Mediación y violencia contra las mujeres

Autor: Galina Andrioli, Constanza – Ver más Artículos del autor

Fecha: 24-jul-2018

Cita: MJ-DOC-13632-AR | MJD13632

Sumario:

Introducción. II. Violencia contra las mujeres. Prohibición de mediar de la Ley 26.485. III. Mediación y violencia familiar. Diferentes posturas. IV. Pautas para considerar la mediación en los casos de violencia familiar contra las mujeres. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Constanza Galina Andrioli (*)

  1. INTRODUCCIÓN

«… hay una única verdad aplicable a todos los países, de todas las culturas y todas las comunidades: la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es excusable, nunca es tolerable (Ban Ki-Mooon)» (1).

 

El objetivo del presente trabajo es interrogar la aplicación de la mediación en los casos de violencia contra las mujeres, cometida en el ámbito doméstico. Con ese propósito, se revisan los preceptos normativos sobre el particular, contenidos en las leyes nacionales de Protección contra la violencia contra la mujer, de Protección contra la violencia familiar y en la Ley Provincial 13.151 de mediación prejudicial obligatoria, de la provincia de Santa Fe. Se repasa el concepto de «violencia contra la mujer». Luego se consideran las diferentes posturas sobre la aplicación de este procedimiento alternativo para abordar la problemática. Finalmente, se concluye que no es recomendable utilizar la mediación en el caso del maltrato contra las mujeres, sufrido en sus relaciones de familia, ya que no garantiza el respeto por sus derechos humanos.

 

  1. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. PROHIBICIÓN DE MEDIAR DE LA LEY 26.485

 

La Ley nacional 26.485 de Protección Integral a las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales, dictada en marzo de 2009, en su art. 28 , prohíbe expresamente, las audiencias de mediación o conciliación. Este precepto normativo define la violencia contra la mujer en su art. 4 , como todo comportamiento de acción u omisión que, en forma directa o indirecta, vulnera los derechos humanos de las mujeres, a su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, seguridad personal, etc., basado en una relación de asimetría o desigualdad de poder, entre el sujeto femenino que la padece y el agresor.

Expresa el art. 4 de la ley referida lo siguiente:«Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. En la Reglamentación, se aclara respecto de este precepto lo siguiente: «Se entiende por relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de estas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales».

La violencia contra las mujeres trasciende las características singulares de las relaciones que ellas establecen, y está condicionada por los rasgos de una cultura que las discrimina, y las posiciona en un lugar de inferioridad respecto del género masculino.

Los conceptos utilizados por la ley nacional están en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, a la que la Argentina se adhirió en 1994, mediante la Ley 24.632, que considera que es violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1).

El rasgo más importante de la violencia de género es el desbalance de poder que caracteriza a las relaciones entre las mujeres que son víctimas de esa violencia y los victimarios.Esta asimetría trasciende la individualidad de las relaciones en las cuales se produce la violencia, la singularidad de los perfiles psicológicos de hombres y mujeres que las sostienen, ya que está vinculada a los valores de la cultura patriarcal, que reproduce patrones y estereotipos sexuales, que discriminan y «objetalizan» a las mujeres, y las colocan en una situación de subordinación y dependencia respecto de los varones.

Siendo esta disimetría el rasgo específico de la violencia, y dado que para mediar es imprescindible la igualdad entre las partes, con buen criterio, la Ley 26.485 ha prohibido la instancia de mediación, en los casos de violencia contra las mujeres.

Ahora bien, entre los ámbitos en los cuales las humanas del género femenino, pueden sufrir violencia por su condición de tales, está el doméstico, definido por la Ley 26.485 como el espacio de sus relaciones afectivas, entendido en sentido amplio. De acuerdo con el art. 6 , de la Ley 26.485, por «violencia doméstica contra las mujeres», se entiende «aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia».

