Juicio por jurados. Concepto, funcionamiento y aplicación en la Argentina

Autor: Macías, Sebastián

Fecha: 8-jun-2018

Cita: MJ-DOC-13573-AR | MJD13573

Sumario:

I. Antecedentes. II. Caso Argentina. III. Funcionamiento. IV. Ventajas y desventajas del instituto. V. Análisis jurisprudencial de su aplicación. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

Doctrina:

Por Sebastián Macías (*)

I. ANTECEDENTES

El inicio de este estudio nos lleva a preguntarnos por los orígenes del «juicio por jurados», con lo cual nos encontramos ante diversas opiniones, donde algunas se lo atribuyen a las antiguas leyes romanas, y otras lo hacen derivar de los escandinavos y / o los anglosajones.

Pero en todas las citas históricas que leamos, veremos que el fin del juicio por jurados fue el de concebirlo como una institución jurídica de naturaleza procesal, para preservar la paz social. Y que las características absolutas con que eran inevitablemente revestidos los juicios penales en las naciones monárquicas, llevaron a la creación de un instituto que fuese capaz de frenar estos abusos de poder.

Deberíamos primero, y siguiendo al jurista Alberto M. Binder, diferenciar las clases de jurados que se nos presentan dentro de esta institución, para así ir devanando el tema conceptual y funcional de estos.

Por un lado, Binder nos presenta al modelo «clásico»; según este, un grupo más o menos numeroso de ciudadanos, legos todos ellos, que deliberan entre sí, según las indicaciones que les dirige el juez profesional, determinan si la persona es culpable o inocente (veredicto de culpabilidad) y luego, sobre la base intangible de ese veredicto, el juez profesional determina las consecuencias legales de la acción culpable o inocente. La decisión dentro de este modelo es conjunta. Este modelo (anglosajón) es el que encontramos en países como Inglaterra, Escocia, Gales, Estados Unidos, Canadá Noruega, Australia o España.

Por otro lado, tenemos al modelo «escabinado», se conforma de un grupo de jueces, integrados por jueces profesionales y «jueces legos»-o ciudadanos- («colegio sentenciador»), que delibera en conjunto y llega a la solución total del caso. Este modelo de decisión conjunta privilegia el hecho de la deliberación, a través de la cual se produce un proceso dialéctico, que asegura que la decisión final será el conjunto de diversas valoraciones sociales y consideraciones técnicas. El jurado escabinado es el sistema adoptado en Francia, Italia, Alemania, Suiza o Portugal.Y por último, tenemos el modelo «mixto», el cual toma cosas de los dos sistemas de jurados tradicionales (es decir, del modelo anglosajón y del modelo escabinado). Consiste en que los jurados deliberan solos, sin los jueces. Si el veredicto es de absolución, se decreta esta y en su caso se libera al reo; en tanto que si es de condena, los jurados se tienen que reunir con los jueces para decidir la extensión de las penas.

En nuestro país una gran mayoría sostiene que siguiendo a la carta constitucional de los Estados Unidos, nuestros constituyentes quisieron implantar el modelo clásico o anglosajón dentro de la Constitución. Pero sin embargo, del otro lado de la vereda, muchos piensan que debería estarse primero al análisis de la situación social, política y económica del país, y encontrar el modelo que se adapte a ella, inclinándose por adoptar en un principio el modelo escabinado, ya que sería el que menos repercusión cause en el ámbito jurídico, teniendo en cuenta que dentro de ese modelo, contamos con jueces legos y profesionales del derecho.

Como mencionamos en el párrafo precedente, nuestros constituyentes usaron de guía, a la carta constitutiva de los Estados Unidos; por eso, deberíamos de mencionar como nace este juicio por jurados en dicho país y qué función cumple en el mismo, para así aproximarnos a una idea de cómo podría reflejarse aquella institución en nuestro país.

Podemos rastrear a la institución, en su fase histórica, del juicio por jurados y encontrar su origen en la carta magna inglesa del año 1215: «… ningún hombre libre será detenido, encarcelado, privado de sus bienes, exiliado, sin haber sido juzgado previamente por sus pares o por la ley». El jurado comenzó siendo en Inglaterra una institución «presencial» en los juicios, con la función de cuestionar los hechos y procedimientos.Introducida por los conquistadores francos, tenía por fin morigerar los poderes del rey.

