La apreciación personal del requirente acerca del deudor no es admisible a los fines de ordenarle el embargo de la pensión graciable

Partes: B. B. N. c/ S. S. A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 8-may-2018

Cita: MJ-JU-M-110819-AR | MJJ110819 | MJJ110819

No procede el embargo de la pensión graciable pues es inadmisible en los tribunales de derecho perseguir a una persona con fundamento en la opinión personal del requirente.

Sumario:

1.-La resolución apelada debe confirmarse pues el art. 6 de la Ley 13.928 determina la inembargabilidad de la pensión graciable, aun cuando el actor hubiere postulado la inconstitucionalidad de la norma con el fundamento aparente de que se trataría de una persona que no honra ninguna de sus deudas, pues el tratamiento ‘ad hominem’ constituye la negación de la idea misma de Ley que presupone el tratamiento de todos los sujetos del mismo modo cualquiera fuera la opinión que nos merezca.

2.-Corresponde confirmar la inemargabilidad de la pensión graciable toda vez que así lo dispone el art. 6 de la Ley 13.928 y la idea de perseguir a los ‘hombres malos’ en nombre de los ‘hombres buenos’ edificó desde el genocidio de los herejes y las brujas a el holocausto los peores crímenes de la humanidad y la negación más absoluta del estado de derecho; y este tipo de argumento, aún dichos con inocencia, no pueden ser admitidos por los tribunales de derecho porque en ellos anida el huevo de la serpiente.

Fallo:

Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La resolución apelada debe confirmarse pues el artículo 6 de la Ley 13.928 determina la inembargabilidad de la pensión graciable.

El actor postula la inconstitucionalidad de la norma con el fundamento aparente de que se trataría de una persona que no honra ninguna de sus deudas. El tratamiento “ad hominem” constituye la negación de la idea misma de ley que presupone el tratamiento de todos los sujetos del mismo modo cualquiera fuera la opinión que nos merezca. Los sujetos van a soportar las consecuencias que emergen objetivamente de los actos conforme lo previsto por la legalidad. La idea de perseguir a los “hombres malos” en nombre de los “hombres buenos” edificó desde el genocidio de los herejes y las brujas a el holocausto los peores crímenes de la humanidad y la negación más absoluta del estado de derecho. Argumento de este tipo aún dichos con inocencia, no pueden ser admitidos por los tribunales de derecho porque en ellos anida el huevo de la serpiente.

La norma de inembargabilidad de las prestaciones de la Seguridad Social tiene en cuenta la cobertura de las contingencias de enfermedad, vejez, muerte. Tiende así a proteger la libertad de los seres humanos que es la razón misma de la Constitución del estado argentino conforme lo señala el preámbulo. No se trata de una función de cobertura mínima de necesidades sino de ese resguardo de la libertad del que se hablaba. La Seguridad Social es un derecho y no una dádiva y por tanto no puede ser una variable al arbitrio del príncipe de turno y sus límites sólo pueden ser determinados por ley a la que los jueces deben su actividad. En consecuencia, si el legislador ha decidido que esta inembargabilidad sólo a de ceder ante el crédito de alimentos, no puede extenderse su ámbito.Afirmar que deviene irrazonable e incausada la protección de las prestaciones de la Seguridad Social que excedan el estricto carácter alimentario y sirvan para sufragar otros gastos, constituye al juez en un nuevo leviatán que tendría en sus manos los derechos vida y hacienda de los argentinos, decidiendo que parte puede gastar y que parte no puede gastar y con qué objeto. Por todas estas razones estimo inadmisible la pretensión de inconstitucionalidad esgrimida.

Teniendo en cuenta el hecho objetivo de la derrota las costas de alzada deben ser impuestas a la actora vencida (artículo 68 CPCCN) regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en alzada en la suma de ($.) para la representación letrada de la actora y en ($.) para la representación letrada de la parte demandada conforme parámetros de la ley 27.423. ( art. 68, CPCCN).

Por los fundamentos expuestos, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.Confirmar la resolución recurrida y en consecuencia, desestimar el planteo inconstitucionalidad por las razones expresadas en los considerandos.

2. Con costas a la parte actora vencida. (art. 68 del CPCCN) regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en alzada en la suma de ($.) para la representación letrada de la actora y en ($.) para la representación letrada de la parte demandada conforme parámetros de la ley 27.423.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

MMV

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara