Responsabilidad del colegio por la caída de un menor de tres años mientras subía al tobogán sin la debida supervisión

Partes: S. F. G. P. S.H.M. S. L. D. c/ Dirección General de Escuelas s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 21-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-109665-AR | MJJ109665 | MJJ109665

Responsabilidad del establecimiento educativo por la caída del hijo de tres años de la actora mientras subía al tobogán sin la debida supervisión. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar al establecimiento educativo por las lesiones que sufrió un menor de tres años que cayó de un juego situado en el patio de su propiedad, pues el accionado estaba obligado a preservar la integridad física del niño de acuerdo al deber de seguridad -de naturaleza objetiva- que el art. 1117 del CC. -reformado por la Ley 24.830 – establece, resultando irrelevante todo intento de probar su ‘no culpa’ en el cuidado y la vigilancia durante la guarda.

2.-Gravita sobre el propietario del establecimiento educativo una obligación expresa de seguridad, de resultado, por los daños causados y sufridos por menores de edad mientras se encuentran bajo el control de la autoridad educativa; dicha responsabilidad agravada, sólo desvirtuable mediante la prueba del casus, no es arbitraria ni caprichosa, desde el mismo momento en que se inserta dentro de un sistema estructurado en derredor de un seguro obligatorio cuya contratación es imperativa para el titular del establecimiento.

3.-Los establecimientos educativos públicos y privados deben garantizar la incolumidad de los escolares en la escuela, por lo que el factor de atribución objetivo es la ‘garantía’, lo que significa que el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza sano y salvo.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 251.185/52.713 caratulados “S., F. G. P.S.H.M. S., L. D. C/DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/DAÑOS Y PERJUICIOS”, originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Secretaría No. 3, de esta Primera Circunscripción Judicial, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 266/267 por el Dr. Oscar Lui por la parte accionante, en contra de la resolución de fs. 260/264.

Practicado a fs. 307 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ábalos, Ferrer y Leiva.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso? Segunda cuestión:

¿Costas? Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos, dijo:

I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 260/264, por la cual la Sra. Juez “A Quo” desestimó la demanda por daños y perjuicios promovida por F. G. S., por su hijo menor L. D. S., en contra de la Dirección General de Escuelas; impuso las costas a la parte actora y reguló los honorarios a los profesionales y peritos intervinientes.

A fs. 274/279 el Dr. Oscar Alfredo Luís por la parte accionante, expresa agravios solicitando que se revoque la sentencia, acogiéndose la demanda, contestándolos la Dra. Nora Alica Ponce por Dirección General de Escuelas a fs. 281/283; la Dra. Alicia López por Fiscalía de Estado a fs. 286; la Dra.María Laura Gherzi por Allianz Cía Argentina de Seguros S.A. a fs. 288/289, y quedando la causa a fs. 306 con autos para sentencia.

II.- PLATAFORMA FACTICA.

A fs. 6/10 se presenta F. G. S., por su hijo menor L. D. S. e interpone demanda por daños y perjuicios en contra de la Dirección General de Escuelas; por la suma de $115.000, con más intereses y costas.

Relata que el 15/04/14, su hijo L. S. de tres años de edad, alumno regular de la escuela N° 1.152 “Orfelina Mercedes Acosta”, se encontraba en el interior de la misma, en el horario de mañana y recibiendo las instrucciones de la docente Sra. Rosana B. Castro; que siendo aproximadamente las 12:15 hs., en circunstancias en que los menores se encontraban jugando solos, sin la debida vigilancia por parte de los dependientes de la institución, su hijo comenzó a escalar los peldaños de un tobogán que se encontraba en el patio del establecimiento educativo; que cuando se encontraba en la parte superior del mismo, se desestabilizó y cayó súbitamente al suelo sobre su brazo derecho, sufriendo serias lesiones, siendo la de mayor gravedad, la fractura de su codo derecho; que fue intervenido quirúrgicamente a los fines de reducir la fractura mediante la colocación de placas y tornillos, mediante anestesia general.

Reclama incapacidad sobreviniente y daño moral.

A fs. 53/58 se hace parte la Dra. Nora Ponce, por Dirección General de Escuelas, contesta el traslado ordenado, solicitando el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas.

Afirma que de conformidad con el Acta N° 44 labrada por los directivos, cuando los niños de sala de 4 años estaban ingresando del recreo a la sala, el menor L.estando en el segundo peldaño del tobogán, se suelta y cae sobre su brazo derecho; que la caída se debió a un hecho imprevisible que hubiera podido suceder en presencia de sus padres sin poder evitarlo; que las docentes actuaron con toda la diligencia propia de un docente y que el hecho ocurrido es atribuible sólo al menor quien se suelta y cae del peldaño ubicado aproximadamente a 30 cm. del piso.

Sindica que el menor después de la intervención quirúrgica y extracción del yeso se reintegró a las actividades escolares sin que haya disminuido su rendimiento académico.

A fs. 65/66 se presenta Fiscalía de Estado y contesta la demanda.

A fs. 82 se declara la rebeldía de Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Producidas las pruebas, se dicta sentencia.

III.- LA SENTENCIA RECURRIDA.

En razón de los diversos medios probatorios que obran en la causa, – acta labrada en la escuela con motivo de la caída del niño, informe del Vice Director de la Escuela; declaraciones testimoniales- la Pretoria de Grado tiene por probado que el accidente se produjo, mientras el menor estaba bajo la vigilancia activa de la maestra y que cayó del segundo peldaño (equivalente a un primer peldaño, dado que el tobogán está parcialmente enterrado en el arenero), por lo que concluye que se ha configurado la existencia de un “caso fortuito”, ya que se trató de una caída desde muy baja altura (hecho que normalmente no sería susceptible de producir un daño) y el niño se cayó solo, quizás producto de su baja tonicidad muscular, -tal como surge de las pruebas colectadas-, lo que demostraría las condiciones de imprevisibilidad y de inevitabilidad, que determinan el rechazo de la acción.

