Repaso de la jurisprudencia relacionada con la expropiación en el marco de la quiebra, a propósito del fallo «Manuel Neira s/ Quiebra – Incidente de Realización de Bienes»

Autor: Mermelstein, Carina L.

Fecha: 18-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12331-AR | MJD12331

Sumario:

I. Introducción. II. La afectación del derecho de propiedad. La indemnización expropiatoria. III. Verificación del requisito de utilidad pública. IV. Efectos de la ley y la existencia de desposesión. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Carina L. Mermelstein (*)

I. INTRODUCCIÓN

El reciente fallo de la Sala B, «Manuel Neira S. A. s/ quiebra – incidente de realización de bienes» , del 8 de agosto de 2017, permite repasar algunos planteos interesantes resueltos en la Jurisprudencia del Fuero Comercial, respecto de las normas que tienen por objeto la expropiación de bienes inmuebles y muebles de la empresa fallida, para ser destinados a la cooperativa de trabajo.

La expropiación de la empresa en quiebra, comenzó a ser utilizada como herramienta para proteger la fuente de trabajo, en mayor medida a raíz de la crisis económica de los años 2001 y 2002.

Si bien en mayo de 2002, la Ley 25.589 introdujo una reforma al art. 190 del régimen de los Concursos y Quiebras previendo la posibilidad de acordar la continuación de la explotación de la empresa a los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, se prefirió el instituto expropiatorio a tales fines.

De este modo, la liquidación de los bienes era reemplazada por la indemnización expropiatoria, cuyo pago soportaba el gobierno expropiante. A posteriori, los cooperativistas habrían de asumir la devolución de dicho monto en cuotas, con un plan de pagos a varios años. En ciertos casos, se dispuso previamente la ocupación temporaria a cuyo término la cooperativa podía optar por requerir la expropiación.

En el año 2011, una nueva modificación de la Ley de Concursos y Quiebras por la Ley 26.086 refuerza los derechos de los cooperativistas para acceder a la continuidad de la explotación, previendo también la obligación a cargo del Estado de brindarles asistencia técnica en dicha misión (art. 191 bis ).

Las legislaturas locales sostuvieron igualmente la sanción de normas expropiatorias sobre bienes de empresas en quiebra, aun cuando luego dichas expropiaciones no eran perfeccionadas, ante el alto costo que representaba el pago de las indemnizaciones para el Estado local.Más allá de las cuestiones humanas y políticas involucradas, la utilización de dicha figura acuñó más de una discusión jurídica, que se ve reflejada en la jurisprudencia del fuero y que hoy nos permite reseñar a propósito del fallo mencionado.

II. LA AFECTACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD. LA INDEMNIZACIÓN EXPROPIATORIA

En el precedente citado, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial retoma la discusión sobre la constitucionalidad de las normas expropiatorias que afectan los bienes de una empresa en quiebra.

Así determina la inconstitucionalidad de la Ley de la Provincia de Buenos Aires 14.550, modificada por la Ley 14.767, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, los bienes inmuebles, muebles y maquinarias de la firma Manuel Neira SACIF para ser entregados en propiedad y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo Curtidores Unidos Limitada, por resultar violatoria del art. 17 de la CN.La sentencia, con remisión al precedente «Club Deportivo Español s/ Quiebra» (1) reafirma, en primer término, la facultad del Juez concursal para expedirse sobre la materia, aun cuando la norma cuestionada sea de origen local, en la medida que se configura en la especie un «caso» judicial, esto es una controversia concreta respecto de la realización de los bienes de la fallida y el pago de los acreedores de la quiebra, criterio que es compartido por la mayoría de las Salas (2).

Agrega la Cámara que el gravamen constitucional se produce por la falta de pago de la indemnización expropiatoria en tiempo oportuno (3), pues la sentencia considera que la admisibilidad de la expropiación se encuentra sujeta no solo a la existencia de una ley que declare la utilidad pública del bien a expropiar, sino al pago de una compensación económica integral y justa, pero sobre todo actual y previa al perjuicio que sufrirá el expropiado -la pérdida del bien objeto de la ley-, condición que no se cumple cuando se dilata en el tiempo el cumplimiento de dicho pago.

