaciones, obtener una sentencia judicial, la cumplieron extemporáneamente y le cambiaron el número, que la víctima contara con 80 años es un dato irrelevante? Lamentablemente, para la demandada, lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a los ancianos, expuesto en la sentencia que impugna, que teniendo en cuenta normas fundamentales se aviene la necesidad de simplificar y de poner límites temporales a sus reclamos, evitándoles graves perjuicios en una etapa de la vida en que la tutela de toda la sociedad resulta imprescindible, son frases de una retórica rimbonbante, escuálida que se invoca con la finalidad de captar la atención del público.

En un reciente comentario a un fallo de la Salla II de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial sobre responsabilidad en la presentación del servicio de telefonía, análogo al presente, entre otras muchas consideraciones con razón se dijo: “La brevísima reseña hecha en el apartado antecedente demuestra acabadamente las dificultades que deben enfrentar los consumidores en las relaciones de consumo. No se trata en modo alguno de una situación aislada, excepcional o, si cabe el término, patológica, sino que la práctica evidencia una desafortunada reiteración de conductas similares frecuentes en un sector de la economía en el que los consumidores se encuentran en franca posición de vulnerabilidad: el de la provisión de servicios. Cualquiera que fuere el parámetro que se a dopte para apreciar el grado de insatisfacción de los usuarios con la prestación recibida, la telefonía móvil se encuentra de manera constante entre los primeros motivos de reclamación.El caso juzgado provee notoria evidencia de ello.” (Barreiro, Rafael F., La paciencia del consumidor, la dignidad humana y las prácticas abusivas, LA LEY2016-F, 33).

También se expuso: “Cuando las relaciones de consumo se construyen basándose en el desinterés, el desprecio o la impericia del proveedor es notorio que el vínculo así originado resulta susceptible de producir daños materiales y padecimientos espirituales que deben resarcirse. Conductas de esta clase no pueden quedar impunes ni ser toleradas porque las exigencias de la vida comunitaria repugnan esa realidad. No basta con introducir productos o servicios en el circuito económico que sean inocuos o adecuadamente apropiados para cumplir el propósito a que están destinados, sino que, además, dichas actividades lucrativas deben acompañarse con una permanente y fluida asistencia al consumidor de manera tal que se le permita alcanzar un alto grado de satisfacción que no sólo se relaciona con la calidad de la prestación esperada. El negocio, la operación, en definitiva, el vínculo jurídico y económico que une al consumidor con el proveedor necesariamente debe colmar las expectativas o respetar la confianza generada en quien requiere un bien o servicio con el carácter finalista que exigen los arts. 1 de la LDC y 1092 del CCyC.)” (Ibídem).

La exigencia constitucional de que los fallos judiciales se motiven, sólo requiere una fundamentación suficiente. La insuficiencia de motivación no debe apreciarse con un enfoque que implique que un fallo carece de fundamentación porque no tuvo en cuenta los argumentos que una parte expuso.

Seguidamente, dijo el Dr. Molina: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Por tanto, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial;

RESUELVE:

1. No hacer lugar al recurso de incostitucionalidad deducido en autos, con costas. (Art. 251 CPCC).

2. Fijar como regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en el presente recurso, el 25% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese y hágase saber.

(“PERSICHITTI, BEATRIZ MARIA ALICIA C/ TELECOM S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS CUIJ N° 21-01404198-9 ).

CHAUMET

CINALLI

MOLINA

(Art. 26 L.O.P.J.)

SABRINA CAMPBELL