IV. LA EXPRESION DE AGRAVIOS.

A fs. 274 y sgtes el Dr.Oscar Alfredo Lui por la parte actora se queja del pronunciamiento en crisis, denunciando que el mismo omite cuestiones fundamentales en el análisis del hecho, tal como la edad de la víctima, circunstancias de modo, tiempo y lugar de la caída del infante, y características físicas y psicológicas del niño, como asimismo que éste estaba en el recreo solo, ascendiendo a un tobogán sin asistencia ni el control efectivo y cercano de ningún docente que lo ayudara a subir o le impidiera el ascenso. Agrega que el centro educativo no ha demostrado que tipos de prevenciones y cuidados se tomaron con niños tan chicos (3 años) y que no resulta razonable que se los deje subir al tobogán.

Asevera que no se ha configurado la eximente de responsabilidad, caso fortuito o fuerza mayor; que la accionada no ha demostrado las medidas de seguridad adoptada para que los niños no sufrieran daños; que aún cuando se considerase que el menor se cayera sólo, ello no exonera a la demandada ya que la caída es una consecuencia natural del hecho, siendo previsible que un niño de 3 años se pueda caer del tobogán si lo usa sólo.

Se agravia que la sentencia atribuya la causa de la caída a la falta de desarrollo muscular de la víctima, como si fuese un déficit concreto e imputable culposamente a ésta y no a una condición propia de la edad de 3 o 4 años.

Afirma que no constituyen casos de fuerza mayor los acontecimientos que surgen en poco tiempo (verbigracia empujón, un tropiezo o una caída de un juego que demande contacto físico o una caída de un tobogán) por lo que solicita que se acoja el recurso, se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.

Corrido traslado de los agravios a fs. 281 y sgtes. la Dra. Nora Alicia Ponce por Dirección General Escuelas; a fs. 286 la Dra.Alicia López por Fiscalía de Estado y a fs. 288 y sgtes la Dra. María Laura Guerzi por Allianz Cía Argentina de Seguros, los contestan solicitando el rechazo de los mismos, por las razones que expresan, a las que se remite en honor a la brevedad.

V. LA NORMATIVA APLICABLE Y ANALISIS DEL CASO.

A).- Responsabilidad de establecimientos educativos. Régimen jurídico. Caso fortuito.

1).- Sabido es que el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, disponiendo el art. 7 su aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y sentando como principio que las leyes no tienen efecto retroactivo.

Existe consenso entre los autores que la responsabilidad civil se rige por la ley imperante al tiempo en que acaeció el hecho antijurídico que generó la obligación de resarcir. (GUDIÑO, Fernando. “La Vigencia del Código Civil y Comercial en los Procesos de Daños en trámite”. RCCYC2015 (setiembre), 107. AR/DOC/2937/2015; TARABORRELLI, “Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código”, LA LEY 03/09/2015, 1, AR/DOC/2888/2015), o dicho de otra forma, los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual se rigen por la ley vigente en el momento de constitución de la relación jurídica, que es igual a la fecha del hecho antijurídico dañoso (GALDOS, Jorge, “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”. LA LEY 16/11/2015, 16/11/2015, 3 – LA LEY2015-F, 867.Cita Online: AR/DOC/3711/2015), sin perjuicio que deba aplicarse de forma inmediata lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación (Art.7) a las consecuencias no consumadas de las relaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia (01-08-2015), tal acontece con los intereses como asimismo con la cuantificación del daño.

Dado que la relación jurídica por la que se reclaman daños se consumó el 15/4/2.014, antes del advenimiento del Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil (ley 17.711).

2).- El art. 1117 Cód. Civil derogado prescribía que “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.

Lo establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación pertinente.

La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

El régimen estatuido por la ley 24.830 presenta algunos rasgos característicos que conviene sintetizar muy brevemente. a) En primer lugar, con criterio sensato y realista, desplaza el epicentro de la cuestión, en materia de legitimación pasiva, desde el director o maestro artesano, hacia el propietario del establecimiento educativo, privado o estatal. La responsabilidad como contrapartida de la titularidad del establecimiento o, lo que es igual, del riesgo creado y, en su caso, de empresa, que dimana de tal calidad. b) Quedan comprendidos en la norma los daños causados y sufridos por alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, lo cual plasma un ámbito de aplicación muy amplio, abarcativo de responsabilidades contractuales y extracontractuales, que excede largamente el modelo anterior, edificado en derredor de los daños causados por los alumnos y aprendices.La norma derogada ponía énfasis en la autoridad y en el cuidado del director o maestro artesano; el nuevo artículo 1117 emplaza el epicentro de la cuestión en el control de la actividad educativa y en los riesgos que dimanan de tal situación. c) La responsabilidad del titular del establecimiento es objetiva; más aún: es una responsabilidad objetiva agravada que sólo admite como eximente la prueba del caso fortuito o de la fuerza mayor. d) Implementa un régimen de seguro obligatorio a los fines previstos por el art. 1117, cuyo control recae sobre la autoridad de aplicación. f) Los establecimientos de nivel terciario y universitario están excluidos de la norma. g) La responsabilidad del propietario del establecimiento educativo es sin perjuicio de la que pueda pesar, de modo concurrente, sobre otros legitimados pasivos.