A partir del reinado de Enrique VI, se transformó la institución dedicándose los «jurors» a probar la evidencia. Durante el siglo XVII, surgió la idea del jurado en salvaguarda del acusado; y ya en el siglo VIII, Blackstone hablaba de este instituto como parte de una doble barrera entre las libertades del pueblo y las prerrogativas de la Corona, ya que la verdad de las acusaciones sería confirmada por el voto unánime de doce «pares y vecinos» elegidos al azar. Este derecho fue garantizado en las constituciones de los Trece Estados Norteamericanos, incorporado en el cuerpo de la Constitución de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en su Sexta Enmienda, y también protegido e incorporado por los Estados que integraron posteriormente los Estados Unidos.

El juez puede aconsejar o hacer recomendaciones a los «jurors» acerca de la evidencia, pero serán los doce ciudadanos quienes tendrán la decisión final sobre ella. De todas formas, al ser un derecho en beneficio del acusado, este puede prescindir de ejercerlo, eligiendo ser juzgado por un juez o tribunal directamente.

«El jurado anglo-americano es una notable institución política. La misma recluta doce “legos”, escogidos al azar entre la vasta población; convocándolos a los fines de un juicio en particular; confiándoles los mayores poderes de decisión oficial; permitiéndoles llevar a cabo deliberaciones en secreto y reportando su veredicto final sin dar las razones que hubiesen llevado a él; y una vez concluido el servicio temporal prestado al Estado, se ordena su disolución y regreso a sus vidas privadas» (1).

La función del jurado es decidir si el imputado es autor o no del hecho en cuestión, evaluando la evidencia aportada por las partes. Si bien el juez puede hacer sugerencias, no puede guiar al jurado en la evaluación de los hechos, sino en una instancia posterior determinar fundadamente la pena por aplicar. Todas las cuestiones «de derecho» quedan reservadas a la evaluación y decisión del juez.Como se mencionó al desarrollar los orígenes históricos del instituto, se busca limitar el poder del Estado e impedir las decisiones arbitrarias que pudiesen surgir de concentrar la decisión únicamente en un juez, o grupo de jueces.

II. CASO ARGENTINA

Nuestra Constitución Nacional consagra el juicio por jurados en tres artículos. Así, en el capítulo correspondiente a declaraciones, derechos y garantías, establece en el art. 24: «El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados».

Por otra parte, tenemos el art. 75, inc. 12 , determina, como una atribución del Congreso, lo siguiente: «Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados».

En relación con las atribuciones del Poder Judicial, el art. 118 reza lo siguiente: «Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución.La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando este se cometa fuera de los límites de la nación, contra el “Derecho de Gentes”, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio».

Reiterado en mandato constitucional, el mismo nos lleva a una reflexión sobre la participación de pueblo en una función hasta ahora, reservada para el Estado, que es la Administración de Justicia (en este caso en el ámbito penal), que necesariamente abre el debate sobre la adecuada inserción del juicio por jurados en nuestro ordenamiento procesal penal.

Como el mismo art. 118 de la CN expresa: «. todos los juicios criminales ordinarios (…) se terminaran por jurados, luego que se establezca en la Republica esta institución», analizando detenidamente el artículo, el constituyente dejó a prudencia y elección del legislador la fundación del sistema, es decir, sin imponerle un término para su regulación.

Además: «… la obligación constitucional de implantar el jurado no ha sido impuesta por la Constitución en una forma urgente o imperiosa. Ha sido impuesta al Congreso para el momento en que él considere que debe establecerse el jurado» (2).

Sostengo el carácter programático de dichas normas, y una necesidad de regulación por parte del Estado nacional y, a su vez, en los estados provinciales. Entiendo que el constituyente estableció, en los tres artículos citados en la introducción, un mandato claro a los legisladores, de instaurar inmediatamente esta institución, que creían, en su concepción liberal, protegía las garantías y los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, contempla al juicio por jurados, pero no lo regula, remite a la ley especial para ello.Aunque actualmente se encuentra suspendida su aplicación por decreto del Poder Ejecutivo.

Si tomamos como ejemplo a la Provincia de Buenos Aires, tenemos la Ley 14.543 que establece al juicio por jurados, adoptando un modelo clásico de enjuiciamiento por jurados, pero solo para delitos graves. Ahora bien, deberíamos ver qué pasa con los delitos que quedan fuera de esta clasificación.

Podemos ver con los casos mencionados cómo son las provinc ias las encargadas de tomar la posta sobre el tema, y cómo debemos esperar con asombro e impaciencia que sea la nación la que dé el ejemplo, algo que espero sea solo cuestión de tiempo.

III. FUNCIONAMIENTO

Entiendo que la función de garantía del juicio por jurado nacía por medio de la tensión que existía entre el poder y el ciudadano que reclama justicia. Resulta entonces una herramienta para evitar los abusos de poder, fundamentado en la soberanía popular y en el derecho subjetivo de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares. Siempre fundado en el principio de Justicia y en el debido proceso.

La función judicial del jurado, en materia criminal, clásicamente se ciñe al juicio sobre la causa o fundamento de la pretensión que constituye el objeto del proceso, o sea el supuesto fáctico del derecho invocado por el acusador, y se expresa bajo la alternativa fórmula de la culpabilidad o inocencia del acusado.

Entonces para llevar adelante el juicio, se deben presentar dos posiciones, la acusación (representada por la fiscalía) y la defensa (la persona acusada y su abogado defensor). Cada una tendrá una versión del hecho que se juzga.

Así la obligación de la acusación será probar su caso. Es decir, presentar su versión de los hechos y traer prueba (declaraciones, documentos, peritajes, etc.) que convenza al jurado de que el hecho existió y que la persona acusada es la responsable del mismo.

Por otro lado, la tarea de la defensa será generar dudas en el jurado sobre las afirmaciones que realice la acusación.Para esto, podrá tener una versión diferente de los hechos y traer prueba sobre esa versión; o podrá cuestionar la validez o credibilidad de la prueba aportada por la acusación.

El control de este debate debe estar a cargo de un juez profesional. Adicionalmente, es importante saber que el juicio se hará en forma oral y pública, por lo que quienes deseen presenciarlo podrán hacerlo sin inconvenientes.

El jurado por su parte debe permanecer muy atento a todo lo que sucede en el debate, a la prueba que se presenta, a las afirmaciones que se realicen, a la forma que declaren los testigos, etc., ya que esa será la única información que deberá analizar. El juez técnico le dará instrucciones al finalizar el juicio para la posterior deliberación.

Finalizada la deliberación, cada jurado deberá responder en una boleta. Luego del debate, serán incineradas, ya que la ley obliga al jurado a mantener su opinión y la forma en que ha votado en absoluta reserva, aun después del juicio. El presidente del jurado anotará en un papel el resultado del veredicto, lo hará saber primero al juez y luego lo leerá al público en la audiencia. La declaración de culpabilidad o no culpabilidad se hará en nombre del pueblo.

Una vez dado a conocer el veredicto, finaliza la intervención del jurado. El jurado no recibe retribución monetaria alguna, ser jurado es una carga pública ordenada por la Constitución Nacional, pero el empleador público o privado no puede descontarle del sueldo los días de servicio.

Recordemos que, en caso de que se declare la culpabilidad del imputado, el juez decidirá la pena a aplicar y el defensor podrá apelar la decisión del jurado, cumpliéndose la garantía constitucional de la doble instancia que establece el debido proceso. Pero en caso de declararse la inocencia del imputado, el juez no podrá aplicar sanción alguna y deberá poner en libertad a quien estaba procesado hasta ese momento.Hay que aclarar que en este caso, el fiscal como representante del estado no podría recurrir la sentencia del jurado popular, porque sería poco razonable, ya que quienes deliberaron y decidieron sobre la cuestión del caso llevado a los estrados fueron los mismos vecinos o conciudadanos (los mismos que simbolizan esa representación amplia y variada), propio de cualquier representación directa de un pueblo con participación en las decisiones de un estado democrático.

Al ser inmotivadas estas decisiones tomadas por un grupo de ciudadanos, mantiene la duda sobre aquellos escépticos a aplicar esta institución para solucionar delitos que afectan al orden público y a las garantías constitucionales.

