Obra social debe responder por la muerte de un paciente a causa de la demora en la entrega de la prótesis para la intervención quirúrgica

Partes: A. B. C. y otro c/ AMSA MN Ombú Galeno y otros s/ incumplim. de prest. de obra soc/med.prepaga

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112304-AR | MJJ112304 | MJJ112304

Responsabilidad por la muerte de un paciente a causa de las demoras habidas en la entrega del material imprescindible para la realización de una intervención quirúrgica. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la compañía aseguradora a cubrir los daños derivados de la muerte de una persona a causa de las demoras habidas en la entrega del material imprescindible para la realización de una intervención quirúrgica porque siendo la asegurada una gerenciadora del sistema de salud, todos los actos que realice vinculados directamente con la atención de un paciente, deben ser considerados actos médicos y así debe ser considerada la demora en la provisión de una prótesis, ya que no se trata de una mera diligencia administrativa teniendo en cuenta que su cumplimiento en tiempo oportuno adquiere una enorme relevancia en todo el proceso de atención del sistema sanitario.

2.-La obra social que percibía los fondos que se le descontaban a la víctima y los derivaba a una empresa de medicina prepaga, debe también responder por el daño derivado de su deceso a causa de la demora en la provisión del material imprescindible para la realización de una intervención quirúrgica, considerando lo previsto por las Leyes 23.660 y 23.661 , en cuanto a que resulta ser el principal eslabón de la cadena de asistencia sanitaria, no habiéndose aportado elementos de convicción que avalen la versión relativa a que los fondos eran derivados por decisión del agente, ni en que proporción.

3.-La obra social codemandada, la empresa de medicina prepaga y la aseguradora deben indemnizar el daño derivado de la muerte de un paciente a causa de la demora incurrida en la provisión del material imprescindible para la realización de una intervención quirúrgica, más esa obligación no es solidaria sino concurrente porque aquellos no son coautores, copartícipes, consejeros o cómplices (arts. 1081 y 1109 , CC.) al no existir unidad de causa o título de los que surja la obligación de responder que pesa sobre los codemandados, presupuesto que es típico de las obligaciones solidarias.

4.-La empresa de medicina prepaga y la empresa con quien ésta contrataba la realización de intervenciones quirúrgicas deben responder frente a la muerte de un paciente causada por la demora en proveer el material quirúrgico imprescindible a tales fines, siendo su obligación solidaria en atención a la inoponibilidad del acuerdo entre éstas a la parte actora, pues lo contrario implicaría colocar al acreedor en situación de perseguir el cobro de la mitad de la condena respecto de aquél con quien no contrató y como consecuencia de un contrato que no le es oponible y consecuentemente padecer el riesgo financiero propio de dicha circunstancia por una cuestión que le es ajena (disidencia parcial del Dr. Guarinoni).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dice:

I.- La Magistrada de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 588/604, hizo lugar a la demanda que interpusieran B. C. A. y Y. V. G., condenando a GALENO ARGENTINA S.A., a SCIS S.A. y a NOBLE COMPAñíA DE SEGUROS S.A. a abonar a las primeras la suma de $160.800 y $125.800, respectivamente, con más intereses y las costas del juicio, desestimando la acción contra la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, imponiendo las costas del proceso respecto a esta relación jurídica en el orden causado.

Para decidir del modo en que lo hizo, rechazó en primer término las defensas de falta de legitimación pasiva opuestas por la codemandada Galeno Argentina S.A. y SCIS S.A.

Con respecto al fondo de la cuestión, tuvo por acreditado que R. A. G. trabajaba para la empresa Ferrovías, y que la obra social OSPACA era quien recibía los aportes mensuales deducidos de su sueldo. Que sin embargo, luego sus aportes eran derivados a la empresa de medicina prepaga Galeno, siendo beneficiario del Plan Médico “MN OMBU”. Y, a su vez, que Galeno y la empresa SCIS S.A. suscribieron un contrato de prestación de servicios, por el cual SCIS se obligaba a prestar, a través de su red de prestadores, servicios para el cuidado de la salud a los afiliados del Plan Médico “MN OMBU” de Galeno entre ellos, el actor.

Que el día 13 de diciembre de 2007, R. A. G.como consecuencia de una caída de una escalera, se fracturó ambos calcáneos, motivo por el cual tuvo que ser internado en la clínica “Santa Rosa de Lima” de esta Ciudad, donde le fueron inmovilizadas ambas piernas con sendas botas de yeso y se le indicó reposo absoluto.

Al día siguiente, el médico interviniente requirió la provisión de los insumos necesarios para la colocación de prótesis, que consistía en placas con clavos, tornillos reducción y osteosíntesis y que el 17 de diciembre otro profesional también efectuó el requerimiento de dicha prótesis que fuera recibida por fax por la empresa SCI S.A. el día 19 de diciembre.

Puso de relieve que el 21 de diciembre tuvo que suspenderse la intervención programada porque los insumos médicos habían sido recibidos en forma incompleta, se le dio de alta al paciente, quien reingresara para realizarse la intervención el día 27 de diciembre pero a las horas de haber sido intervenido sufrió un paro cardiorespiratorio, falleciendo al día siguiente a las 9.30 horas a raíz de un “tromboembolismo pulmonar”.

Tuvo por acreditada la existencia de relación causal entre dicha afección y la demora en le entrega de los insumos médicos requeridos para realizar la intervención, motivo por el cual les atribuyó a las condenadas, la responsabilidad por el deceso de G.

II.- Alza sus quejas la parte actora a fs. 646/655, los que son contestados por la demandada SCIS S.A. a fs. 676/681, haciendo lo propio ésta última a fs. 657/667, los que fueran contestados por la actora a fs. 683/689. La citada en garantía Noble Cía. De Seguros S.A. expresa sus agravios a fs. 669/674, los que son contestados por la actora a fs.690/696.

Obran asimismo apelaciones contra las regulaciones de honorarios las que serán examinadas al finalizar el acuerdo de corresponder.

Las quejas de la parte actora se refieren en apretada síntesis, a la limitación de la responsabilidad de las codemandadas GALENO y SCIS S.A., al rechazo de la acción contra OSPACA y al quantum indemnizatorio por considerarlo reducido.

Las quejas de la citada como tercera SCIS S.A. se refieren a la atribución de responsabilidad por el fallecimiento de R. A. G., argumentando que por su carácter de citada como tercera se vio impedida de citar asimismo a los profesionales que intervinieron directamente en la atención del paciente. Se agravia además de la exoneración de responsabilidad de OSPACA, de la forma en que fueron impuestas las costas del proceso y el monto de las regulaciones de honorarios por considerarlas excesivas.

Las de la citada en garantía, aluden al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, a la atribución de responsabilidad de SCIS S.A., a los montos indemnizatorios por considerarlos elevados y a la tasa de interés aplicada.

III.- En primer término y por una cuestión de orden metodológico, abordaré las quejas introducidas por las demandadas dado que de prosperar, vaciarían de contenido a las que introduce la parte actora, no sin antes señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077 ). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos:278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte, Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

Se agravian la citada como tercera SCIS S.A. y la citada en garantía, de la atribución de la responsabilidad que derivó en la condena en su contra.

La perito médica realizó una síntesis de los hechos ocurridos, de conformidad con la información que emana la historia clínica y lo apuntado por los testigos.

Sostuvo que R. A. G. tuvo un accidente al caer de una escalera sufriendo la fractura de ambos calcáneos, el día 12 de diciembre de 2007, por lo cual le fueron colocadas dos botas de yeso, una en cada una de las extremidades, con el fin de inmovilizarlo bilateralmente en forma absoluta. Al inicio del tratamiento se le realizaron RX y TAC y se le suministró la medicación apropiada por los dolores que habían aumentado en intensidad, se le prescribió Klosidol que resulta apropiado para la terapéutica de dicha manifestación.

La fractura del pie izquierdo resultó de mayor dimensión y severidad que la del pie derecho, por lo cual los profesionales tratantes concluyeron que el tratamiento indicado sería una cirugía reparadora denominada reducción y osteosíntesis consistente en la colocación de una prótesis placa o suplemento sujeto o por clavos o tornillos de un material especial para facilitar una evolución mejor y de mayor rapidez de dicha lesión, el segundo día de internación se solicitó a la obra social el material necesario para la cirugía recomendada, la obra social informó que recién el 21 de diciembre enviaría los elementos ortopédicos requeridos preparándose dicha intervención en forma inmediata para la misma fecha de recepción del suplemento requerido.Al respecto aclara la experta que el lapso de 72 o 96 horas es el aconsejado médicamente para la realización de la cirugía reparadora, después de ese plazo los riesgos en la convalecencia aumentan.

Sostuvo que los factores de riesgo asociados con la posibilidad de una complicación de trombosis venosa profunda en el caso de las fracturas en las extremidades son: a) edad superior a los 40 años. b) inmovilización prolongada o excesiva del miembro por los miembros inferiores. c) fracturas de las extremidades inferiores que coinciden con la inmovilización propia de las mismas y tratamientos de reducción y osteosíntesis. d) reposo absoluto mayor de 4 días.

A pesar de que la cirugía era urgente, se mantuvo al paciente en tratamiento a la espera de la fecha de la intervención quirúrgica que -a juicio de la experta-, dependía de la obra social. El día 21 de diciembre ésta última entregó el material para cirugía incompleto, sin fecha cierta del envío del material completo, por lo cual se le dio de alta domiciliaria, se lo mantuvo medicado con analgésicos y anticoagulantes y con las recomendaciones posturales del caso y continuó en reposo absoluto en su domicilio a la espera de la nueva fecha de cirugía Finalmente, el 27 de diciembre -15 días después del accidente- llegó el material, el paciente ingresó a cirugía la intervención quirúrgica duró dos horas se mantuvo el monitoreo de su estado y la medicación anticoagulante heparina. El día 28 de diciembre dentro de las 12 horas posteriores a la intervención G. sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudo superar pese a los esfuerzos de los médicos y la técnica de resucitación empleada. La autopsia posterior confirmó la sospecha de que falleció de un tromboembolismo pulmonar agudo teniendo en cuenta que se trataba de un hombre sano sin patología previa, relativamente joven y con fractura de ambos pies.La experta concluyó que la obra social debería haber extremado la eficiencia de proveer en tiempo y forma los materiales ortopédicos para que el paciente recibiera el tratamiento necesario y evitar males mayores.

No se encuentra controvertido lo expuesto por el consultor técnico de la actora que a fs. 514 sostuvo que el tromboembolismo pulmonar consiste en una episodio agudo y la complicación más severa originada en la formación de coágulos y trombos en el circuito vascular venoso profundo debido generalmente a causas relacionadas con traumatismos, reposo en cama, postoperatorios, inmovilización, etcétera.

Que normalmente dicha situación se produce debido a la estasis venosa, es decir el enlentecimiento de la circulación sanguínea producto de falta del impulso propulsivo muscular al retorno de la sangre venosa al corazón a fin de oxigenarse. Como consecuencia de ello, se produce la obstrucción venosa y la liberación o desprendimiento de trombos o coágulos a la circulación venosa, que se dirige el corazón derecho para ser bombeada a los pulmones constituyéndose el cuadro de TEP agudo.