La ley plasma un sistema que, más allá de algunas exageraciones, se hace eco de la realidad educativa actual, en donde la vigilancia de los alumnos “no está sometida al control de una persona determinada, sino al de una organización de más o menos complejidad, que impone directrices o instrucciones”. Dentro de ese contexto, es absolutamente razonable que la legitimación pasiva gravite sobre el propietario del establecimiento educativo, titular de esa organización, quien quiera que sea, incluido el propio Estado. La conclusión se potencia cuando se trata de actividades desplegadas empresarialmente, en donde el riesgo de dañosidad integra un capítulo no controvertible del riesgo de empresa, con la consiguiente necesidad del seguro. El temperamento seguido guarda armonía, por lo demás, con las previsiones de la ley 24.240 (argum. art. 5, 6, 40 y concs) que son aplicables en esta materia. (PIZARRO, Ramón D. “La responsabilidad del propietario de establecimientos educativos en un acertado fallo”. LLC2010 (mayo), 390 y RUGNA, Agustín. “Responsabilidad civil del establecimiento educativo”. Gran Cuyo2010 (diciembre), 1143 – LTGR on line).

Es que la ley 24.830 modificó el art.1117 del C.Civil y, al establecerse un régimen de responsabilidad objetiva fundada en la “garantía” como factor de atribución, se ha suprimido como causal eximente la prueba de “que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería y con el cuidado que era su deber poner” contemplada en el texto legal derogado.

“El antiguo art. 1.117 no regulaba todo tipo de daños sucedido en el ámbito escolar. La pretensión expansiva del nuevo texto en cambio es manifiesta; se habla de “daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa. La ley ha regulado un caso de responsabilidad objetiva; se trata de una garantía creada por la ley fundada en el riesgo de empresa. No se trata de que la educación sea una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que la ley impone a quien presta el servicio de modo organizado (sea un ente publico o privado) el deber de prestarlo sin producir daños. El establecimiento es garante de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace el alumno en el establecimiento mientras está bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito” (KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída “La Responsabilidad Civil de los Establecimientos Educativos en Argentina después de la Reforma de 1997”. LA LEY 1998-B-1062 y SCJMza. – “Dirección General de Escuelas en J: Arias Domingo y Ot. c/Dirección General de Escuelas s/Daños y Perjuicios – Inconstitucionalidad – Casación” Fecha 17/11/03. L.S 331:195).

“Los establecimientos educativos públicos y privados deben garantizar la incolumidad de los escolares en la escuela. Por tanto, el factor de atribución objetivo es la “garantía”. Lo que significa que el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza “sano y salvo”. Del incumplimiento de esta obligación se origina la responsabilidad establecida en el primer párrafo del nuevo art. 1117 del Código Civil.Es un deber de garantía concebido como de resultado; quien es propietario de un establecimiento educativo soporta una obligación de inocuidad respecto de sus alumnos” (Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 25/02/2004, “Núñez, María E. R. c. Dirección General de Escuelas”, LLGran Cuyo, 2004-990).

En conclusión, gravita sobre el propietario del establecimiento educativo una obligación expresa de seguridad, de resultado, por los daños causados y sufridos por menores de edad mientras se encuentran bajo el control de la autoridad educativa. Dicha responsabilidad agravada, sólo desvirtuable mediante la prueba del casus, no es arbitraria, ni caprichosa, desde el mismo momento en que se inserta dentro de un sistema estructurado en derredor de un seguro obligatorio cuya contratación es imperativa para el titular del establecimiento.

Consecuentemente, la prueba del obrar diligente o sea de la no culpa no exime de responsabilidad.

En lo referente al “caso fortuito” o “fuerza mayor”, para que se configure como eximente de responsabilidad civil prevista en el art. 1117 del Código Civil, deben darse las siguientes condiciones en el evento: 1) Debe ser sobreviniente, 2) ajeno al deudor, 3) actual, 4) imprevisible, 5) inevitable, irresistible o insuperable, 6) imposible, 7) inimputable y 8) extraordinario. En especial el hecho debe ser “ajeno al deudor”, porque si es interno no resulta liberatorio, siendo la externalidad una condición sine qua non para eximir de responsabilidad civil, sino se trataría del riesgo propio de la actividad que se desarrolla. En cuanto a la prueba de la eximente, está a cargo de quien pretende la liberación por tal causa. Ante la duda de si el infortunio fue provocado por el caso fortuito o no, el Juez deberá inclinarse a favor del actor, ya que las eximentes de responsabilidad civil son de interpretación restrictiva. (SAGARNA, Fernando Alfredo, “Responsabilidad civil del establecimiento educativo para alumnos con capacidades distintas. La eximente “caso fortuito”, La Ley 23/08/2010, 8).

El artículo citado (Art.1.117 del C.C.), menciona como única eximente el caso fortuito, es decir, que se trata de una responsabilidad objetiva fundada en el deber de garantía. Se generan dudas sobre si la culpa de la víctima exime o no al establecimiento educacional, cuando el dañado es un alumno.

Hay acuerdo en que no libera si el menor no ha alcanzado los diez años, pues de él no puede predicarse culpa y tampoco puede atribuirse culpa a los padres desde que, justamente, el niño se encuentra fuera de la custodia de los padres. El debate se plantea con el mayor de diez años. Algunos autores señalan, sin otro aditamento, que también libera (Sambrizzi, Eduardo, la responsabilidad de los propietarios de estable-cimientos educativos en el nuevo artículo 1117 del CC, ED 176-857; Gianfelici, M.C., Caso fortuito, caso de fuerza mayor y la responsabilidad civil de los propietarios de los establecimientos educativos, LL 1999-D-589); otros, en cambio, han exigido que esa culpa tenga el carácter de imprevisible e inevitable típicas del caso fortuito, única eximente mencionada. (SCJMza. Autos N° 105.679 – “Torelli, Darío Exequiel en J° 218.538/43.913 Torelli, Darío Exequiel c/D.G.E. de la Prov. De Mendoza p/D. Y P. s/Inc. Cas.” Del 9/5/2.013).

