La caducidad de instancia: aspectos generales

Autor: Fiorenza, Alejandro A.

Fecha: 23-nov-2017

Cita: MJ-DOC-12295-AR | MJD12295

Sumario:

I. Concepto de caducidad. II. Finalidad. III. Fundamentos. IV. Críticas. V. Interpretación.

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*)

I. CONCEPTO DE CADUCIDAD

No son pocos los autores que han esbozado su propia definición del instituto de la caducidad de instancia, razón por la cual nos parece innecesario proponer una propia, en la medida en que terminará siendo necesariamente la copia de alguna de las pertenecientes a aquellos; o en su caso, la sumatoria de diferentes elementos de tales conceptos. Por ello preferimos brindar al lector una serie de definiciones que pertenecen a algunos de los más reconocidos especialistas en derecho procesal, a fin de que cada uno elija la que sea de preferencia.

Comenzando por los autores locales, tenemos a Peyrano, quien viene a decir que perención se produce cuando en virtud de la inactividad procesal mantenida durante cierto lapso, el legislador decreta la muerte, según fuere el caso, del procedimiento todo, de una incidencia o de la instancia recursiva abierta ante la alzada (1).

Alvarado Velloso, por su parte, nos dice que se trata la caducidad del medio que utilizan las partes procesales para lograr, con su propia recíproca inactividad durante un cierto lapso, la finalización del proceso sin que haya desistimiento de la pretensión ni allanamiento a la pretensión ni transacción (2).

Sostiene Maurino, luego, que el instituto que en esta obra ocupa nuestra atención vendría a constituirse como la conclusión anticipada del proceso por haber transcurrido el tiempo establecido legalmente, sin actividad procesal idónea para impulsarlo hacia el final, siempre que no medie una causal de improcedencia o un óbice suspensivo (3).

A nivel nacional podemos mencionar a Leguisamón, que la concibe como un modo anormal de terminación del proceso basado en una presunción de abandono o desistimiento «tácito» del proceso, por el mero transcurso del lapso indicado en la ley sin que la parte que lo promovió lo impulse hacia la sentencia (4).

También a Falcón, por ejemplo, en cuanto postula que la caducidad es una institución procesal aplicable a los procesos dispositivos, en virtud de la cual, ante la inactividad de la parte sobre quien pesa la cargade operar el procedimiento, durante determinado lapso, de oficio o a pedido de la parte contraria, el tribunal puede declarar el cese del curso de la instancia (5).

En definitiva, creemos que bien puede el lector tomar cualquiera de las definiciones transcriptas, debido a que sea cual fuere la que seleccione, sin lugar a dudas le será de utilidad a fin de interiorizarse en la materia.

II. FINALIDAD

Mucho se ha escrito en relación con el tema de la finalidad u objeto perseguido por el instituto de la caducidad de instancia; esto es, en torno del intento hacia el cual se dirige o encamina aquel en la visión de quienes lo han plasmado en la legislación procesal y lo hacen funcionar día a día en los diversos procedimientos que se tramitan ante los tribunales.

Podemos comenzar haciendo mención de aquellas teorías en virtud de las cuales se sostiene que el instituto de la perención no tiene otro objetivo más que el de facilitar la tarea que desarrollan los órganos judiciales en la tramitación de las causas que son sometidas a su conocimiento y decisión.

Dentro de tal postura, encontramos a autores locales como Suárez, quien básicamente nos dice que, al momento de incorporarse la caducidad a la legislación procesal, se tiene en cuenta la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial (6). Lo que es complementado luego por García, al resaltar que la multiplicación de los expedientes que se encuentran en trámite ante la justicia requiere de alguna ayuda que permita desagotar el trabajo de los órganos judiciales de modo rápido y eficaz; es decir, que sin alterar la defensa en juicio permita limitar el número de causas en trámite a aquellas que tengan mayor urgencia, o bien a aquellas cuyo desarrollo sea continuo hacia la sentencia (7).

Bajo esta mirada, el fin no sería otro más que el de procurar que todos aquellos procedimientos que se hubieran iniciado por ante los tribunales lleguen a término.Es decir, que dichos procedimientos no permanezcan inactivos indefinidamente formando montañas de papeles inútiles que se apilan en los despachos ni obstaculizando la función de los órganos judiciales. Porque de ocurrir esto último, se terminaría desacreditando no solo a la actividad de magistrados, dice Hagopian, sino también al orden jurídico todo, incluido el interés público comprometido en aquella excelsa labor confiada que es la de administrar justicia (8).

Luego tenemos otro grupo de autores para los cuales el instituto de la caducidad de instancia tiene por único fin el de sancionar a los litigantes que inauguran un procedimiento y luego se desentienden de él, sin preocuparse por las consecuencias que tal modo de obrar puede traer aparejado. En otras palabras, consideran al procedimiento como una sanción por la inactividad procesal de las partes, siempre que la misma se extienda por un cierto período de tiempo determinado y en consecuencia pueda traducirse ni más ni menos que en un supuesto abandono de la instancia (9).

Entre ellos, podemos encontrar a Colombo, por ejemplo, que concibe a la caducidad de instancia como un estímulo de aceleración indirecto del impulso procesal, conminando con la extinción del proceso la inactividad de la parte a la que ese impulso incumbe (10). Habiendo dicho la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en tal sentido, que el instituto de la caducidad de instancia tiene por finalidad la de terminar los pleitos en los que, por falta de actividad de partes, la ley presume total desinterés en su prosecución (11).

Por nuestra parte, preferimos adoptar una posición ecléctica o intermedia que englobe a las dos posturas recién descriptas; esto es, que tenga en cuenta primordialmente a la primera, aunque sin desechar a la segunda.Coincidimos, pues, con Cúneo, cuando deja en claro que -a su entender- la finalidad de la caducidad de instancia radica tanto en la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial como en la necesidad de sancionar al litigante moroso (12).

Lugar en el que parece colocarse, asimismo, Maurino al sostener que el instituto de la perención tiene en realidad dos objetos: uno inmediato, que es el de estimular la actividad de los justiciables con la amenaza del aniquilamiento del proceso; y uno mediato, que está dado por el logro de mayor celeridad en el trámite de los procesos, a fin de agilizar el servicio de justicia (13).

III. FUNDAMENTOS

Surge del diccionario que el fundamento de cualquier instituto está dado por aquel conjunto de principios y cimientos en los que estriba y sobre los que se apoya el mismo. En el caso de la caducidad de instancia, la doctrina suele hablar de cuatro fundamentos: uno subjetivo, uno objetivo, otro de interés público y finalmente uno mixto.

1. Fundamento subjetivo

Deriva el mismo, básicamente, de poner el acento en el particular interés que demuestren los litigantes a la hora de llevar adelante y tramitar un específico procedimiento ante la autoridad judicial.

Aunque quizá sea mejor hablar de desinterés, si se tiene en cuenta lo dicho por Chiappini en el sentido de que la perención de la instancia es consecuencia -en realidad- de una presunción legal, consistente en que los litigantes han abandonado sus pretensiones cuando, por determinado plazo, se abstienen de gestionar en los autos (14). De modo que aquella vendría a funcionar ni más ni menos que como una especie de desistimiento presunto (15), basado justamente en la presunción tácita de abandono de la instancia por la parte (16).

Resumiendo, a la luz de este fundamento, la caducidad se opera en razón de que se presume que los interesados, cuando dejan paralizada la reclamación por un tiempo ya preestablecido por las normas procesales, desisten tácitamente de la misma (17).

2.Fundamento objetivo

En palabras de Podetti, se trata del fundamento que radica ni más ni menos que en la inactividad procesal de los sujetos interesados por un lapso variable, siempre y cuando la misma no responda a disposiciones legales o a causas que no le puedan ser imputadas a aquellos (18). O sea que proviene de la sola inactividad procesal que, cumplidos los plazos y recaudos estipulados a su respecto por la legislación ritual, lleva a producir la propia caducidad de la instancia en cuestión (19).

De este modo se aprecia cómo influye la mera inactividad procesal, consistente en la ausencia de actos de impulso del procedimiento idóneos, sobre la determinación de la caducidad de instancia (20). Pudiéndose entender, también, lo dicho por autores como Mangialardi, en el sentido de que la caducidad -en definitiva- no es sino un instituto cuya naturaleza consiste en una consecuencia derivada de la inactividad procesal de los litigantes (21).

3. Fundamento de interés público

Si hablamos de un interés público como fundamento del instituto de la perención, es claro que nos referimos a aquel que pertenece al Estado o, en su caso, a la administración.Pues bien, en tal orientación, tiene dicho Arazi que la caducidad de la instancia tiene su fundamento también en el interés del Estado de no continuar prestando asistencia administrativa y financiera, manteniendo la infraestructura del Poder Judicial, para preservar procesos de los cuales las partes se han apartado en forma ostensible (22).