Por lo tanto, cabe preguntarse cómo se concilia la prohibición de utilizar la mediación en los casos de esta modalidad de maltrato hacia las mujeres, que establece el art. 28 de la Ley 26.485, con el art. 5 de la Ley 24.417, de Protección de Violencia Familiar, que dispone lo siguiente:«El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3».

La Ley Nacional 24.417 establece expresamente que, en caso de denuncia de violencia familiar, el juez debe ordenar una mediación, previa adopción de las medidas cautelares. Por lo tanto, el interrogante es, cómo corresponde articular las dos normativas, cuando se está frente a un caso de violencia contra la mujer, ocurrido en el ámbito doméstico. Por aplicación de la Ley 26.485, no se puede realizar la mediación, ya que está prohibida en los casos de violencia contra las mujeres, la cual incluye, la que sufre en el ámbito doméstico o familiar. Siguiendo los preceptos de la Ley 24.417, el juez debe ordenar la mediación en los casos de violencia familiar.

Asimismo, el art. 4 de la Ley provincial 13.151 de 2010, que establece la mediación prejudicial obligatoria en la provincia de Santa Fe, prohíbe el procedimiento en los casos de violencia familiar. Establece que «el procedimiento de mediación previsto por esta ley no será de aplicación en (…) las causas de violencia familiar, sin perjuicio de lo que se disponga en la normativa respectiva», (art. 4).

¿Cómo proceder en los casos de violencia contra la mujer ocurridos en el ámbito doméstico, considerando el marco normativo apuntado?

 

III. MEDIACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR. DIFERENTES POSTURAS

Existen diferentes posiciones sobre la aplicabilidad de la mediación en los casos de violencia familiar. La mediación es un método alternativo para resolver conflictos, que se caracteriza por la intervención de un tercero imparcial, que es el mediador, un profesional especializado y entrenado para ayudar a las partes a que se comuniquen y encuentren una solución satisfactoria a sus diferencias.Este instituto requiere, entre otros recaudos, que las partes estén en pie de igualdad, de manera tal que se construya un diálogo que posibilite una negociación en donde las personas que atraviesan el conflicto se encuentran en una posición de simetría.

Si se toma en cuenta lo expresado anteriormente, respecto de la nota saliente de la violencia de género, esto es, la relación de desigualdad y asimetría, en la que se encuentra culturalmente la mujer, que en el sistema patriarcal, es discriminada, y no ocupa un lugar de igualdad frente al género masculino, es imposible pensar en la viabilidad de una mediación, concebida como un instituto en donde dos sujetos iguales, dialogan, negocian y celebran acuerdos.

Por lo tanto, considerando las pautas que animan el espíritu de la mediación, la prohibición contenida en la Ley 26.485, es acertada, si se considera que en el patriarcado las mujeres son discriminadas, y bajo ningún concepto, están en pie de igualdad con los hombres, por condicionamientos culturales, sociales, económicos, políticos e históricos, vinculados a un sistema de construcción de las relaciones sociales, que excede las individuales.

Esta perspectiva ha sido ratificada por la jurisprudencia, que ha postulado la imposibilidad de aplicar la mediación cuando hay violencia contra la mujer. Así, los tribunales han sostenido lo siguiente:«Los fenómenos de violencia de género, graves tanto por su naturaleza como por la repercusión social que producen, presentan, entre otras circunstancias, un profundo abismo entre las partes que limita la posibilidad de mediación entre la víctima y el agresor» (2). Asimismo, ha dicho el Tribunal mencionado que la situación de alto riesgo en la que se encuentra la víctima tras sufrir una situación de violencia familiar de larga data, da cuenta de «la inexistencia de igualdad de las partes lo que permite rechazar la vía de mediación, como método alternativo de resolución de conflictos, ante la clara desigualdad de las partes».