La expresión caso fortuito contenida en el art. 1117 del Código Civil -redacción impresa por la ley 24.830 (Adla, LVII-C, 2899)- como única eximente, debe ser entendida en sentido amplio, comprensiva de todo hecho que se presente como imprevisible e inevitable, caracteres que puede, excepcionalmente, tener la conducta de la propia víctima cuando el menor tiene más de diez años. Para la determinación de tales recaudos debe atenderse a las circunstancias del caso, y especialmente a la edad del menor.(Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 20/02/2003, “Mattus, Jorge C. c.Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza”, LLGran Cuyo, 2003-371.).

Va de suyo que la asunción de la culpa de la víctima por parte del establecimiento educativo tratándose de alumnos de corta edad es justificable; de los menores de diez años, incluso, ni siquiera podría predicarse culpa, pues en el régimen argentino son inimputables (art. 921, Cód. Civil) y, normalmente, la culpa no podría ser atribuida a los padres, pues justamente el menor no está bajo la guarda de éstos.(KEMELMAJER DE CARLUCCI, “La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997”, LA LEY 1998¬B, 1047 -Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 113).

La jurisprudencia descarta considerar como caso fortuito a varios infortunios que suceden en los colegios con frecuencia por ser los riesgos propios de la actividad educativa: caídas de alumnos al correr, juegos bruscos en los patios de colegios, juegos que se desarrollan en las aulas aun estando en recreo, las heridas producidas por los alumnos al arrojarse objetos contundentes (tizas, borradores, materiales metálicos, lápices, etc.), los acaecidos durante las clases de educación física, entre muchos. Tampoco podrá considerarse como caso fortuito el hecho, porque ocurra fuera del establecimiento educativo siempre que los alumnos estén bajo el control de la autoridad escolar. (SAGARNA, Fernand o Alfredo, “Responsabilidad civil del establecimiento educativo para alumnos con capacidades distintas. La eximente “caso fortuito””, LA LEY 2010 – E, 15).

3).- La Magistrada “A Quo” consideró configurada la eximente de responsabilidad, “caso fortuito”, dado que se trató de una caída desde muy baja altura (hecho que normalmente no sería susceptible de producir un daño) y el niño se cayó solo, lo que demostraría la imprevisibilidad e inevitabilidad, siendo esto materia de agravio.

Se adelante la postura favorable a la admisión de la queja n virtud de las siguientes razones.

No es un hecho discutido que el menor al momento del infortunio tenía 3 años de edad (ver fs.131); que finalizado el recreo los niños de la sala de 4 años ingresaron al aula quedando dos o tres en el patio de juego del jardín, entre ellos L.; quien estaba subiendo uno de los peldaños (2do) de la escalera de un tobogán ubicado en el patio, cuando ante los requerimientos de la maestra a los efectos que ingrese al aula, se cae sobre su brazo derecho.

En lo referente a la mecánica del accidente, esto es, -según los dichos de la docente a cargo-, que al subir al segundo peldaño el infante suelta sus manos y se cae sobre su costado derecho (ver fs. 32 y 216/217), se estima que éstas particularidades no tornan el acontecimiento como inevitable ni imprevisible para el ente educativo.

Adviértase que L. estaba subiendo la escalera del tobogán sin el control y atención debida por parte del personal; por otra parte tampoco resulta tan extraño ni impredecible, que ante los llamados insistentes de la maestra, afín de dar cumplimiento a aquellos o asustándose con los mismos, sin darse cuenta hubiere soltado sus manos del tobogán lo que le produjo la caída, situación que se habría podido evitar de existir un docente supervisándolo.

Además, si para el docente Mario Miranda el niño “era muy tímido, muy frágil.” (resp. 3º ampl. Ver fs. 213/215) y para su maestra Rosana Beatriz Castro, L. era un niño temeroso, no corría, tenía temor de movilizarse (resp. 3º ampl., ver fs. 216/217), por las características propias del pequeño, debieron extremar los cuidados y controles, en especial si estaba ascendiendo los peldaños de un tobogán, siendo la caída del mismo, una consecuencia posible.

Menos resulta factible pretender atribuir la caída del niño a su supuesta baja tonicidad muscular, en base sólo a los dichos de la docente a cargo (ver fs. 34 y216/217 resp.3º ampl.), cuando lo lógico por su corta edad (3 años), no sólo es esperar una escasa musculatura sino que además cierta torpeza en los movimientos y coordinación de los mismos.

Sin perjuicio de ello y aún cuando la tonicidad muscular de L. hubiere sido inferior a la del común de los niños de su edad, esto debió alertar a los responsables del establecimiento, como se señalara, a aumentar aún más la supervisión sobre el menor a los efectos de evitar posibles accidentes que dañen su integridad psicofísica.

Más allá de lo expuesto, lo cierto es que en el caso, no es posible que se configure la eximente de responsabilidad “hecho o culpa de la víctima” aún cuando éste revistiese los caracteres de inevitable y imprevisible propios del caso fortuito, dado que estamos ante un niño de 3 años de edad, inimputable (art. 921 del C.C.) del que no puede predecirse culpa alguna.