Aclaró el experto, que la sangre es bombeada a los pulmones para su oxigenación y pasa al corazón izquierdo para dirigirse de allí a la circulación arterial a fin de ser redistribuida, la sangre oxigenada, a los tejidos. Una vez producidos los coágulos y trombos en las venas profundas, en cualquier momento se desprenden y circulan hacia el corazón derecho para llegar hasta el pulmón.A medida que se arriman a él y de acuerdo al calibre que tengan se empieza a producir la obstrucción ya sea de los vasos capilares más pequeños por los elementos sólidos que circulan por el torrente sanguíneo o de los vasos gruesos si son de mayor tamaño, con lo que se va obstruyendo la llegada de la sangre al pulmón que actuando como filtro termina por interrumpir el proceso de oxigenación que si no es diagnosticado y tratado con urgencia termina por con la muerte por asfixia.

Reiteró, en concordancia con lo dictaminado por la perito médica, los factores de riesgo. Pacientes masculinos mayores de 40 años, reposo absoluto mayor de 4 días, traumatismos graves de miembros inferiores, cirugía ortopedia y fracturas, colocación de prótesis de miembros inferiores, etcétera.

Al contestar demanda, GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANóNIMA, resistió a la acción intentada, realizó la negativa genérica de cada uno de los hechos relatados en la demanda, sostuvo que no existe relación causal entre el fallecimiento de G. y su actuación vinculada a la intervención quirúrgica, sin detallar cual fue su intervención en los hechos y que las erogaciones vinculadas a la intervención y el resto de los gastos fue afrontada con SCIS SOCIEDAD ANóNIMA con quien tenía un contrato y a quien citó como tercero.

ésta última al presentarse a contestar la citación realizó una descripción del vínculo contractual con GALENO y entre otras cosas detalló que le correspondía hacerse cargo de los gastos de las intervenciones, del pago del nosocomio y los honorarios de los profesionales, pero respecto a las prótesis, circunstancia que se vincula directamente con los hechos ventilados en autos, sostuvo que cuando superaban el monto de $ 3.000.- a la fecha de operación de G., correspondía que se hiciera cargo GALENO.

Con respecto a la operación de G.relató que recibió el pedido de materiales con fecha 19 de diciembre y que el mismo día de recibido se lo trasladó a GALENO proporcionándole tres presupuestos, que acreditaban que superaba el monto en función del sistema estipulado y antes descripto, y que no volvió a tener novedades ya que GALENO era quien debía hacerse cargo y en efecto fue quien proporcionara la prótesis con la que luego se realizaría la intervención.

Agregó que cuando recibió el pedido de las prótesis, ya habían transcurrido 7 días desde la fecha del accidente, es decir que cuando tomó conocimiento de la necesidad de las prótesis ya se había configurado el factor de riesgo que se vincula a la demora. Por otro lado, sostuvo que si la operación debía realizarse en un plazo no mayor a los 3 o 4 días, no se explica porque el centro asistencial lo programó para el 21 de diciembre, es decir a los 9 días de ocurrida la lesión.

Tratándose de profesionales en el arte de curar, teniendo conocimiento -ya que debían tenerlo- de la fecha del accidente y los factores de riesgo de padecer el tromboembolismo pulmonar del paciente, la demora del médico interviniente en solicitar la prótesis no puede jugar a favor de quien ante dicha circunstancia debió arbitrar los medios para brindar el acceso a la prótesis con mayor urgencia.

Es que el plazo de 3 o 4 días de reposo que una vez cumplido dispara el riesgo de padecer la afección resulta perentorio para todo el circuito de obligados a brindar el servicio de salud, en consecuencia, si una parte -en el caso los médicos- consumieran los dos primeros días, esta circunstancia no habilita, como pretende la quejosa a exonerar de responsabilidad al resto de los eslabones de la cadena sino, por el contrario, les impone un mayor apego al concepto de la urgencia.

Que, en efecto, tal como lo ha decidido el máximo Tribunal en reiteradas ocasiones, quien contrae la obligación de prestar unservicio -en este caso, de asistencia a la salud- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312: 343; 315:1892 y 317:1921). Cabe señalar, asimismo, que el adecuado funcionamiento del sistema asistencial médico no se cumple tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios o con su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos ellos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada paciente. Porque cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en cualquiera de sus partes, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí como a la faz sanitaria, sea en el control de una y otra, en la medida que pudiera incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso, más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su control (Fallos: 306:178; 317:1921, ya citado).

Comparto, además, lo expresado por López Mesa en cuanto manifiesta que el organizador del servicio médico se transforma en garante de su inocuidad o, en caso contrario, en responsable de su dañosidad, cualquiera sea la causa del daño, mientras que no se trate de una causa ajena, que corte el nexo causal respecto del sanatorio u hospital (conf. López Mesa, Marcelo, “Teoría general de la responsabilidad civil médica en el derecho argentino y comparado” en Tratado de responsabilidad médica. Responsabilidad civil, penal y hospitalaria, Ubijus-Legis, p. 230).

A mayor abundamiento, se encuentra acreditado que el 21 de diciembre la intervención no pudo ser realizada porque la prótesis se encontraba incompleta.Lo que derriba todos los argumentos intentados, atribuyendo responsabilidad a la demora de los galenos en programar la intervención quirúrgica. La que no disminuye, ni exime de la culpa incurrida en cuanto la omisión de la diligencia debida que exige la naturaleza de la obligación, correspondiente a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.( art. 512 del Código Civil, de aplicación en el presente caso a mérito de la fecha de ocurrencia de los hechos y lo dispuesto por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación) Más cuando la extensión de la responsabilidad exige cierta previsibilidad en el accionar del agente, “imponiendo el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, según las circunstancias del caso y condiciones del sujeto. Por consiguiente, cuanto mayor sea ese deber -v. gr., por las condiciones especiales del agente, las funciones que desempeñe, si hay urgencia o no en tomar la decisión, etc. – mayor será su responsabilidad, siendo más amplia la obligación originada en un obrar doloso (delito) que culposo (cuasidelito) (Llambías, Jorge, Código Civil anotado T II B, pág. 27, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires). El hecho culposo deriva de la negligencia de los agentes de salud que intervinieron, de la omisión de la actividad que habría evitado el resultado dañoso. El art. 1074 del Código Civil dispone que “Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido”. Al tratarse de un incumplimiento contractual, la acción del deudor, esta impuesta por las obligaciones convencionales contraídas (art. 1.197 del mismo cuerpo legal). Quien incumple un contrato procede ilícitamente.