Así considera que el impedimento para que el Estado expropie desmedidamente bienes de los particulares es que debe pagar por ello, lo cual está relacionado con el art.16 de la CN que exige que las cargas públicas sean impuestas en forma igualitaria y, en el caso de la expropiación, ello se logra a través de la indemnización.

Aun cuando no fija un parámetro de tiempo a cuyo vencimiento cabría considerar incumplida la manda constitucional del pago previo y actual, el fallo toma como pauta la noción de certeza, conforme a la cual tiene en cuenta si ha mediado actividad estatal tendiente a hacer efectiva la indemnización o si la ley establece el modo y tiempo en que los acreedores habrán de ver satisfechos sus créditos (4).

De acuerdo con el criterio así establecido, la inconstitucionalidad podría ser decretada en la medida que los requisitos se encuentren ausentes, aun cuando de acuerdo con la normativa que rige el instituto expropiatorio, esto es la Ley 21.499 a nivel nacional, la Ley 238 de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 5708 de la Provincia de Buenos Aires (5), no corresponde que la ley que declara el bien de utilidad pública determine el monto de la indemnización o cómo habrá de abonarse.

Del mismo modo resultaría procedente si no se hubiese cumplido el plazo para considerar abandonada la expropiación (6).

Esta interpretación conduce a una suerte de modificación de los procedimientos fijados para el trámite de la expropiación, que se justifica al considerar que el trámite concursal importa poner en juego no solo los derechos de los acreedores, sino también los intereses iuspublicísticos que lo regulan, por lo que se exige que la actividad del Estado sea más diligente cuando la expropiación se establece en el marco de una quiebra.

III.VERIFICACIÓN DEL REQUISITO DE UTILIDAD PÚBLICA

A diferencia del planteo que resuelve el caso «Manuel Neira», en otros casos el cuestionamiento tuvo como eje la falta de configuración del requisito de utilidad pública, cuestión que fue admitida con limitaciones.

La revisión judicial de la configuración de la utilidad pública fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con criterio restrictivo «in re» «Municipalidad de la Capital c. Elortondo Isabel A.» (Fallos 33:162), donde puntualizó que la atribución legislativa para calificar la utilidad pública no puede entenderse como derogatoria de los principios constitucionales, de los que el Congreso no puede apartarse y es elemental la atribución y el deber de los jueces de examinar las leyes en los casos que se traen a su decisión para averiguar si guardan o no conformidad con la Constitución y de abstenerse de aplicarlas si se hallan en oposición con ella.

También la receptó favorablemente cuando la finalidad no se verifica, pues «bajo la apariencia de un uso público, la cosa expropiada se destina o consagra a un mero uso privado, ya sea que ello ocurra antes de iniciado el juicio expropiatorio o durante su tramitación» («Nación c/ Ferrario, Jorge J.», de 1961, Fallos 251:246).

Luego en el fallo «La Nación c/ Las Palmas del Chaco Austral S. A. s/ Expropiación de Acciones», del 8 de mayo de 1975 (fallos 291:507), estableció que corresponde al legislador resolver cuándo existe una causa de utilidad pública que justifique la expropiación, cuestión ajena a la revisión judicial, salvo manifiesta arbitrariedad, criterio que reitera «in re» «Cía. Azucarera Tucumana S. A. c/ Estado Nacional s/ expropiación indirecta» del 21/9/1989 (fallos 312:1725) y «Celulosa Puerto Piray S. A.c/ Misiones, Provincia de y otro (Municipio de Puerto Piray) s/ inconstitucionalidad y nulidad de Ley 3061» del 24/3/94 (fallos 317:221).

En relación con la expropiación de bienes de la fallida, admitieron el cuestionamiento de la calificación de utilidad pública, la Sala B y la Sala D, criterio que luego revocarían en fallos posteriores.