A mayor abundamiento calificar un hecho como accidental, “no significa que este sea un “casus”, máxime cuando es bastante frecuente que los niños, -fruto de su propio ímpetu o de una distracción-, que se tropiecen, resbalen o no lleguen a asirse de la escalera del tobogán, cuando ascienden los peldaños de la misma, produciendo su caída.

Los accidentes ocurridos durante el desarrollo de actividades habituales de recreación o de educación, generan responsabilidad para el propietario del establecimiento educativo, no pudiendo ser mitigada la rigidez del sistema, “a través de una interpretación flexible de su eximente, criterio que, por otra parte, estaría reñido con los principios básicos que la rigen. (PIZARRO, Ramón D. “La responsabilidad del propietario de establecimientos educativos en un acertado fallo” Publicado en: LLC2010 (mayo), 390Fallo comentado: Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba (C6aCivyComCordoba) C6aCiv. y Com., Córdoba – 2009-06-25 – DellA., C. c. Provincia de CórdobaCita Online:AR/DOC/3145/2010).

Así se ha sostenido en un supuesto prácticamente idéntico al sub-lite que “Debe responsabilizarse al establecimiento educativo por las lesiones que sufrió un menor de 3 años que cayó de un juego situado en el patio de su propiedad, pues el accionado estaba obligado a preservar la integridad física del niño de acuerdo al deber de seguridad -de naturaleza objetiva- que el art. 1117 del Cód. Civil -reformado por la ley 24.830- establece, resultando irrelevante todo intento de probar su “no culpa” en el cuidado y la vigilancia durante la guarda. Y la Dirección de Escuelas demandada por las lesiones que sufrió un menor al caer de un juego situado en el patio del establecimiento educativo al que concurría, no puede eximirse de responsabilidad alegando la culpa de la víctima, toda vez que resulta imposible que un niño de tres años tenga conciencia acabada del peligro y de las consecuencias que la utilización de los juegos podría acarrearle (CNCiv., sala K, 20/12/2004, “Corfield, Carlos A. y otro c. Plaul, Adriana G. y otros”, LL, 28/03/2005, 5, con nota de Estanislao López; LL, 2005-B, 473, con nota de Estanislao López; LL, 08/02/2005, 6 – LL, 2005-A, 703. Ver también: CNCiv., sala F, “González, Pedro R. y otro c. Miniphone S.A. y otros”, 2003/12/23, RCyS, 2004-III, 57).

En consecuencia, a los fines de endilgar responsabilidad civil al Estado demandado lo que importa es acreditar la existencia del hecho dentro de las instalaciones del establecimiento de enseñanza de su titularidad como así también el daño causado (conf. art. 1117 del Código Civil), sin importar en este aspecto quién fue el autor del hecho, como así tampoco si provino de otro menor. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III. Fecha 20/11/2012. “Sotelo, Cristian José c. Mamani, Daniel Eduardo y otra s/daños y perj- resp. est- por delitos y cuasid.sin uso automot.” La Ley Online; Cita Online AR/JUR/63670/2012).

No constituyendo el hecho que ha motivado la presente acción, -caída de un tobogán- un acontecimiento imprevisible e inevitable para el personal de la Escuela No. 1-152 “Orfelina Mercedes Acosta”, encargado de la vigilancia y control del niño, y no bastando para eximirse de tener que responder haber obrado diligentemente, corresponde acoger la queja y declarar responsable del infortunio a la accionada.

B).- Daños. Prueba. Cuantificación.

1).- Incapacidad física. a) No está de más precisar que la determinación de la incapacidad no debe hacerse sobre la base exclusiva de la disminución laboral de la víctima, la cual constituye un dato relevante a tener en cuenta, pero en modo alguno el único y en ciertos casos, ni siquiera el más importante. Es preciso, a tal fin, tener en cuenta múltiples aspectos vitales que hacen a la persona humana integralmente considerada, con su multiforme actividad, no sólo en abstracto sino atendiendo a las condiciones personales de la víctima (sexo, edad, estado civil, profesión, salud y condición social, entre otras). (PIZARRO, Ramón D. – VALLESPINOS, Carlos G., “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, Buenos Aires, Hammurabi, 2.008, Tomo 4, pág. 301 y sgtes.).

Existe consenso entre las partes que a raíz del accidente L. sufrió fractura supracondilear grado III del codo derecho, que fue intervenido quirúrgicamente, colocándosele placas y tornillos, y tuvo inmovilizado el brazo un mes con yeso (ver historia clínica de fs. 156 y sgtes).

El perito médico clínico designado en estas actuaciones, dentro de los antecedentes relata que el 15/4/2.014 el menor se encontraba en la escuela, cuando tuvo un accidente sufriendo fractura de codo derecho por lo que fue intervenido quirúrgicamente mediante osteosíntesis.

Agrega que actualmente al examen físico (10/6/2.016) el niño presenta a la palpación de codo derecho, intenso dolor. La movilidad está limitada: flexo-extensión y pronosupinación.A la inspección se observa una cicatriz lineal quirúrgica de 4 cm de longitud compatible con la osteosíntesis. Hay hipersensibilidad en antebrazo derecho y calambres nocturnos, determinando el experto, por secuelas de fractura de codo derecho un 10% de incapacidad parcial y permanente (ver fs. 185/186).