Entre las razones por las cuales se considera inaplicable la mediación en los casos de violencia contra la mujer, se puede mencionar lo siguiente:

  1. La desigualdad de poder, característica fundamental de la violencia de género, ancestralmente sostenida por las diversas instituciones de la cultura patriarcal. Es importante destacar, como lo propone Bárbara Hart, citada por Campiña (2015) (3), que toda víctima de violencia familiar sabe que discrepar de su victimario la coloca en una posible situación de violencia, razón por la cual, evitará este tipo de situaciones, perdiendo la mediación, todo sentido y razón de ser, como instrumento para encontrar un espacio de diálogo en pie de igualdad.
  2. La falta de neutralidad del mediador, quien difícilmente pueda ser imparcial frente a la violencia y el sufrimiento de la mujer.
  3. No capacitación específica de los mediadores en los aspectos vinculados a la violencia de género, fenómeno cultural que requiere la formación especializada, que brindan otras disciplinas, por ejemplo, la psicología. Los mediadores no pueden evaluar las posibles reacciones de violencia del agresor y el desenlace de un encuentro con la víctima. Se puede recordar el lamentable «Caso Farré», en el cual el femicida mató a su exesposa, en oportunidad en que se habían encontrado para «negociar» cuestiones patrimoniales.Se había levantado la restricción de acercamiento del agresor para posibilitar la mediación y, entonces, el homicida asesinó a su mujer, a quien encerró en el dormitorio, sucediendo la escena delante de los abogados, mediadores y la madre del victimario, quienes no pudieron detener la violencia asesina del hombre en cuestión (4).
  4. Imposibilidad de la mediación para proteger a la víctima de posibles agresiones del victimario, por las razones que se expresan en el caso mencionado en el inciso anterior.
  5. Situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, que queda desestructurada psicológicamente por el maltrato sufrido, y sufre secuelas emocionales y psíquicas, entre las cuales, se puede mencionar, baja autoestima, depresión, desorden de estrés postraumático -similar al experimentado por víctimas de guerra, torturas, desastres naturales-, que le impiden negociar en pie de igualdad con el agresor, a quien posiblemente, le teme.
  6. Dificultades para lograr acuerdos que se cumplan, considerando las características cíclicas de la violencia y los posibles perfiles del agresor.
  7. La perspectiva de futuro propuesta por la mediación impide que los actos de violencia del pasado sean atribuidos al culpable, con lo cual puede aumentar la culpa de la víctima y el daño psicológico que sufre. Puede favorecer culpabilizar a la víctima y exonerar de responsabilidad al agresor, fortaleciendo la postura del victimario, debilitando aun más la de la mujer y fomentando el reinicio del ciclo de violencia.
  8. Las características desestructuradas y consensuadas del procedimiento de mediación, pueden aumentar el desbalance de poder y favorecer aun más la manipulación y la presión ejercida por el violento contra la mujer.
  9. El miedo y la desprotección que padece la víctima tornan difícil que se anime a enfrentar a su agresor y negociar el acuerdo que necesita y la favorece.En este sentido, los estereotipos de género impuestos por la cultura patriarcal, que fomentan la pasividad y docilidad de la mujer, la perjudican a la hora de plantear sus derechos frente a quien la agrede, en particular, si ha estado vinculada afectivamente con el mismo, o es el padre de sus hijos. Siguiendo a Kemelmajer de Carlucci, (2007), «La expectativa fundada en el rol del sexo pone a la mujer en desventaja» (5).

 

Sin embargo, hay quienes consideran que la mediación puede resultar beneficiosa en los casos de violencia familiar, sobre la base de los siguientes fundamentos (6):

  1. La mediación es una instancia alternativa a la judicial, que impide revictimizar, desacreditar a la víctima, y empeorar aun más el vínculo entre ella y su agresor, así como también, la relación con los hijos, en caso de tenerlos.
  2. Si la pareja tiene hijos, la mediación puede enseñarles otras maneras de relacionarse, no violentas, que faciliten la toma de decisiones pacíficas respecto de ellos.
  3. Promueve una manera más democrática de relaciones familiares, que alejen modos autoritarios de vincularse.
  4. Puede ser eficaz para restablecer los vínculos que se han deteriorado por la violencia.
  5. El sistema judicial es lento y a veces poco eficaz. Se nutre de estrategias adversariales que pueden incrementar la violencia entre las partes, con lo cual, la mediación parece una opción positiva.
  6. Se favorece la pasividad de la mujer victimizada, lo cual refuerza el patrón de dominación y su calidad de víctima.
  7. Puede crear condiciones que permitan negociaciones que mejoren el clima familiar.

 

  1. PAUTAS PARA CONSIDERAR LA MEDIACIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LAS MUJERES

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, del texto de la Ley 26.485 se desprende claramente la prohibición de mediar, en los casos de violencia contra las mujeres, la cual incluye la que puede ocurrir en el ámbito doméstico.Sin embargo, considerando lo previsto por la Ley 24.417, que dispone la utilización de este método alternativo, en los casos de violencia familiar, es menester fijar una posición sobre cómo proceder, para articular las dos normas. Atendiendo a la prohibición de la Ley 26.485, de existir violencia de género contra la mujer que padece maltrato en el ámbito doméstico, la mediación no es posible.

Antes de convocar la mediación prevista en el art. 5 de la Ley 24.417, el juez debe tomar en consideración el diagnóstico de interacción familiar, indicado en el art. 3, que deben efectuar los peritos, para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima mujer, la situación de peligro en la que se encuentra, así como el medio social y ambiental de la familia como sistema, indicado en el art. 3 de la Ley 24.417.

Frente a una denuncia de violencia familiar, haya o no maltrato de género, se debe evaluar qué tipo de violencia se enfrenta, y evaluar también si una audiencia cara a cara, es conveniente o si es contraproducente. (Kemelmajer, 2007) (7). Si existe violencia de género contra la mujer, el cumplimiento de esta previsión es aún mayor, como así también, la necesidad de preservarla.

Considerando la posición intermedia que tienen algunos autores, que admiten la procedencia de la mediación en el caso de violencia familiar, se podría pensar en cuáles casos la mediación sería posible.

Por ejemplo, cuando la violencia intrafamiliar no es violencia de género contra la mujer, y existe maltrato simétrico, entre los miembros de la familia, excluyendo el desbalance de poder en la pareja. Esto es, las partes se reconocen como personas diferentes, tienen capacidad de escuchar y de tener en cuenta los intereses del otro. La posibilidad de empatía está vigente, y se pueden construir entre ellas espacios de reconocimiento, responsabilidad y compromiso con el bienestar de cada miembro de la familia.En este punto, es de vital importancia considerar el diagnóstico elaborado por los peritos sobre la interacción de la familia. También podría pensarse, en los casos de violencia episódica, en los que la situación violenta no es una pauta estable ni estructural, en la historia de la pareja y los hechos son eventuales, puntuales y no cíclicos.

Sin embargo, hay que ser muy cautos, ya que muchos de los femicidios ocurren cuando la mujer está intentando separarse de su pareja, por lo tanto, es muy difícil evaluar en qué puede terminar el «episodio» violento, que puede ser la punta del «iceberg», de un historial de violencia psicológica, latente y a punto de terminar con la vida de la mujer.

Otros supuestos que proponen quienes tienen una postura intermedia, favorable a la mediación en violencia familiar, son aquellos en los que los acontecimientos violentos no son actuales; que ambos estén acompañados de abogados que comprendan y sean especialistas en violencia, además de un equipo interdisciplinario, con la intervención de psicólogos, y se trate de parejas que se encuentren en camino de buscar modificar su interacción. Nuevamente, es muy complejo prever el resultado de la intervención, que requiere conocimientos de otros campos disciplinares que exceden al derecho.

Teniendo en cuenta las diferentes voces sobre la mediación en los casos de violencia familiar, y la prohibición de la Ley 26.485, se propone, como regla general, lo siguiente:«. la mediación no debe utilizarse en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los ocurridos en el ámbito doméstico».

Esta postura respeta la previsión de la Ley 26.485, basada en el reconocimiento de la desigualdad que culturalmente padecen los sujetos femeninos, en el sistema de relaciones patriarcales, que es lo que busca modificar esta normativa, para erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin perjuicio de ello, atendiendo al texto de la Ley 24.417, que está vigente, por excepción, podría pensarse en la aplicación de la mediación en los casos de violencia familiar, cuando no exista violencia de género contra la mujer, basada en una relación de poder asimétrica con el agresor.

En cada caso particular, los operadores de justicia, podrán considerar utilizar la mediación, siempre y cuando previamente, se haya excluido la violencia de género contra la mujer en la situación de maltrato familiar, esto es, descartar la existencia de una relación de desigualdad que favorezca la vulneración de sus derechos humanos.

La violencia en sí no es mediable.Se pueden intentar resolver a través de la mediación algunas cuestiones conexas, tales como, alimentos, régimen de comunicación con los hijos, división de bienes, etc., pero siempre que no exista violencia de género contra la mujer.

Por ejemplo, en un supuesto de violencia simétrica, de ambos integrantes de una pareja, que se agreden recíprocamente, y q ue se encuentren en igualdad de condiciones, físicas, psicológicas, económicas, vitales, para negociar, que podría llegar a darse en una situación que no parece tan fácil de encontrar, en la cultura patriarcal, que no favorece ni facilita el desarrollo pleno del potencial de las mujeres.

Fuera de estos casos excepcionales, es desaconsejable utilizar la mediación en los casos de violencia familiar cuando la mujer sufre maltrato de género, esto es, por ser mujer, y es recomendable que las cuestiones que tengan que resolver las partes, sean abordadas por apoderados, de modo tal, de preservar a las mujeres, y evitar que ellas pierdan su vida, mientras están «negociando» con su agresor, como el caso Farré, mencionado anteriormente, en el cual mató a su exesposa, mientras estaban abordando cuestiones de dinero, frente a sus profesionales, quienes no pudieron detener la agresión homicida.

La violencia de género trasciende a los estratos sociales y es una cuestión cultural, que va más allá de la singularidad de las relaciones humanas que pueden establecer las personas en un caso particular. Es difícil resolver en qué supuestos de violencia familiar, el victimario no volverá a agredir a su víctima. Casi imposible predecir el desenlace de un encuentro entre un hombre, que ya ha agredido a una mujer en el ámbito doméstico, o en una relación en donde circula la violencia y la mujer ha sido maltratada, por ser mujer.

Es importante tener presente que los hombres que maltratan a las mujeres no necesariamente están enfermos. Algunos de ellos pueden tener algún padecimiento psíquico, pero no todos.La violencia contra las mujeres no se trata de una patología, sino del emergente de una cultura que, a partir de discriminar a los sujetos femeninos, promueve la desigualdad en las relaciones humanas, y las coloca en una situación de desventaja, para ejercer sus derechos, al punto de dejarlas, en muchos casos, sin recursos ni defensas suficientes. Esta situación las lleva muchas veces a sostener vínculos abusivos, en donde no circula el amor ni el respeto ni la igualdad entre dos sujetos con los mismos derechos, sino la vulneración de los derechos de las mujeres, colocadas en posición de objeto de goce y abuso de otros.

Por lo tanto, a los fines de prevenir nuevas agresiones, y mayores violaciones a los derechos de las mujeres, al punto de hacerlas perder su propia vida, es recomendable dar cumplimiento a la prohibición contenida en la Ley 26.485, y utilizar otros mecanismos para que se resuelvan las cuestiones conexas a la violencia familiar, como ya se dijo: alimentos, cuidado de los hijos, régimen de comunicación, división de bienes, etcétera.

En todos los casos de violencia contra las mujeres, en particular, en el ámbito doméstico, es aconsejable protegerlas, no revictimizarlas, cuidarlas en todo momento para no favorecer nuevos abusos. Todo ello debe incluir que sea otra persona quien las represente, para negociar con el agresor, de modo tal de preservarlas de nuevas victimizaciones y agresiones.

Como dice Marie France Irigoyen, el peligro de una mediación es subestimar la violencia y reducirla a un simple conflicto de una pareja, en la que las dos partes no son iguales, la relación es asimétrica.De un lado, hay un cónyuge o conviviente abusivo, y del otro, una mujer «que carga ella sola con la culpabilidad del fracaso de la relación» (Hirigoyen, 2006). La psiquiatra francesa sostiene que los jueces están empezando a comprenderlo en los casos de violencia física explícita, pero no lo contemplan en suficiente medida cuando se trata de violencia perversa, en las que se dan las situaciones más intensas de dominio, que generan en la mujer un miedo que la paraliza y le impide expresarse libremente. Por lo tanto, durante la mediación, no se animará a manifestar lo que piensa, porque teme las represalias (Hirigoyen, 2006) (8).

 

  1. CONCLUSIONES

 

En los casos de violencia contra las mujeres, también la perpetrada en el ámbito doméstico, está prohibido utilizar la mediación, de acuerdo con lo previsto en el art. 28 de la Ley 26.485. Las características de la violencia de género desaconsejan utilizar el procedimiento mencionado en los casos en los que una mujer sufre violencia familiar, ya que la asimetría impide el cumplimiento de los objetivos que se buscan al mediar; tales como la igualdad para dialogar y negociar acuerdos que satisfagan a las partes, y la imparcialidad del mediador. Es importante tener en consideración el diagnóstico de interacción familiar elaborado por peritos, previsto en el art. 5 de la Ley 24.417, antes de disponer la mediación en los supuestos de violencia familiar, para descartar que exista violencia de género, que imposibilita el funcionamiento de este instituto. En los casos de violencia de género, es imprescindible arbitrar todos los mecanismos estatales necesarios para proteger y preservar a la mujer, de manera de garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia y a ejercer en plenitud sus derechos humanos.

 

  1. BIBLIOGRAFÍA

 

– Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sala III, CABA, 2011. «A., V. R. s/ Infr. Art(s). 149 bis». Amenazas. LLCABA2013 (FEBRERO),109. En digital: AR/JUR/67331/2012.

 

– CAMPIÑA, Cristina: La mediación en casos de violencia intrafamiliar. Id SAIJ: DACF150287.www.infojus.gov.ar, 2015.

 

– CARABAJAL, Gustavo: Caso Farré: «El abogado que fue testigo del horror», en La Nación, 13 de setiembre de 2015.

 

– CASTILLEJO MANZANARES, Raquel, y otros: «Mediación en violencia de género», en Revista de Mediacio´n, año 4, N.° 7, mayo de 2011.

 

– HIRIGOYEN, Marie France: Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja. Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 163.

 

– KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: Protección contra la violencia familiar. Ley 24.417. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2007, p. 155.

 

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(1) Ban Ki-Moon: Discurso en las Naciones Unidas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8/3/09.

 

(2) Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sala III, CABA, 2011. «A., V. R. s/ Infr. Art(s). 149 bis. Amenazas. LLCABA2013 (febrero), 109. En digital: AR/JUR/67331/2012.

 

(3) CAMPIÑA, Cristina: La mediación en casos de violencia intrafamiliar. Id SAIJ: DACF150287, disponible en http://www.infojus.gov.ar, 2015.

 

(4) CARABAJAL, Gustavo: Caso Farré: El abogado que fue testigo del horror. La Nación, 13 de setiembre de 2015.

 

(5) KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída: Protección contra la violencia familiar. Ley 24.417. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2007, p. 159.

 

(6) CASTILLEJO MANZANARES, Raquel y otros: «Mediación en violencia de género», en Revista de Mediación. Año 4, N.° 7, mayo de 2011.

 

(7) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: op. cit.

 

(8) HIRIGOYEN, Marie France: Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja. Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 163.

 

(*) Abogada, psicóloga, mediadora, docente UNR.