En el caso «Rabbione su Transporte s/ Quiebra» del 1.° de febrero de 2008, la Sala B consideró que la utilidad pública no se configuraba si se perseguía un interés particular de un grupo de personas. Posteriormente modificó el criterio en un fallo del 7 de noviembre de 2011 (7), al entender que con la entrada en vigencia de la Ley 2970 y frente al resultado positivo que evidenciaba la explotación de la empresa por parte de la cooperativa, cabía entender la existencia de un beneficio no solo para los trabajadores, sino también para la masa en general, por lo que se entendía comprensiva dentro del bien común ínsito en la definición de la utilidad pública.

En «IMPA S. A. s/ Quiebra – Inc. de Actuaciones Separadas», del 12/8/2010, la Sala D amplía el análisis, entendiendo que dicho requisito se encuentra ausente no solo cuando persigue el interés particular de un grupo de personas, sino también cuando el interés general se encuentra actualmente satisfecho. En este orden de ideas, consideró que la Ley de Concursos y Quiebras prevé otros mecanismos hábiles para proteger la fuente de trabajo, entre ellos la posibilidad de que la cooperativa pueda continuar con la explotación de la actividad en los términos del art.190 de la LCQ o, también, celebrar contratos de locación de los bienes desapoderados o del fondo de comercio, requerir al Juez que la venta sea efectuada por licitación estableciéndose que el adquirente mantenga las fuentes de trabajo, que la oferta de compra sea realizada por una cooperativa de trabajo con la posibilidad de obtener créditos blandos, plazos, conceder condiciones de pago más flexibles, etcétera.

Agregó también que debía tenerse en cuenta la viabilidad de la continuación de la explotación de la empresa, ya que si no lo es, la utilidad pública no se sostiene por sí misma.

Luego en «Frigorífico Buenos Aires s/ Quiebra – Inc. Concurso Especial por Rzepnikowski», del 13/10/2013, la misma Sala varió el criterio y sostuvo que la utilidad pública comprende todo aquello que satisface una necesidad cuya cob ertura tienda a maximizar el bienestar general (CSJN, Fallos, 33:194), por lo que su concepto no es unívoco y puede variar según circunstancias de tiempo y de espacio. Así consideró que la utilidad pública contemplada en la ley impugnada, tiene como finalidad evitar la destrucción de fuentes de trabajo y luchar contra el desempleo; lo cual en definitiva tiende a favorecer el nivel de vida de la sociedad en general y que no fue demostrado que fuera arbitraria, ni que el destino del bien a expropiar sea irrazonable.

La Sala E por su parte se expidió en el fallo «Cerámica Argital SAICI s/ Quiebra» del 20/4/2015 admitiendo la posibilidad de expedirse sobre la configuración de la utilidad pública, mas puso en cabeza del Juez de Primera Instancia la obligación de dictar el decisorio, siendo que al día de la fecha no se ha resuelto por cuanto el Magistrado se declaró incompetente para resolver el planteo formulado por la Sindicatura.

IV.EFECTOS DE LA LEY Y LA EXISTENCIA DE DESPOSESIÓN

Otro de los puntos que presenta diferencias interpretativas sobre el cual se ha expedido la Justicia Nacional en lo Comercial es el relativo a los efectos de la sanción de la norma que declara el bien de utilidad pública, esto es, si la misma equivale a la desposesión de los bienes afectados (8).

Si bien el caso «Manuel Neira S. A.» no trata este aspecto, de acuerdo con la doctrina sentada en Club Deportivo Español (9) el derecho a percibir la indemnización expropiatoria se verifica con la sanción de la ley que declara el bien de utilidad pública, aun cuando no exista desposesión, al considerar que se enerva el derecho de los acreedores de hacer efectivos sus derechos crediticios sobre el bien expropiado.