Al contestar las observaciones, ratifica en todos sus términos la pericia, aclarando que aplicó los principios universales de la medicina clínica que son la anamnesis (o interrogatorio) y el examen físico (aplicación de maniobras semiológicas); que la finalidad de la pericia es contar la existencia o no de incapacidad al momento del examen físico; que es el perito el que conforme a su criterio científico, determinará la necesidad o no de “complementarse” de estudios médicos auxiliares para fundar su dictamen; y que este perito, en el caso específico estimó innecesario requerir estudios complementarios, toda vez que someter al actor a “rayos X” es perjudicial para la salud, cuando de ello no depende ni existe riesgo de vida (ver fs. 201).

No se soslaya que el informe fue observado por la demandada y citada en garantía, sin embargo se entiende que no se aportaron allí elementos que permitan apartarse de sus conclusiones, las cuales fueron ratificadas al contestar la impugnación a fs. 201, debiendo recordarse que “como el dictamen pericial comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer cial Federal, sala III. 19/08/1997. “Bearing S.A. c/Administración Nac. de Aduanas y otro”. LL 1998-A, 197), por lo que no basta como acontece en las presentes la mera alegación de pareceres subjetivos o razonamientos genéricos (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D. Fecha 18/02/2003. “Cruz Romero, Luís c. Boullosa, Rodolfo A. M.y otro”. DJ 14/05/2003, 103 – DJ 2003-2, 103).

En igual sentido este Cuerpo con otra integración pero cuyo criterio se comparte, ha dicho que “si bien es absolutamente inaceptable transformar al perito en juzgador, mas también es correcto atenerse a la opinión del experto, no bien se pondera: que tal dictamen goza de una presunción “iuris tantum” de garantía de corrección, que no puede prescindirse al considerar sus afirmaciones, de que las mismas las efectúa en base a su práctica y conocimientos técnicos, que configuran precisamente el fundamento de su designación y de su aporte y que el peritaje aparece en la especie suficientemente fundado, sin que a mi modo de ver se le opongan argumentos de suficiente peso como para apartarse de sus conclusiones en el asunto en trato”. (Fallo del 21-12-1992, Expte. 20.265 – López Mario c/Nicolás Catanese y Ot. p/Sumario – LS 125:263).

Por ello, sin desconocer que el menor pudo haber mostrado un buen rendimiento escolar, alcanzando los contenidos y expectativas para sala de 4 años, pasando sin dificultades a la de 5 años (ver fs. 35), lo cierto es que la incapacidad del 10% queda comprobada por un experto y no es desvirtuada por la demandada, por lo que corresponde tener acreditadas las secuelas invalidantes. b) En lo que respecta a la cuantificación del daño, esta Cámara in re “Senatore” (Autos No 51.911/253.362 – “Senatore, Román Gabriel c/Calire, Juan Alberto y ots p/D.y P (accidente de tránsito)”, del 15/9/2.016, adhirió a la postura que aún cuando el hecho ilícito hubiere acaecido con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, su cuantificación, que es una “consecuencia” de la relación jurídica debe llevarse a cabo a tenor de la nueva legislación, ello en razón que la obligación resarcitoria es una deuda de valor, por lo que su contenido en dinero debe ser determinado en la época más próxima al pago (o a la sentencia que mande pagarla) de modo tal que la suma represente de la mejor manera posible ese quid al cual tiene derecho el acreedor; criterio adoptado también por la SCJMZA in re “Livellara” del 8/5/2.017.

Al respecto el nuevo Código precisa que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.” (art. 1746, CCyC).

A la luz de esta nueva disposición, es necesario que la judicatura, al calcular el monto a resarcir por incapacidad sobreviniente, tome en cuenta las distintas fórmulas que existen para computar el valor presente de una renta constante no perpetua. (PICASSO Sebastián y SAÉNZ, Luís R., comentario al art. 1.746, en HERRERA, Marisa – CARAMELO, Gustavo – PICASSO, Sebastián – Directores -,”Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo IV, pág. 469 y sgtes.), sin olvidar que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio judicial (LORENZETTI, Ricardo Luís. “Código Civil y Comercial de la Nación”. To. VIII. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 527/528; (GONZALEZ ZAVALA, Rodolfo M. “¿Cuánto por incapacidad?. Publicado en: RCCyC 2016 (mayo), 05/05/2016, 191Cita Online:AR/DOC/591/2016).

Además, en lo que concierne a los infantes que, aún cuando se pueda considerar que lo indemnizable no es el perjuicio económico concreto, al menos hasta que alcancen una edad con posibilidades económicamente productivas, sino la pérdida de chances de lograrlas en el futuro, lo cual conlleva una evidente cuota de aleatoriedad, igualmente, a los efectos de respetar los principios de la reparación plena que rigen la materia, tratándose de un niño que no realiza ese tipo de actividades, ese dato debe volcarse a la fórmula matemática desde el momento en que normalmente las adquieren, es decir, desde los 18 años de edad. (Esta Cámara. Autos No. 251.517/52.530, caratulados “Gillaume, Ariel p/su hijo menor Guillaume, Andrés Hernán c/Martínez, Cruz Hugo p/D. Y P.”, del 29/9/2.017). c) En oportunidad de presentar los alegatos la parte actora, teniendo en cuenta el nuevo paradigma de indemnización que abre el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la fórmula de liquidación Las Heras-Requena revaloriza el rubro, peticionando que se haga lugar al mismo, por la suma de $132.725, fijado a la fecha del hecho con más la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago (ver fs. 245 vta).