Coincide con tal punto de vista Cecchini, por ejemplo, al afirmar que el servicio de justicia no puede mantenerse vivo sin desmedro de los costos de la jurisdicción, de los lugares que ocupan las actuaciones, y despreciando los tiempos razonables del servicio de justicia (23). Al igual que Peyrano, cuando recuerda que la idea de proceso se halla indisolublemente ligada a la de avance, razón por la cual no puede obviarse que todo proceso detenido constituye un verdadero atentado contra las miras en virtud de las cuales el Estado ha montado ese delica do y costoso mecanismo de relojería (24).

4. Fundamento mixto

En esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurriera con lo atinente a la finalidad de la caducidad de la instancia, debemos decir que la mixtura en cuestión surge de la unión de los tres fundamentos que se acaban de explicar; es decir, el subjetivo, el objetivo y el de interés público.

Siendo necesario recalcar, además, que se trata de la posición en la que prefieren ubicarse la gran mayoría de autores, como por ejemplo Vargas, Maurino o Netre, entre muchos otros (25).

IV. CRÍTICAS

Ningún instituto procesal se encuentra exento de elogios y de críticas, sea que las mismas provengan desde la doctrina o de parte de los propios operadores jurídicos que de ellos se valen. Debiéndose dejar en claro, de antemano, que la caducidad de instancia no constituye en modo alguno una excepción a tal regla, aun cuando sea suficiente con remitirse a cualquier ordenamiento de rito del país para constatar su presencia en el respectivo articulado.Nótese, si no, lo dicho por Palacio en cuanto a que la caducidad de la instancia es sin duda una institución abominable, aunque un mal necesario en definitiva; de allí que todos los ordenamientos procesales vigentes en nuestro país mantengan la regulación de la institución, aunque cabe reconocer que en su mayoría han atenuado sus efectos a través de diversos institutos procesales, como es el caso de la denominada purga o convalidación de la caducidad cumplida (26).

Como así también lo propuesto por Meroi, en conexión con los fundamentos de la caducidad de instancia analizados en el apartado anterior, al decir que deberíamos reconocer, de una buena vez, que la caducidad de instancia es un instituto odioso, pero necesario, no para castigo a la negligencia de los litigantes ni para satisfacción del interés superior del Estado de evitar alongaderas en los procesos judiciales y de que se inunden los casilleros de secretaría con procesos paralizados, sino para -más modestamente y bajo ciertas condiciones- dar prevalencia a los valores jurídicos de paz y seguridad (27).

A ojos de autores como Lynch, el problema no sería tanto lo denunciado en el párrafo anterior, sino más bien el hecho evidente de que estamos ante un instituto que surgió con un objetivo concreto, que fue el de terminar con juicios inactivos, pero que con el tiempo se ha ido desnaturalizando y perdiendo terreno frente a los embates de aquellos que se valen del mismo ya no para aquello, sino para procurar agilizar los pleitos; lo que ha llevado a su deformación:se han acortado los plazos y se ha configurado un sistema verdaderamente laberíntico, esto es, enmarañado y riesgoso, agravado -además- por la innumerable cantidad de interpretaciones contradictorias existentes a su respecto (28).

Otro buen ejemplo es el de López Mesa, quien incluso parece ir un poco más allá que los anteriores al afirmar enfáticamente que la caducidad de instancia no constituye precisamente una institución progresista -como a veces se intenta mostrar-, sino que, antes bien, significa una rémora decadente, es decir, un obstáculo o lastre para el verdadero progreso que las legislaciones modernas y serias de Europa ya no contemplan o, en su caso, restringen severamente (29).

Lo cierto es, en definitiva, que existen en la Argentina y en el mundo gran cantidad de autores abocados al estudio de la ciencia procesal -algunos de ellos, de verdadero renombre- que han efectuado fuertes críticas al instituto de la perención de instancia.

V. INTERPRETACIÓN

Hace tiempo que se viene manteniendo en la jurisprudencia santafesina un criterio en virtud del cual el instituto de la caducidad de instancia debe interpretarse de forma restringida a la hora de resolver entre la procedencia o no de su declaración (30). Lo que no debería extrañar al lector si se toma en consideración lo explicado en el punto anterior y a ello se le suma la particularidad de que la perención bien puede importar la pérdida de un derecho como consecuencia de producirse la tan temida prescripción liberatoria.Debe quedar claro, entonces, que toda decisión que se tome en un caso concreto respecto de la declaración de caducidad de la instancia merece un criterio de interpretación restrictivo, en virtud del cual el órgano judicial deberá volcarse -ante la duda- a favor de la preservación del proceso (31). Ello así en razón de encontrarse presidida la tarea hermenéutica aludida por el principio de conservación de los actos procesales (32).

Como bien plantean Fassi y Yáñez, la caducidad «no debe ser utilizada para matar un proceso vivo, sino para dar la partida de defunción a un proceso ya muerto» (33). Ese criterio es compartido también por Arazi, al afirmar que la institución solo se justifica en la medida en que la instancia cuya perención es pretendida se encuentre en un evidente estado de abandono, porque lo mejor siempre es poner fin al conflicto de manera definitiva antes que aniquilar un proceso sin resolver el litigio; de lo contrario, la caducidad terminaría ocasionando serios perjuicios y demoras injustificadas (34).

De todos modos, vale recalcar que también ha habido autores, como Chiappini, que se han preguntado, concretamente, si la caducidad de la instancia es efectivamente de interpretación estricta (35). A lo que otros han respondido en forma negativa, sosteniendo que si bien autorizada doctrina y jurisprudencia tienen establecido que las situaciones dudosas para el intérprete deben ser disipadas por el órgano judicial en el sentido de que no debe tenerse por operada la perención, en realidad dicha tesis no puede ser recibida como justa (36).

Siendo menester traer a colación -entonces- lo dicho por Kielmanovich, esto es, que si bien es cierto que el instituto de la perención debe interpretarse en forma restrictiva, ello solo es de aplicación en casos de duda, y no cuando el término de la perención ha transcurrido indiscutiblemente (37). Dicho de otra forma, aquella interpretación mayoritaria a la que hicimos referencia aquí no resulta aplicable en aquellos supuestos en los que no existe duda alguna acerca del efectivo transcurso del plazo respectivo (38).

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(1)PEYRANO, Jorge W.: «El proceso civil. Principios y fundamentos», Buenos Aires, Astrea, 1978, p. 261.

(2) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: en «Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Análisis crítico de su jurisprudencia, explicación de la doctrina procesal y recopilación bibliográfica de sus temas», t. 3. Rosario, Fundación para el desarrollo de las ciencias jurídicas, 2014, p. 1789.

(3) MAURINO, Alberto L.: Perención de la instancia en el proceso civil. Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 6.

(4) LEGUISAMÓN, Héctor E.: Lecciones de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Depalma, 2001, p. 645.

(5) FALCÓN, Enrique M.: Caducidad o perención de instancia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 11.

(6) SUÁREZ, Carina V.: Cómo litigar en Santa Fe. Manual teórico práctico con doctrina y jurisprudencia. Rosario, Juris, 2011, p. 178.

(7) GARCÍA, Alicia: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Análisis exegético», dirigido por Jorge W. Peyrano, t. 1, Rosario, Juris, 2004, p. 610.

(8) HAGOPIAN, Adrián J.: «Caducidad de instancia con relación a litisconsortes pasivos facultativos. Excepción al principio de indivisibilidad de la instancia», en DJ 1999-2, p. 511.

(9) SERANTES PEÑA, Oscar E., y PALMA, Jorge F.: «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t. 1. Buenos Aires, Depalma, 1983, p. 714.

(10) COLOMBO, Carlos J.: «Caducidad de instancia de pleno Derecho», Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1962, p. 59.

(11) CSJSF: 10-04-2002, Zeus, 91-J-528.

(12) CÚNEO, Darío L.: «Caducidad. Aplicación en juicios concursales, laborales, de familia, amparo y apremio». Rosario, Juris, 2008, p. 9.

(13) MAURINO, Alberto L.: «Perención de la instancia en el proceso civil». Buenos Aires, Astrea, 1991, p. 7.

(14) CHIAPPINI, Julio O.: en Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado, t. 3. Rosario, Fas, 2010, p. 96.

(15) CCCSF:Sala I, 1/4/2015, Juris Online, Jjuris 9837.

(16) MAURINO, Alberto L.: «Fundamentos de la caducidad de la instancia», en JA, 1986-I-709.

(17) CÚNEO, Darío L.: Caducidad. Aplicación en juicios concursales, laborales, de familia, amparo y apremio. Rosario, Juris, 2008, p. 19.

(18) PODETTI, J. Ramiro: Tratado de los actos procesales. Buenos Aires, Ediar, 1955 p. 343.

(19) MAURINO, Alberto L.: «Fundamentos de la caducidad de la instancia», en JA, 1986-I-709.

(20) CCCR, Sala IV, 16-02-2009, Juris Online, Jjuris 5492.

(21) MANGIALARDI, María Luisa: «Caducidad de instancia: subsanación o purga. Interrupción y suspensión del plazo», en Publicación del Insituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de Rosario, N.º 1, 2001, p. 65.

(22) ARAZI, Roland, “Elementos de derecho procesal. Parte general”, Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 296.

(23) CECCHINI, Francisco C.: «Instituto de la caducidad de instancia», en Explicaciones complementarias del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Ley 13.615, dirigido por Jorge W. Peyrano. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2017, p. 46.

(24) PEYRANO, Jorge W.: «El proceso civil. Principios y fundamentos». Buenos Aires, Astrea, 1978, p. 260.

(25) FALCÓN, Enrique M.: Caducidad o perención de instancia. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 12. VARGAS, Abraham L.: «Caducidad de instancia: estado actual de sus nociones fundamentales», en Jurisprudencia Santafesina, Revista de Doctrina y Jurisprudencia de la provincia de Santa Fe, N.º 40, p. 73; MAURINO, Alberto L.: «Los fundamentos de la caducidad de instancia», en JA, 1986-I-709; VÁZQUEZ, Oscar E.: «La necesidad de la caducidad de la instancia», en LLGran Cuyo 2009, septiembre, 723; PODETTI, J. Ramiro: Tratado de los actos procesales. Buenos Aires, Ediar, 1955 p. 343; NETRI, Andrea S.: «Caducidad de Instancia. Un instituto siempre vige nte», Nova Tesis, Rosario, 2007, p. 16; GUASP, Jaime: Derecho procesal civil, t. 1, Instituto de Estudios Políticos de Madrid, Madrid, 1968, p. 539 y 540.

(26) PALACIO, Lino E.: «Caducidad de instancia y verdad jurídica objetiva», La Ley 2000-D, 639.(27) MEROI, Andrea A.: Caducidad de instancia, recurso extraordinario y algunos entresijos, La Ley 2010-F, 284.

(28) LYNCH, Horacio M.: «Caducidad o perención de instancia, la prescripción y la agilización de los pleitos. La obligación de impulsar», La Ley, 2004-C, 1365.

(29) LÓPEZ MESA, Marcelo J.: «Algunas notas sobre la ‘purga’ de la caducidad cumplida», en Zeus Online, sección Colección Zeus-Doctrina, documento N.º 00472.

(30) CSJSF: 26-12-2007, Zeus, 107-R-104; CCCR, Sala 1, 11-05-2005, Zeus, 101-R-910; CCCR, Sala 2, 20-05-2005, JS, 66-129; CCCR: Sala 3, 31-08-1994, JS, 17-77; CCCR, Sala 4, 18-10-1993, Zeus, 64-J-236; CCCSF, Sala 2, 13-09-1995, Zeus, 71-J-381.

(31) CARRILLO, Hernán; EGUREN, María Carolina; GARCÍA SOLÁ, Marcela; PAYRANO, Marcos: Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Comentado con doctrina procesal especializada. Rosario, Juris, 2006, p. 285.

(32) MAURINO, Alberto L.: Perención de la instancia en el proceso civil. Buenos Aires, Astrea, 1991, p. 31.

(33) FASSI, Santiago C., y YÁÑEZ, César D.: en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 2. Buenos Aires, Astrea, 1989, p. 630.

(34) ARAZI, Roland: «Caducidad de la instancia: impulso de las partes y deberes de los jueces y funcionarios», en Revista de Derecho Procesal, t. 1/2012: Modos anormales de terminación del proceso, RC D 271/2015.

(35) CHIAPPINI, Julio O.: «La caducidad de la instancia ¿es de interpretación estricta?», en La Ley Online, cita N.º 0003/007453.

(36) RILLO CANALE, Oscar I.: «Interrupción de la caducidad de la instancia», en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 16. Buenos Aires, 1982, p. 624.

(37) KIELMANOVICH, Jorge L.: «Caducidad de instancia y actividad procesal idónea. Conducta procesal: responsabilidad del letrado por las costas causadas», en La Ley 1996-A, 380.

(38) CCCR: Sala I, 12-03-1998, Juris Online, Jjuris 1019.

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.