En diversos precedentes de la Justicia Nacional en lo Comercial, se ha sostenido que la declaración de utilidad pública no afecta las facultades que la ley concursal le acuerda al Síndico y al Juez de la Quiebra, derivadas del desapoderamiento del fallido, en la medida que la expropiación no se encuentre perfeccionada.Sobre dicha base se declaró ajeno a la quiebra un acuerdo de uso precario celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa a cuyo favor se dispuso la expropiación (10), se denegó la entrega de la posesión del inmueble expropiado a la cooperativa de trabajo (11), se autorizó el cobro de cánones locativos a favor de la quiebra por la explotación del inmueble por parte de la cooperativa (12) o se dispuso la venta del inmueble de la fallida sin decretar la inconstitucionalidad de la ley expropiatoria (13). La línea jurisprudencial así expuesta permite afirmar que la sanción de la ley no equivale en todos los supuestos a la desposesión del bien a expropiar.

Dicho encuadre jurídico reviste importancia a la hora de establecer el cómputo de accesorios sobre el valor de la indemnización a percibir por la quiebra -en caso que el expropiante decida perfeccionarla o la Sindicatura accione por expropiación inversa- que los mismos se devengan con la desposesión.

En este sentido, es interesante comentar que la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, entiende que la entrada en vigencia de la norma que declara el bien sujeto a expropiación equivale a la desposesión, por consiguiente a partir de dicha fecha corresponde devengar los intereses resarcitorios (14).

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, La Suprema Corte de Justicia fijó como doctrina que la mera sanción de la ley expropiatoria, aun con su anotación registral, no permite observar allí un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia (15). Sin embargo, en el caso «Lavadero de Lanas el Triunfo S. A. C. I. F. I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires.Expropiación inversa» , del 29/4/2015, resolvió por mayoría acceder a la demanda de expropiación inversa reclamada por la actora, entendiendo que la Ley 12.923 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes de aquella, importó la desposesión de estos.

En esta discusión argumental, es importante señalar que aun cuando podría haber afectación, si no existe desposesión, no corresponde que se devenguen intereses sobre la indemnización a percibir por la quiebra, tesis en la que se enrola la Corte Suprema de Justicia de La Nación cuando determina que si bien la indisponibilidad del bien habilita la acción de expropiación irregular (art. 51 de la Ley 21.499), no alcanza a configurar la desposesión del inmueble que exige el art. 20 de dicha norma para computar los accesorios, ya que solo a raíz de este hecho el expropiado pierde toda posibilidad de uso y goce (16).

V. CONCLUSIONES

De la lectura de los diversos precedentes jurisprudenciales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, puede observarse que la inconstitucionalidad de las normas expropiatorias, con fundamento en la violación del art. 17 de la Carta Magna, permitió encontrar una solución frente a la inactividad del Estado local de instar los trámites tendientes a perfeccionar la expropiación. Extremo que, sumado a las prórrogas legislativas, la imposibilidad de una continuación de la explotación comercial económicamente viable, implicaba la postergación «sine die» del pago de las acreencias de la quiebra.

En el precedente «Manuel Neira s/ quiebra – incidente de realización de bienes», del 8/8/2017, la Sala B refrenda la doctrina por la cual se considera inconstitucional la ley que declara la expropiación de los bienes de la quiebra sin una compensación económica integral, actual y previa al perjuicio que sufre el expropiado, siendo competente el Juez de la quiebra para expedirse sobre el particular.El cuestionamiento de la existencia de utilidad pública tuvo, en cambio, un resultado más dispar, pudiendo advertirse que la diferencia de criterio entre los precedentes de una misma sala se tuvo causa en la situación de hecho existente y la viabilidad de la continuidad de la explotación de la empresa por parte de la cooperativa.

Finalmente se resalta que la postura asumida por varios precedentes del fuero comercial según la cual las facultades atribuidas a la quiebra sobre los bienes involucrados -en razón del desapoderamiento del fallido- no se ven enervadas por la sola sanción de la ley, implica considerar que no se ha verificado la desposesión de tales bienes.

Situación que si bien se enrola en la postura de la Corte que diferencia la afectación de la desposesión a los fines del cálculo de los accesorios que corresponden sobre la indemnización expropiatoria, no ha sido considerada del mismo modo por la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual, la sola entrada en vigencia de la norma expropiatoria se equipara a la desposesión.

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(1) CNCom: Sala C, 2/8/2005.

(2) Criterio que concuerda con los antecedentes de la Sala C in re «Club Deportivo Español s/ Quiebra» del 2/8/2005, Sala E «Cerámica Zanon S. A. C. I. s/ Quiebra – Incidente de Inconstitucionalidad Ley 13.442» del 21/5/2010, Sala A, «IMPA S. A. s/ Incidente de Acciones Separadas», del 12/8/2010, y similar sentido Sala D «Frigorífico Buenos Aires SAICAIF s/ Quiebra – Inc. Concurso Especial por Rzepnikowki Lucía», 13/2/13.

(3) «Rabbione s/ Quiebra – Inc. realización de bienes», del 1/2/2008. Luego en «Rabbione Su Transporte s/ Quiebra – Inc.de realización de bienes (inmueble Monasterio – Los Patos)», del 7/11/2011, la Sala revió la postura y consideró cumplido el requisito de indemnización previa ante la fijación en la ley de un plazo para que el banco tasador se expida, el GCBA se presente en la quiebra a instar el avenimiento.

(4) Con remisión al fallo «Rabbione Su Transporte s/ Inc. de Realización de bienes del 1/2/2008.

(5) Por ejemplo, los arts. 8 a 15 de la Ley 5708 PBA fijan los parámetros a los que deberá ajustarse la indemnización, los arts. 17 a 20 , el modo de proceder en caso de avenimiento (contratación directa), y los arts. 22 y ss. el procedimiento judicial.

(6) Art. 18 de la Ley 238 fija un plazo de cinco años desde la sanción de la ley que declara la utilidad pública para considerar abandonada la expropiación.

(7) «Rabbione Su Transporte s/ Quiebra – Inc. de realización inmueble Monasterio – Los Patos».

(8) CSJN: Fallos: 313:1446.

(9) «Club Deportivo Español s/ Quiebra», CNCom, Sala C, 2/8/2005.

(10) CNCom: Sala D, «Danae S. A. s/ Quiebra», 8/3/2006.

(11) CNCom: Sala C, «Maderera Córdoba s/ Quiebra», 7/4/2006.

(12) CNCom: Sala A, «Frigorífico Yaguané s/ Quiebra», 6/11/2008, Sala B, «Gaglianone Establecimiento SACIF s/ Quiebra», 3/7/2009.

(13) CNCom: Sala A, «Adzen SACIF s/ Quiebra», 10/4/2012, MJJ72870 .

(14) CAYT: Sala II, «Esimax s/ Quiebra c/ GCBA s/ Expropiación Inversa», 25/8/2011, CAYT, Sala I, «Talleres Gráficos Conforti S. A. s/ Quiebra c/ GCBA s/Expropiación Inversa», 30/6/2014, CAYT, Sala III, «Dzierza Juan y O. c/ GCBA s/ Expropiación Inversa», Expte. 24.348, 8/10/2014, «GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en «Grisines Savio S. A. Ind. Com. e Inmob. c/ GCBA s/ expropiación inversa retrocesión», STJ 7/12/2011.

(15) SCPBA: 18/6/2014, «Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Pallas de Cigorraga María Rosa s/ Expropiación»

(16) Fallos 316:1756, «Menor, Servando; Menor, Antonio y otros c/ Entidad Binacional Yaciretá», 5/8/1993. Véase también fallos 313:1446 «Servicio Nacional de Parques Nacionales ­ Fisco Nacional c/ Amelia García del Río de Calero y otros s/ expropiación (finca “El Porongal” o “San Martín”)» 18/12/1990 y Fallos 304:471 «Bonorino José c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires».

(*) Abogada, Universidad de Belgrano. Especialista en Derecho Tributario (Posgrado, UBA). Autora de publicacion es sobre temas de su especialidad.