Sin perder de vista lo expuesto por la tercera citada SCIS S.A.en cuanto a que no le correspondería la cobertura de la prótesis en particular porque superaba el monto al que alude, no puede desligarse de la responsabilidad por el sólo hecho de haber trasladado el pedido a GALENO, comparto lo decidido en la anterior instancia en cuanto a que no se advierte que hubiera obrado diligentemente en el momento de la intervención, de hecho se desentendió de la cuestión, circunstancia que resulta impropia en el marco del cumplimiento de obligaciones vinculadas a la salud de un paciente, teniendo en cuenta que tuvo a su cargo el resto de las cuestiones en torno a la intervención quirúrgica.

Y si bien comparto lo decidido en cuanto a responsabilizar a ambas empresa en partes iguales, considero que deben responder en forma solidaria (art. 699 del Código Civil) a mérito de la obligación de pago que se impone en las presentes y en atención a la inoponibilidad del acuerdo entre éstas a la parte actora.Lo contrario implicaría colocar al acreedor en situación de perseguir el cobro de la mitad de la condena respecto de aquél con quien no contrató y como consecuencia de un contrato que no le es oponible y consecuentemente padecer el riesgo financiero propio de dicha circunstancia por una cuestión que le es ajena.

IV.- Teniendo por acreditada la relación causal entre la demora en el cumplimiento de las obligaciones respecto de la entrega del material que resultaba imprescindible para la realización de la intervención quirúrgica y el fallecimiento de G., no corresponde expedirse respecto de los agravios introducidos por las condenadas vinculados al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva por haber devenido abstractos.

Sin perjuicio de ello, creo prudente hacer una salvedad respecto del agravio introducido por la citada en garantía que manifiesta que la condena se encuentra excluida del amparo de la cobertura del contrato de seguro por el que de be responder, por que la demora en la intervención no resulta ser consecuencia de un acto médico.

De la compulsa de la póliza surge claramente que cubre la responsabilidad civil emergente del desarrollo de su actividad profesional de gerenciadora de médicos (fs. 330 y ss.). Siendo la asegurada una gerenciadora del sistema de salud, todos los actos que realice vinculados directamente con la atención de un paciente, deben ser considerados actos médicos y así debe ser considerada indudablemente, la demora en la provisión de una prótesis, ya que no se trata de una mera diligencia administrativa teniendo en cuenta que su cumplimiento con la debida diligencia y en tiempo oportuno adquiere una enorme relevancia en todo el proceso de atención del sistema sanitario.Por lo tanto, si la gerenciadora debe responder por ser un eslabón en la cadena del cumplimiento del servicio de salud, va de suyo que la aseguradora contratada para amparar el riesgo que implica dicha función, no puede desentenderse de la cobertura con el argumento que expone.

V.- Se agravian tanto la actora como las condenadas, del rechazo de la acción con respecto a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AUTOMóVIL CLUB ARGENTINO (OSPACA). El a quo puso de relieve en la decisión impugnada que si bien era ésta última resultaba ser la receptora de los aportes, éstos eran girados -por decisión de G.- a GALENO quien en definitiva era quien debía cumplir las obligaciones vinculadas a la cobertura respectiva.

En este sentido, reiteradamente se ha sostenido que el art. 377 del Código Procesal pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque en el proceso. Así pues, la obligación de afirmar y probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas hacer valer los hechos que se quieren que sean considerados por el juez y que tienen interés que sean tenidos por él como verdaderos. La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales, debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (cfr. CNCom., Sala “A”, in re “Tovaco S.A. e/ BBVA Banco Francés S.A.”, del 26-5-2009, publicado en La Ley, ejemplar del 13 de agosto del 2.009, pág. 6, que contiene una abundante cita doctrinaria y jurisprudencial).

La Obra Social demandada reconoció que percibía los fondos pero sostuvo que éstos eran derivados a Galeno dado que G.había optado por ésta última empresa para que fuera en definitiva quien brindara la cobertura.

Si bien puede inferirse de su contestación que Galeno fue efectivamente contratada y por ende, cabe presumir que determinados le eran derivados, no se encuentra acreditada que dicha elección la hubiera realizado G. Por otro lado tampoco se encuentra acreditado que los fondos que le eran retenidos fueran transferidos en su totalidad.

Por lo tanto, sentado que la Obra Social percibía los fondos que se le descontaban al empleado, conforme surge del recibo de sueldo (fs. 26) teniendo en cuenta lo informado por el perito contador a fs. 366/373 respecto a que las demandadas no le aportaron los elementos necesarios para poder realizar la pericia en cuestión y posterior negligencia de la prueba ofrecida decretada a fs. 554 y que de la historia clínica surge que la Obra Social del paciente era OSPACA (fs. 8, 14, 16, 17,18) y teniendo en cuenta lo previsto por las leyes 23.660 y 23.661, en cuanto a que resulta ser el principal eslabón de la cadena de asistencia sanitaria, no habiéndose aportado elementos de convicción que avalen la versión de la demandada en cuanto a que los fondos eran derivados por decisión del agente, ni en que proporción, estimo que la Obra Social no ha aportado en autos los elementos de convicción imprescindibles para deslindar la responsabilidad que le imputan los actores, por lo que propondré al acuerdo la ampliación de la condena en su contra.