Que este Cuerpo en reiteradas oportunidades se haya pronunciado, que cuando se trata de indemnizar deudas de valor, los daños deben valorarse y fijarse los montos al momento más cercano en que se hará efectiva la reparación (Autos No. 250.018/52.046, – “Balmaceda, Gutiérrez, Iván Exequiel c/Roldán Ledesma, Luís Pablo p/D. y P” del 23/12/2.016 y Autos No. 51.625 – “Naranjo, Dante Francisco y ots. c/Gobierno de la Provincia y ots p/D. y P. ” Fecha 9/2/2.017 y Autos N° 33.242 – “Tulian, Luís A. c/Serino, Bárbara y ots. p/D.y P.” LS 223:248), ello no obsta a que a petición de la parte accionante, los montos indemnizatorios sean fijados a valores históricos a la fecha del hecho, variando en consecuencia la tasa de interés a aplicar, toda vez que en este supuesto se imponen los intereses equivalentes a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) (SCJM plenario “Aguirre”, in re Expte. 93.319, “Aguirre, Humberto por sí y por su hijo menor en J: 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/OSEP p./Ejec. Sentencia s/Inc. Cas.”; del 28 de mayo del 2.009), criterio que se mantuvo no obstante lo previsto en el art. 768 inc. c) del CCCN, por evidentes razones de seguridad jurídica (Autos Nº 241.132/51.851, caratulados “Olguín, Paula Verónica y ots. c/El Plumerillo S.A. p/D. y P”, de fecha 11/04/2017) hasta el dictado del fallo plenario, SCJM autos n° 13-00845768-3/1, “Citibank N.A. en J: 28.144 ‘Lencinas, Mariano c/Citibank N.A. p/Despido’ p/Rec. Ext. de Inconst-Casación” de fecha 30/10/2017, a partir de allí la tasa de interés para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados “Libre Destino”, a 36 meses, hasta el 01/01/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9041, en que deberán aplicarse hasta su efectivo pago, los intereses previstos en su art.1, primer párrafo, es decir, los equivalentes a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA); en tanto en la fijación a la fecha de la sentencia, se establece una tasa pura del 5 % anual según la Ley N° 4.087, ya que el valor resultante de la cuantificación judicial no es histórico, sino actualizado o, mejor dicho, fijado y valorado en ese momento, con más los intereses detallados con posterioridad.

Pues bien, a la fecha del pronunciamiento en crisis (9/6/2.017) el monto actualizado reclamado por el actor a la fecha del hecho (15/4/2.014), -$132.725,00-, con más los intereses equivalentes a la tasa activa que cobra el Banco Nación para las operaciones de descuento, -$111.274,87- totalizaría la suma de $243.999,87.

A tenor de lo dispuesto en el art. 1.746 del C.C.C.N., si aplicamos las fórmulas matemáticas a la fecha de la sentencia en crisis (9/6/2.017), ponderando el sueldo mínimo vital y móvil a ésta ($8.060,00 http://www.ambito.com/839917-el-salario-minimo-vital-y-movil-sera-de-8060-desde-enero-de-2017); el porcentaje incapacidad del 10%; y que al tratarse de un niño que no realiza actividad productiva, aquellas se aplicará desde los 18 años de edad, la fórmula VUOTTO arroja la suma de $163.341,89; LAS HERAS-REQUENA $173.073,17 y MENDEZ $779.798,95.

Meritando que el monto actualizado del rubro incapacidad sobreviniente peticionado por la parte actora al momento de alegar con más los intereses a la fecha de la resolución en crisis, se encuentra dentro de los parámetros que dan las fórmulas y considerando que el límite de la pretensión se encuentra determinado por la suma actualizada solicitada, la que además resulta justa, equitativa y acorde a los daños efectivamente probados, se estima ajustado a derecho (Art. 90 inc.VII del CPC) fijar a la fecha del hecho $132.725,00, con más los intereses “ut supra” indicados hasta su efectivo pago.

2).- Daño moral.

El daño moral es un daño jurídico, o sea un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Puede decirse que este daño, es el que lesiona los bienes más preciosos de la persona humana, al alterar la paz interior. Es que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume -y tutela- y que atañe a una persona. Es una noxa a la normalidad. (CIPRIANO, Néstor Amilcar. “Daño moral: concepto, interdependencias jurídicas y psicológicas”. LL 1982-D, 843).

Con relación a la prueba, la doctrina es conteste en que el daño moral no requiere una prueba directa de su existencia y extensión y que los jueces gozan de un amplio arbitrio para la determinación, tomando en cuenta los padecimientos sufridos (JUNYENT BAS, Francisco, “Algunos aspectos dilemáticos de la reparación del daño moral”, LLC 2010 (noviembre), 1075-RCyS 2011-I, 3).

Esta Cámara ha resuelto que “no es menester la prueba concreta del daño moral cuanto existen lesiones corporales.” (Fallo del 04/10/1994, Expte. 21.600 “Sardi Marcela del C. y ot. c/Orlando Gregorio Aciar p/Daños y Perjuicios”; LS 131:231); Para el tratamiento de este te ma, puede verse de esta Cámara: fallo del 25/09/1996, Expte. 22.631 “Palma Aída Inés y Ot. c/ Alfredo D. Rosales y Ot. p/ Daños y Perjuicios”, LS 139:176; fallo del 18/11/1996, Expte. 22.002 “Sosa de Díaz, Dora c/Agustina E. Wohlfart y Ots. p/ Daños y Perjuicios”, LS 139:235)”. (Este Cuerpo Autos No. 885/31.707, caratulados “Valles, Lidia Vicenta c/Cerutti Rosana y Ots. p/D. y P.”. LS 209:028).

En lo concerniente a la cuantificación de las consecuencias no patrimoniales, el Art.1.741 in fine del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

En el daño moral el dinero que se otorga como indemnización tiene función de satisfacción. Que el daño moral tenga esta finalidad, quiere decir que el dinero que se otorga por haberlo sufrido, debe permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas dolorosas que el ilícito le ha causado y que son las que hacen nacer el derecho al cobro RIVERA-MEDINA.” Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. To. IV. LA LEY, fs. 1076). Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etc., que le permitan a la víctima obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. (LORENZETTI, Ricardo Luís. “Código Civil y Comercial de la Nación”. To. VIII. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 503).

Se propone utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa; hallar causas externas que produzcan placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos: remedios para la tristeza y el dolor.

El fin de la compensación económica debe tender a la serenidad de ánimo, mantener el espíritu calmo y en equilibrio. El hombre rico de espíritu busca la vida tranquila, y el bienestar para sobrellevar la dolorosa situación en que lo colocó el hecho de un tercero. (MENDELEWICZ, José D. “El daño a la persona. Valoración y cuantificación”. Publicado en: RCCyC 2016 (noviembre), 17/11/2016, 69. Cita Online:AR/DOC/3439/2016).

Acreditado que el menor sufrió un daño en su integridad física, -fractura de codo-, que debió soportar una intervención quirúrgica y un mes de inmovilidad del brazo con yeso, cómo asimismo secuelas invalidantes por un 10%, las que sin duda en alguna medida han afectado y afectan las actividades de recreación propias de un niño, y teniendo en cuenta que no se trata de un daño moral que “ya pasó”, sino que las consecuencias espirituales negativas continúan y previsiblemente seguirán a futuro (GONZALEZ ZAVALA, Rodolfo M. “Satisfacciones sustitutivas y compensatorias.” Publicado en: RCCyC 2016 (noviembre), 17/11/2016, 38.Cita Online: AR/DOC/3436/2016), se entiende justo y equitativo (art. 90 inc. VII del CPC) reconocer la suma actualizada por la actora en los alegatos, $70.000 a la fecha del hecho con los intereses “ut supra” indicados, monto que permitirá al peticionante recurrir a satisfacciones sustitutivas, que alivien sus padecimientos.

VI).- En conclusión, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, y condenar a la Dirección General de Escuelas y a Allianz Cía Argentina de Seguros S.A., ésta última en la medida del seguro, a abonar la suma de $202.725 la fecha del hecho dañoso (15/4/2.014) con más los intereses equivalentes a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) (SCJM plenario “Aguirre”, in re Expte. 93.319, “Aguirre, Humberto por sí y por su hijo menor en J: 146.708/39.618 Aguirre Humberto c./ OSEP p./Ejec. Sentencia s./Inc. Cas.”; del 28 de mayo del 2.009), hasta el dictado del fallo plenario, SCJM autos n° 13-00845768-3/1, “Citibank N.A. en J: 28.144 ‘Lencinas, Mariano c/ Citibank N.A. p/Despido’ p/Rec. Ext.de Inconst-Casación” de fecha 30/10/2017, a partir de allí la tasa de interés para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados “Libre Destino”, a 36 meses, hasta el 01/01/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9041, en que deberán aplicarse hasta su efectivo pago, los intereses previstos en su art. 1, primer párrafo, es decir, los equivalentes a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con imposición de costas a lo accionado por lo que prospera la acción. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Claudio A. Ferrer y Claudio F. Leiva, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas deben imponerse a la parte recurrida que resulta vencida. (arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Claudio A. Ferrer y Claudio F. Leiva, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 21 de marzo de 2018.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

1°) Acoger el recurso de apelación deducido a fs. 266/267 por el Dr. Oscar Lui por la parte accionante y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 260/264 la que queda redactada del siguiente modo: “I.- Hacer lugar a la demanda deducida por la Sra. F. G. S. en representación de su hijo menor L. D. S.y, en consecuencia, condenar a DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS y la citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., ésta última en la medida del seguro, a pagar “in solidum”, en el término de DIEZ DÍAS de firme la presente, la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($202.725) fijada a la fecha del hecho, con más los intereses determinados en los considerandos, hasta el efectivo pago.

II.- Imponer las costas a la parte accionada y a la citada en garantía, ésta última en la medida del seguro, por lo que prospera la acción (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Fabio Oscar Lui, Julieta Ferraro, Oscar Alfredo Lui y Natalia Soledad López, en la suma conjunta de PESOS.($.); de los Dres. Nora Ponce, Beatriz Ferragud, Hugo Oscar Guzzo, Pedro García Espetxe y Eliseo Vidart, en la suma conjunta de PESOS.($.); y de los Dres. Cecilia Belmonte, Juan Matías Montoya y Graciela de Gherzi, en la suma conjunta de PESOS.($.); todos ellos sin perjuicio de la aplicación de la Ley 5394 y de los complementarios e IVA que pudieran corresponder (Arts. 2, 13, 3 y 31 ley 3641, modificada por D.L. 1304/75).

IV.- Regular los honorarios profesionales del Perito Médico, Dr. Jorge Alberto Ganun, en la suma de PESOS.($.).

2°) Imponer las costas de Alzada a la parte recurrida vencida en esta instancia impugnativa (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa, de la siguiente forma: Dres. Carlos H. Javier Cruzat y Oscar Alfredo Lui, en las sumas de PESOS.($.) y .($.); Dres. Ivana L. Moreno, Nora A. Ponce, Alejandro G. Cuervo, Alicia López, Graciela M. Foppoli y María L. Gherzi, en las sumas de PESOS.($.), .($.), .($.), .($.), .($.) y .($.), respectivamente y sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 5394 (Arts. 3, 13, 15 y 31 de la Ley Arancelaria). Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen. msa/dds/6463

Dra. María Silvina Ábalos

Juez de Cámara

Dr. Claudio A. Ferrer

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos