Competencia del fuero civil en cuestiones de violencia familiar

Autor: Brest, Irina D.

Fecha: 13-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12765-AR | MJD12765

Sumario:

I. Introducción. II. La discusión de competencia. III. Decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. IV. Consideraciones finales.

Doctrina:

Por Irina D. Brest (*)

I. INTRODUCCIÓN

La oportuna protección integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, a pesar de la amplia normativa garantizadora y moderna vigente en nuestro país, sigue siendo una problemática y un gran desafío para el Poder Judicial.

El presente trabajo pretende analizar y comentar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, de fecha 21 de noviembre de 2017, en donde resuelve declarar competente a la justicia civil para continuar interviniendo en la causa de violencia familiar: «Comisaría Seccional 11.a Urbana elev. Nota Nro. 164/17, Capital. Den: B., J. F.», la Sra. Juez Civil y Comercial N.º 3.

II. LA DISCUSIÓN DE COMPETENCIA

El expediente se inicia a raíz de la denuncia que en sede policial formuló el Sr. J. F. B. sobre violencia que su grupo familiar padece a raíz de las agresiones físicas de que son objeto por parte de su hermano I. B., quien es adicto a las drogas.

En fecha 9/10/17, la Jueza Correccional N.º 1 de la ciudad de Corrientes por considerar que no había delito, sino una conflictiva familiar, remitió las actuaciones al juzgado de familia que resultare competente.

La Jueza de Familia N.º 1 resolvió decretar su incompetencia para intervenir en el proceso, señalando que atento a los hechos relatados surge no se encuadraría en los supuestos establecidos en la Ley de Violencia Familiar 5019, excediendo lo solicitado su competencia establecida en el punto undécimo del Acuerdo 19/15 del Superior Tribunal de Justicia que determina la competencia de los Juzgados de Familia, remitiendo las actuaciones a la Mesa Receptora Única a efectos de su sorteo y remisión al Juzgado de conocimiento pertinente.

No obstante ello, en la misma resolución decretó como medida cautelar la exclusión del hogar del Sr. B.y la prohibición de acercamiento, a cuyo efecto libró el correspondiente mandamiento de desahucio.

El Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de la ciudad de Corrientes se opuso alegando que conforme surge del Acuerdo Extraordinario N.º 2/01, punto 7, al Juzgado con competencia en familia le corresponde entender en «toda otra cuestión personal derivada de la relación de familia» y tratándose en el presente de cuestiones relativas a relaciones familiares y encontrándose en juego intereses de menores de edad es el Juzgado de Familia N.º 1 que previno a quién le corresponde continuar interviniendo.

En consecuencia, elevó las actuaciones a los fines correspondientes.

Así, quedó planteado el conflicto negativo de competencia, que de conformidad con lo prescripto por los arts. 11, 13 y cctes. del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, correspondió al Superior Tribunal dirimir.

III. DECISIÓN DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Los Ministros, Dres. Guillermo Semhan, Fernando Niz, Luis Rey Vázquez, Eduardo Panseri y Alejandro Chain, dijeron lo siguiente: «Que conforme lo establece expresamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 en su art. 4 , las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental», razón por la cual en el caso que nos ocupa, al tratarse de una persona mayor de edad, el caso de autos queda enmarcado en el supuesto previsto en el art. 41 del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo ajustar y adecuar el trámite a seguir a lo previsto por los arts. 31 ss. y cc., como así también -y estrictamente en lo que se adecúe a la nueva normativa vigente- por el art. 637 ss. y cc. del CPCC. (conf. STJ en Incidente de Oposición a la declaración de Incompetencia Dra. Rosa Beatriz Batalla, Juez Civil, Comercial y Laboral IV Circunscripción Judicial en los autos caratulados:”Ruidia Ester Patricia Salome s/ Situación”, LXP 14.495/16)».

Finalmente concluyeron así: «… versando este proceso de una situación de violencia familiar pero que es generada a partir de la adicción a las drogas del sujeto, habiéndose adoptado las medidas necesarias y urgentes para evitar mayores daños al grupo familiar conviviente, pero restando cumplimentar con lo que las normas referidas “ut supra” prevén respecto del enfermo a quien se ha excluido del domicilio, es que estimo corresponde intervenga el Juez Civil y Comercial N.º 3».

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Se considera «grupo familiar» al integrado por:

1. Los cónyuges, aunque no convivan y los excónyuges.

2. Los convivientes o exconvivientes.

3. Los parientes.

4. Quienes tengan o hayan tenido una relación de noviazgo o de pareja.

5. Las personas bajo guarda, tutela o curatela.

6. Los niños, niñas o adolescentes en su familia de origen o que se encuentren residiendo de manera temporaria o transitoria en razón de la toma de medidas de protección excepcional en ámbitos de cuidado alternativo, sea bajo la modalidad familiar o institucional.

7. Todas las personas vinculadas por una relación afectiva o de convivencia o de cuidado o atención.

Esta enumeración es meramente enunciativa. El juez valorará las circunstancias del caso y en su mérito podrá incluir otras relaciones personales por decisión fundada. Excede el marco de este estudio analizar las diferentes formas que adopta actualmente la opción de vida familiar (monoparental, matrimonial, convivencial, ensamblada), en el ejercicio de la autonomía de la libertad.En cualquiera de ellas, se mantienen estrechas relaciones familiares afectivas, y esta realidad debe estar presente al decidir el conflicto (1).

El proceso previsto en la Ley 24.417 es un proceso urgente, unilateral e inquisitivo en el que el juez debe adoptar de oficio las diligencias tendientes a determinar la existencia de los hechos, en el que no caben planteos que excedan el limitado ámbito procesal fijado para la adopción de medidas urgentes tendientes a neutralizar la situación de crisis denunciada ante el órgano judicial, sin que ello implique o apareje el dictado de una sentencia de mérito respecto del autor de los hechos que se atribuyen (2).

El juez aplicará la cautelar que estime procedente y adecuada al caso, y por el lapso que entienda necesario, de acuerdo con las constancias resultantes de las actuaciones. Ello importa un examen de los requisitos genéricos para la procedencia de toda medida cautelar: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Su duración está condicionada a los resultados de la audiencia prevista en el art. 5 de la Ley 24.417 o al de las pericias o del psicodiagnóstico (3).

Del mismo modo, la Ley 5019, en su art. 4, establece lo siguiente: «El Juez podrá adoptar, previo los informes del artículo precedente, las siguientes medidas cautelares»:

A. «Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar».

B. «Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo o estudio».

C. «Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor».

D. «Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos».

«El Juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la causa».

Por lo tanto, las medidas cautelares que se apliquen lo serán por el tiempo que ordene el Juez.Vencido el mismo, el violento puede volver a acercarse a la persona de la víctima e ingresar al hogar si hubiere sido excluido, en el caso de que no se hubiere dictado la prórroga de la misma.

La exclusión del hogar del denunciado como agresor, para poder ser dictada, basta con la mera sospecha de maltrato ante la evidencia física o psíquica que presente el maltratado; ello y la verosimilitud de la denuncia hará que el Juez pueda adoptar disposiciones, que son verdaderas medidas cautelares (4).

Las cuestiones de violencia familiar originarias por la adicción a las drogas o al alcohol del agresor no puede ser acotada por la sola intervención del Juzgado de Familia en el marco de la Ley 5019, sino que para logar una efectiva tutela, tanto a las víctimas como también al victimario crónico, es necesaria la remisión de la causa al fuero Civil a los efectos del inicio del trámite de la declaración de inhabilidad y en su caso, ordenar la internación, de acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y a las nuevas normativas de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación.

El abordaje de la materia es de vital importancia y por su dinamismo admite nuevos pensamientos y propuestas con el objeto de otorgar inmediata protección a la víctima (5).

La orden de exclusión del hogar del enfermo, dejándolo como consecuencia muchas veces en situación de calle, no es la respuesta judicial más efectiva de resguardo. Pues, ambas partes son personas en situación de vulnerabilidad, sujetos proclives a las «tutelas diferenciadas».

La tutela reforzada se confiere a personas y grupos titulares de derechos o intereses especialmente vulnerables -la dignidad humana en general- que se encuentren en situación de «desventajamiento», sea individual o como integrantes de grupos postergados o débilmente protegidos, sectores «socialmente vulnerables» o desfavorecidos.La vulnerabilidad es una situación compleja de carencia de múltiples bienes esenciales de todo tipo, que es habitualmente producto, al menos como causa principal, de la exclusión institucional o de hecho de goce de tales bienes. En la perspectiva del Estado democrático de Derecho y las obligaciones puestas a cargo de las autoridades de gobierno, la exclusión genera desigualdad y discriminación que deben ser reparadas mediante acciones positivas a cargo de todos los poderes con funciones de gobierno, incluyendo naturalmente al Poder Judicial. En lo que aquí interesa, se trata de las diversas medidas y acciones tendientes a asegurar el acceso a la justicia a través de los tribunales, a las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, como presupuesto ineficiente para el logro de la tutela de sus derechos (6).

En las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, se conceptualiza lo siguiente: «3. Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y / o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico».

«4. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico».

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(1) SOSA, M.Mercedes, e INFANTE, Nora A.: «Derecho Procesal de familia en la provincia de Corrientes y el nuevo Código Civil y Comercial». Resistencia, Con Texto Libros, 1.ª ed., 2016, p. 475.

(2) KIELMANOVICH, Jorge L.: Derecho Procesal de Familia, pp. 499 y 500.

(3) LAMBERTI, SÁNCHEZ, VIAR: Violencia familiar y abuso sexual. S. l., Universidad, 2.a ed. ampliada, 2003, p.71.

(4) GALLI FIANT: Tratado de las Medidas Cautelares, Tratado Cautelares en Procesos de Familia, Doctrina- Jurisprudencia. S. l., Jurídica Panamericana, 2007, p. 308.

(5) SOSA, M. Mercedes, e INFANTE, Nora Alicia: Derecho Procesal de familia en la provincia de Corrientes y el nuevo Código Civil y Comercial. S. l., Con Texto Libros, 1.ª ed., Resistencia, 2016, p. 473.

(6) BERIZONCE, Roberto O.: «La jurisdicción en el Estado de derecho democrático», en La Ley, 1/12/2014; La Ley 2014-F-1106.)

(*) Procuradora y abogada, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, extensión Goya, provincia de Corrientes. Diplomada en la Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lugar: Universidad de la Cuenca del Plata, Goya, provincia de Corrientes. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE. Carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Colegio de Abogados, Goya, provincia de Corrientes (en curso).