Por lo tanto, propondré al acuerdo modificar la sentencia en el sentido de ampliar la condena decretada en autos contra la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino, atribuyendo la responsabilidad a las tres condenadas en partes iguales.

VI.- Tanto la accionante como las condenadas se agravian del quantum indemnizatorio, la actora por considerarlo exiguo y las demás por excesivo.

El a quo estimó por la pérdida de la chance de sobrevida de G. en la suma de $ 50.000.- para B. C. A. y en $ 25.000.- para Y. V.G., en concepto de daño moral, la suma de $ 80.000.- para B. C. A., y la suma de $ 70.000.- para Y. V. G. y en concepto de tratamiento psicológico la suma de $ 30.800.- para cada una de las demandantes.

A los fines de “establecer el daño emergente debe destacarse que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.

En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue”. “Que, no obstante lo expuesto, para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas -tal como lo hacen los actores en su escrito de demanda- sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular tanto en relación con la víctima (edad, grado de parentesco, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados (grado de parentesco, edad de los hijos, educación, etc.)” (Fallos 316:914).

Teniendo en cuenta las particularidades del caso, que G.contaba con 44 años al momento de su fallecimiento, se desempeñaba en como empleado de Ferrovías, la edad de las damnificadas y demás circunstancias puestas de relieve por el a quo, estimo equitativas las sumas acordadas en el pronunciamiento impugnado por lo que propondré su confirmación.

Con relación al daño moral, ha de precisarse que se está en presencia de una responsabilidad contractual (art. 522 del Código Civil) y que el análisis de la reparación debe ubicarse dentro del ámbito de la asistencia médica (art. 909 del Código Civil). De allí que su viabilidad se encuentra sujeta a la debida apreciación del juez, quien se encuentra facultado para evaluar libremente el hecho generador y las circunstancias del caso. Y su cuantificación, además, no tiene porqué guardar relación con el daño material, pues varía de acuerdo a las particularidades de cada situación y persigue atenuar los efectos de aquellas circunstancias antedichas por la única vía posible: la reparación pecuniaria (CNCCFed., Sala I, causas 5987 del 23/6/1977 y 5864 del 29/7/1977; Sala II, causa 5672 del 4/8/1978, entre otras). En dicho orden de ideas y lo señalado al analizar el rubro anterior, teniendo en cuenta la pericial psicológica puesta de relieve por el Magistrado de la anterior instancia, encuentro ajustado a las constancias de la causa los montos otorgados por lo que propondré también sean confirmadas.

Propondré además la confirmación de la partida correspondiente a los gastos de tratamiento psicológico, poniendo de relieve que la mera manifestación de que resultan excesivos (v. fs.672), no resulta suficiente para enervar los motivos que derivaron en la cuantificación cuestionada.

VII.- Con relación al agravio vinculado a la tasa o tipo de interés aplicable, solo basta mencionar que esta Sala -a partir de la causa “Grossi Juan José c/CNAS” del 8/8/95- adhirió al criterio de las otras dos Salas de la Cámara y adoptó, en términos generales, que los intereses por mora habrían de ser los que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días, plazo vencido. Existe desde ese entonces, en este fuero unanimidad en el criterio antes señalado por ello, corresponde confirmar lo resuelto en la anterior instancia respecto del modo en que habrán de calcularse los accesorios.

Con respecto a la fecha desde la cual corresponde su cómputo, en la especie se ha configurado un incumplimiento absoluto y definitivo de las obligaciones por parte de los condenados, por lo tanto corresponde el cómputo desde dicho incumplimiento, en tales condiciones cabe prescindir de la exigencia de pago y considerar a las condenadas en mora desde que incurrió en tal incumplimiento definitivo de la obligación y que desde esa fecha debe pagar los intereses que derivan de ese estado de mora (arg. art. 622, Código Civil; conf. esta Sala, CAUSA 650/98 del 3.9.98; doctrina de las causas 1284 del 30/6/82; 1547 del 14/10/82; 1846 del 11.2.83; Sala 1, causa 1591 del 18/2/83; Sala III, causas “SANCHEZ, B. C/ EFA” del 20/4/81; LLAMBIAS, J.J. TRATADO DE DERECHO CIVIL, “OBLIGACIONES”, BS.AS., 1975, T.1 N° 131).

Por lo tanto propondré al acuerdo la confirmación de la sentencia de grado en este aspecto.

VIII.- La imposición de la totalidad de las costas o su distribución prudencial entre las partes en hipótesis en las que no fueron acogidos los rubros reclamados en su tota lidad no depende de la aplicación matemática, teórica o abstracta de un principio jurídico, sino de la valoración de las circunstancias y matices propios de cada proceso en particular. Y la ponderación de las connotaciones que especifican el sub examen persuaden de que es justo lo decidido en primera instancia en cuanto impuso la totalidad de las costas a la demandada, a tenor del criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado por el art. 68, primera parte, CPCC.

A mérito de lo expuesto y la forma en que se decide, considero que las costas de esta instancia deben ser soportadas por las condenadas por no hallar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota.

IX.- Por las razones expuestas, voto en definitiva, porque se modifique el fallo de primera instancia en cuanto a que la condena debe ser abonada en forma solidaria, haciendo extensiva la condena decretada en autos a la Obra Social demandada, confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios, con costas de ambas instancias a la condenadas, que resultaron vencidas (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

El Dr. Eduardo Daniel Gottardi, dice:

I.- Si bien comparto el relato de los hechos que efectúa mi distinguido colega preopinante, como así también parcialmente la solución a la que arriba. No puedo dejar de señalar que no puedo propiciar totalmente la decisión que propugna el Dr. Guarinoni, con relación al tratamiento de ciertos rubros. Y he aquí mi discrepancia con relación a lo propugnado.

Como dijera, adhiero al relato de los hechos que efectuara mi distinguido colega, a los que me remito en homenaje a la brevedad. Y así se indica que las actoras reclaman:la suma de $ 602.600 en concepto de daño material, que comprende valor de la vida humana y pérdida de los ingresos necesarios para la subsistencia; $ 300.000.- por daño moral de la esposa e hija del fallecido y la suma de $ 257.600.- y por último la suma de $ 257.600 que se integra con los rubros daño psicológico por un lado y tratamiento por el otro.

En el voto que antecede el Dr. Guarinoni, propone la confirmación de la sentencia de grado, en la que se señala que el daño psicológico carece de autonomía conceptual, precisando que la partida aludida se encuentra resarcido dentro del daño moral, por no haberse acreditado en el caso una situación excepcional que permita la indemnización autónoma (ver, fs. 603, considerando XII).

Sentencia que fuera apelada, recurso que se sostiene con la expresión de agravios de fs. 646/655, en el que -si bien escuetamente- se solicita la elevación del monto de condena reconociéndose además del daño moral el psicológico padecido por las actoras.

Como dijera precedentemente las reclamantes, en el escrito de inicio, integraron su reclamo con el rubro daño psicológico. En el mismo requirieron la suma de $ 200.000.- ($ 100.000.- para cada una) en concepto de daño psicológico propiamente dicho y la de $ 285.800.- para cada una de ellas por gastos de tratamiento (ver, fs. 37/38, puntos V.-C y V.D).

Y es con relación al tópico daño psicológico y al monto que propone con relación al tratamiento psicológico, que habré de discrepar con lo decidido por la juez a quo, cuya confirmación propone mi distinguido colega. Y trataré el primer término la cuestión relacionada al daño psicológico, independientemente del moral.

Y es con relación al tópico en cuestión -daño psicológico- y al monto que propone con relación al tratamiento psicológico, es que habré de discrepar con lo decidido en primera instancia.Y trataré el primer término la cuestión relacionada al daño psicológico, independientemente del moral.

Y digo esto, habida cuenta que he sostenido y sostengo que la existencia del daño psicológico no depende de las secuelas incapacitantes en el aspecto físico, ya que ambos son compartimientos independientes en la salud de una persona. A lo que se suma que, no corresponde confundir las afecciones que configuran el daño moral con el daño psíquico, entendido como secuela patológica derivada de un hecho. Y así lo ha decidido esta Sala (ver, causa nro. 667/2011 del 5-10-2016 autos “Avila, Julio Enrique y otros c/ Estado Nac. Dirección Nacional de Vialidad y otros s/ Daños y Perjuicios” voto de la mayoría y causa nro. 354/2007 del 5-10-2016, autos “Gounaris Basilia Verónica c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina y otros s/ Daños y Perjuicios” , voto de la mayoría).

Por lo que habré de votar favorablemente la admisión de dicho reclamo, distinguiendo el daño psicológico por un lado y el daño moral por otro y como rubros distintos.

En lo que al primero de ellos se refiere y en este caso concreto, reiteradamente he sostenido que se entiende por incapacidad a la pérdida o atenuación del potencial psíquico del que gozaba, en este caso las afectadas: teniendo en cuenta sus condiciones personales, edad, estado civil y demás circunstancias que correspondan.

Para su acreditación se designó y perito psicólogo al Licenciado Jorge Daniel Cortese presentando su labor pericial a fs. 434/460 y agregando a fs.394/433 las baterías de test realizadas, que ilustran sobre los aspectos psicológicos de las reclamantes.

El experto designado en autos, en cada caso, es quien mediante la aplicación de conocimientos que le son específicos deberá elaborar una conclusión sobre el tema.

Es a través del principio enunciado que debe ponderarse el peritaje y sus ampliaciones, que, como actividad procesal, se desarrolla en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, ajenos al común de la gente como al campo específico del derecho, que es del dominio del juzgador (conf., Cám.Nac.Civil, Sala D, I.N° 266.503; id., N° 1064,12-9- 1983).

A su vez, es principio que la pericia vale tanto como resulte de sus fundamentos y de la claridad de exposición (conf., Colombo, C.J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T.I, pág.718, 4a.ed.), porque ella ha de ser reflejo de la experiencia profesional del perito, aplicada a cada caso en particular.

Ahora bien, si bien es cierto que el Juez tiene plena facultad para apreciar la peritación practicada, no puede ejercer esa facultad con discrecionalidad, pues para poder apartarse de las conclusiones allegadas por el experto debe tener motivos muy fundados, ya que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el informe comporta la necesidad de apreciación científica del campo del saber del perito, pera desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el técnico hubiere hecho de los conocimientos técnicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (conf., Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil”, T.IV, pág.702; Cám. Nac.Civil, Sala F, 13-8-1982, E.D.101-789; id., 24-8-1982, E.D.102-330).

Lo que dije no importa que resigne la misión de “dar a cada uno lo suyo” (conf. Ulpiano, Digesto, T. 12), que constituye la esencia de la administración de justicia que el Estado me confió, en manos de un tercero, sino, solo que en casos como el presente conforme las reglas de la sana critica (art. 163, inciso 5° del Cód. cit.) tome en cuenta en forma primordial la conclusión a que llega quien posee conocimientos técnicos ajenos al saber específicamente jurídico, que tengo como Juez. Supuesto que es común cuando resulta indispensable la prueba pericial, que requiere que el magistrado en la comprobación de un hecho controvertido o en la determinación de sus causas o efectos, sea auxiliado por persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad (ver, Palacio, L.E., “Derecho Procesal Civil”, T. IV, pág. 673 y sigtes., n8. 495).