«… que los jurados no tengan que dar razones de su convicción no significa que sus veredictos sean puramente discrecionales o arbitrarios. La correlación entre las indicaciones impartidas y el veredicto se muestra como la de una premisa y su conclusión y tiene el claro sentido de expresar los fundamentos de esta última» (3).

1. Valoración de la prueba

La valoración consiste en «… una operación de corte intelectual que tiene por objeto establecer la eficacia o valor convictivo que les serán asignados a los elementos de prueba incorporados al proceso» (4). Se trata de un juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba y consiste «… en la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso a través de los medios de prueba, así como en el reconocimiento a los mismos de un determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre los hechos que se juzgan» (5).

En la actualidad, podemos decir que son, al menos, dos los métodos de valoración de la prueba que se destacan por su empleo más asiduo y por su contenido epistemológico.

El primero de ellos es el de la sana crítica racional, y el segundo el de la íntima convicción.Ambos sistemas representan un mecanismo intelectual distinto.

La íntima convicción aplicada en el juicio por jurados a los fines de la valoración de la prueba es la que autoriza a emitir pronunciamiento condenatorio solo cuando ello sea posible «más allá de toda duda razonable».

Resulta importante remarcar que, conforme este método de valoración de la prueba, lo fundamental estriba en influir sobre el ánimo del jurado, provocando su íntimo convencimiento acerca de las postulaciones respectivas, dentro de un margen de ponderación que no excluya necesariamente la duda, siempre que esta no alcance niveles excesivamente altos y, por ello, significativos.

Sin embargo, la sana crítica racional contiene varias herramientas concurrentes, a saber, las reglas de la psicología, de la lógica y de la experiencia. La dificultad del caso reside en que el contenido de cada una de las reglas que conforman la sana crítica conlleva un obstáculo para la determinación de sus exactos alcances.

No debe obviarse que el método de la sana crítica racional resulta obligatorio en nuestro sistema de juzgamiento en virtud de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del carácter vinculante que sus pronunciamientos tienen. CIDH, «Paniagua Morales», 8/3/1998, párr.76, en el que se dijo que «. todo tribunal interno o internacional debe estar consciente [de] que una adecuada valoración de la prueba según la regla de la ‘sana crítica’ permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados».

La elección del método de valoración de la prueba se destaca sobremanera a poco que se advierta que, sobre la base de él, los jurados ponderarán los elementos aportados al juicio para emitir un pronunciamiento condenatorio o absolutorio respecto del imputado, quien es el verdadero titular de las garantías a cuyo amparo se celebra dicho acto.

Por lo que estimo, sería conveniente tener a ambos métodos como complementarios antes que antagónicos, pues lo que interesa es que otorguen garantías contra la arbitrariedad.

Resultaría encomiable que el legislador determine cuáles serán los métodos de valoración de la prueba y, en su caso, en qué etapa, esto es la de admisión o la de ponderación final, habrán de aplicarse y por cuáles de los sujetos procesales. Esto aventaría cualquier margen de duda respecto de las reglas de interpretación probatoria, facilitando la tarea del jurado y transparentando sus decisiones «ab initio».

«… no todo hecho -institucional, penalmente relevante- es perfectamente comprensible por ciudadanos sin la formación suficiente en el ámbito que nos ocupa» (6).

IV. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL INSTITUTO

Dentro de las ventajas, se pueden apreciar las siguientes:

1. Ayudaría a combatir la burocratización de la justicia, que conduce a la insensibilidad de los jueces profesionales, las decisiones judiciales se ajustarían más a las valoraciones sociales, incorporando la equidad como forma de resolución de los conflictos penales,

2. tendría un efecto educativo en la población,

3. permite un mayor control sobre el funcionamiento del Poder Judicial, siendo una garantía contra la opresión, derecho subjetivo a ser juzgado por los pares,

4.fomenta la responsabilidad de los ciudadanos, en cuanto inspiran respeto a las leyes, de que se ven constituidos instrumentos; veneración a la santidad del juramento, de que ven depender la vida de los acusados, y de que otro día puede depender la de cada uno de ellos, o su libertad o haberes

5. atempera las tensiones sociales, y

6. la certeza moral de que el acusado no puede tener en contra sino las pruebas que hubiere del delito, y de que en su condenación no pueden tener parte las pasiones.

Ahora dentro de las desventajas más relevantes, nos encontramos ante las siguientes:

A. contraviene los principios sentados por los arts. 16 y 22 de la C.N.,

B. los veredictos son impredecibles e influenciables, presentando falencias cuando deben resolver cuestiones complejas, el jurado ciudadano representa para la sociedad la más sólida garantía de desacierto y exhibe en muchas ocasiones una ignorancia descomunal,

C. no se corresponden con la naturaleza del pueblo argentino, y es una institución desprestigiada, los ciudadanos no tenemos conciencia de los deberes de servicio público gratuito,

D. dificultan o imposibilitan la posibilidad de interponer recursos en contra de la decisión, pues los motivos de los veredictos son desconocidos, y

E. es un procedimiento costoso, resultando engorrosa la selección de los jurados.

V. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE SU APLICA CIÓN

El fallo por analizar, por cómo se van dando los planteamientos y, si se quiere, las primeras críticas al aplicar este instituto en nuestro país es «M. M. E. s/ Recurso de Casación», también debemos tomar en cuenta que, para muchos, el sistema de casación es visto como novedoso con respecto al juicio por jurados.

Así con fecha 20 de abril de 2015, el Tribunal de Jurados se pronunció dictando un veredicto de culpabilidad por unanimidad en sus doce miembros, tras lo cual el magistrado Franco Fiumara, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 4 del departamento judicial de Lomas de Zamora, condenó a M. M. E.a la pena de 11 años y 11 meses de prisión por ser autor responsable del homicidio simple de su compañero de trabajo, M. Á. B.

La defensa técnica de M. interpuso un recurso de casación impugnando tanto el veredicto condenatorio como la sentencia recaída, su abogado defensor denunció «. la arbitrariedad en la decisión de rechazar el ingreso de prueba favorable al imputado, arbitrariedad en la confección de las instrucciones y la denuncia de arbitrariedad en la sentencia, toda vez que el veredicto de culpabilidad se aparta manifiestamente de la prueba producida en el debate, a la par de concurrir en forma conjunta con nulidades absolutas por violación a reglas procesales que garantizan la defensa en juicio».

Una breve aclaración antes de seguir con el análisis del caso, donde debemos remarcar que veredicto y sentencia son dos cosas distintas. Ya que el juez es solo juez de juicio y se encarga de dictar la sentencia, donde en el primero representa el acto jurisdiccional a través del cual se materializa la decisión del jurado. Esta sentencia se ajusta a las normas previstas en los códigos para los juicios comunes, pero en lugar de los fundamentos sobre los hechos probados y la culpabilidad del acusado, contiene las instrucciones dadas al jurado, el veredicto y la parte resolutiva.

Entonces, cuando hablamos de juicios por jurados, la palabra «veredicto» toma importancia. A través de él, un jurado popular, compuesto por ciudadanos legos y accidentales, se pronuncia por la culpabilidad o no del acusado, sin ningún tipo de aditamento o aclaración. Es decir, es el acto procesal mediante el cual se expresa y exterioriza el resultado final de la deliberación de un jurado: simplemente la admisión («culpable») o el rechazo («no culpable») de la acusación.Este es inmotivado, y por tratarse de una decisión judicial sobre los hechos discutidos en el juicio, que emana directamente de una representación del pueblo, adquiere autoridad de cosa juzgada, firme y final, por lo tanto irrecurrible de un proceso de juicio por jurados.

Otras de las grandes diferencias con el juicio como lo conocemos es que la valoración de la prueba por parte del jurado viene de lo que percibió por medio de sus sentidos durante el debate, el expediente deja de ser prueba en este tipo de juicios. Donde el juez juega un rol fundamental porque debe impartir instrucciones al jurado, no conocedor del derecho aplicable, que necesita del juez profesional para que este le explique cómo se aplica la ley y cómo se valoran los hechos a la luz de la prueba ofrecida.

El «nuevo» -para muchos- recurso de casación en el sistema de jurados. Entendemos que aquello que puede recurrirse de una sentencia emanada de jueces permanentes también puede impugnarse de la que surge de un juicio por jurados: la revisión de los hechos, el derecho, la prueba, las nulidades, las decisiones del juez en la etapa intermedia y en el juicio, agravios genéricos de los arts. 448 y 449 del Cód. Proc. Penal, quiebre de las formas esenciales del proceso y demás.

A grandes rasgos, podemos decir que los motivos especiales para la interposición del recurso de casación en el caso son:la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros, así como también la arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiese cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado; y las instrucciones que practica el juez al jurado.

Ahora esta amplitud recursiva en los sistemas con jurado clásico deviene ya asentada en los fallos «Herrera Ulloa» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y «Casal» (7) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue el «caballo de guerra» para aquellos opositores al jurado clásico que buscaron atacar al jurado por la forma necesariamente inmotivada del veredicto.

Donde recién a partir del año 2005, con el fallo «Casal» de la Corte Suprema, es que se le impuso a nuestros tribunales la obligación de revisar ampliamente los hechos del caso. Y así como también antes del fallo «Herrera Ulloa» de la CIDH, ningún tribunal latinoamericano declaró procedente un recurso que cuestionara los hechos y la prueba del caso, mientras que para el «common law», las cuestiones de hecho y prueba siempre fueron cuestiones de derecho y como tales, revisables de manera ordinaria en apelación.

Ahora bien, veamos algunos de los puntos por los cuales se agravia la defensa de M. M. E.

En primer lugar, la defensa postula la nulidad del veredicto por rechazo arbitrario de prueba por parte del juez, toda vez que le fue negada la petición de que el perito fuera interrogado respecto del contenido del informe toxicológico, y cuya firma al pie es reconocida por el experto durante el desarrollo del debate.

El recurrente afirma que la decisión adoptada por el magistrado que presidió el debate condicionó la decisión del jurado, en tanto sus miembros se vieron impedidos de valorar adecuadamente el estado de inimputabilidad de su asistido, causando así un agravio trascendental.Teniendo en cuenta esto, nos encontraríamos ante un caso de posible veredicto nulo por admisión o rechazo de prueba por el juez. Por otro lado, debemos aclarar que la defensa misma al momento de la audiencia preliminar, se opuso a la incorporación por lectura de toda pieza procesal de naturaleza documental o informativa, es decir a la incorporación del informe toxicológico, por lo que no podría agraviarse más tarde como lo hizo.

Dicho esto, debemos tener en cuenta que, en el nuevo sistema, las pericias ingresan a juicio como prueba a través del testimonio del perito experto que la llevó a cabo. El informe escrito adquiere mucha relevancia en un sistema acusatorio, ya que el dictamen pericial es equivalente a una «declaración previa» del perito, en consecuencia, en la lógica del sistema acusatorio podría ser utilizado para dos fines: refrescar la memoria del perito y manifestar inconsistencias relevantes entre las declaraciones actuales con el informe.

El siguiente punto en el que se basa el argumento de la defensa es en la nulidad del veredicto por conducta impropia del acusador, sobre la base de las preguntas que hizo el fiscal al imputado respecto de detenciones anteriores, con relación a los antecedentes que registraba.

Lo que existió acá es una contaminación por parte del fiscal hacia el jurado, porque por más que luego se intente subsanar esto, ya el daño está hecho, haciéndole saber al jurado los antecedentes que no deben ser tratados, al menos en este juicio, del imputado. Por lo que lleva a condicionarlos a la hora de tomar una decisión, destruyendo así su imparcialidad.

Otro de los puntos de agravio por el que la defensa persigue la nulidad del veredicto es por error en las instrucciones y por inexistencia de registro de video o audio en la confección de las mismas.

El art. 370 del Cód. Proc. Penal de la Prov. de Bs. As. en su 2.° párr. establece lo siguiente:«El juicio por jurados deberá ser íntegramente grabado o filmado, bajo pena de nulidad» y a su vez, el art 371 bis reza así: «Una vez clausurado el debate, el juez invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones (.). Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Seguidamente, decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia (.). Estas incidencias constarán en acta o registros taquigráficos o de audio o video, bajo pena de nulidad».

De la conjunción de ambos artículos, podemos decir que la grabación íntegra del juicio es una garantía constitucional que ampara al individuo frente a la manipulación de la prueba por parte del Estado, y es la herramienta que permite asegurar el fin último de la ley de jurados: que los doce jurados decidan de manera imparcial y exclusivamente sobre la base de la prueba producida en juicio.

En este sentido, la exigencia del registro es una formalidad esencial constitutiva de la garantía de defensa, del debido proceso y de la prueba. Precisamente por ello es que el incumplimiento de esta formalidad esencial acarrea la nulidad absoluta del juicio.

Hacia al final, la defensa se agravia y sostiene la nulidad del veredicto por un apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate oral, sobre la base de que es posible todavía la hipótesis que plantea sobre una legítima defensa ya que no existieron testigos directos de los hechos.

Se trataría de una cuestión en la que, más allá de que las instrucciones estén bien impartidas (no es el caso), el veredicto de culpabilidad no se condice con el «quantum» y el peso de la prueba de los hechos que efectivamente se produjo.A esta posibilidad recursiva en el «common law» se la conoce como «unreasonable veredicts» (veredictos arbitrarios) y son una derivación completa del principio constitucional de duda razonable al cual está obligatoriamente sujeto el juicio por jurados.

Es tarea del juez de juicio explicarle al jurado en las instrucciones cómo fu nciona este estándar, en qué consiste, cómo se valora la prueba, qué es prueba directa, qué es prueba circunstancial, si el móvil se puede probar por indicios, cuándo hay o no hay duda razonable y a qué conclusiones debería el jurado obligatoriamente llegar. Es tarea del juez de recurso valorar, examinar y decidir si la prueba, y el peso de la misma, fueron suficientes para condenar a la persona más allá de toda duda razonable y si las instrucciones del juez al jurado sobre ese punto fueron correctas y claras. Asimismo, a pesar de que el jurado no motive su veredicto, este estándar estará sometido permanentemente al control del acusado.

Ahora bien, habiendo analizado lo que considero los puntos en controversia establecidos por la defensa, como crítica también al funcionamiento del juicio por jurados y a la protección de nuestros derechos a un debido proceso, debo decir que la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, rechazó el mencionado recurso.Donde según la misma sala, la resolución firmada es «la primera sentencia producto del procedimiento instaurado a partir de la reforma que concretó la reglamentación del juicio por jurados populares» y dijo también que «la concreción por parte del Poder Legislativo provincial de la instauración del juicio por jurados en casos criminales, no puede tener vuelta atrás desde que, cumplido el cometido que manda la Constitución, se erige entonces como una garantía más de orden jerárquico superior que no podrá ser soslayada sin graves consecuencias para nuestro sistema republicano».

Podemos estar de acuerdo o no con la resolución del caso, pero todavía van a quedar algunas dudas en cuanto a la aplicación de esta nueva institución de juzgamiento y a las garantías del debido proceso dentro de la misma.

VI. CONCLUSIONES

No importa qué sistema apliquemos, si bien podemos decir que nuestros constituyentes, siguiendo al «trial by jury» de los Estados Unidos, tomaron como guía el modelo clásico, no por eso debemos descartar la posibilidad de aplicar aquel que resulte conveniente a nuestra realidad social.

Creo que la base está en pensar al juicio por jurados como la opción más benigna a la crítica que tiene hoy nuestro proceso penal, y es la de aplicar sentencias arbitrarias, si bien fundadas, decididas solo por uno o varios jueces profesionales en el tema, descartando de llano la posibilidad de una opinión de la sociedad sobre lo decidido.

A nuestro país aun le faltan años de experiencia en la materia, pero creo que aplicar hoy un juicio por jurados puede favorecer la participación popular en la administración de justicia, ayudando a mejorar la percepción social de la misma, ejerciendo un efecto educativo en la comunidad, a cuyo efecto pueden resultar muy útiles los medios masivos de comunicación social, permitiendo aflojar las tensiones generadas en el seno de la sociedad, poniendo al debate oral en el centro de la escena.Ello implica, sin embargo, un cambio cultural y, si se lo quiere implementar exitosamente, exige un control permanente sobre las prácticas, debido a que esta institución, por sí sola no resolverá todos los problemas que presenta nuestro Poder Judicial.

Tampoco podemos estar de acuerdo con la crítica opositora al instituto, donde dicen que a nuestro país o al fracaso mismo de la norma, se lo debemos a la falta de preparación cultural de la sociedad. No todos los saberes se adquieren por herencia de sangre y no todos aquellos que recibieron una enseñanza superior son los más calificados para ocupar el cargo de jurado. Como si la justicia estuviera impresa en un título académico o en un gen determinado que revela por un efecto milagroso lo que es justo o injusto para un caso determinado.

Deberíamos, pues, analizar nuestro actual proceso penal con respecto a los principios de publicidad, oralidad y juicio por jurado establecidos por nuestra Constitución como bases fundamentales de nuestro sistema procesal criminal. Habría que realizar esta constatación de nuestras instituciones con respecto a la garantía de descentralización del poder del ejercicio de la coerción penal, principio fundamental si se quiere lograr una sociedad democrática.

Como conclusión, la implementación de la institución del juicio por jurados, provocaría un vaciamiento material de los juzgados, a la vez que tornaría más dinámica la justicia y la resolución de los casos, otra de las grandes críticas a nuestro sistema actual. Habría entonces que plantearse la idea de una «revolución del sistema judicial», acorde a una idea de justicia republicana y democrática.

VII. BIBLIOGRAFÍA

– Asociación Argentina de Juicio por Jurados (2012). http://www.juicioporjurados.org.

– BINDER, Alberto María: «Introducción al Derecho Procesal Penal». Ad-Hoc, 2004.

– Constitución Nacional Argentina.

– Fallo «M. M. E. s/ recurso de casación».

– HERRERO, IRURZÚN, MASCIOTRA, MADARIAGA, NUEVO, y SALVADORES de ARZUAGA:«El juicio por Jurados», trabajo realizado para la Universidad del Salvador, disponible en http://www.salvador.edu.ar a los fines de lectura complementaria.

– «Juicios por jurados. Antecedentes históricos, extranjeros y nacionales. Análisis y crítica», en Revista de Derecho Penal.

– RODRÍGUEZ, Macarena: «Valoración de la prueba: ¿hasta dónde puede ir un tribunal de casación tras el veredicto de un jurado popular?», en DPyC 2016 (abril), 6/4/2016, 83, AR/DOC/736/2016.

– VALSECCHI, Fernando: «Algunas consideraciones en relación con el instituto del juicio por jurados», en DPyC 2014 (octubre), 30/9/2014, 91, AR/DOC/2656/2014.

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(1) KALVEN, Harry, jr., y ZEISEL, Hans: The American Jury, 1966, pp. 1-32.

(2) BIDART CAMPOS: El juicio por jurados. S. l., El Derecho, s. a.

(3) HENDLER Edmundo S.: El juicio por jurados. Significados, genealogías, incógnitas. Buenos Aires, Del Puerto, 2006.

(4) CHAIA, Rubén: op. cit., p. 135.

(5) GASCÓN ABELLÁN, Marina: Los hechos en el derecho, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 157. Cabe destacar en este sentido que la conceptualización dada se hace cargo del cambio de paradigma que impone abandonar la búsqueda de la verdad real o material para admitir que lo que se busca demostrar es solo la verdad de los enunciados que postulan la existencia de un hecho determinado.

(6) SEARLE, John:«La construcción de la realidad social». Barcelona, Paidós, 1197.

(7) Recurso de hecho deducido por la defensa de Matías Eugenio Casal en la causa «Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa» -causa N.° 1681-: «La Corte Suprema revocó esa sentencia y estableció que ese criterio era frustratorio de la garantía de la doble instancia que instituye la Convención Americana de Derechos Humanos». Explicó además que, para respetar ese principio, «el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable», acogiendo así la teoría alemana de la Leistungsfähigkeit, o del «agotamiento de la capacidad de revisión». Y, en línea con la doctrina de la Corte Interamericana en el caso «Herrera Ulloa c. Costa Rica», indicó que la interpretación de la ley procesal debe permitir «una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas.

(*) Abogado, UBA. Profesor de Derecho a la Comunicación UNQ PlanFines. Especialista en Derecho Procesal.