En el trabajo pericial mencionado, el Licenciado Cortese luego de detallar los antecedentes de autos, técnicas administradas, entrevistas y examen psicoclínico realizado a cada una de las reclamantes, señala con relación a B. C. A. que presenta trastornos somáticos varios, vínculos interferidos por el estrés, estallidos de ansiedad, creciente inquietud, insatisfacción en relación al sentimiento de frustración experimentado a partir de la muerte de su esposo, comunicación y vínculos interferidos por su trastorno de estrés que aún persisten, sentimiento de miedo a que vuelva a suceder a otro familiar, ideas de inseguridad e ideas rumiantes de posibles desgracias. Por lo dicho diagnostica con relación de la mencionada que el evento no previsible para la actora fue la muerte de su esposo le provocó secuelas a nivel mental, que provocaron determinadas perturbaciones en su aparato psíquico y lesionó su personalidad provocando una serie de perturbaciones reactivas, que enumera, que alteraron las diferentes áreas: afectiva, ideativa, volitiva, recreativa desencadenando trastornos clínicos:stress bajo la forma de F43.22 Trastorno Adaptativo Mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (398.28) y fobia específica (cirugía, hospital y médicos). Por lo que ha experimentado el llamado daño psíquico (ver, esp. fs. 443vta., punto 4f).

Por otro lado y con relación a la coactora Y. V. G., indica el experto que presenta trastornos somáticos varios, vínculos interferidos por el estrés, estallidos de ansiedad, creciente inquietud, insatisfacción en relación al sentimiento de frustración experimentado a partir del accidente, comunicación y vínculos interferidos por su trastorno de estrés que aún persisten, sentimiento de miedo, ideas de inseguridad, psicastenia e ideas rumiantes de posibles desgracias. Por lo dicho diagnostica con relación de la mencionada que el evento no previsible para la actora fue la muerte de su padre y le provocó secuelas a nivel mental, que provocaron determinadas perturbaciones en su aparato psíquico y lesionó su personalidad provocando una serie de perturbaciones reactivas, que enume ra, que alteraron las diferentes áreas: afectiva, ideativa, volitiva, recreativa desencadenando trastornos clínicos: stress bajo la forma de F43.22 Trastorno Adaptativo Mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (398.28) y fobia específica. Por lo que ha experimentado el llamado daño psíquico (ver, esp. fs. 453 y vta., punto 4f).

Para ambos casos precisa el experto que se entiende como daño psíquico toda forma de deterioro, o disfunción, o disturbio, o alteración o desarrollo psicogénico o psicorgánico o trastorno o perturbación que, impactando sobre sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva limita su capacidad de goce individual, familiar laboral o social y/o recreativo, conforme el baremo que cita (ver, en cada caso fs. 443vta./444 y fs. 453vta.).

Dicho trabajo pericial mereció las impugnaciones que se dedujeron a fs. 465/466 y fs. 468 y vta., las que fueron adecuada y fundadamente contestadas por el experto a fs. 50/507 y fs. 509/512.Lo que me lleva a admitir el trabajo pericial y sus conclusiones en los términos del art. 477 del Código de forma.

Si esto es así y habiendo determinado el experto la existencia en el caso de las accionantes de daño psíquico, nada más es necesario para su admisión. Todo ello porque evidentemente, existe una disminución funcional en la psiquis de las accionantes. Y si bien no la determina en un porcentaje concreto, lo que se traduce -en cada caso- en una sintomatología como la detallada que, al decir del perito, provoca un daño psíquico que es irreversible, permanente y duradero (ver, esp. fs. 459 y vta.).

Si ello es así, justo es entonces admitir la incapacidad requerida por la parte y detallada por el experto.

Dicho ello, a los fines de fijar la indemnización del rubro es necesario seguir un criterio dotado de la suficiente fluidez como para tomar en cuenta las características particulares de cada caso: edad de la víctima, sexo, condición social, situación familiar, profesión, posibilidades de progreso, estudios y, naturalmente, el grado de minusvalía que la afecta.

En principio, los daños en la persona y sus secuelas -incapacidad- deben acreditarse por perito idóneo, porque los testigos que carecen de conocimientos específicos poco o nada pueden aportar sobre el tema. A su vez, los porcentuales sobre incapacidad fijados desde un punto de vista médico, no se trasladan automáticamente a la evaluación del perjuicio, ya que, según dije en el párrafo anterior, debe correlacionarse con distintas circunstancias que difieren según las personas.

La pretensión, con el alcance indicado deberá progresar en lo que al aspecto psíquico se refiere. Y para fijar el monto tomo en cuenta cómo y en qué medida, el accidente pudo repercutir en la situación de las damnificadas, sin sujetar el resultado a criterios matemáticos que no siempre logran traducir el verdadero perjuicio.

Así, ponderando la edad de la actora B. C. A. -59 años-, estudios primarios completos, ama de casa.Y la de Y. V. G. -30 años-, estudios primarios completos, empleada de limpieza. Sus respectivas situaciones antes y después del hecho, etc., es que habré de proponer al Acuerdo fijar el importe de la indemnización por incapacidad psicológica, la suma de $ 50.000.- para cada una de ellas. Lo que totaliza para el rubro la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000).

Distinto es el fundamento en que se finca el reclamo por daño moral, toda vez que si la acción antijurídica ocasiona menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales, hay daño moral (conf., Zannoni, E., “El daño en la responsabilidad civil”, pág.232; Orgaz, A., “El daño resarcible”, pág.183, No55 y citas en nota 5). Se tiende, aplicando la previsión del Art.1O78 -vigente a la época de los hechos y aplicable a la luz de lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación-, a reparar el dolor que provoca el evento dañoso fuera del ámbito físico (conf., Borda, G.A., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, T.I, pág.l9O).

Es un daño que afecta al sentimiento -dolor, aflicción, pesar, conmoción de envergadura en el equilibrio habitual- y que es consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, el humillado, el afligido, etc., tenía un interés reconocido por la ley (conf., Zannoni, E., ob. cit., pag.232 y sus citas).

Aquí, como se viera, se advierte incapacidad psicológica en las accionantes, como lo detalla el experto en la pericia antes analizada. Como así también las secuelas que padecieron, como consecuencia del hecho por el que se reclama. De lo que se sigue que, la afección antes mencionada bien pudo efectivizarse. Por lo que como propone mi colega preopinante corresponde admitir el reclamo. Pero, entiendo y por lo dicho, como daño moral autónomo del psicológico.

Por ello, y como lo dijera el Dr.Guarinoni voto al que adhiero, debe confirmarse sobre el punto la suma impuesta por el Sr. Juez de grado, $ 80.000.- correspondiente a A. y la de $ 70.000.- para G. por daño moral que considero adecuadas a las constancias que emergen de autos y lo acreditado en estos obrados.

Por lo dicho propongo, entonces al Acuerdo, que se establezca como indemnización para el reclamo por daño psicológico, la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), en la forma discriminada “supra”.

II.- Por último, si bien comparto la extensión de la condena que propicia mi distinguido colega no puedo hace lo mismo en cuanto al carácter de las obligaciones que propicia. En efecto, el Dr. Guarinoni indica que el monto de condena que vota habrá de ser abonado en forma solidaria, en tanto que yo entiendo que se trata en la especie de obligaciones concurrentes. Y esto es así a poco que se repare que, en la especie, se trata de obligaciones independientes, indistintas, concurrentes o “in solidum”, ya que cada uno responde por un título distinto frente al damnificado: que puede demandar a cualquiera o ambos indistintamente (ver, Borda, G.A., Tratado de derecho Civil, Obligaciones, T.II, No1457, Llambias J.J., Tratado de derecho Civil, Obligaciones, T.IV, A, Nos.26O9, 2615 y 2616 y Ley 17.711, Reforma del Código Civil, J.A., 1969- 59, no15, II, Sección Doctrina, Mosset Iturraspe, C., Responsabilidad por daños, T.I, No1O9, “d”, pag.313 y sigs.; etc.).

Y así se ha sostenido que en este tipo de obligaciones, también llamadas conexas, son aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto debido y distinta causa y deudor. Por ello, a diferencia de lo que sucede en la obligación solidaria, que es por naturaleza una relación jurídica única, en las obligaciones concurrentes encontramos una pluralidad de obligaciones que presentan los caracteres comunes antes indicados. De lo que se sigue que el objeto debido es el mismo para todas las obligaciones concurrentes.Por lo que el acreedor no puede pretender cobrar de nuevo por lo mismo a los restantes deudores, pues el recibir el primer pago quedó desinteresado (conf., Pizarro, Ramón D. en “Código Civil”, dirigido y coordinado por Bueres- Highton, T. 2a, pág. 665/666, nro. 9, comentario al art. 699; ídem, Belluscio-Zannoni, Código Civil”, T. 3, pág 304, nro. 8, comentario al art. 699).

En síntesis y por lo dicho, no existe en la especie solidaridad de los demandados porque no se trata aquí de coautores, copartícipes, consejeros o cómplices (ver, arg. Arts. 1081 y 1109 del Código Civil entonces vigente) ya que no existe unidad de causa o título de los que surja la obligación de responder que pesa sobre los codemandados, presupuesto que es típico de las obligaciones solidarias. No obstante ello, los accionados habrán de responder frente a las accionantes en forma concurrente, es decir, cada uno por el todo. Ello, habida cuenta que se ha configurado en el sublite un supuesto de obligaciones concurrentes, cuyo régimen y consecuencias no son idénticas a las de las obligaciones solidarias, aun cuando presenten con ellas puntos de contacto. Y esto es así, toda vez que la responsabilidad de los accionados deriva de títulos distintos por existir diversidad de causas de las que dicha responsabilidad nace. No viéndose ello enervado ante la existencia de identidad de acreedores y de deudores, pues es justamente la diversidad de causa de la que nace la responsabilidad, lo que torna aplicable la distinción antes apuntada (conf., Cám. Nac. Civil y Comercial Federal, Sala I, 19/11/1998, causa nro. 6622/1995; ídem, id., 18/04/2000, causa nro.1850/1991, ídem esta Sala II, 24/10/2012, en autos “CERPA, Stella Maris y otros C/ CEMIC y otros s/ DAñOS Y PERJUICIOS, etc. ) Por lo dicho y analizado, propongo que se modifique el fallo de primera instancia y se admita el reclamo efectuado por el concepto de daño psicológico y se lo admita en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), en la forma discriminada “supra”. Como así también que se determine que las obligaciones que pesan sobre las demandadas son de carácter concurrente.

En cuanto a lo demás, adhiero a lo propuesto por mi distinguido colega preopinante.

El doctor Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, por mayoría, esta Sala RESUELVE: Modificar la sentencia apelada ampliando la condena con respecto a la Obra Social del Personal del Automóvil Club. Y modificarla, también con relación al reclamo por daño psicológico, el cual se admite y se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), conforme discriminación que se formula en el considerando I del voto del Dr. Gottardi. Los accionados condenados, habrán de responder en la forma que se determina en el considerando II del voto que antecede, en los mismos términos y con el alcance que surge de los considerandos V y VII, con costas de ambas instancias (conf., arg. Art. 68 del Código Procesal).

De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código del rito, déjanse sin efecto los honorarios regulados a fs. 604 y vta., y difiérese su regulación hasta el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI